Máximo Kirchner reclamó la reelección para su madre. Fue un lamento resignado. Él sabe que la derrota del año pasado, sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, canceló cualquier debate constitucional. Además, cometió un error político: quejarse de «los que fueron a una escribanía a pedir que Cristina no pueda presentarse». ¿Para qué dar ese gusto a Sergio Massa? En casa le deberían haber enseñado que las heridas sangrantes no se exhiben.
La estadía en la Casa Rosada se termina, pero al kirchnerismo le cuesta resignarse. Pretende conservar el poder por otros medios: acumulando recursos institucionales y económicos, o restándole potestades al sucesor. En los próximos quince días se librarán tres batallas por esa continuidad.
La primera es por petróleo. Cristina Kirchner sueña con extender antes de irse, por adjudicación directa, la mayor parte de las concesiones existentes. En esa aspiración está la clave de la nueva ley de hidrocarburos. Quien asuma la Presidencia dentro de 450 días encontrará un cuadro de promesas de inversiones, con la YPF de Miguel Galuccio y Doris Capurro como empresa hegemónica. La política energética del próximo gobierno estará condicionada desde ahora.
Los gobernadores petroleros se autoconvocaron para hoy en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) para analizar la última versión de la ley, que Carlos Zannini les envió el viernes pasado. El texto retrocede respecto de los acuerdos alcanzados con la Nación. El más irritado es el neuquino Jorge Sapag.
La nueva normativa extendería las concesiones para la explotación de petróleo y gas convencionales por 25 años, más 10 de eventual renovación, con una fórmula de precio inconveniente para las provincias. Además, otorga gratis áreas de hidrocarburos no convencionales, que son los que predominan en la formación Vaca Muerta, por 35 años. Y renovaría permisos de exploración cedidos por cinco años, que en algunos casos pasan a ser concesiones.
La estrategia oficial podría haber sido otra. Por ejemplo, un llamado a licitación de todas las áreas cuyas concesiones van venciendo y también de las nuevas, que corresponden a recursos no convencionales. Pero el Gobierno prefiere prorrogar la distribución actual, a favor de su gestión en YPF, que será la gran beneficiaria de la ley. Su autor, Galuccio, se asegura que los gobernadores no le exijan la devolución de áreas con inversiones insuficientes. Una ventaja de la que también disfrutarían neopetroleros como Lázaro Báez, Cristóbal López, José Luis Manzano o Eduardo Eurnekian. Por lo tanto, las compañías que lleguen en el futuro deberán pactar con YPF, no con las provincias, que son las dueñas de los recursos. Con ello, volvería a imponerse el modelo de una YPF cuasi monopólica. Un diseño que él conoció bien como contratista de Pemex, cuando trabajaba para Schlumberger. Los casos piloto de esta modalidad fueron los acuerdos con Chevron y con Petronas.
Quienes rodean a Jorge Sapag, que gobierna la provincia propietaria de Vaca Muerta, dicen que está inquieto. Tendría motivos: en virtud del acuerdo que había alcanzado con la Casa Rosada, los legisladores del Movimiento Popular Neuquino votaron a favor del cambio de jurisdicción de los canjes de deuda. Pero ahora lo pactado está en revisión. Es decir: las provincias fueron víctimas de lo que en el bajo fondo se conoce como «una mejicaneada». Sin embargo, en YPF hacen notar que «a Sapag también le conviene que la fiesta se celebre antes de irse».
Algunos gobernadores creen que sólo salvarán sus intereses si condicionan la aprobación de la ley de abastecimiento, que es la próxima encrucijada legislativa del Gobierno. El kirchnerismo está en el límite para esa votación. No debería sorprender, entonces, que Axel Kicillof deba esperar un poco más para conseguir la herramienta con la que piensa, esta vez sí, controlar todos los mercados. La pelea es agresiva. Desde que se opuso a la iniciativa de Galuccio, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, fue denunciado por presuntas cuentas no declaradas en el exterior, que investiga la AFIP. El ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, también fue blanco de imputaciones por su relación con empresas del sector, sobre todo con Petrolera Argentina. Es la forma que tiene el kirchnerismo de llamar a la razonabilidad.
