El salón está lleno de juguetes. Un caballo de madera y dibujos animados en la televisión. Un niño de dos años llora mientras su madre intenta calmarlo. En la calle, el padre pasa la mañana buscando empleo. Sería un hogar normal de la España del siglo XXI si no fuera porque sus ocupantes viven allí de forma ilegal. No pagan alquiler. Encontraron la casa vacía y entraron hace un mes. La limpiaron, pusieron enchufes y radiadores. Tiene facturas para demostrar que abonan la luz y el agua. Y no son los únicos vecinos del barrio en situación irregular. La mayoría de los 70 chalés que componen esta promoción de Valdemoro tienen inquilino, pero solo tres son legales.
“No queremos robar la casa de nadie, pero es que no tenemos dónde meternos y estos chalés están vacíos: es una locura”, cuenta la mujer, que no quiere dar su nombre. Son habitantes de Valdemoro que cuando se enteraron de que estaban okupando los chalés de la Ronda de las Comunidades se acercaron por las casas, desde hacía cuatro años abandonadas y arrasadas por ladrones. “Nos encontramos con que aquí vivían personas hasta hace poco consideradas ciudadanos normales. Nos dejaron entrar desde sus garajes al adosado sin forzar la puerta”, explica la mujer.
Solo cobran los 426 euros del subsidio para los que han agotado el paro. Hasta hace dos años ella trabajaba de administrativo y su marido de fontanero. “Decidimos tener el niño porque nos pareció el momento, y entonces nos echaron”, cuenta. Sin empleo, él se vio con una hipoteca de 130.000 euros por su estudio de 22 metros cuadrados. No podía dejar de pagarlo porque lo avalaba su padre; tampoco instalarse allí: “Nos dijo la asistente social que con ese tamaño para tres podían quitarnos el crío”, dice ella.
“No queremos hablar por miedo a que nos echen, pero queremos que la gente entienda que no somos escoria ni vagos. Nosotros éramos la clase media y ahora tenemos que andar con la cabeza baja porque nos da vergüenza”, se queja amargamente la mujer. En ese momento el marido vuelve de la calle. Explica que han gastado los 400 euros que les quedaban en arreglar el adosado. Asegura que han intentado localizar a la promotora de los pisos, Castellana Inmobiliaria, para pagarles un pequeño alquiler, pero que no han podido localizarla. No es extraño: Castellana, originalmente con oficinas en Valdemoro, se ha desvanecido. Ninguno de sus teléfonos funciona y este periódico solo ha podido contactar con Orbis Habitat, empresa establecida en Vilafranca del Penedés (Barcelona) y en proceso de liquidación legal cuyo apoderado (Gregori Ferrer Bertrán) y administrador (Gregorio Ferran Benítez) son los mismos que los de Castellana. Orbis no responde a las preguntas.
La promoción de Valdemoro tenía mucho de ideal: 230 metros de adosado, jardín, dos pisos, ático y dos garajes. “Pero solo fuimos tres los que compramos”, cuenta Manolo Orellana un poco más abajo en la calle. “Pagamos 320.000 euros, pero el resto de casas se quedaron vacíos y vinieron a robar hasta las placas solares”, dice. Entiende que personas apuradas busquen salidas, pero le molesta que no todos hayan sido leales y algunos hayan intentado pincharles los suministros.
Los vecinos ilegales y el Ayuntamiento de Valdemoro insisten en una idea: “Esto no es Parla”. Con ello quieren dejar claro que la okupación no ha causado los mismos conflictos que esta semana se han vivido en la cercana localidad.
Los habitantes de Parla Este le pusieron los pelos de punta a su Consistorio al anunciar la creación de patrullas ciudadanas para “intimidar” a las nueve familias que habían tomado posesión ilegal de casas vacías en la zona. El Ayuntamiento se apresuró a tapiar el resto de pisos susceptibles de ser okupados, ha aumentado la presencia policial y ha desautorizado toda milicia espontánea. No es el primer problema de esta naturaleza en el municipio. El caso de los conocidos como okupas de la calle Toledo —donde los ilegales prácticamente se han hecho con un inmueble entero del Plan Municipal de Alquiler— ha generado numerosos roces con los vecinos de los alrededores, a pesar de que los ilegales afirmen pagar religiosamente sus facturas desde hace meses.
