Se les exigirá a las empresas mayores niveles de calidad y se elaborará una serie de indicadores para que los usuarios puedan comparar. Si las telcos no incrementan la inversión, el Gobierno amenaza incluso con estatizar.
Lo que no haga el privado lo va a hacer el Estado, como pasó con Aguas Argentinas, el correo y el petróleo. Después está el marco legal que se le da a la cuestión, pero lo que está claro es que no vamos a resignar la calidad del servicio, aseguró ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, durante la presentación de los lineamientos generales del nuevo reglamento de calidad de las telecomunicaciones, al que accedió Página/12 y que será publicado hoy en el Boletín Oficial. De este modo, el funcionario advirtió que si las telefónicas no incrementan la inversión para cumplir con las exigencias, no sólo las multará, como establece la normativa, sino que incluso podría hacerse cargo de la prestación del servicio.
Falta de inversión
La presentación del nuevo reglamento se llevó adelante en el microcine del Ministerio de Economía ante un auditorio integrado por funcionarios, empresarios, sindicalistas y algunos expertos del sector. El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, comenzó remarcando que las reiteradas quejas de los usuarios por las fallas en el servicio telefónico se deben a la escasa inversión de las empresas. El funcionario sostuvo que Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Costa Rica se destacan en el ranking de inversión regional en telecomunicaciones, mientras que Argentina no figura en los primeros puestos. Luego dijo que el lugar destacado que ocupa Uruguay en ese ranking se puede explicar por la decisión de no haber privatizado su empresa de telecomunicaciones, lo que le da al Estado la conducción estratégica del proceso de expansión.
En otro momento de su exposición, Berner agregó que el indicador que mide la inversión como porcentaje de las ventas, en países como México, Ecuador y Alemania está en torno del 20 por ciento, mientras que en Argentina no llega al 10 por ciento. Además, sostuvo que en el país ese déficit de inversión se expresa en el bajo porcentaje de celdas que permiten brindar servicios 3G (apenas el 37 por ciento). El problema de la calidad de las comunicaciones es una crisis de crecimiento. No estamos discutiendo una baja de derechos, sino cómo hacemos para afrontar la mayor demanda de equipos con tecnología de punta, aseguró. Luego dejó en claro que con el nuevo reglamento el Gobierno busca que las compañías incrementen la inversión para revertir la situación actual.
Reglamento de calidad
En los considerandos de la resolución 5, que será publicada hoy en el Boletín Oficial, se afirma que es necesario proporcionarle a los usuarios elementos que les permitan conocer la calidad del servicio prestado por las telefónicas de manera objetiva. Por lo tanto, se establece la necesidad de determinar un conjunto de datos observables y susceptibles de ser medidos, los cuales a su vez deberán ser publicados por las empresas y en un portal del organismo regulador para que el usuario pueda comparar.
Los indicadores incluidos en el reglamento buscan dar cuenta del nivel de satisfacción del usuario y la operatividad de la red. En el primer caso, se relevará la cantidad y reiteración de reclamos junto con las respectivas respuestas que reciben los usuarios, estableciendo un indicador especial para los reclamos sobre cuentas prepagas, facturación y demoras en la operatividad de los servicios solicitados. En lo que respecta a los indicadores relacionados con la operatividad, se medirá accesibilidad al servicio, retenibilidad y tasas de cumplimiento del tiempo de transmisión, pérdida de paquetes y velocidad efectiva media de transmisión, entre otros ítem, dejando aclarado en el texto que estos indicadores deberán estar disponibles para cada una de las áreas en las que el operador brinde servicios de telecomunicaciones. Berner sostuvo que los indicadores se van a publicar en un plazo de 90 días.
Además, el reglamento aclara expresamente que los prestadores deberán contar con mecanismos gratuitos de atención a los usuarios las 24 horas, a través de las oficinas comerciales, virtuales y líneas telefónicas, en este último caso con opción a un operador humano disponible en cada menú de opciones. Las telefónicas también tendrán la obligación de explicitar el área de prestación de cada uno de los servicios que promocionan.
La opción estatal
Luego de explicitar los nuevos requerimientos que deberán cumplir las telefónicas, De Vido y Berner dejaron en claro que si no se observa una mejora en el corto plazo el Estado podría asumir un mayor protagonismo en el sector. De hecho, en todo momento contrastaron los bajos niveles de inversión privada de las telefónicas con la creciente inversión pública a través de Argentina Conectada. El Estado ya de-sembolsó a través de este plan, anunciado en octubre de 2010, unos 2600 millones de dólares para construir 9290 kilómetros de Red Troncal de Fibra Optica. Además, les compró otros 4409 kilómetros a empresas privadas y financió 2550 kilómetros de red provinciales.
