EL PAIS › EL TRASFONDO POLITICO DE LA CAUSA JUDICIAL CONTRA EL VICEPRESIDENTE BOUDOU
Una cosa es la causa judicial y otra su dimensión política. El trasfondo es el rescate de una función soberana del Estado como la impresión de la moneda argentina. Cuando se llegue a una sentencia definitiva habrán intervenido veintitrés magistrados, lo cual previene cualquier irregularidad, a favor o en contra del vicepresidente. Pero por primera vez ingresó en el debate público una cuestión estratégica y se encendió un reflector sobre dos aspirantes a la presidencia, Scioli y Randazzo.
Por Horacio Verbitsky
La suerte de Amado Boudou está en manos del Poder Judicial; los asuntos políticos corren por cuerda separada. Pero por primera vez desde que llegó a conocimiento público el presunto rol del vicepresidente en el caso Ciccone, un resplandor iluminó una cuestión estratégica vinculada con el ejercicio de la soberanía, como la impresión de la moneda de curso legal en el país. Son dos dimensiones distintas que deben ser analizadas por separado.
Si se suman todas las instancias del proceso penal hasta la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia habrán intervenido en la causa que ahora instruye el juez federal Ariel Lijo no menos de diecisiete jueces y seis representantes del Ministerio Público Fiscal. Más allá de la opinión que pueda merecer cada uno de esos veintitrés magistrados, por su capacidad o intereses, por sus relaciones con sectores de poder, estatales o privados, nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad. Es decir, hay un sistema que pese a sus imperfecciones funciona, aunque una absolución dentro de varios años no compensaría un procesamiento ahora. Tanto en este diario como en La Nación hay colegas que están siguiendo con rigor profesional las alternativas de la causa, por lo que no serán la materia de esta columna, en la que no se prejuzgará sobre la culpabilidad o la inocencia del vicepresidente.
Money, Money, Money
Al hacer su descargo ante Lijo, Boudou dijo que durante el gobierno de la Alianza comenzó a deteriorarse la capacidad operativa de la Casa de Moneda cuando fueron designados como gerente general y encargado de compras y contrataciones dos ejecutivos de la empresa Boldt, que desde hace dos décadas explota sin licitación ni competencia el juego en la provincia de Buenos Aires. Agregó que durante los meses de su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, el Senador Eduardo Duhalde quitó a la Casa de Moneda la exclusividad que siempre había tenido para proveer impresiones de seguridad al Estado Nacional, que quedaron abiertas a la competencia con Boldt. El ente oficial perdió entonces la impresión de padrones electorales, billetes de lotería, pasaportes, cartones de bingo y estampillas fiscales para cigarrillos. Como consecuencia de este proceso sus balances arrojaron pérdidas operativas cada vez mayores, lo cual obligó a imprimir la moneda argentina en Brasil, desde donde era remitida en aviones cargueros. Esto creó una sensación de crisis en el verano de 2009-2010. Uno de los reproches que se formulan al ex ministro de Economía es haber frenado un plan de reequipamiento de la impresora estatal. En su defensa, Boudou dijo que de haberse aplicado ese plan la Casa de Moneda hubiera estado paralizada durante dos o tres años, ya que implicaba desmontar la maquinaria existente y recién entonces instalar la nueva en el mismo lugar, lo cual hubiera agravado en forma extrema la dependencia del abastecimiento externo de la moneda nacional. Durante su gestión en el Ministerio de Economía este grave desmedro fue remediado por dos vías: la recuperación de la capacidad de producción de la Casa de Moneda por medios más racionales y económicos, a lo que se refirió en su indagatoria, y la contratación de parte del proceso con Ciccone Calcográfica, de lo que no habló. La reparación de una máquina que había sido desechada en 2008 por obsoleta y destinada a la provisión de repuestos para las restantes se realizó en 2011 en cuatro meses, con personal propio y apenas la compra de piezas de reemplazo por 100.000 dólares, cuando el programa de reequipamiento hubiera insumido 147 millones de francos suizos. Esto permitió incrementar de 450 a 600 millones de billetes por año la producción de Casa de Moneda, cuyo resultado operativo volvió a ser superavitario. El vicepresidente y el resto del gobierno aplicaron durante demasiado tiempo las recetas del manual kirchnerista con la prensa, con la discutible idea de no amplificar operaciones insustanciales: no sabe/no contesta. Esta conducta dio lugar a equívocos y privó al gobierno de exponer con claridad por qué era importante que la principal imprenta de seguridad del país reforzara la capacidad de producción de Casa de Moneda, sin necesidad de recurrir a la importación de billetes. Ni siquiera se difundieron las razones por las cuales la Casa de Moneda se negó a contratar ese servicio con Boldt en agosto de 2010, cuando el juez de la quiebra de Ciccone Javier Cosentino le alquiló la planta: ese título de alquiler era precario y no había certeza sobre su duración, Boldt no aseguraba cantidad y plazo de impresión y además acercaría el material inflamable del papel moneda a la llama del juego. La diversidad de dependencias oficiales que emitieron opiniones, dictámenes o resoluciones favorables a la normalización de la quiebra de Ciccone confirma la existencia de un interés estatal, no personal ni espurio. Pero recién esta semana el ministro Axel Kicillof se animó a decirlo. La expropiación de las maquinarias hubiera sido un camino más recto hacia el objetivo estatal. Pero 2010 y 2011 fueron los años en que el Grupo Ahhh… usó su mayoría legislativa con el propósito de hundir al gobierno, que no hubiera conseguido la declaración de utilidad pública de las maquinas de Ciccone.
