Mundo gremial
Ricardo Carpena
Por qué el Gobierno negocia con sus enemigos sindicales? Hay una parte del relato K que se hace trizas cuando hay que conseguir resultados muy concretos. El mejor ejemplo fue la decisión del Ministerio de Trabajo de avanzar en un acuerdo que permite la inscripción de las dos CTA, aunque, en la práctica, significó el primer reconocimiento del Gobierno a la existencia y a la legitimidad de la fracción opositora de Pablo Micheli, esa misma que los funcionarios K detestan con fervor.
En realidad, se trató de una concesión dirigida a que el michelismo no impugnara ante la Justicia la convocatoria a elecciones para el 18 de octubre que hizo el ala oficialista, liderada por Hugo Yasky, y que podía trabar su funcionamiento. El acuerdo, impulsado por el abogado Abel De Manuele, delegado de la cartera laboral en los próximos comicios ceteístas, incluye precisamente el compromiso de que ambas partes desistirán de acciones judiciales en contra de sus rivales, dentro de un esquema jurídico de escisión en el que cada sector creará una “nueva” estructura con distintos nombres: el kirchnerista, la CTA de los Trabajadores, y el disidente, la CTA Autónoma.
Al primero se le dio la inscripción originaria de la central obrera y al segundo se le prometió la misma oficialización, aunque cerca del ministro Carlos Tomada advirtieron a Clarín que a ninguno de los dos se les otorgará la personería gremial, el histórico reclamo de la CTA.
En las dos centrales admiten que la falta de personería no les ha impedido funcionar, pero no pueden atribuirle a eso su poca inserción en el sector privado, un punto débil que las emparenta. Este divorcio auspiciado por el Gobierno no resuelve el problema político de fondo, que empezó hace cuatro años. Se parece más a un pragmático acuerdo que evitará peleas desgastantes y gracias al cual, incluso, el Ministerio de Trabajo queda asociado con una intención de imparcialidad casi inédita.
No es el único ejemplo reciente de cómo la Casa Rosada debió arremangar el relato y dejar al descubierto su pragmatismo. El otro fueron las sorprendentes negociaciones para resolver el conflicto de LEAR que mantuvieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con los dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), esa fuerza de izquierda que se convirtió en la pesadilla del kirchnerismo por sus protestas en la Panamericana, su denuncia del gendarme “carancho” y su inserción entre delegados sindicales.
Primero fue la reunión de Berni con el diputado bonaerense Christian Castillo, del PTS, a instancias del senador provincial Marcelo Torres, allegado al funcionario K, que los presentó. Y más tarde, el lunes pasado, el dirigente trotskista llegó a la Casa Rosada para hablar con Capitanich y tratar de lograr la reincorporación de 40 trabajadores despedidos de esa autopartista norteamericana.
Más difícil que la solución de LEAR será que la izquierda sindical pueda unificarse. Hoy está más atomizada que el sindicalismo peronista. El Partido Obrero (PO) avanza en su congreso “del movimiento obrero y la izquierda” del 8 de noviembre sin el aval del PTS ni de Izquierda Socialista, que están juntos en el Encuentro Sindical Combativo. Pero lo nuevo (o viejo, considerando los reflejos rupturistas) es que Izquierda Socialista, con el impulso de Rubén “Pollo” Sobrero y Carlos “El Perro” Santillán, llamó a un “Segundo Encuentro Sindical Combativo” para sumar a otros sectores y el que se alejó esta vez es el PTS, que insiste sin suerte en reunir a la izquierda como el 1° de Mayo y que, en soledad, hará un acto de fin de año en el microestadio de Argentinos Juniors.
Tras haber participado de las elecciones de la CTA opositora, en mayo pasado, el PO está más entusiasmado en participar de los comicios de la CTA oficialista con una lista encabezada por Romina del Plá, titular de SUTEBA La Matanza. La otra nómina opositora de izquierda es la del Nuevo MAS, que postula a Luis Donadío, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes.
En lo que toda la izquierda coincide es en reclamar que Hugo Moyano profundice su plan de lucha. Lo mismo quiere, en las antípodas ideológicas, Luis Barrionuevo. El camionero no quiere apurarse y el jueves pasado sufrió otro desplante de los gremios barrionuevistas, que faltaron a un encuentro ampliado de la CGT Azopardo. Allí se confirmó el plenario de mañana de las regionales cegetistas, que se limitaría a ratificar la agenda de reclamos y el estado de alerta. El gastronómico definirá hoy su postura con sus colegas de la CGT Azul y Blanca. Por ahora, crece el malestar.
En la CGT oficialista, en tanto, están convencidos de que la Presidenta exceptuará del pago de Ganancias al próximo aguinaldo, aunque la UOM se está preparando para liderar una ofensiva a favor de los cambios en ese tributo. A Antonio Caló lo mueve la presión de las bases: en la planta de Acindar de Villa Constitución, por ejemplo, se decidió un quite de colaboración en contra del “impuesto al salario”. Por eso el jefe de los metalúrgicos apuró un proyecto de ley que modifica Ganancias y que le entregaría a sus diputados nacionales en una movilización ante el Congreso.
Será muy extraño ver a un Antonio Caló endurecido ante el Gobierno y a un Hugo Moyano tan dispuesto a darle una tregua a Cristina Kirchner. En el caso del camionero, algunos interpretan que es un gesto hacia un sector del sindicalismo K: estaría por reunirse de nuevo con los independientes de la CGT Balcarce (Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri) para hablar de la unidad sindical.
