Las elecciones del año pasado, además de desplazar de la presidencia al partido que protagonizó la historia reciente del país, dejaron un escenario signado por la multipolaridad, donde el poder se encuentra fragmentado
Había una vez un país en el que existían más de 600 partidos políticos. Pero ninguno de ellos se animó a competir solo en la elección presidencial. En cambio, seis alianzas de partidos disputaron unas elecciones muy reñidas en las que no competía el presidente saliente, cuya imagen al finalizar su mandato era muy positiva.
Una sola de esas alianzas tenía presencia en todo el territorio nacional: la del partido de gobierno; partido que protagonizó la historia reciente de ese país. Sin embargo, una alianza liderada por una organización política de apenas una década de existencia se alzó por escaso margen con la presidencia.
Así, hoy, mientras un partido político distinto del peronista gobierna al mismo tiempo la Nación y el principal distrito del país por primera vez desde 1983, el peronismo mantiene la hegemonía en el Senado y un importante contingente en Diputados, pero gobierna solamente un distrito grande (Córdoba).
El desenlace de esta historia fue inesperado y 2015 abrió una nueva etapa en el sistema político argentino signada por la multipolaridad. La dinámica que adquirirá el juego político en este escenario de poder fragmentado es aún incierta. ¿Qué cambió el superaño electoral y qué permanece igual?
Una nueva generación. El ciclo político iniciado el 10 de diciembre trajo cambios de partidos y de personas en los gobiernos (más de la mitad de los gobernadores estrenaron ese cargo en 2015) y recambios generacionales al interior de los partidos. Quienes aspiran a protagonizar la renovación del peronismo, por ejemplo, son más jóvenes que los líderes actuales. El mecanismo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, criticado por ser un mero adelgazador de la oferta electoral, dio el batacazo y fue el vehículo del recambio generacional en municipios importantes de la provincia de Buenos Aires. Estas renovaciones internas, junto a los cambios generacionales que se consumaron en varias elecciones municipales y provinciales, marcan una nueva era política también en términos demográficos. Hoy gobierna la primera generación que hizo su socialización política íntegramente en democracia.
Mujeres poderosas (sólo en la política). El 2015 también marcó un nuevo hito en materia de igualdad de género. El año en que fue récord de taquilla una película sobre la conquista del voto femenino en Inglaterra y en que las mujeres accedieron a votar y ser votadas por primera vez en Arabia Saudita coincidió en la Argentina con varios debuts femeninos. Una mujer presidenta saliente coincide con la primera mujer gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sumándose a un récord de cinco mujeres en el máximo cargo provincial. Mujeres ocupan cargos importantes en comisiones legislativas y en los bloques partidarios del Congreso. Las mujeres son más y conquistan puestos de poder real en las provincias y municipios.
Siguen existiendo igualmente ámbitos políticos con muy escasa presencia femenina. Por ejemplo, hay pocas ministras en el gabinete presidencial y en los gabinetes provinciales. Son además ínfima minoría en los máximos cargos del Poder Judicial. Pero los logros en paridad de género en la política contrastan con los muy exiguos casos de mujeres que lideran otros espacios de poder: el mundo empresario, los sindicatos y los medios de comunicación.
¿La cancha sigue inclinada? Estos cambios conviven con algunas continuidades. Desde 1987, se constata en las elecciones provinciales una considerable ventaja de los oficialismos. En los últimos tres ciclos electorales, esta ventaja fue creciendo y consolidándose en varios distritos. En 2015, los márgenes de victoria fueron más ajustados y provincias con escasa alternancia tuvieron elecciones más competitivas (La Rioja fue una de ellas). Pero los oficialismos renovaron sus mandatos en la mayoría de los distritos. Perdieron sólo en cinco provincias: Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego y Jujuy. En este último distrito, por primera vez desde el regreso de la democracia.
El interrogante es si la continuidad de los triunfos oficialistas en las provincias es resultado de la continuidad de una ventaja sistemática. Estimar la ventaja oficialista es conceptual y metodológicamente complejo. Que ganen los oficialismos no implica necesariamente que haya ventaja: identificar su existencia requiere captar si quien es oficialista tiene un beneficio electoral adicional por el solo hecho de ocupar ese sillón (algo distinto de que un votante decida apostar a la continuidad por apoyar la gestión de quien termina su mandato). Responder esta pregunta llevará algún tiempo, pero es crucial para comprender las características de la nueva etapa política.