La Gabella de Scioli
Para un lector no avisado, es críptica la solicitud de Boudou al juez para que pida al Congreso de la Nación un informe sobre el desempeño allí de Guillermo Enrique Gabella, accionista y director de Boldt. No hace falta esperar alguna filtración de la causa para entenderlo, porque la respuesta consta en la edición de este diario del 4 de abril de 2012: es un facsímil del legajo 711894 de la Cámara de Diputados. Indica que el abogado Gabella, nacido el 7 de octubre de 1966, ingresó el 10 de diciembre de 1997, el mismo día en que asumió su primer mandato como diputado Daniel Scioli. También consta allí que su incorporación fue solicitada por Scioli, quien lo asignó a la Comisión de Deportes. Destino 90 significa Bloque Justicialista y subdestino 43 corresponde al diputado Scioli. En los tres años previos, Gabella había sido empleado de la Municipalidad de Buenos Aires, gobernada por delegados del presidente Carlos Menem. Cuando todavía estaba a cargo de la causa, el juez Daniel Rafecas careó a Gabella con Lautaro Mauro, uno de los funcionarios de la secretaría privada de Scioli, quienes habían dado versiones contradictorias sobre una reunión entre Gabella y el amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona, el 22 de octubre de 2010. El secretario de Scioli fue el intermediario del encuentro, en el que discutieron los intereses enfrentados de Boldt y de la nueva encarnación de Ciccone, la Compañía de Valores Sudamericana. Tanto Gabella como Mauro formaron parte del grupo político que en 1997 respaldó el lanzamiento de Scioli como candidato a diputado nacional y más tarde lo acompañó en su emigración a la provincia de Buenos Aires. Gabella admitió que conocía a Mauro de aquella militancia común. Cuatro años antes de aquella primera elección de Scioli, Boldt había iniciado la explotación del juego en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Duhalde. Esos contratos, sin licitación, se extendieron durante las sucesivas gobernaciones posteriores. Felipe Solá aumentó el canon que paga la empresa del 30 al 34 por ciento, sin dar intervención a la Legislatura. El principal ministro de su gabinete en aquel momento era Florencio Randazzo, por lo cual ha sido sindicado como fuente en las filtraciones contra Boudou, algo que el ministro del Interior y Transporte niega. Gabella ingresó como empleado a Boldt en 2006, el año en que Kirchner impulsó la candidatura de Scioli a la gobernación bonaerense. Eso señala que no es el hombre de empresa que se relaciona con el dirigente político en provecho de sus negocios, sino el asesor de Scioli que deviene director y accionista de la empresa luego del ascenso de su empleador a la Casa de Gobierno provincial, en 2007. La diferencia no es menor. Al concluir su indagatoria, Boudou sostuvo que el trámite mediático de la causa constituía un mensaje de “los poderes establecidos” al sistema político; encomió el cambio de paradigma económico y de las relaciones de fuerzas del kirchnerismo respecto del sector empresario y destacó su propio rol desde la Anses y el ministerio de Economía. Sólo les faltó recordar que al designarlo como candidato a la vicepresidencia, CFK mencionó que no les había temido a las corporaciones y que suya fue la propuesta de recuperar el sistema previsional, que en 1993 había sido entregado a los bancos.
