Los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera no apelarán la última medida de la Justicia, que ordenó una nueva extracción para cotejarla con un número limitado de familias de desaparecidos. Además, para terminar con la persecución de la que son objeto desde hace una década, permitirán una nueva extracción de sangre para que se vuelvan a obtener muestras de su ADN y dejarán que sean cotejadas con todo la base de datos del Banco Nacional de Datos Genéticos.
El abogado de los hermanos, Horacio Silva, informó hoy que decidieron «no impugnar la extracción de sangre» que ordenó la Justicia.
«Decidieron presentarse voluntariamente para hacer la extracción de sangre y aceptar que la comparación se haga respecto a todas las familias que tengan información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos», dijo Silva.
De esta forma, Felipe y Marcela buscan poner fin a la persecución que vienen sufriendo de parte del Gobierno y algunos sectores de organismos de derechos humanos. «Estamos esperando la decisión de la jueza, es una presentación voluntaria para terminar con la causa», agregó Silva.
La última novedad en la causa había surgido de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal cuando los jueces Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci rechazaron un recurso que impugnaba la realización de un examen de ADN “con o sin consentimiento” a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera y, al mismo tiempo, estableció un límite temporal para la comparación con las muestras que se encuentran registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Ese criterio buscaba dejar en claro que la Cámara se oponía a la teoría de la “expedición de pesca”, que implica buscar al azar ante la ausencia total de pruebas y la inexistencia de sospechas fundadas, y, en cambio, limita la comparación a una serie de familias. Ese criterio fue cuestionado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que apelaron la decisión de los jueces.
Pese a que la Corte Suprema ya había declarado la inconstitucionalidad de medidas como la extracción compulsiva por vulnerar derechos fundamentales de las personas, Marcela y Felipe Noble Herrera decidieron no impugnar la autorización para las muestras.
Más aún, con el objetivo de poner fin a lo que sus abogados definen “una persecución política y mediática” que ya lleva ocho años y que continuó aunque ellos ya entregaron 3 muestras de ADN, decidieron someterse a los nuevos exámenes y aceptar que su código genético sea cotejado con todas las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Así, decidieron voluntariamente autorizar la comparación más amplia, mucho más allá de lo que había decidido Casación que en el caso de Marcela limitó la comparación con “los perfiles de ADN de las muestras aportadas” al BNDG “por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976” y en el de Felipe, a los perfiles de los “parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 7 de julio de 1976”.
El caso podría estar resuelto hace 8 años, cuando los hermanos ofrecieron de manera voluntaria la realización de un examen de ADN para confrontarlo con las familias querellantes. En 2004, la Justicia ordenó la realización del mismo en la sede del Cuerpo Médico Forense y por el método de exclusión. Esto fue apelado por la querella, lo que demoró la realización del estudio, que fue ratificado en distintas instancias hasta que la Corte lo confirmó definitivamente en 2008. Sin embargo, el Gobierno dictó un decreto y promovió una ley para intentar desconocer dicho pronunciamiento y prolongar la causa.
Los hermanos se sacaron sangre y saliva de manera voluntaria, para cumplir los fallos, el 28 de diciembre de 2009. Pero luego de eso tuvieron que soportar dos allanamientos en sus domicilios, el 29 de diciembre de 2009 y el 28 de mayo de 2010, una orden de requisa personal en la vía pública y un nuevo intento de sacarles sangre de manera compulsiva. Eso, pese a que los peritos señalaron que la muestra de sangre y saliva anterior es apta para el análisis.
El abogado de los hermanos, Horacio Silva, informó hoy que decidieron «no impugnar la extracción de sangre» que ordenó la Justicia.
«Decidieron presentarse voluntariamente para hacer la extracción de sangre y aceptar que la comparación se haga respecto a todas las familias que tengan información genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos», dijo Silva.
De esta forma, Felipe y Marcela buscan poner fin a la persecución que vienen sufriendo de parte del Gobierno y algunos sectores de organismos de derechos humanos. «Estamos esperando la decisión de la jueza, es una presentación voluntaria para terminar con la causa», agregó Silva.
La última novedad en la causa había surgido de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal cuando los jueces Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci rechazaron un recurso que impugnaba la realización de un examen de ADN “con o sin consentimiento” a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera y, al mismo tiempo, estableció un límite temporal para la comparación con las muestras que se encuentran registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Ese criterio buscaba dejar en claro que la Cámara se oponía a la teoría de la “expedición de pesca”, que implica buscar al azar ante la ausencia total de pruebas y la inexistencia de sospechas fundadas, y, en cambio, limita la comparación a una serie de familias. Ese criterio fue cuestionado por las Abuelas de Plaza de Mayo, que apelaron la decisión de los jueces.
Pese a que la Corte Suprema ya había declarado la inconstitucionalidad de medidas como la extracción compulsiva por vulnerar derechos fundamentales de las personas, Marcela y Felipe Noble Herrera decidieron no impugnar la autorización para las muestras.
Más aún, con el objetivo de poner fin a lo que sus abogados definen “una persecución política y mediática” que ya lleva ocho años y que continuó aunque ellos ya entregaron 3 muestras de ADN, decidieron someterse a los nuevos exámenes y aceptar que su código genético sea cotejado con todas las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Así, decidieron voluntariamente autorizar la comparación más amplia, mucho más allá de lo que había decidido Casación que en el caso de Marcela limitó la comparación con “los perfiles de ADN de las muestras aportadas” al BNDG “por parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 13 de mayo de 1976” y en el de Felipe, a los perfiles de los “parientes de personas detenidas o desaparecidas con certeza hasta el 7 de julio de 1976”.
El caso podría estar resuelto hace 8 años, cuando los hermanos ofrecieron de manera voluntaria la realización de un examen de ADN para confrontarlo con las familias querellantes. En 2004, la Justicia ordenó la realización del mismo en la sede del Cuerpo Médico Forense y por el método de exclusión. Esto fue apelado por la querella, lo que demoró la realización del estudio, que fue ratificado en distintas instancias hasta que la Corte lo confirmó definitivamente en 2008. Sin embargo, el Gobierno dictó un decreto y promovió una ley para intentar desconocer dicho pronunciamiento y prolongar la causa.
Los hermanos se sacaron sangre y saliva de manera voluntaria, para cumplir los fallos, el 28 de diciembre de 2009. Pero luego de eso tuvieron que soportar dos allanamientos en sus domicilios, el 29 de diciembre de 2009 y el 28 de mayo de 2010, una orden de requisa personal en la vía pública y un nuevo intento de sacarles sangre de manera compulsiva. Eso, pese a que los peritos señalaron que la muestra de sangre y saliva anterior es apta para el análisis.