La oposición piensa promover otros escándalos alrededor de la reforma de Galuccio. Los diputados alineados con Massa presentaron proyectos y denuncias, planteando que los fondos de inversión asociados al Estado en YPF se beneficiarían con información privilegiada, gracias a las competencias legislativas del presidente de esa empresa. Massa pretende llegar hasta la Securities and Exchange Commission de la Bolsa de Nueva York, donde cotiza YPF.
La bancada de la UCR protestará por otros aspectos controvertidos de la ley: la convalidación del decreto 1277/12, que otorga facultades extraordinarias para regular el sector de hidrocarburos a Kicillof, y el decreto 929/13, que fue el marco del acuerdo con Chevron. Ese contrato, en el que -se presume- Galuccio habría garantizado un precio mínimo del petróleo y del gas para la multinacional estadounidense, sigue siendo secreto, a pesar de los requerimientos de la justicia federal. Una peculiaridad que comparte con otros dos convenios: el que la Presidenta ofreció a Galuccio para que acepte estar al frente de YPF, y el de Kicillof con el Club de París.
El segundo conflicto que libra el kirchnerismo con la administración, todavía fantasmática, que lo reemplace, es la licitación del espectro para la telefonía celular. El proceso comienza pasado mañana y la víctima también es el futuro presidente. Muy simple: el Gobierno recibirá los dólares correspondientes a las adjudicaciones, pero nada asegura que vaya a autorizar la importación de los equipos. Quiere decir que el sucesor de Cristina Kirchner tal vez no cuente con las divisas ingresadas, pero tenga que facilitar las que se requieran para los equipos importados.
Más allá de esta ironía, el trámite es muy peculiar. Una curiosidad es que el precio base de la licitación, US$ 1500 millones, es el más alto que se haya pagado por este servicio en América latina. Además hay otra excentricidad: el Gobierno, que tiene bloqueada la compra de dólares, exige el pago en esa moneda. Las compañías que pretenden competir pidieron varias consultas acerca de los pliegos, pero ninguna fue respondida por Norberto Berner, el secretario de Telecomunicaciones. Por eso Alberto Pierri, el dueño de Telecentro, analiza reclamar una medida cautelar.
Berner fue designado por influencia de La Cámpora. Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, dueños del Grupo 23, que el Gobierno utiliza como canal de propaganda, pretenden una de las licencias, que operarían a través de Nextel. Szpolski fue señalado en innumerables ocasiones por sus vinculaciones con la ex SIDE. Sería sarcástico que le entreguen una compañía de teléfonos.
El tercer campo de batalla son los tribunales. En las elecciones que se realizarán para renovar el Consejo de la Magistratura los augurios para el kirchnerismo no son buenos. La agrupación Justicia Legítima no ha sido útil para representar a los jueces, entre quienes se impondría la lista de Luis Cabral. El Gobierno tampoco incide en la elección de los abogados del interior, donde apoya al platense Carlos Andreucci. El candidato más competitivo es Miguel Piedecasas, con el discreto aval de Ricardo Lorenzetti. Aun cuando Mauricio Macri le reste votos postulando a Adolfo Alvarado Velloso.
Impedido de ofrecer un triunfo a su jefa en el Consejo, la atención de De Pedro, el cerebro judicial de La Cámpora, está puesta en otro lado: el control del juzgado federal con competencia electoral de La Plata, vacante por el fallecimiento de Manuel Blanco. La Cámara Federal de la ciudad designó como subrogante al juez Adolfo Ziulú. Pero De Pedro y su socio Julián Álvarez -el verdadero ministro de Justicia- pretenden cubrir la vacante provisoria con el secretario Jorge Di Lorenzo. El jueves pasado no consiguieron imponerlo porque no contaron con el voto del juez Mario Fera. Pero dentro de dos jueves volverán a la carga con la controvertida idea de designar a funcionarios que no son jueces y que, por lo general, esperan beneficiarse en algún concurso.
El tribunal federal que dejó Blanco es decisivo. Regula las elecciones bonaerenses. Sobre todo las PASO, que le abren la puerta a la vida de todos los partidos.
La estrategia de perduración del kirchnerismo no pasa por el control de los juzgados. De Pedro y la fiel procuradora Alejandra Gils Carbó han llegado a la conclusión de que el futuro está en las fiscalías. Desde hace meses, allí se producen innumerables designaciones. Es una señal más de que el Gobierno no aspira a tener un candidato. Se prepara para hacer oposición. Lo explica un veterano juez porteño: «Cuando el que ocupa la Rosada es un rival, lo más conveniente es controlar un ejército de fiscales»..