Un aparato fuera de control
Con la impunidad que en un tiempo tenían los bufones del rey para decir lo que otros callan, el senador bonaerense Mario Ishii dijo la semana pasada que la Secretaría de Inteligencia controla al 98 por ciento de los jueces y señaló como responsables al director de operaciones, Antonio Stiuso, y al auditor general de la Nación, Javier Fernández. Según Ishii, la SI logró silenciar al secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, “armándole una causa”. Más allá de la desmesura cuantitativa y de la ingenuidad de la conclusión, la presencia de la comunidad de informaciones en los asuntos judiciales no es ningún secreto. También es evidente que ese aparato construido con la promesa de servir a las autoridades sólo defiende sus propios intereses y suele desertar cuando se lo necesita, como se advirtió aquí desde el principio, algo obvio a la luz de la experiencia de gobiernos anteriores. En esa materia, tanto o más que en otras, el mejor negocio es la honestidad. Las huellas de ese sistema que coloca jueces y abogados también se detectan en la causa contra Boudou, que se inició por la denuncia del “ciudadano común” Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona “políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida”. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas. El 18 de julio de 1994 Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros de la demolida sede de la DAIA y la AMIA. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército. El chofer del no tan pacífico ciudadano común, Omar Cañete, declaró en el juzgado que entonces atendía Juan José Galeano y ante la comisión legislativa de seguimiento de la causa que Pacífico visitaba la Embajada de Irán, dijo que sus funcionarios pagaron cinco millones de dólares por el atentado y que Pacífico mató a un iraní y lo sepultó en Campo de Mayo luego de discutir por el 10 por ciento de ese botín. Pero no hubo otra fuente que ese testigo ni se encontró el presunto cadáver y la causa judicial se corrompió por la siembra de pruebas falsas y las operaciones cruzadas de desinformación que terminaron con la destitución y procesamiento de Galeano. Todo ello impidió que se llegara a cualquier conclusión sobre la pista carapintada y en 2011, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Pacífico de la acusación de haber provisto los explosivos para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como el caso Ciccone. Para completar el cuadro, en la misma semana de la indagatoria a Boudou en una causa, Lijo sobreseyó en la otra a los tres secretarios de Galeano y al ex ministro del Interior Carlos Corach.
Proyecciones
Todo esto puede contribuir a contextualizar la dura reacción del gobierno ante la presencia de Scioli en el seminario sobre Democracia y Desarrollo, que el Grupo Clarín convocó en el MALBA. El gobernador bonaerense compartió cartel con algunas figuras rutilantes de la oposición, como el diputado del Peornismo Opositor Sergio Massa, el socialista unido Hermes Binner, el frenteunicista Humberto Tumini y el radical Ricardo Alfonsín y todos intercambiaron palabras cordiales con el CEO del grupo, Héctor Horacio Magne-tto. El encuentro se denominó Pensar el Futuro, lo cual remite en forma directa a lo que vendrá a partir de 2016. La jornada
inaugural fue introducida por una columna del ingeniero Héctor Huergo, el principal ideólogo de los agronegocios como difusores de prosperidad en el conjunto de la sociedad. Huergo dijo que la agroindustria argentina produjo a partir de 1996 “La Segunda Revolución de las Pampas” y que el actual gobierno la frenó en 2008 con el “zarpazo final” de las retenciones móviles. Pero “el sector está intacto, todo lo que precisa es un cambio de aros” y “ahora soplan vientos de cambio”. Scioli minimizó los cuestionamientos, reduciendo la cita a su búsqueda de una correcta relación institucional con todos los medios de comunicación, como si el Grupo Clarín, fuerte actor en los agronegocios y decisivo antagonista político del gobierno nacional, pudiera acomodarse a esa ingenua definición. Este encuentro público es reminiscente de la mesa que Magne-tto tendió en su casa en agosto de 2010 para el alcalde porteño Maurizio Macrì y la plana mayor del Peornismo Opositor, que por entonces integraban Duhalde, Carlos Reutemann, Francisco de Narváez y Felipe Solá, a quienes instó a unirse para impedir un nuevo mandato kirchnerista en 2011. En forma muy explícita, el futuro que se piensa en esos encuentros es un mero retorno a los años dorados que idealiza Huergo, desde que Solá abrió la puerta a los agronegocios al omitir los protocolos necesarios para la introducción del paquete tecnológico de transgénicos y pesticidas producido por Monsanto. El procesamiento de Boudou parece próximo, lo cual no quiere decir que la evidencia colectada por el juez baste para llegar a una condena en el juicio oral. Pero más allá del expediente judicial quedan a la vista las cuestiones de fondo involucradas.
