El cambio fundamental en las políticas públicas y la alianza con los sectores populares organizados que se fue conformando a partir de mayo de 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner trajo aparejado un nuevo protagonismo de los dirigentes sindicales a nivel nacional y sectorial. Pero una política económica general expansiva que apuntó al pleno empleo y potenció el consumo y la inclusión social, más la institucionalidad laboral refundada a partir de 2003 (negociación colectiva sectorial y en la empresa, Consejo del Salario, paritaria nacional docente, etc.) no sólo restableció a los grandes sindicatos como actores nacionales, sino que catalizó desde abajo la movilización y el reclamo de una miríada de dirigentes y activistas sindicales de base de distinta procedencia política. Los metrodelegados, que consolidaron su representación frente a la UTA en el subte, son parte de este fenómeno. A la defensiva y resistentes al orden privatizador en los años 90, son uno de los símbolos de la ofensiva de la clase trabajadora durante el kirchnerismo: lograron, entre otros avances, incorporar tercerizados de limpieza y seguridad al convenio colectivo más favorable, menos horas de trabajo en un ámbito laboral insalubre y, desde ya, significativas subas del salario real para los trabajadores del subte.
Ante el nuevo protagonismo de los metrodelegados, cuando la Ciudad no había completado la institucionalización de su autonomía y la administración de la concesión estaba a cargo del gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo administró la conflictividad en el subte como en tantos otros sectores y sindicatos desde 2003: priorizando la legalidad, pero reconociendo la legitimidad. Es decir, mientras la Justicia o la ley no decidan lo contrario, el sindicato único, con potestad negociadora en el sector debía ser la UTA. A la vez, los metrodelegados, habiendo ganado la representación mayoritaria de las bases del subte, fueron incorporados de hecho a las negociaciones y se les otorgaron imprescindibles garantías institucionales para su labor sindical. En ese contexto, sin embargo, hablar de un sindicato controlado por el kirchnerismo es insostenible. En la tradición del clasismo de Tosco o Salamanca, los metrodelegados priorizan el reclamo sindical sobre el alineamiento político/partidario, y la unidad de acción en el lugar de trabajo sobre las variadas ideologías de sus líderes y activistas. Los datos de la Base de Conflictividad Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación son elocuentes: entre 2006 y 2009/10, pleno gobierno de CFK, los metrodelegados aumentaron un 50 por ciento la cantidad de conflictos con paro, y un 30 por ciento la cantidad de días de paro por cada trabajador en conflicto.
Cabe destacar en este punto una cuestión que intenta ser soslayada o confundida con el traspaso de la concesión ya aceptada y en ejecución por parte de Mauricio Macri, aunque insiste en no hacerse cargo.
La reivindicación de la autonomía de la Ciudad incluye la asunción de la mediación institucional inicial en las instancias de conflicto laboral a nivel local, como sucede regularmente en el resto de las provincias argentinas. La ley 265/99 de Competencias Laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no deja lugar a dudas. El art. 2 otorga a la autoridad administrativa de Trabajo de CABA la fiscalización del cumplimiento de condiciones de trabajo y convenios, y su intervención en conflictos individuales y colectivos de trabajo; el art. 9 señala su deber de citar a las partes en caso de conflicto y los arts. 44 y 46 sancionan su facultad para mediar y dictar conciliaciones. Además, el artículo 62 refiere a las negociaciones colectivas. Así fue señalado y exigido por la instancia judicial que intervino días atrás.
El problema, obviamente, no es legal sino político e ideológico, más allá del carácter puntual de la última huelga en el subte. El macrismo no ve en el conflicto laboral la manifestación natural de una sociedad democrática donde sus distintos componentes pugnan legítimamente por la distribución del ingreso en un marco legal y racional, sino como obstáculo a una visión jerárquica de la sociedad que mantiene los privilegios de clase. En consecuencia, carece no sólo de la vocación sino del saber administrativo y práctico para administrar la conflictividad laboral.
* Politólogo, Universidad Torcuato Di Tella.