Además, De Vido recordó que cuando los privados no cumplieron, al Estado no le tembló el pulso a la hora de hacerse cargo de la prestación de un servicio público, ya sea la provisión de agua, el correo o el petróleo. De hecho, el ministro dijo que continúan avanzando con el diseño de la empresa estatal de celulares Libre.ar para que sea una opción disponible en el corto plazo.
fkrakowiak@pagina12.com.ar
Lo que no haga el privado lo va a hacer el Estado, como pasó con Aguas Argentinas, el correo y el petróleo. Después está el marco legal que se le da a la cuestión, pero lo que está claro es que no vamos a resignar la calidad del servicio, aseguró ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, durante la presentación de los lineamientos generales del nuevo reglamento de calidad de las telecomunicaciones, al que accedió Página/12 y que será publicado hoy en el Boletín Oficial. De este modo, el funcionario advirtió que si las telefónicas no incrementan la inversión para cumplir con las exigencias, no sólo las multará, como establece la normativa, sino que incluso podría hacerse cargo de la prestación del servicio.
Falta de inversión
La presentación del nuevo reglamento se llevó adelante en el microcine del Ministerio de Economía ante un auditorio integrado por funcionarios, empresarios, sindicalistas y algunos expertos del sector. El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, comenzó remarcando que las reiteradas quejas de los usuarios por las fallas en el servicio telefónico se deben a la escasa inversión de las empresas. El funcionario sostuvo que Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Costa Rica se destacan en el ranking de inversión regional en telecomunicaciones, mientras que Argentina no figura en los primeros puestos. Luego dijo que el lugar destacado que ocupa Uruguay en ese ranking se puede explicar por la decisión de no haber privatizado su empresa de telecomunicaciones, lo que le da al Estado la conducción estratégica del proceso de expansión.
En otro momento de su exposición, Berner agregó que el indicador que mide la inversión como porcentaje de las ventas, en países como México, Ecuador y Alemania está en torno del 20 por ciento, mientras que en Argentina no llega al 10 por ciento. Además, sostuvo que en el país ese déficit de inversión se expresa en el bajo porcentaje de celdas que permiten brindar servicios 3G (apenas el 37 por ciento). El problema de la calidad de las comunicaciones es una crisis de crecimiento. No estamos discutiendo una baja de derechos, sino cómo hacemos para afrontar la mayor demanda de equipos con tecnología de punta, aseguró. Luego dejó en claro que con el nuevo reglamento el Gobierno busca que las compañías incrementen la inversión para revertir la situación actual.
Reglamento de calidad
En los considerandos de la resolución 5, que será publicada hoy en el Boletín Oficial, se afirma que es necesario proporcionarle a los usuarios elementos que les permitan conocer la calidad del servicio prestado por las telefónicas de manera objetiva. Por lo tanto, se establece la necesidad de determinar un conjunto de datos observables y susceptibles de ser medidos, los cuales a su vez deberán ser publicados por las empresas y en un portal del organismo regulador para que el usuario pueda comparar.
Los indicadores incluidos en el reglamento buscan dar cuenta del nivel de satisfacción del usuario y la operatividad de la red. En el primer caso, se relevará la cantidad y reiteración de reclamos junto con las respectivas respuestas que reciben los usuarios, estableciendo un indicador especial para los reclamos sobre cuentas prepagas, facturación y demoras en la operatividad de los servicios solicitados. En lo que respecta a los indicadores relacionados con la operatividad, se medirá accesibilidad al servicio, retenibilidad y tasas de cumplimiento del tiempo de transmisión, pérdida de paquetes y velocidad efectiva media de transmisión, entre otros ítem, dejando aclarado en el texto que estos indicadores deberán estar disponibles para cada una de las áreas en las que el operador brinde servicios de telecomunicaciones. Berner sostuvo que los indicadores se van a publicar en un plazo de 90 días.
Además, el reglamento aclara expresamente que los prestadores deberán contar con mecanismos gratuitos de atención a los usuarios las 24 horas, a través de las oficinas comerciales, virtuales y líneas telefónicas, en este último caso con opción a un operador humano disponible en cada menú de opciones. Las telefónicas también tendrán la obligación de explicitar el área de prestación de cada uno de los servicios que promocionan.
La opción estatal
Luego de explicitar los nuevos requerimientos que deberán cumplir las telefónicas, De Vido y Berner dejaron en claro que si no se observa una mejora en el corto plazo el Estado podría asumir un mayor protagonismo en el sector. De hecho, en todo momento contrastaron los bajos niveles de inversión privada de las telefónicas con la creciente inversión pública a través de Argentina Conectada. El Estado ya de-sembolsó a través de este plan, anunciado en octubre de 2010, unos 2600 millones de dólares para construir 9290 kilómetros de Red Troncal de Fibra Optica. Además, les compró otros 4409 kilómetros a empresas privadas y financió 2550 kilómetros de red provinciales.
Además, De Vido recordó que cuando los privados no cumplieron, al Estado no le tembló el pulso a la hora de hacerse cargo de la prestación de un servicio público, ya sea la provisión de agua, el correo o el petróleo. De hecho, el ministro dijo que continúan avanzando con el diseño de la empresa estatal de celulares Libre.ar para que sea una opción disponible en el corto plazo.
fkrakowiak@pagina12.com.ar