Una cosa es la causa judicial y otra su dimensión política. El trasfondo es el rescate de una función soberana del Estado como la impresión de la moneda argentina. Cuando se llegue a una sentencia definitiva habrán intervenido veintitrés magistrados, lo cual previene cualquier irregularidad, a favor o en contra del vicepresidente. Pero por primera vez ingresó en el debate público una cuestión estratégica y se encendió un reflector sobre dos aspirantes a la presidencia, Scioli y Randazzo.
Por Horacio Verbitsky
La suerte de Amado Boudou está en manos del Poder Judicial; los asuntos políticos corren por cuerda separada. Pero por primera vez desde que llegó a conocimiento público el presunto rol del vicepresidente en el caso Ciccone, un resplandor iluminó una cuestión estratégica vinculada con el ejercicio de la soberanía, como la impresión de la moneda de curso legal en el país. Son dos dimensiones distintas que deben ser analizadas por separado.
Si se suman todas las instancias del proceso penal hasta la decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia habrán intervenido en la causa que ahora instruye el juez federal Ariel Lijo no menos de diecisiete jueces y seis representantes del Ministerio Público Fiscal. Más allá de la opinión que pueda merecer cada uno de esos veintitrés magistrados, por su capacidad o intereses, por sus relaciones con sectores de poder, estatales o privados, nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad. Es decir, hay un sistema que pese a sus imperfecciones funciona, aunque una absolución dentro de varios años no compensaría un procesamiento ahora. Tanto en este diario como en La Nación hay colegas que están siguiendo con rigor profesional las alternativas de la causa, por lo que no serán la materia de esta columna, en la que no se prejuzgará sobre la culpabilidad o la inocencia del vicepresidente.
Money, Money, Money
Al hacer su descargo ante Lijo, Boudou dijo que durante el gobierno de la Alianza comenzó a deteriorarse la capacidad operativa de la Casa de Moneda cuando fueron designados como gerente general y encargado de compras y contrataciones dos ejecutivos de la empresa Boldt, que desde hace dos décadas explota sin licitación ni competencia el juego en la provincia de Buenos Aires. Agregó que durante los meses de su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, el Senador Eduardo Duhalde quitó a la Casa de Moneda la exclusividad que siempre había tenido para proveer impresiones de seguridad al Estado Nacional, que quedaron abiertas a la competencia con Boldt. El ente oficial perdió entonces la impresión de padrones electorales, billetes de lotería, pasaportes, cartones de bingo y estampillas fiscales para cigarrillos. Como consecuencia de este proceso sus balances arrojaron pérdidas operativas cada vez mayores, lo cual obligó a imprimir la moneda argentina en Brasil, desde donde era remitida en aviones cargueros. Esto creó una sensación de crisis en el verano de 2009-2010. Uno de los reproches que se formulan al ex ministro de Economía es haber frenado un plan de reequipamiento de la impresora estatal. En su defensa, Boudou dijo que de haberse aplicado ese plan la Casa de Moneda hubiera estado paralizada durante dos o tres años, ya que implicaba desmontar la maquinaria existente y recién entonces instalar la nueva en el mismo lugar, lo cual hubiera agravado en forma extrema la dependencia del abastecimiento externo de la moneda nacional. Durante su gestión en el Ministerio de Economía este grave desmedro fue remediado por dos vías: la recuperación de la capacidad de producción de la Casa de Moneda por medios más racionales y económicos, a lo que se refirió en su indagatoria, y la contratación de parte del proceso con Ciccone Calcográfica, de lo que no habló. La reparación de una máquina que había sido desechada en 2008 por obsoleta y destinada a la provisión de repuestos para las restantes se realizó en 2011 en cuatro meses, con personal propio y apenas la compra de piezas de reemplazo por 100.000 dólares, cuando el programa de reequipamiento hubiera insumido 147 millones de francos suizos. Esto permitió incrementar de 450 a 600 millones de billetes por año la producción de Casa de Moneda, cuyo resultado operativo volvió a ser superavitario. El vicepresidente y el resto del gobierno aplicaron durante demasiado tiempo las recetas del manual kirchnerista con la prensa, con la discutible idea de no amplificar operaciones insustanciales: no sabe/no contesta. Esta conducta dio lugar a equívocos y privó al gobierno de exponer con claridad por qué era importante que la principal imprenta de seguridad del país reforzara la capacidad de producción de Casa de Moneda, sin necesidad de recurrir a la importación de billetes. Ni siquiera se difundieron las razones por las cuales la Casa de Moneda se negó a contratar ese servicio con Boldt en agosto de 2010, cuando el juez de la quiebra de Ciccone Javier Cosentino le alquiló la planta: ese título de alquiler era precario y no había certeza sobre su duración, Boldt no aseguraba cantidad y plazo de impresión y además acercaría el material inflamable del papel moneda a la llama del juego. La diversidad de dependencias oficiales que emitieron opiniones, dictámenes o resoluciones favorables a la normalización de la quiebra de Ciccone confirma la existencia de un interés estatal, no personal ni espurio. Pero recién esta semana el ministro Axel Kicillof se animó a decirlo. La expropiación de las maquinarias hubiera sido un camino más recto hacia el objetivo estatal. Pero 2010 y 2011 fueron los años en que el Grupo Ahhh… usó su mayoría legislativa con el propósito de hundir al gobierno, que no hubiera conseguido la declaración de utilidad pública de las maquinas de Ciccone.
