Cualquier posibilidad de solución del conflicto por la educación en Chile deberá lidiar con un hecho insoslayable que sobrevolará las negociaciones que se reabren hoy: los vínculos íntimos y transversales entre la dirigencia política y el negocio de las universidades.
Un repaso de esta realidad desmonta la tentación de caer en el tópico de que sólo los funcionarios y políticos pinochetistas, liberales y conservadores tejieron lazos estrechos con el sistema universitario privado.
Primero, un dato histórico. Si bien la Ley General de Universidades sancionada por el régimen de Augusto Pinochet en 1981 fue la que dibujó la privatización del financiamiento de la educación superior, el desarrollo máximo del modelo fue alcanzado bajo los tres primeros gobiernos de la Concertación (Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos; 1990-2006).
Tras una primera y acotada oleada de casas de estudio privadas surgidas a comienzos de los ochenta, recién hacia el final del régimen dictatorial, con la habilitación de cierta libertad académica, se crearían más empresas educativas, hasta llegar a cerca de 60 universidades durante las dos décadas siguientes. Pero este proceso, de por sí explicativo de por qué la oposición de centroizquierda no puede capitalizar el descontento estudiantil con Piñera, no da cuenta, sin embargo, de la sintonía entre la Concertación y el modelo universitario cuestionado hoy. La investigadora de la estatal Universidad de Chile María Olivia Monckeberg, autora del libro «La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias», señala a Ámbito Financiero que, dentro de la Concertación, fueron hombres demócratacristianos quienes más abrevaron en el negocio educativo.
Entre las vinculadas al partido de Frei y Aylwin, se destaca la Universidad Miguel de Cervantes (UMC), creada en 1996 y uno de cuyos dueños es Gutenberg Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados (1996-1999). Este demócratacristiano, actual rector de la UMC, ha sido un estratega de máxima consulta en las campañas del centroizquierda y es el esposo de la actual senadora, excanciller y ex precandidata presidencial Soledad Alvear. La vicerrectora administrativa de la UMC, Josefina Guzmán, fue jefa de Administración General del Ministerio de Educación. Del directorio forman parte varios antiguos dirigentes y ministros demócratacristianos.
A su vez, meses atrás, una ministra de Sebastián Piñera señaló abiertamente a la Universidad Pedro de Valdivia, creada en 2007, por supuestos vínculos económicos con la DC. En este marco, también se destaca que Genaro Arriagada, exjefe de campaña de Ricardo Lagos y secretario general de la Presidencia con Frei, ocupa una silla en la Universidad de las Américas, una de las privadas más populares, cuya propiedad es del consorcio internacional Laureate. El presidente del directorio de esa casa es Herman Chadwick Piñera, primo del actual Presidente y miembro del Consejo Editorial de Copesa, uno de los grandes grupos de prensa de Chile, que edita el diario La Tercera.
Éstos son sólo algunos ejemplos entre varios del tránsito entre la Concertación y la administración de las universidades privadas. Sin embargo, el negocio educativo vinculado a la política no se agota en la alianza oficialista (Renovación Nacional -RN- y Unión Demócrata Independiente -UDI-) y el centroizquierda tradicional. Hasta el Partido Comunista (PC), a través de Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), y quien fue el principal asesor y financista del candidato presidencial disidente Marco Enríquez Ominami, Max Marambio, hicieron pie en la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales (UARCIS). Orientada a la izquierda, esta casa llegó a recibir años ha un crédito de u$s 8 millones del Gobierno de Hugo Chávez, y fue su rector Jorge Arrate, un socialista disidente y candidato presidencial en 2010 en alianza con el PC.
Con todo, cierto es que, en un ida y vuelta más que fluido, dirigentes de la derecha chilena han alcanzado una presencia dominante en el negocio. Hace treinta años, la primera universidad privada fue Gabriela Mistral, cuya fundadora y aún rectora es Alicia Romo Román, integrante del comité de redacción de la oprobiosa Constitución que Pinochet hizo aprobar en 1980.
En esa senda, por el directorio de la Universidad Mayor, otra de las privadas más renombradas, pasaron los exministros de Pinochet Ricardo García Rodríguez, Hernán Errázuriz, René Salamé y Jorge Prado. El actual ministro de Economía y otrora presidenciable Pablo Longueira (UDI) ingresó en 2010 al directorio de la Universidad de San Sebastián, y la Universidad de Santo Tomás es propiedad del exdirector del privado Banco de Chile Juan Hurtado Vicuña, según Monckeberg, muy cercano al exministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi, éste también cofundador de la Universidad del Desarrollo.
La investigadora de la U. de Chile enumera otro tipo de puentes entre políticos y universidades. Por caso, la de Los Andes, una de las que pelea por el segmento de mayor poder adquisitivo, es controlada por el Opus Dei, y eso en Chile significa una puerta de entrada a hombres de UDI y RN. Similar es el caso de la Finis Terrae, fundada por economistas vinculados al régimen de Pinochet a quienes se asoció en 1999 la Congregación de los Legionarios de Cristo, emblema del ultraconservadurismo católico. No obstante, ello no impidió que el exministro de Hacienda de Frei Eduardo Aninat (1994-1999) accediera a dirigir allí un Centro sobre Globalización Aplicada.
En la vereda de enfrente, hombres de la Concertación encontraron espacio en las universidades confesionales Cardenal Silva Enríquez (Congregación Salesiana y Conferencia Episcopal) y Alberto Hurtado, de la Compañía de Jesús (jesuitas). El cardenal Raúl Silva Henríquez, fallecido en 1999, fue un emblema de la resistencia a Pinochet.