La okupación de inmuebles también se ha extendido por barrios madrileños como Usera, Vallecas o San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), donde incluso algunas mafias se hacen con pisos vacíos para alquilarlos ilegalmente.
Garantías legales
Alberto Albacete, jefe de la Policía de Valdemoro, defiende que está haciendo todo lo posible con las herramientas legales a su alcance. “En cuanto hay gente dentro de una vivienda se considera legalmente su morada y no podemos echarla sin orden del juez”, cuenta. “Solo podemos instar al promotor a que denuncie, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento”. El policía asegura que han tenido que intervenir en multitud de ocasiones desde que la promotora dejó las casas a su suerte. Primero, para frenar robos y, después, para evitar más okupaciones. Pero vuelve a la casilla de salida: con inquilinos dentro, solo se puede vigilar el barrio para que no surjan problemas.
El barrio no tiene aspecto amenazador. Algunos de los vecinos ilegales han pegado su nombre en el buzón con celo y hojas de cuaderno. En los jardincitos hay árboles de navidad. Algunas casas están todavía en fase de recuperación. Como la de Silva, un brasileño que prepara la vivienda para que su mujer y su hija se instalen con él. “No estamos aquí por gusto, pero es que perdí mi trabajo de mecánico y hemos tenido que dejar el piso. Debo tres meses que pagaré en cuanto pueda. Ya he agotado los amigos a los que pedir ayuda”, cuenta. Está montando una cama para su hija pero aún no puede traerla porque hace demasiado frío. “Paso muy malas noches”, dice señalando una cama sobre la que descansa una Biblia: “Pero hay que guardar el sitio porque mucha gente viene a quedárselas”.
En una situación similar está Carlos Antonio Leite, compatriota que repara la casa para su mujer y sus dos niños. Él continúa trabajando en un taller a cambio de 700 euros, demasiado poco, dice, para el alquiler y los gastos. “Unos compañeros me han dejado los cables para la instalación de dentro, pero será todo legal. Ya he presentado los papeles a Iberdrola”, jura. “Lo último que quiero es robar. Solo busco una vida normal”. Silva asiente. A unos metros de su nueva casa, un cartelón de la promotora señala el chalé piloto. De su ventana cuelga un jersei verde. Ahora también está okupado.
“No queremos robar la casa de nadie, pero es que no tenemos dónde meternos y estos chalés están vacíos: es una locura”, cuenta la mujer, que no quiere dar su nombre. Son habitantes de Valdemoro que cuando se enteraron de que estaban okupando los chalés de la Ronda de las Comunidades se acercaron por las casas, desde hacía cuatro años abandonadas y arrasadas por ladrones. “Nos encontramos con que aquí vivían personas hasta hace poco consideradas ciudadanos normales. Nos dejaron entrar desde sus garajes al adosado sin forzar la puerta”, explica la mujer.
Solo cobran los 426 euros del subsidio para los que han agotado el paro. Hasta hace dos años ella trabajaba de administrativo y su marido de fontanero. “Decidimos tener el niño porque nos pareció el momento, y entonces nos echaron”, cuenta. Sin empleo, él se vio con una hipoteca de 130.000 euros por su estudio de 22 metros cuadrados. No podía dejar de pagarlo porque lo avalaba su padre; tampoco instalarse allí: “Nos dijo la asistente social que con ese tamaño para tres podían quitarnos el crío”, dice ella.
“No queremos hablar por miedo a que nos echen, pero queremos que la gente entienda que no somos escoria ni vagos. Nosotros éramos la clase media y ahora tenemos que andar con la cabeza baja porque nos da vergüenza”, se queja amargamente la mujer. En ese momento el marido vuelve de la calle. Explica que han gastado los 400 euros que les quedaban en arreglar el adosado. Asegura que han intentado localizar a la promotora de los pisos, Castellana Inmobiliaria, para pagarles un pequeño alquiler, pero que no han podido localizarla. No es extraño: Castellana, originalmente con oficinas en Valdemoro, se ha desvanecido. Ninguno de sus teléfonos funciona y este periódico solo ha podido contactar con Orbis Habitat, empresa establecida en Vilafranca del Penedés (Barcelona) y en proceso de liquidación legal cuyo apoderado (Gregori Ferrer Bertrán) y administrador (Gregorio Ferran Benítez) son los mismos que los de Castellana. Orbis no responde a las preguntas.
