El titular del gremio de los peones rurales (Uatre) les cedió el control en algunas regiones a las entidades patronales. Para el actual normalizador del Registro, éste había perdido su esencia. Ahora el foco está en la defensa de los trabajadores agrarios.
El delegado normalizador del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Marcelo Maffe, adelantó a Página/12 en esta entrevista que en los próximos días quedará reglamentada la nueva ley del peón rural. El funcionario cuestionó la gestión de Gerónimo Momo Venegas al frente de la entidad y aseguró que los desafíos de la gestión son la fiscalización transparente y la capacitación de los peones rurales.
¿Qué fue lo que encontraron cuando ingresaron al ex Renatre?
El registro estaba gestionado por un directorio integrado por las cuatro cámaras patronales (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro), y por cuatro representantes de Uatre, entre ellos (Gerónimo) Venegas. Dicho directorio gestionaba acorde con las circunstancias que se iban presentando, no había una línea común de acción, y sí un fuerte predominio de Uatre. En la página web del sindicato todavía puede verse un documento con su rechazo a esta iniciativa. Cuando ingresamos, encontramos todo tipo de folletería, carteles, merchandising, que defendían la imagen del Momo Venegas.
¿Es decir que el ex Renatre funcionaba como una entidad del Momo Venegas?
Las delegaciones estaban sectorizadas, tal provincia era gestionada por un dirigente de Uatre, otra por la Sociedad Rural, y así sucesivamente. Todo estaba perfectamente delineado y planificado. Cada región del país llevaba la impronta de una entidad particular. Eso le quitaba la esencia de una institución federal. Ahora el foco está puesto en la defensa de los intereses de los trabajadores rurales.
¿La entidad había delegado la fiscalización del trabajo registrado en una empresa privada?
No solamente la fiscalización sino otro conjunto de actividades. En el caso concreto de la fiscalización, se le había entregado el trabajo a la empresa Gregard SA, y ellos se ocupaban de hacer las inspecciones en los establecimientos rurales. El costo de esa fiscalización era de ocho millones de pesos anuales. Apenas nos hicimos cargo del Renatea, rescindimos ese contrato y ahora estamos en plena elaboración de una estructura para encarar la fiscalización en todo el país.
Uno de los argumentos de Venegas para oponerse a la nueva ley del peón rural era que el Gobierno pretendía quedarse con la caja de los trabajadores.
Cuando se sancionó la ley, había 95 millones de pesos en plazo fijo; ahora tenemos 170 millones que se están invirtiendo en la regularización del ente, estamos pagando las prestaciones en tiempo y forma, cubriendo el seguro de sepelio, capacitaciones, etcétera. No hay egresos disparatados.
En relación con el registro de los trabajadores, Venegas repetía que tenían más de 840 mil trabajadores registrados. ¿Estaban inflados esos números?
Hasta 2005 había 502 mil trabajadores rurales registrados, y en 2011 llegaban a 841 mil. Pero hay que hacer una desmitificación. Esto significaba que desde la creación del Registro en 2002 se había inscripto esta cantidad de trabajadores, lo que no quiere decir que en la actualidad representen la totalidad de los peones que están trabajando en condiciones legales. Era un número acumulativo. La cantidad de activos que realizan algún aporte durante el año es de 400 mil, sobre un total de un millón de trabajadores del sector, según datos de la AFIP.
¿Se entregaron libretas a personas que no eran peones?
Esa situación podía darse. Ahora tenemos que hacer un análisis pormenorizado de las bases de datos de que disponemos y depurar las inconsistencias. Estamos en proceso de normalización del registro, y para eso debemos crear nuestro propio cuerpo de inspectores, y llevar adelante un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para cooperar en la reducción del trabajo no registrado.
¿Cómo fue el acercamiento con las distintas seccionales del Renatea?
Apuntamos a la descentralización de toda la operatoria, a partir de una articulación con las oficinas de empleo municipales. Esto supone un mayor acercamiento con los trabajadores, ya que hay 450 oficinas de empleo para atender las necesidades de los peones rurales y al resto de los trabajadores. Antes de la creación del Renatea había bocas de expendio que dependían de las entidades agropecuarias. No bien quedó sancionada la ley del peón rural, estas bocas dejaron de funcionar. Incluso Uatre nos mandó una carta documento diciendo que ya no atenderían a ningún trabajador agrario para trámites vinculados con el ex Renatre. O sea que dejaron de aplicar colaboración con sus propios trabajadores.
¿Cuáles son sus próximos desafíos?
