Patriarca. Franco Macri buscó asumir toda la responsabilidad.
La causa Panamá Papers tomó ayer un nuevo impulso en la investigación contra el presidente Mauricio Macri, que incluye como imputados a su padre Franco y sus hermanos Mariano y Gianfranco. En los próximos 20 días deberán declarar siete ejecutivos de las empresas de los Macri que figuraron entre 1998 y 2007 como apoderados o directivos de la offshore Fleg Trading, creada por el estudio Mossack Fonseca en las islas Bahamas. Tres de ellos reemplazaron en octubre de 1998 a Mauricio Macri en el directorio de la offshore.
El juez federal Sebastián Casanello analiza citar luego a los ejecutivos de Socma (Sociedades Macri) en Brasil que intervinieron en Fleg.
Además, Casanello instó en un escrito a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) –ambos bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas– para que aporten información clave en la investigación sobre los movimientos de Socma (Sociedades Macri).
La UIF deberá informar sobre los movimientos de Fleg en el exterior y obtener información de inteligencia que luego pueda ser utilizada como prueba, mientras que la AFIP deberá analizar si el movimiento de los US$ 9,3 millones que Fleg Trading hizo en Brasil implica delitos tributarios en la Argentina –se desconoce el origen de ese dinero, que podría haber salido sin declarar del país–, y si refleja inconsistencias en las declaraciones juradas de los Macri ante el fisco. El juez también pidió que le informen quiénes son los funcionarios que estaban entre 1998 y 2007 al mando del control fiscal de las empresas de los Macri.
Las medidas surgen luego de que el 17 de noviembre, el nuevo abogado de Franco Macri, Jorge Anzorreguy, se presentó ante el juzgado de Casanello por primera vez y acompañó un escrito en el que el empresario se pone a disposición de la Justicia. Franco dijo que “las líneas directrices fueron siempre impartidas” por él. Despegó de esta manera a sus hijos de los manejos de las offshore. En el caso de Fleg, dijo que “hizo” figurar a sus hijos Mauricio y Mariano como directores de la firma. “Lo único que hizo Mauricio aquí fue firmar junto conmigo el acta mediante el cual designé a quienes nos reemplazaron como directores”. Franco no dio ninguna explicación sobre el giro de US$ 9,3 millones realizado por Fleg. Es ese hecho el que generó la imputación por presunto lavado. Franco Macri tampoco informó quiénes son los accionistas de la offshore, un dato que debía llegar de Bahamas vía exhorto pero que en los documentos arribó en blanco.
El último testigo que declaró en la causa es Alberto Tarantini, ex ejecutivo de Socma y apoderado de Fleg Trading. Lo hizo en consonancia con la versión de los Macri: dijo que el poder para representar a Fleg se lo dio Franco, pero agregó que nunca lo llamaron ni le ordenaron qué hacer con la firma y que no conocía ningún movimiento de la sociedad en Brasil.
La causa Panamá Papers tomó ayer un nuevo impulso en la investigación contra el presidente Mauricio Macri, que incluye como imputados a su padre Franco y sus hermanos Mariano y Gianfranco. En los próximos 20 días deberán declarar siete ejecutivos de las empresas de los Macri que figuraron entre 1998 y 2007 como apoderados o directivos de la offshore Fleg Trading, creada por el estudio Mossack Fonseca en las islas Bahamas. Tres de ellos reemplazaron en octubre de 1998 a Mauricio Macri en el directorio de la offshore.
El juez federal Sebastián Casanello analiza citar luego a los ejecutivos de Socma (Sociedades Macri) en Brasil que intervinieron en Fleg.
Además, Casanello instó en un escrito a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) –ambos bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas– para que aporten información clave en la investigación sobre los movimientos de Socma (Sociedades Macri).
La UIF deberá informar sobre los movimientos de Fleg en el exterior y obtener información de inteligencia que luego pueda ser utilizada como prueba, mientras que la AFIP deberá analizar si el movimiento de los US$ 9,3 millones que Fleg Trading hizo en Brasil implica delitos tributarios en la Argentina –se desconoce el origen de ese dinero, que podría haber salido sin declarar del país–, y si refleja inconsistencias en las declaraciones juradas de los Macri ante el fisco. El juez también pidió que le informen quiénes son los funcionarios que estaban entre 1998 y 2007 al mando del control fiscal de las empresas de los Macri.
Las medidas surgen luego de que el 17 de noviembre, el nuevo abogado de Franco Macri, Jorge Anzorreguy, se presentó ante el juzgado de Casanello por primera vez y acompañó un escrito en el que el empresario se pone a disposición de la Justicia. Franco dijo que “las líneas directrices fueron siempre impartidas” por él. Despegó de esta manera a sus hijos de los manejos de las offshore. En el caso de Fleg, dijo que “hizo” figurar a sus hijos Mauricio y Mariano como directores de la firma. “Lo único que hizo Mauricio aquí fue firmar junto conmigo el acta mediante el cual designé a quienes nos reemplazaron como directores”. Franco no dio ninguna explicación sobre el giro de US$ 9,3 millones realizado por Fleg. Es ese hecho el que generó la imputación por presunto lavado. Franco Macri tampoco informó quiénes son los accionistas de la offshore, un dato que debía llegar de Bahamas vía exhorto pero que en los documentos arribó en blanco.
El último testigo que declaró en la causa es Alberto Tarantini, ex ejecutivo de Socma y apoderado de Fleg Trading. Lo hizo en consonancia con la versión de los Macri: dijo que el poder para representar a Fleg se lo dio Franco, pero agregó que nunca lo llamaron ni le ordenaron qué hacer con la firma y que no conocía ningún movimiento de la sociedad en Brasil.
