Peña Nieto ha dicho que con las reforma energética el precio de la gasolina y la electricidad será menor (Presidencia/Cortesía).
Nota del editor: Ricardo Monreal Ávila es diputado federal por Movimiento Ciudadano y líder de la bancada en San Lázaro de este partido; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en su cuenta de Twitter: @RicardoMonrealA
(CNNMéxico)– Detrás de una gran reforma, hay una gran deuda pública. Es la lección que nos han dejado los proyectos presidenciales de las últimas cuatro décadas.
El «desarrollo compartido» de Luis Echeverría consistió en contratar deuda, disparar el gasto público y hacer trabajar horas extras a la Casa de Moneda. El proyecto terminó en una terapia de shock: devaluación del 120%, deuda pública del 60% del PIB, inflación del 180%.
José López Portillo ofreció la «administración de la abundancia». Se trataba de aumentar considerablemente la exportación de petróleo, apostando fuertemente a la exploración y explotación del oro negro. ¿De dónde sadrían los recursos? De más deuda pública. Al final, la abundancia llegó pero en forma de devaluación, déficit, fuga de capitales y la nacionalización de la banca.
El siguiente proyecto de grandes reformas correría a cargo de Carlos Salinas. El paradigma económico del Estado «nacionalista revolucionario» fue sustituido con el paradogma del libre mercado. Llevó por nombre «liberalismo social modernizador» y se tradujo en una serie de reformas constitucionales en el campo, la banca, el comercio exterior, la relación Estado-iglesias y las elecciones mismas. La cereza de los cambios fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al final de ese sexenio todo era jauja, hasta que en 1994 sobrevino lo inimaginable: el estallido zapatista, los asesinatos políticos y la crisis económica de los tesobonos. En diciembre de ese año el país se enteró de manera traumática que el gran proyecto «modernizador» del sexenio se había financiado con una deuda pública de corto plazo impagable, que habría servido para mantener artificialmente bajas las tasas de interés, la paridad cambiaria y financiar un gasto público deficitario. El «liberalismo social modernizador» le costó al país 50,000 millones de dólares.
Se está fraguando la cuarta gran crisis de deuda pública en el país de los últimos 50 años. Como en las tres anteriores, viene acompañada de una ilusión economicista: ahora sí, «las reformas estructurales» harán al país más competitivo y productivo, para crecer y alcanzar la prosperidad.
Sin embargo, nada se dice del costo financiero y fiscal de las reformas. Por ejemplo, la reforma de seguridad social ronda los 900,000 millones de pesos en su primera fase; la reforma energética y la caída de la producción de Pemex le abren un boquete al fisco de 800,000 mdp; Prospera arranca con un préstamo de 300 millones de dólares del Banco Mundial; y el paquete de obras de infraestructura pública anunciado en el segundo informe de gobierno (incluido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México) suman, de entrada, un cuarto de billón de pesos.
¿De dónde saldrán los recursos públicos para financiar buena parte de estos proyectos? El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo nos da una pauta. Se proyecta gastar 4.6 billones de pesos, de los cuales 4 serán recursos propios y poco más de 673,000 mdp serán deuda pública. Más recaudación y más deuda son los pivotes de ese presupuesto.
La proclividad a endeudarse del actual gobierno llevará la deuda total del sector público de 5 billones en 2012 a 6 billones al final del 2014, en números redondos. Un billón de aumento en dos años.
Dicen que está bajo control y que no representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica, sin embargo, no sólo está creciendo el monto, sino los plazos y modalidades de la misma.
El gobierno parece tener adicción por los bonos de deuda soberana. “El gobierno de Peña Nieto emitió, en dos años, casi la misma cantidad de bonos en moneda extranjera que en todo el sexenio de Fox… además de los nuevos impuestos de la reforma fiscal que aumentaron la recaudación en 7.4%, la Secretaría de Hacienda emitió bonos en yenes y libras esterlinas en plazos nunca vistos. El gobierno mexicano colocó, por primera vez, bonos en libras esterlinas con un vencimiento a 100 años por 1,000 millones de libras en marzo pasado. Meses después, en julio, emitió bonos samurái por 60,000 millones de yenes, unos 590 millones de dólares, a plazos de cinco, 10 y 20 años. Ésta es también la primera vez que México emitió bonos en yenes a 20 años”, según la revista Expansión, en su número 1140, de 12 septiembre de 2014.
En conclusión, en términos de deuda pública, estas reformas estructurales traen la envoltura de Luis Echeverría, el moño de López Portillo y la granada sin espoleta de Carlos Salinas.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo Monreal Ávila.