La fiscalización y la capacitación. Hay que tener en cuenta que comenzamos de cero, no había una estructura para encarar ninguno de estos temas porque todo estaba tercerizado. Queremos lograr un cambio cultural para que haya un mayor conocimiento sobre el Registro, y que cada trabajador pueda hacer valer sus derechos.spremici@pagina12.com.ar
El delegado normalizador del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Marcelo Maffe, adelantó a Página/12 en esta entrevista que en los próximos días quedará reglamentada la nueva ley del peón rural. El funcionario cuestionó la gestión de Gerónimo Momo Venegas al frente de la entidad y aseguró que los desafíos de la gestión son la fiscalización transparente y la capacitación de los peones rurales.
¿Qué fue lo que encontraron cuando ingresaron al ex Renatre?
El registro estaba gestionado por un directorio integrado por las cuatro cámaras patronales (Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro), y por cuatro representantes de Uatre, entre ellos (Gerónimo) Venegas. Dicho directorio gestionaba acorde con las circunstancias que se iban presentando, no había una línea común de acción, y sí un fuerte predominio de Uatre. En la página web del sindicato todavía puede verse un documento con su rechazo a esta iniciativa. Cuando ingresamos, encontramos todo tipo de folletería, carteles, merchandising, que defendían la imagen del Momo Venegas.
¿Es decir que el ex Renatre funcionaba como una entidad del Momo Venegas?
Las delegaciones estaban sectorizadas, tal provincia era gestionada por un dirigente de Uatre, otra por la Sociedad Rural, y así sucesivamente. Todo estaba perfectamente delineado y planificado. Cada región del país llevaba la impronta de una entidad particular. Eso le quitaba la esencia de una institución federal. Ahora el foco está puesto en la defensa de los intereses de los trabajadores rurales.
¿La entidad había delegado la fiscalización del trabajo registrado en una empresa privada?
No solamente la fiscalización sino otro conjunto de actividades. En el caso concreto de la fiscalización, se le había entregado el trabajo a la empresa Gregard SA, y ellos se ocupaban de hacer las inspecciones en los establecimientos rurales. El costo de esa fiscalización era de ocho millones de pesos anuales. Apenas nos hicimos cargo del Renatea, rescindimos ese contrato y ahora estamos en plena elaboración de una estructura para encarar la fiscalización en todo el país.
Uno de los argumentos de Venegas para oponerse a la nueva ley del peón rural era que el Gobierno pretendía quedarse con la caja de los trabajadores.
Cuando se sancionó la ley, había 95 millones de pesos en plazo fijo; ahora tenemos 170 millones que se están invirtiendo en la regularización del ente, estamos pagando las prestaciones en tiempo y forma, cubriendo el seguro de sepelio, capacitaciones, etcétera. No hay egresos disparatados.
En relación con el registro de los trabajadores, Venegas repetía que tenían más de 840 mil trabajadores registrados. ¿Estaban inflados esos números?
Hasta 2005 había 502 mil trabajadores rurales registrados, y en 2011 llegaban a 841 mil. Pero hay que hacer una desmitificación. Esto significaba que desde la creación del Registro en 2002 se había inscripto esta cantidad de trabajadores, lo que no quiere decir que en la actualidad representen la totalidad de los peones que están trabajando en condiciones legales. Era un número acumulativo. La cantidad de activos que realizan algún aporte durante el año es de 400 mil, sobre un total de un millón de trabajadores del sector, según datos de la AFIP.
¿Se entregaron libretas a personas que no eran peones?
Esa situación podía darse. Ahora tenemos que hacer un análisis pormenorizado de las bases de datos de que disponemos y depurar las inconsistencias. Estamos en proceso de normalización del registro, y para eso debemos crear nuestro propio cuerpo de inspectores, y llevar adelante un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para cooperar en la reducción del trabajo no registrado.
¿Cómo fue el acercamiento con las distintas seccionales del Renatea?
Apuntamos a la descentralización de toda la operatoria, a partir de una articulación con las oficinas de empleo municipales. Esto supone un mayor acercamiento con los trabajadores, ya que hay 450 oficinas de empleo para atender las necesidades de los peones rurales y al resto de los trabajadores. Antes de la creación del Renatea había bocas de expendio que dependían de las entidades agropecuarias. No bien quedó sancionada la ley del peón rural, estas bocas dejaron de funcionar. Incluso Uatre nos mandó una carta documento diciendo que ya no atenderían a ningún trabajador agrario para trámites vinculados con el ex Renatre. O sea que dejaron de aplicar colaboración con sus propios trabajadores.
¿Cuáles son sus próximos desafíos?
La fiscalización y la capacitación. Hay que tener en cuenta que comenzamos de cero, no había una estructura para encarar ninguno de estos temas porque todo estaba tercerizado. Queremos lograr un cambio cultural para que haya un mayor conocimiento sobre el Registro, y que cada trabajador pueda hacer valer sus derechos.spremici@pagina12.com.ar