La Gabella de Scioli
Para un lector no avisado, es críptica la solicitud de Boudou al juez para que pida al Congreso de la Nación un informe sobre el desempeño allí de Guillermo Enrique Gabella, accionista y director de Boldt. No hace falta esperar alguna filtración de la causa para entenderlo, porque la respuesta consta en la edición de este diario del 4 de abril de 2012: es un facsímil del legajo 711894 de la Cámara de Diputados. Indica que el abogado Gabella, nacido el 7 de octubre de 1966, ingresó el 10 de diciembre de 1997, el mismo día en que asumió su primer mandato como diputado Daniel Scioli. También consta allí que su incorporación fue solicitada por Scioli, quien lo asignó a la Comisión de Deportes. Destino 90 significa Bloque Justicialista y subdestino 43 corresponde al diputado Scioli. En los tres años previos, Gabella había sido empleado de la Municipalidad de Buenos Aires, gobernada por delegados del presidente Carlos Menem. Cuando todavía estaba a cargo de la causa, el juez Daniel Rafecas careó a Gabella con Lautaro Mauro, uno de los funcionarios de la secretaría privada de Scioli, quienes habían dado versiones contradictorias sobre una reunión entre Gabella y el amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona, el 22 de octubre de 2010. El secretario de Scioli fue el intermediario del encuentro, en el que discutieron los intereses enfrentados de Boldt y de la nueva encarnación de Ciccone, la Compañía de Valores Sudamericana. Tanto Gabella como Mauro formaron parte del grupo político que en 1997 respaldó el lanzamiento de Scioli como candidato a diputado nacional y más tarde lo acompañó en su emigración a la provincia de Buenos Aires. Gabella admitió que conocía a Mauro de aquella militancia común. Cuatro años antes de aquella primera elección de Scioli, Boldt había iniciado la explotación del juego en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Duhalde. Esos contratos, sin licitación, se extendieron durante las sucesivas gobernaciones posteriores. Felipe Solá aumentó el canon que paga la empresa del 30 al 34 por ciento, sin dar intervención a la Legislatura. El principal ministro de su gabinete en aquel momento era Florencio Randazzo, por lo cual ha sido sindicado como fuente en las filtraciones contra Boudou, algo que el ministro del Interior y Transporte niega. Gabella ingresó como empleado a Boldt en 2006, el año en que Kirchner impulsó la candidatura de Scioli a la gobernación bonaerense. Eso señala que no es el hombre de empresa que se relaciona con el dirigente político en provecho de sus negocios, sino el asesor de Scioli que deviene director y accionista de la empresa luego del ascenso de su empleador a la Casa de Gobierno provincial, en 2007. La diferencia no es menor. Al concluir su indagatoria, Boudou sostuvo que el trámite mediático de la causa constituía un mensaje de “los poderes establecidos” al sistema político; encomió el cambio de paradigma económico y de las relaciones de fuerzas del kirchnerismo respecto del sector empresario y destacó su propio rol desde la Anses y el ministerio de Economía. Sólo les faltó recordar que al designarlo como candidato a la vicepresidencia, CFK mencionó que no les había temido a las corporaciones y que suya fue la propuesta de recuperar el sistema previsional, que en 1993 había sido entregado a los bancos.