La hora de reformar. Cualquier balance de 2015 no puede desconocer que fue el proceso electoral más largo, complejo y conflictivo de este período democrático y que dejó en evidencia varios problemas que acumulan los procesos electorales argentinos. Estos problemas vulneran dos principios fundamentales: la representatividad y la equidad.
Aprendimos las graves consecuencias de los déficits de representatividad con los acoples tucumanos (que no es un problema solamente tucumano, puesto que las colectoras abundan en muchas provincias). Esta forma implícita de hacer alianzas y la profusión y fragmentación de partidos políticos trasladan al votante las disputas partidarias y deterioran la capacidad del acto electoral para constituir representantes. Un cuarto oscuro plagado de boletas le hace muy difícil al votante discernir qué está eligiendo. Las reglas que definen el ciclo vital de un partido político (cómo surge y cuándo caduca) y regulan las alianzas entre esos partidos deberían ser parte fundamental de una reforma durante este año. Este cambio es independiente de modificar la forma en que votamos. Por más que un papel o una pantalla pudieran acomodar a 1000 candidatos, una oferta electoral así pone en riesgo la representatividad del sistema.
La segunda dimensión del problema de las instituciones electorales tiene que ver con la equidad de la competencia, principal déficit hoy de las reglas electorales argentinas. Una elección es íntegra no sólo porque no se alteran los resultados, sino también porque garantiza ecuanimidad a todos los competidores. Varios aspectos de la regulación electoral actual afectan la equidad: la distribución de responsabilidades sobre quién organiza y controla el proceso electoral, las reglas del financiamiento partidario, el instrumento de sufragio (la boleta) y la definición del calendario electoral.
Para fortalecer estos principios de representatividad y equidad se requiere más que una reforma de la legislación nacional. La institucionalidad electoral argentina es profundamente federal, por lo que una reforma efectiva en la práctica requiere la coordinación con las normativas provinciales.
La nueva etapa política abre una gran oportunidad para convertir este año que comienza en el año de la reforma electoral. Una reforma que sea amplia en su temática, federal en su alcance y el corolario de un proceso intenso y abierto de debate legislativo en la Nación y las provincias.
Directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)
Había una vez un país en el que existían más de 600 partidos políticos. Pero ninguno de ellos se animó a competir solo en la elección presidencial. En cambio, seis alianzas de partidos disputaron unas elecciones muy reñidas en las que no competía el presidente saliente, cuya imagen al finalizar su mandato era muy positiva.
Una sola de esas alianzas tenía presencia en todo el territorio nacional: la del partido de gobierno; partido que protagonizó la historia reciente de ese país. Sin embargo, una alianza liderada por una organización política de apenas una década de existencia se alzó por escaso margen con la presidencia.
Así, hoy, mientras un partido político distinto del peronista gobierna al mismo tiempo la Nación y el principal distrito del país por primera vez desde 1983, el peronismo mantiene la hegemonía en el Senado y un importante contingente en Diputados, pero gobierna solamente un distrito grande (Córdoba).
El desenlace de esta historia fue inesperado y 2015 abrió una nueva etapa en el sistema político argentino signada por la multipolaridad. La dinámica que adquirirá el juego político en este escenario de poder fragmentado es aún incierta. ¿Qué cambió el superaño electoral y qué permanece igual?
Una nueva generación. El ciclo político iniciado el 10 de diciembre trajo cambios de partidos y de personas en los gobiernos (más de la mitad de los gobernadores estrenaron ese cargo en 2015) y recambios generacionales al interior de los partidos. Quienes aspiran a protagonizar la renovación del peronismo, por ejemplo, son más jóvenes que los líderes actuales. El mecanismo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, criticado por ser un mero adelgazador de la oferta electoral, dio el batacazo y fue el vehículo del recambio generacional en municipios importantes de la provincia de Buenos Aires. Estas renovaciones internas, junto a los cambios generacionales que se consumaron en varias elecciones municipales y provinciales, marcan una nueva era política también en términos demográficos. Hoy gobierna la primera generación que hizo su socialización política íntegramente en democracia.