Ricardo Carpena
Por qué el Gobierno negocia con sus enemigos sindicales? Hay una parte del relato K que se hace trizas cuando hay que conseguir resultados muy concretos. El mejor ejemplo fue la decisión del Ministerio de Trabajo de avanzar en un acuerdo que permite la inscripción de las dos CTA, aunque, en la práctica, significó el primer reconocimiento del Gobierno a la existencia y a la legitimidad de la fracción opositora de Pablo Micheli, esa misma que los funcionarios K detestan con fervor.
En realidad, se trató de una concesión dirigida a que el michelismo no impugnara ante la Justicia la convocatoria a elecciones para el 18 de octubre que hizo el ala oficialista, liderada por Hugo Yasky, y que podía trabar su funcionamiento. El acuerdo, impulsado por el abogado Abel De Manuele, delegado de la cartera laboral en los próximos comicios ceteístas, incluye precisamente el compromiso de que ambas partes desistirán de acciones judiciales en contra de sus rivales, dentro de un esquema jurídico de escisión en el que cada sector creará una “nueva” estructura con distintos nombres: el kirchnerista, la CTA de los Trabajadores, y el disidente, la CTA Autónoma.
Al primero se le dio la inscripción originaria de la central obrera y al segundo se le prometió la misma oficialización, aunque cerca del ministro Carlos Tomada advirtieron a Clarín que a ninguno de los dos se les otorgará la personería gremial, el histórico reclamo de la CTA.
En las dos centrales admiten que la falta de personería no les ha impedido funcionar, pero no pueden atribuirle a eso su poca inserción en el sector privado, un punto débil que las emparenta. Este divorcio auspiciado por el Gobierno no resuelve el problema político de fondo, que empezó hace cuatro años. Se parece más a un pragmático acuerdo que evitará peleas desgastantes y gracias al cual, incluso, el Ministerio de Trabajo queda asociado con una intención de imparcialidad casi inédita.
No es el único ejemplo reciente de cómo la Casa Rosada debió arremangar el relato y dejar al descubierto su pragmatismo. El otro fueron las sorprendentes negociaciones para resolver el conflicto de LEAR que mantuvieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con los dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), esa fuerza de izquierda que se convirtió en la pesadilla del kirchnerismo por sus protestas en la Panamericana, su denuncia del gendarme “carancho” y su inserción entre delegados sindicales.
Primero fue la reunión de Berni con el diputado bonaerense Christian Castillo, del PTS, a instancias del senador provincial Marcelo Torres, allegado al funcionario K, que los presentó. Y más tarde, el lunes pasado, el dirigente trotskista llegó a la Casa Rosada para hablar con Capitanich y tratar de lograr la reincorporación de 40 trabajadores despedidos de esa autopartista norteamericana.
Más difícil que la solución de LEAR será que la izquierda sindical pueda unificarse. Hoy está más atomizada que el sindicalismo peronista. El Partido Obrero (PO) avanza en su congreso “del movimiento obrero y la izquierda” del 8 de noviembre sin el aval del PTS ni de Izquierda Socialista, que están juntos en el Encuentro Sindical Combativo. Pero lo nuevo (o viejo, considerando los reflejos rupturistas) es que Izquierda Socialista, con el impulso de Rubén “Pollo” Sobrero y Carlos “El Perro” Santillán, llamó a un “Segundo Encuentro Sindical Combativo” para sumar a otros sectores y el que se alejó esta vez es el PTS, que insiste sin suerte en reunir a la izquierda como el 1° de Mayo y que, en soledad, hará un acto de fin de año en el microestadio de Argentinos Juniors.
Tras haber participado de las elecciones de la CTA opositora, en mayo pasado, el PO está más entusiasmado en participar de los comicios de la CTA oficialista con una lista encabezada por Romina del Plá, titular de SUTEBA La Matanza. La otra nómina opositora de izquierda es la del Nuevo MAS, que postula a Luis Donadío, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Quilmes.
En lo que toda la izquierda coincide es en reclamar que Hugo Moyano profundice su plan de lucha. Lo mismo quiere, en las antípodas ideológicas, Luis Barrionuevo. El camionero no quiere apurarse y el jueves pasado sufrió otro desplante de los gremios barrionuevistas, que faltaron a un encuentro ampliado de la CGT Azopardo. Allí se confirmó el plenario de mañana de las regionales cegetistas, que se limitaría a ratificar la agenda de reclamos y el estado de alerta. El gastronómico definirá hoy su postura con sus colegas de la CGT Azul y Blanca. Por ahora, crece el malestar.
En la CGT oficialista, en tanto, están convencidos de que la Presidenta exceptuará del pago de Ganancias al próximo aguinaldo, aunque la UOM se está preparando para liderar una ofensiva a favor de los cambios en ese tributo. A Antonio Caló lo mueve la presión de las bases: en la planta de Acindar de Villa Constitución, por ejemplo, se decidió un quite de colaboración en contra del “impuesto al salario”. Por eso el jefe de los metalúrgicos apuró un proyecto de ley que modifica Ganancias y que le entregaría a sus diputados nacionales en una movilización ante el Congreso.
Será muy extraño ver a un Antonio Caló endurecido ante el Gobierno y a un Hugo Moyano tan dispuesto a darle una tregua a Cristina Kirchner. En el caso del camionero, algunos interpretan que es un gesto hacia un sector del sindicalismo K: estaría por reunirse de nuevo con los independientes de la CGT Balcarce (Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri) para hablar de la unidad sindical.