Un aparato fuera de control
Con la impunidad que en un tiempo tenían los bufones del rey para decir lo que otros callan, el senador bonaerense Mario Ishii dijo la semana pasada que la Secretaría de Inteligencia controla al 98 por ciento de los jueces y señaló como responsables al director de operaciones, Antonio Stiuso, y al auditor general de la Nación, Javier Fernández. Según Ishii, la SI logró silenciar al secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini, “armándole una causa”. Más allá de la desmesura cuantitativa y de la ingenuidad de la conclusión, la presencia de la comunidad de informaciones en los asuntos judiciales no es ningún secreto. También es evidente que ese aparato construido con la promesa de servir a las autoridades sólo defiende sus propios intereses y suele desertar cuando se lo necesita, como se advirtió aquí desde el principio, algo obvio a la luz de la experiencia de gobiernos anteriores. En esa materia, tanto o más que en otras, el mejor negocio es la honestidad. Las huellas de ese sistema que coloca jueces y abogados también se detectan en la causa contra Boudou, que se inició por la denuncia del “ciudadano común” Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona “políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida”. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas. El 18 de julio de 1994 Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros de la demolida sede de la DAIA y la AMIA. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército. El chofer del no tan pacífico ciudadano común, Omar Cañete, declaró en el juzgado que entonces atendía Juan José Galeano y ante la comisión legislativa de seguimiento de la causa que Pacífico visitaba la Embajada de Irán, dijo que sus funcionarios pagaron cinco millones de dólares por el atentado y que Pacífico mató a un iraní y lo sepultó en Campo de Mayo luego de discutir por el 10 por ciento de ese botín. Pero no hubo otra fuente que ese testigo ni se encontró el presunto cadáver y la causa judicial se corrompió por la siembra de pruebas falsas y las operaciones cruzadas de desinformación que terminaron con la destitución y procesamiento de Galeano. Todo ello impidió que se llegara a cualquier conclusión sobre la pista carapintada y en 2011, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Pacífico de la acusación de haber provisto los explosivos para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como el caso Ciccone. Para completar el cuadro, en la misma semana de la indagatoria a Boudou en una causa, Lijo sobreseyó en la otra a los tres secretarios de Galeano y al ex ministro del Interior Carlos Corach.
Proyecciones
Todo esto puede contribuir a contextualizar la dura reacción del gobierno ante la presencia de Scioli en el seminario sobre Democracia y Desarrollo, que el Grupo Clarín convocó en el MALBA. El gobernador bonaerense compartió cartel con algunas figuras rutilantes de la oposición, como el diputado del Peornismo Opositor Sergio Massa, el socialista unido Hermes Binner, el frenteunicista Humberto Tumini y el radical Ricardo Alfonsín y todos intercambiaron palabras cordiales con el CEO del grupo, Héctor Horacio Magne-tto. El encuentro se denominó Pensar el Futuro, lo cual remite en forma directa a lo que vendrá a partir de 2016. La jornada
inaugural fue introducida por una columna del ingeniero Héctor Huergo, el principal ideólogo de los agronegocios como difusores de prosperidad en el conjunto de la sociedad. Huergo dijo que la agroindustria argentina produjo a partir de 1996 “La Segunda Revolución de las Pampas” y que el actual gobierno la frenó en 2008 con el “zarpazo final” de las retenciones móviles. Pero “el sector está intacto, todo lo que precisa es un cambio de aros” y “ahora soplan vientos de cambio”. Scioli minimizó los cuestionamientos, reduciendo la cita a su búsqueda de una correcta relación institucional con todos los medios de comunicación, como si el Grupo Clarín, fuerte actor en los agronegocios y decisivo antagonista político del gobierno nacional, pudiera acomodarse a esa ingenua definición. Este encuentro público es reminiscente de la mesa que Magne-tto tendió en su casa en agosto de 2010 para el alcalde porteño Maurizio Macrì y la plana mayor del Peornismo Opositor, que por entonces integraban Duhalde, Carlos Reutemann, Francisco de Narváez y Felipe Solá, a quienes instó a unirse para impedir un nuevo mandato kirchnerista en 2011. En forma muy explícita, el futuro que se piensa en esos encuentros es un mero retorno a los años dorados que idealiza Huergo, desde que Solá abrió la puerta a los agronegocios al omitir los protocolos necesarios para la introducción del paquete tecnológico de transgénicos y pesticidas producido por Monsanto. El procesamiento de Boudou parece próximo, lo cual no quiere decir que la evidencia colectada por el juez baste para llegar a una condena en el juicio oral. Pero más allá del expediente judicial quedan a la vista las cuestiones de fondo involucradas.
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