La estadía en la Casa Rosada se termina, pero al kirchnerismo le cuesta resignarse. Pretende conservar el poder por otros medios: acumulando recursos institucionales y económicos, o restándole potestades al sucesor. En los próximos quince días se librarán tres batallas por esa continuidad.
La primera es por petróleo. Cristina Kirchner sueña con extender antes de irse, por adjudicación directa, la mayor parte de las concesiones existentes. En esa aspiración está la clave de la nueva ley de hidrocarburos. Quien asuma la Presidencia dentro de 450 días encontrará un cuadro de promesas de inversiones, con la YPF de Miguel Galuccio y Doris Capurro como empresa hegemónica. La política energética del próximo gobierno estará condicionada desde ahora.
Los gobernadores petroleros se autoconvocaron para hoy en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) para analizar la última versión de la ley, que Carlos Zannini les envió el viernes pasado. El texto retrocede respecto de los acuerdos alcanzados con la Nación. El más irritado es el neuquino Jorge Sapag.
La nueva normativa extendería las concesiones para la explotación de petróleo y gas convencionales por 25 años, más 10 de eventual renovación, con una fórmula de precio inconveniente para las provincias. Además, otorga gratis áreas de hidrocarburos no convencionales, que son los que predominan en la formación Vaca Muerta, por 35 años. Y renovaría permisos de exploración cedidos por cinco años, que en algunos casos pasan a ser concesiones.
La estrategia oficial podría haber sido otra. Por ejemplo, un llamado a licitación de todas las áreas cuyas concesiones van venciendo y también de las nuevas, que corresponden a recursos no convencionales. Pero el Gobierno prefiere prorrogar la distribución actual, a favor de su gestión en YPF, que será la gran beneficiaria de la ley. Su autor, Galuccio, se asegura que los gobernadores no le exijan la devolución de áreas con inversiones insuficientes. Una ventaja de la que también disfrutarían neopetroleros como Lázaro Báez, Cristóbal López, José Luis Manzano o Eduardo Eurnekian. Por lo tanto, las compañías que lleguen en el futuro deberán pactar con YPF, no con las provincias, que son las dueñas de los recursos. Con ello, volvería a imponerse el modelo de una YPF cuasi monopólica. Un diseño que él conoció bien como contratista de Pemex, cuando trabajaba para Schlumberger. Los casos piloto de esta modalidad fueron los acuerdos con Chevron y con Petronas.
Quienes rodean a Jorge Sapag, que gobierna la provincia propietaria de Vaca Muerta, dicen que está inquieto. Tendría motivos: en virtud del acuerdo que había alcanzado con la Casa Rosada, los legisladores del Movimiento Popular Neuquino votaron a favor del cambio de jurisdicción de los canjes de deuda. Pero ahora lo pactado está en revisión. Es decir: las provincias fueron víctimas de lo que en el bajo fondo se conoce como «una mejicaneada». Sin embargo, en YPF hacen notar que «a Sapag también le conviene que la fiesta se celebre antes de irse».
Algunos gobernadores creen que sólo salvarán sus intereses si condicionan la aprobación de la ley de abastecimiento, que es la próxima encrucijada legislativa del Gobierno. El kirchnerismo está en el límite para esa votación. No debería sorprender, entonces, que Axel Kicillof deba esperar un poco más para conseguir la herramienta con la que piensa, esta vez sí, controlar todos los mercados. La pelea es agresiva. Desde que se opuso a la iniciativa de Galuccio, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, fue denunciado por presuntas cuentas no declaradas en el exterior, que investiga la AFIP. El ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, también fue blanco de imputaciones por su relación con empresas del sector, sobre todo con Petrolera Argentina. Es la forma que tiene el kirchnerismo de llamar a la razonabilidad.
La oposición piensa promover otros escándalos alrededor de la reforma de Galuccio. Los diputados alineados con Massa presentaron proyectos y denuncias, planteando que los fondos de inversión asociados al Estado en YPF se beneficiarían con información privilegiada, gracias a las competencias legislativas del presidente de esa empresa. Massa pretende llegar hasta la Securities and Exchange Commission de la Bolsa de Nueva York, donde cotiza YPF.