Así las cosas, a la hora de satisfacer la demanda estudiantil «educación pública gratuita y de calidad», Gobierno y oposición deberán profanar más de una vaca sagrada.
Un repaso de esta realidad desmonta la tentación de caer en el tópico de que sólo los funcionarios y políticos pinochetistas, liberales y conservadores tejieron lazos estrechos con el sistema universitario privado.
Primero, un dato histórico. Si bien la Ley General de Universidades sancionada por el régimen de Augusto Pinochet en 1981 fue la que dibujó la privatización del financiamiento de la educación superior, el desarrollo máximo del modelo fue alcanzado bajo los tres primeros gobiernos de la Concertación (Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos; 1990-2006).
Tras una primera y acotada oleada de casas de estudio privadas surgidas a comienzos de los ochenta, recién hacia el final del régimen dictatorial, con la habilitación de cierta libertad académica, se crearían más empresas educativas, hasta llegar a cerca de 60 universidades durante las dos décadas siguientes. Pero este proceso, de por sí explicativo de por qué la oposición de centroizquierda no puede capitalizar el descontento estudiantil con Piñera, no da cuenta, sin embargo, de la sintonía entre la Concertación y el modelo universitario cuestionado hoy. La investigadora de la estatal Universidad de Chile María Olivia Monckeberg, autora del libro «La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias», señala a Ámbito Financiero que, dentro de la Concertación, fueron hombres demócratacristianos quienes más abrevaron en el negocio educativo.
Entre las vinculadas al partido de Frei y Aylwin, se destaca la Universidad Miguel de Cervantes (UMC), creada en 1996 y uno de cuyos dueños es Gutenberg Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados (1996-1999). Este demócratacristiano, actual rector de la UMC, ha sido un estratega de máxima consulta en las campañas del centroizquierda y es el esposo de la actual senadora, excanciller y ex precandidata presidencial Soledad Alvear. La vicerrectora administrativa de la UMC, Josefina Guzmán, fue jefa de Administración General del Ministerio de Educación. Del directorio forman parte varios antiguos dirigentes y ministros demócratacristianos.
A su vez, meses atrás, una ministra de Sebastián Piñera señaló abiertamente a la Universidad Pedro de Valdivia, creada en 2007, por supuestos vínculos económicos con la DC. En este marco, también se destaca que Genaro Arriagada, exjefe de campaña de Ricardo Lagos y secretario general de la Presidencia con Frei, ocupa una silla en la Universidad de las Américas, una de las privadas más populares, cuya propiedad es del consorcio internacional Laureate. El presidente del directorio de esa casa es Herman Chadwick Piñera, primo del actual Presidente y miembro del Consejo Editorial de Copesa, uno de los grandes grupos de prensa de Chile, que edita el diario La Tercera.
Éstos son sólo algunos ejemplos entre varios del tránsito entre la Concertación y la administración de las universidades privadas. Sin embargo, el negocio educativo vinculado a la política no se agota en la alianza oficialista (Renovación Nacional -RN- y Unión Demócrata Independiente -UDI-) y el centroizquierda tradicional. Hasta el Partido Comunista (PC), a través de Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), y quien fue el principal asesor y financista del candidato presidencial disidente Marco Enríquez Ominami, Max Marambio, hicieron pie en la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales (UARCIS). Orientada a la izquierda, esta casa llegó a recibir años ha un crédito de u$s 8 millones del Gobierno de Hugo Chávez, y fue su rector Jorge Arrate, un socialista disidente y candidato presidencial en 2010 en alianza con el PC.
Con todo, cierto es que, en un ida y vuelta más que fluido, dirigentes de la derecha chilena han alcanzado una presencia dominante en el negocio. Hace treinta años, la primera universidad privada fue Gabriela Mistral, cuya fundadora y aún rectora es Alicia Romo Román, integrante del comité de redacción de la oprobiosa Constitución que Pinochet hizo aprobar en 1980.
En esa senda, por el directorio de la Universidad Mayor, otra de las privadas más renombradas, pasaron los exministros de Pinochet Ricardo García Rodríguez, Hernán Errázuriz, René Salamé y Jorge Prado. El actual ministro de Economía y otrora presidenciable Pablo Longueira (UDI) ingresó en 2010 al directorio de la Universidad de San Sebastián, y la Universidad de Santo Tomás es propiedad del exdirector del privado Banco de Chile Juan Hurtado Vicuña, según Monckeberg, muy cercano al exministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi, éste también cofundador de la Universidad del Desarrollo.
La investigadora de la U. de Chile enumera otro tipo de puentes entre políticos y universidades. Por caso, la de Los Andes, una de las que pelea por el segmento de mayor poder adquisitivo, es controlada por el Opus Dei, y eso en Chile significa una puerta de entrada a hombres de UDI y RN. Similar es el caso de la Finis Terrae, fundada por economistas vinculados al régimen de Pinochet a quienes se asoció en 1999 la Congregación de los Legionarios de Cristo, emblema del ultraconservadurismo católico. No obstante, ello no impidió que el exministro de Hacienda de Frei Eduardo Aninat (1994-1999) accediera a dirigir allí un Centro sobre Globalización Aplicada.
En la vereda de enfrente, hombres de la Concertación encontraron espacio en las universidades confesionales Cardenal Silva Enríquez (Congregación Salesiana y Conferencia Episcopal) y Alberto Hurtado, de la Compañía de Jesús (jesuitas). El cardenal Raúl Silva Henríquez, fallecido en 1999, fue un emblema de la resistencia a Pinochet.
Así las cosas, a la hora de satisfacer la demanda estudiantil «educación pública gratuita y de calidad», Gobierno y oposición deberán profanar más de una vaca sagrada.
