Pese a la propaganda oficial, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los obreros y empleados de la Argentina atraviesa un largo período de decadencia. El mantenimiento de la estructura centralizada y unitaria de los convenios colectivos de trabajo (CCT) y la concentración de conflictos y acuerdos en los temas estrictamente salariales, marcan aquella trayectoria.
La centralización de los CCT (nacida en 1945) es, en buena parte, responsable del raquitismo industrial del interior no pampeano y de la emergencia de un modelo en donde los vértices ahogan el federalismo interno de los sindicatos y soportan la belicosidad de la izquierda clasista. Las paritarias que, año tras año, vienen cerrándose sin abordar el enorme universo de asuntos no estrictamente salariales, empobrecen la negociación colectiva.
Todo esto acontece a raíz de las reglas y estrategias de los actores sociales que, en la práctica, mantienen congelados los convenios firmados en la traumática ronda de negociaciones de 1975. Cuarenta años después y dentro de aquel marco, los sindicatos tradicionales (con independencia de sus afinidades o desavenencias con el Gobierno) y los empleadores, intentan pactar los salarios que regirán este año. Las presentes negociaciones presentan un matiz diferencial, signado por el giro del Gobierno hacia posiciones de un mayor intervencionismo, que recogen preocupaciones y dogmas patronales.
Si bien es cierto que, a lo largo de los últimos 10 años las autoridades intentaron diversos mecanismos para inducir topes a los salarios, ahora esos intentos adquirieron mayor contundencia. Atrás quedaron las teorías oficiales que pregonaban la inocuidad o el desenganche de los salarios respecto de la inflación, y los manifiestos en favor de las paritarias “libres”. Los Ministros de Economía y Trabajo despliegan hoy esfuerzos por “moderar” los salarios convencionados.
Apelan a un argumento engañoso: la inflación esperada (sin que se sepa bien quién la espera ni en base a qué estimaciones estadísticas) de 2015 será inferior a la de 2014.
En realidad, lo que ambos Ministros piden a los sindicatos es plegarse y convalidar una surte de devaluación interna, centrada en la pérdida de varios puntos en el poder de compra de los salarios de convenio. A nadie se le ocurre -menos a las autoridades-, abrir espacios para que los actores sociales, además de discutir acerca del poder adquisitivo, se animen a negociar y pactar la distribución de eventuales ganancias de productividad.
Así las cosas, es muy probable que las negociaciones se cierren a disgusto de todos. Y que, tras tensiones y huelgas moderadas, nada cambie: inflación galopante, impuesto distorsivo a las Ganancias, salarios convencionados en declive, y desprotección de los salarios no regulados por acuerdos colectivos.
Para avanzar de verdad sería preciso que el Gobierno pactara con sindicatos y empresarios una política antiinflacionaria que incluyera, de un lado, una senda para que los salarios recuperen las pérdidas sufridas a lo largo de los últimos dos años y, de otro, una cláusula gatillo que se active en el caso de que los precios desborden la “inflación esperada”.
En ausencia de tales recaudos, la inquietud de los sindicatos es válida y razonable. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Gobierno (éste y el que lo suceda) conserva el poder letal de una “devaluación competitiva”.
* Ex ministro de Trabajo de la Nación (1994/1997)
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La centralización de los CCT (nacida en 1945) es, en buena parte, responsable del raquitismo industrial del interior no pampeano y de la emergencia de un modelo en donde los vértices ahogan el federalismo interno de los sindicatos y soportan la belicosidad de la izquierda clasista. Las paritarias que, año tras año, vienen cerrándose sin abordar el enorme universo de asuntos no estrictamente salariales, empobrecen la negociación colectiva.
Todo esto acontece a raíz de las reglas y estrategias de los actores sociales que, en la práctica, mantienen congelados los convenios firmados en la traumática ronda de negociaciones de 1975. Cuarenta años después y dentro de aquel marco, los sindicatos tradicionales (con independencia de sus afinidades o desavenencias con el Gobierno) y los empleadores, intentan pactar los salarios que regirán este año. Las presentes negociaciones presentan un matiz diferencial, signado por el giro del Gobierno hacia posiciones de un mayor intervencionismo, que recogen preocupaciones y dogmas patronales.
Si bien es cierto que, a lo largo de los últimos 10 años las autoridades intentaron diversos mecanismos para inducir topes a los salarios, ahora esos intentos adquirieron mayor contundencia. Atrás quedaron las teorías oficiales que pregonaban la inocuidad o el desenganche de los salarios respecto de la inflación, y los manifiestos en favor de las paritarias “libres”. Los Ministros de Economía y Trabajo despliegan hoy esfuerzos por “moderar” los salarios convencionados.
Apelan a un argumento engañoso: la inflación esperada (sin que se sepa bien quién la espera ni en base a qué estimaciones estadísticas) de 2015 será inferior a la de 2014.
En realidad, lo que ambos Ministros piden a los sindicatos es plegarse y convalidar una surte de devaluación interna, centrada en la pérdida de varios puntos en el poder de compra de los salarios de convenio. A nadie se le ocurre -menos a las autoridades-, abrir espacios para que los actores sociales, además de discutir acerca del poder adquisitivo, se animen a negociar y pactar la distribución de eventuales ganancias de productividad.
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Para avanzar de verdad sería preciso que el Gobierno pactara con sindicatos y empresarios una política antiinflacionaria que incluyera, de un lado, una senda para que los salarios recuperen las pérdidas sufridas a lo largo de los últimos dos años y, de otro, una cláusula gatillo que se active en el caso de que los precios desborden la “inflación esperada”.
En ausencia de tales recaudos, la inquietud de los sindicatos es válida y razonable. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Gobierno (éste y el que lo suceda) conserva el poder letal de una “devaluación competitiva”.
* Ex ministro de Trabajo de la Nación (1994/1997)
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