La bancada de la UCR protestará por otros aspectos controvertidos de la ley: la convalidación del decreto 1277/12, que otorga facultades extraordinarias para regular el sector de hidrocarburos a Kicillof, y el decreto 929/13, que fue el marco del acuerdo con Chevron. Ese contrato, en el que -se presume- Galuccio habría garantizado un precio mínimo del petróleo y del gas para la multinacional estadounidense, sigue siendo secreto, a pesar de los requerimientos de la justicia federal. Una peculiaridad que comparte con otros dos convenios: el que la Presidenta ofreció a Galuccio para que acepte estar al frente de YPF, y el de Kicillof con el Club de París.
El segundo conflicto que libra el kirchnerismo con la administración, todavía fantasmática, que lo reemplace, es la licitación del espectro para la telefonía celular. El proceso comienza pasado mañana y la víctima también es el futuro presidente. Muy simple: el Gobierno recibirá los dólares correspondientes a las adjudicaciones, pero nada asegura que vaya a autorizar la importación de los equipos. Quiere decir que el sucesor de Cristina Kirchner tal vez no cuente con las divisas ingresadas, pero tenga que facilitar las que se requieran para los equipos importados.
Más allá de esta ironía, el trámite es muy peculiar. Una curiosidad es que el precio base de la licitación, US$ 1500 millones, es el más alto que se haya pagado por este servicio en América latina. Además hay otra excentricidad: el Gobierno, que tiene bloqueada la compra de dólares, exige el pago en esa moneda. Las compañías que pretenden competir pidieron varias consultas acerca de los pliegos, pero ninguna fue respondida por Norberto Berner, el secretario de Telecomunicaciones. Por eso Alberto Pierri, el dueño de Telecentro, analiza reclamar una medida cautelar.
Berner fue designado por influencia de La Cámpora. Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, dueños del Grupo 23, que el Gobierno utiliza como canal de propaganda, pretenden una de las licencias, que operarían a través de Nextel. Szpolski fue señalado en innumerables ocasiones por sus vinculaciones con la ex SIDE. Sería sarcástico que le entreguen una compañía de teléfonos.
El tercer campo de batalla son los tribunales. En las elecciones que se realizarán para renovar el Consejo de la Magistratura los augurios para el kirchnerismo no son buenos. La agrupación Justicia Legítima no ha sido útil para representar a los jueces, entre quienes se impondría la lista de Luis Cabral. El Gobierno tampoco incide en la elección de los abogados del interior, donde apoya al platense Carlos Andreucci. El candidato más competitivo es Miguel Piedecasas, con el discreto aval de Ricardo Lorenzetti. Aun cuando Mauricio Macri le reste votos postulando a Adolfo Alvarado Velloso.
Impedido de ofrecer un triunfo a su jefa en el Consejo, la atención de De Pedro, el cerebro judicial de La Cámpora, está puesta en otro lado: el control del juzgado federal con competencia electoral de La Plata, vacante por el fallecimiento de Manuel Blanco. La Cámara Federal de la ciudad designó como subrogante al juez Adolfo Ziulú. Pero De Pedro y su socio Julián Álvarez -el verdadero ministro de Justicia- pretenden cubrir la vacante provisoria con el secretario Jorge Di Lorenzo. El jueves pasado no consiguieron imponerlo porque no contaron con el voto del juez Mario Fera. Pero dentro de dos jueves volverán a la carga con la controvertida idea de designar a funcionarios que no son jueces y que, por lo general, esperan beneficiarse en algún concurso.
El tribunal federal que dejó Blanco es decisivo. Regula las elecciones bonaerenses. Sobre todo las PASO, que le abren la puerta a la vida de todos los partidos.
La estrategia de perduración del kirchnerismo no pasa por el control de los juzgados. De Pedro y la fiel procuradora Alejandra Gils Carbó han llegado a la conclusión de que el futuro está en las fiscalías. Desde hace meses, allí se producen innumerables designaciones. Es una señal más de que el Gobierno no aspira a tener un candidato. Se prepara para hacer oposición. Lo explica un veterano juez porteño: «Cuando el que ocupa la Rosada es un rival, lo más conveniente es controlar un ejército de fiscales»..