Nota del editor: Ricardo Monreal Ávila es diputado federal por Movimiento Ciudadano y líder de la bancada en San Lázaro de este partido; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en su cuenta de Twitter: @RicardoMonrealA
(CNNMéxico)– Detrás de una gran reforma, hay una gran deuda pública. Es la lección que nos han dejado los proyectos presidenciales de las últimas cuatro décadas.
El «desarrollo compartido» de Luis Echeverría consistió en contratar deuda, disparar el gasto público y hacer trabajar horas extras a la Casa de Moneda. El proyecto terminó en una terapia de shock: devaluación del 120%, deuda pública del 60% del PIB, inflación del 180%.
José López Portillo ofreció la «administración de la abundancia». Se trataba de aumentar considerablemente la exportación de petróleo, apostando fuertemente a la exploración y explotación del oro negro. ¿De dónde sadrían los recursos? De más deuda pública. Al final, la abundancia llegó pero en forma de devaluación, déficit, fuga de capitales y la nacionalización de la banca.
El siguiente proyecto de grandes reformas correría a cargo de Carlos Salinas. El paradigma económico del Estado «nacionalista revolucionario» fue sustituido con el paradogma del libre mercado. Llevó por nombre «liberalismo social modernizador» y se tradujo en una serie de reformas constitucionales en el campo, la banca, el comercio exterior, la relación Estado-iglesias y las elecciones mismas. La cereza de los cambios fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Al final de ese sexenio todo era jauja, hasta que en 1994 sobrevino lo inimaginable: el estallido zapatista, los asesinatos políticos y la crisis económica de los tesobonos. En diciembre de ese año el país se enteró de manera traumática que el gran proyecto «modernizador» del sexenio se había financiado con una deuda pública de corto plazo impagable, que habría servido para mantener artificialmente bajas las tasas de interés, la paridad cambiaria y financiar un gasto público deficitario. El «liberalismo social modernizador» le costó al país 50,000 millones de dólares.
Se está fraguando la cuarta gran crisis de deuda pública en el país de los últimos 50 años. Como en las tres anteriores, viene acompañada de una ilusión economicista: ahora sí, «las reformas estructurales» harán al país más competitivo y productivo, para crecer y alcanzar la prosperidad.
Sin embargo, nada se dice del costo financiero y fiscal de las reformas. Por ejemplo, la reforma de seguridad social ronda los 900,000 millones de pesos en su primera fase; la reforma energética y la caída de la producción de Pemex le abren un boquete al fisco de 800,000 mdp; Prospera arranca con un préstamo de 300 millones de dólares del Banco Mundial; y el paquete de obras de infraestructura pública anunciado en el segundo informe de gobierno (incluido el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México) suman, de entrada, un cuarto de billón de pesos.
¿De dónde saldrán los recursos públicos para financiar buena parte de estos proyectos? El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo nos da una pauta. Se proyecta gastar 4.6 billones de pesos, de los cuales 4 serán recursos propios y poco más de 673,000 mdp serán deuda pública. Más recaudación y más deuda son los pivotes de ese presupuesto.
La proclividad a endeudarse del actual gobierno llevará la deuda total del sector público de 5 billones en 2012 a 6 billones al final del 2014, en números redondos. Un billón de aumento en dos años.
Dicen que está bajo control y que no representa un riesgo para la estabilidad macroeconómica, sin embargo, no sólo está creciendo el monto, sino los plazos y modalidades de la misma.
El gobierno parece tener adicción por los bonos de deuda soberana. “El gobierno de Peña Nieto emitió, en dos años, casi la misma cantidad de bonos en moneda extranjera que en todo el sexenio de Fox… además de los nuevos impuestos de la reforma fiscal que aumentaron la recaudación en 7.4%, la Secretaría de Hacienda emitió bonos en yenes y libras esterlinas en plazos nunca vistos. El gobierno mexicano colocó, por primera vez, bonos en libras esterlinas con un vencimiento a 100 años por 1,000 millones de libras en marzo pasado. Meses después, en julio, emitió bonos samurái por 60,000 millones de yenes, unos 590 millones de dólares, a plazos de cinco, 10 y 20 años. Ésta es también la primera vez que México emitió bonos en yenes a 20 años”, según la revista Expansión, en su número 1140, de 12 septiembre de 2014.
En conclusión, en términos de deuda pública, estas reformas estructurales traen la envoltura de Luis Echeverría, el moño de López Portillo y la granada sin espoleta de Carlos Salinas.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo Monreal Ávila.
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