El jefe de Gabinete criticó al Grupo de los Seis que anunciaron la posibilidad de recurrir a la justicia si se aprueban las reformas a la ley de Abastecimiento.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó hoy de “pretender gobernar el país” a cámaras empresariales que anunciaron la posibilidad de recurrir a la justicia si se aprueban las reformas a la ley de Abastecimiento para controlar los precios.
“Es una falacia argumental por parte del Grupo de los Seis” considerar al proyecto que se debate en el Congreso como inconstitucional, consideró Capitanich.
Para el jefe de ministros, las críticas a la iniciativa forman parte de una “estrategia de protección de grupos concentrados que pretenden gobernar el país”.
En defensa del proyecto presentado por el Ejecutivo, el jefe de ministros aseguró que “este conjunto de medidas pretende incentivar la producción y el empleo protegiendo al productor y garantizando que el consumidor obtenga un precio razonable”.
“Las que más empleo dan son las PyMes y se generan las condiciones para que sean rentables, esto generará más inversión y empleo”, señaló.
El jefe de Gabinete consideró que mediante la iniciativa tratada en el Congreso se promueve una “intervención justa, eficiente, racional y equitativa del Estado para garantizar rentabilidad (para el productor) y precio justo (para el consumidor)”.
Las cámaras empresariales de mayor peso vienen advirtiendo que el proyecto de reforma de ley de Abastecimiento es «inconstitucional», y ratificaron que recurrirán a la Justicia si la iniciativa es aprobada por el Congreso.
Los presidentes de la Cámara de la Construcción, la Unión Industrial, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural se reunieron ayer para analizar nuevamente el impacto de la reforma de la ley de Abastecimiento.
Al término del encuentro, el denominado ‘Grupo de los Seis‘ emitieron un comunicado en el que reafirmaron «la importancia de defender los derechos del consumidor en forma activa y asegurar su defensa frente a la competencia desleal, para asegurar el funcionamiento correcto del mercado».
Además, expresaron “la incuestionable necesidad de amparar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, donde el Estado debe ejercer un control eficiente, objetivo y razonable para garantizar la transparencia del mercado”.