La promoción de Valdemoro tenía mucho de ideal: 230 metros de adosado, jardín, dos pisos, ático y dos garajes. “Pero solo fuimos tres los que compramos”, cuenta Manolo Orellana un poco más abajo en la calle. “Pagamos 320.000 euros, pero el resto de casas se quedaron vacíos y vinieron a robar hasta las placas solares”, dice. Entiende que personas apuradas busquen salidas, pero le molesta que no todos hayan sido leales y algunos hayan intentado pincharles los suministros.
Los vecinos ilegales y el Ayuntamiento de Valdemoro insisten en una idea: “Esto no es Parla”. Con ello quieren dejar claro que la okupación no ha causado los mismos conflictos que esta semana se han vivido en la cercana localidad.
Los habitantes de Parla Este le pusieron los pelos de punta a su Consistorio al anunciar la creación de patrullas ciudadanas para “intimidar” a las nueve familias que habían tomado posesión ilegal de casas vacías en la zona. El Ayuntamiento se apresuró a tapiar el resto de pisos susceptibles de ser okupados, ha aumentado la presencia policial y ha desautorizado toda milicia espontánea. No es el primer problema de esta naturaleza en el municipio. El caso de los conocidos como okupas de la calle Toledo —donde los ilegales prácticamente se han hecho con un inmueble entero del Plan Municipal de Alquiler— ha generado numerosos roces con los vecinos de los alrededores, a pesar de que los ilegales afirmen pagar religiosamente sus facturas desde hace meses.
La okupación de inmuebles también se ha extendido por barrios madrileños como Usera, Vallecas o San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), donde incluso algunas mafias se hacen con pisos vacíos para alquilarlos ilegalmente.
Garantías legales
Alberto Albacete, jefe de la Policía de Valdemoro, defiende que está haciendo todo lo posible con las herramientas legales a su alcance. “En cuanto hay gente dentro de una vivienda se considera legalmente su morada y no podemos echarla sin orden del juez”, cuenta. “Solo podemos instar al promotor a que denuncie, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento”. El policía asegura que han tenido que intervenir en multitud de ocasiones desde que la promotora dejó las casas a su suerte. Primero, para frenar robos y, después, para evitar más okupaciones. Pero vuelve a la casilla de salida: con inquilinos dentro, solo se puede vigilar el barrio para que no surjan problemas.
El barrio no tiene aspecto amenazador. Algunos de los vecinos ilegales han pegado su nombre en el buzón con celo y hojas de cuaderno. En los jardincitos hay árboles de navidad. Algunas casas están todavía en fase de recuperación. Como la de Silva, un brasileño que prepara la vivienda para que su mujer y su hija se instalen con él. “No estamos aquí por gusto, pero es que perdí mi trabajo de mecánico y hemos tenido que dejar el piso. Debo tres meses que pagaré en cuanto pueda. Ya he agotado los amigos a los que pedir ayuda”, cuenta. Está montando una cama para su hija pero aún no puede traerla porque hace demasiado frío. “Paso muy malas noches”, dice señalando una cama sobre la que descansa una Biblia: “Pero hay que guardar el sitio porque mucha gente viene a quedárselas”.
En una situación similar está Carlos Antonio Leite, compatriota que repara la casa para su mujer y sus dos niños. Él continúa trabajando en un taller a cambio de 700 euros, demasiado poco, dice, para el alquiler y los gastos. “Unos compañeros me han dejado los cables para la instalación de dentro, pero será todo legal. Ya he presentado los papeles a Iberdrola”, jura. “Lo último que quiero es robar. Solo busco una vida normal”. Silva asiente. A unos metros de su nueva casa, un cartelón de la promotora señala el chalé piloto. De su ventana cuelga un jersei verde. Ahora también está okupado.
