Presentación. Los nuevos ministros de Hacienda y Finanzas dieron a conocer sus metas de cara al 2017.
Durante el primer año al mando, el gobierno intentó mantener en alto la expectativa de crecimiento, baja de inflación, y llegada de inversiones. Transcurridos doce meses, los resultados son exiguos, pero la apuesta por generar esperanza se renueva. La salida de Prat Gay junto a la creación del ministerio de finanzas, están en esa línea.
Sin embargo, la comunicación y la praxis van por senderos diferentes. Al mismo tiempo que el gobierno se esfuerza por explicar que la división de la gestión económica en siete ministerios responde al espíritu de trabajo en equipo, las señales de “des coordinación” macroeconómica que llegan en los primeros días del año son contundentes. En los hechos, la segmentación de la gestión, hace que cada ministro abogue por sus propios objetivos, sin atender los objetivos macroeconómicos generales. Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), demuestra que mientras el flamante ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, anuncia que uno de sus principales objetivos es reducir el gasto, sus decisiones solo afectan al 2% del mismo, mientras que el otro 98% del gasto es determinado por los otros seis ministros. Otro claro ejemplo son los aumentos de tarifas y precios “autorizados” por cada una de las carteras. Una conducción unificada, hubiera tenido en cuenta el impacto de las medidas sectoriales en el objetivo general. Probablemente hubiera elegido que los aumentos sean anunciados en diciembre, en un mes donde los precios suben por inercia propia, lo que hubiera permitido “cargar” los aumentos a la de por sí alta inflación de 2016, dejando “limpio” el registro de 2017.
Por el contrario, el ministerio de energía autorizó el aumento del 8% en los combustibles durante el mes de enero, el ministerio de transporte propuso un nuevo cuadro tarifario para los peajes de las autopistas porteñas, donde el aumento en muchos casos supera el 100%, y el ministerio de salud aprobó una suba del 6% en las prepagas desde febrero. Las tres medidas colisionan de frente con el objetivo del 17% de inflación anual. Es de esperar que tales aumentos generen un piso alto de inflación mensual para el arranque del año, en especial la suba en el precio de los combustibles, que incide en la cadena de costos de toda la economía, y provoca una segunda ronda de aumentos en los precios al mostrador. Si la intención es cumplir la meta establecida en el presupuesto, el margen de maniobra para el resto del año se estrecha aún más, en medio de un año electoral.
Lo anticipó el presidente del Banco Central (BCRA) antes de navidad, cuando afirmó que si la pauta inflacionaria se escapa de lo pautado “se subirán las tasas, así como las bajamos cuando notamos que desciende la inflación”. Dicho eso, el informe monetario del BCRA, estimó esta semana una inflación del 21% para este año, cuatro puntos por encima de el 17% presupuestado.
Durante el primer año al mando, el gobierno intentó mantener en alto la expectativa de crecimiento, baja de inflación, y llegada de inversiones. Transcurridos doce meses, los resultados son exiguos, pero la apuesta por generar esperanza se renueva. La salida de Prat Gay junto a la creación del ministerio de finanzas, están en esa línea.
Sin embargo, la comunicación y la praxis van por senderos diferentes. Al mismo tiempo que el gobierno se esfuerza por explicar que la división de la gestión económica en siete ministerios responde al espíritu de trabajo en equipo, las señales de “des coordinación” macroeconómica que llegan en los primeros días del año son contundentes. En los hechos, la segmentación de la gestión, hace que cada ministro abogue por sus propios objetivos, sin atender los objetivos macroeconómicos generales. Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), demuestra que mientras el flamante ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, anuncia que uno de sus principales objetivos es reducir el gasto, sus decisiones solo afectan al 2% del mismo, mientras que el otro 98% del gasto es determinado por los otros seis ministros. Otro claro ejemplo son los aumentos de tarifas y precios “autorizados” por cada una de las carteras. Una conducción unificada, hubiera tenido en cuenta el impacto de las medidas sectoriales en el objetivo general. Probablemente hubiera elegido que los aumentos sean anunciados en diciembre, en un mes donde los precios suben por inercia propia, lo que hubiera permitido “cargar” los aumentos a la de por sí alta inflación de 2016, dejando “limpio” el registro de 2017.
Por el contrario, el ministerio de energía autorizó el aumento del 8% en los combustibles durante el mes de enero, el ministerio de transporte propuso un nuevo cuadro tarifario para los peajes de las autopistas porteñas, donde el aumento en muchos casos supera el 100%, y el ministerio de salud aprobó una suba del 6% en las prepagas desde febrero. Las tres medidas colisionan de frente con el objetivo del 17% de inflación anual. Es de esperar que tales aumentos generen un piso alto de inflación mensual para el arranque del año, en especial la suba en el precio de los combustibles, que incide en la cadena de costos de toda la economía, y provoca una segunda ronda de aumentos en los precios al mostrador. Si la intención es cumplir la meta establecida en el presupuesto, el margen de maniobra para el resto del año se estrecha aún más, en medio de un año electoral.
Lo anticipó el presidente del Banco Central (BCRA) antes de navidad, cuando afirmó que si la pauta inflacionaria se escapa de lo pautado “se subirán las tasas, así como las bajamos cuando notamos que desciende la inflación”. Dicho eso, el informe monetario del BCRA, estimó esta semana una inflación del 21% para este año, cuatro puntos por encima de el 17% presupuestado.