Mujeres poderosas (sólo en la política). El 2015 también marcó un nuevo hito en materia de igualdad de género. El año en que fue récord de taquilla una película sobre la conquista del voto femenino en Inglaterra y en que las mujeres accedieron a votar y ser votadas por primera vez en Arabia Saudita coincidió en la Argentina con varios debuts femeninos. Una mujer presidenta saliente coincide con la primera mujer gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sumándose a un récord de cinco mujeres en el máximo cargo provincial. Mujeres ocupan cargos importantes en comisiones legislativas y en los bloques partidarios del Congreso. Las mujeres son más y conquistan puestos de poder real en las provincias y municipios.
Siguen existiendo igualmente ámbitos políticos con muy escasa presencia femenina. Por ejemplo, hay pocas ministras en el gabinete presidencial y en los gabinetes provinciales. Son además ínfima minoría en los máximos cargos del Poder Judicial. Pero los logros en paridad de género en la política contrastan con los muy exiguos casos de mujeres que lideran otros espacios de poder: el mundo empresario, los sindicatos y los medios de comunicación.
¿La cancha sigue inclinada? Estos cambios conviven con algunas continuidades. Desde 1987, se constata en las elecciones provinciales una considerable ventaja de los oficialismos. En los últimos tres ciclos electorales, esta ventaja fue creciendo y consolidándose en varios distritos. En 2015, los márgenes de victoria fueron más ajustados y provincias con escasa alternancia tuvieron elecciones más competitivas (La Rioja fue una de ellas). Pero los oficialismos renovaron sus mandatos en la mayoría de los distritos. Perdieron sólo en cinco provincias: Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego y Jujuy. En este último distrito, por primera vez desde el regreso de la democracia.
El interrogante es si la continuidad de los triunfos oficialistas en las provincias es resultado de la continuidad de una ventaja sistemática. Estimar la ventaja oficialista es conceptual y metodológicamente complejo. Que ganen los oficialismos no implica necesariamente que haya ventaja: identificar su existencia requiere captar si quien es oficialista tiene un beneficio electoral adicional por el solo hecho de ocupar ese sillón (algo distinto de que un votante decida apostar a la continuidad por apoyar la gestión de quien termina su mandato). Responder esta pregunta llevará algún tiempo, pero es crucial para comprender las características de la nueva etapa política.
La hora de reformar. Cualquier balance de 2015 no puede desconocer que fue el proceso electoral más largo, complejo y conflictivo de este período democrático y que dejó en evidencia varios problemas que acumulan los procesos electorales argentinos. Estos problemas vulneran dos principios fundamentales: la representatividad y la equidad.
Aprendimos las graves consecuencias de los déficits de representatividad con los acoples tucumanos (que no es un problema solamente tucumano, puesto que las colectoras abundan en muchas provincias). Esta forma implícita de hacer alianzas y la profusión y fragmentación de partidos políticos trasladan al votante las disputas partidarias y deterioran la capacidad del acto electoral para constituir representantes. Un cuarto oscuro plagado de boletas le hace muy difícil al votante discernir qué está eligiendo. Las reglas que definen el ciclo vital de un partido político (cómo surge y cuándo caduca) y regulan las alianzas entre esos partidos deberían ser parte fundamental de una reforma durante este año. Este cambio es independiente de modificar la forma en que votamos. Por más que un papel o una pantalla pudieran acomodar a 1000 candidatos, una oferta electoral así pone en riesgo la representatividad del sistema.
La segunda dimensión del problema de las instituciones electorales tiene que ver con la equidad de la competencia, principal déficit hoy de las reglas electorales argentinas. Una elección es íntegra no sólo porque no se alteran los resultados, sino también porque garantiza ecuanimidad a todos los competidores. Varios aspectos de la regulación electoral actual afectan la equidad: la distribución de responsabilidades sobre quién organiza y controla el proceso electoral, las reglas del financiamiento partidario, el instrumento de sufragio (la boleta) y la definición del calendario electoral.
Para fortalecer estos principios de representatividad y equidad se requiere más que una reforma de la legislación nacional. La institucionalidad electoral argentina es profundamente federal, por lo que una reforma efectiva en la práctica requiere la coordinación con las normativas provinciales.
La nueva etapa política abre una gran oportunidad para convertir este año que comienza en el año de la reforma electoral. Una reforma que sea amplia en su temática, federal en su alcance y el corolario de un proceso intenso y abierto de debate legislativo en la Nación y las provincias.
Directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)
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