El salteño Juan Manuel Urtubey y el mendocino Paco Pérez
Por Javier Polvani
En Mendoza el procedimiento de los hospitales públicos frente a casos de mujeres embarazadas durante una violación seguirá igual que antes de producirse el primer fallo de la Corte Suprema que declaró no punible la interrupción de la gestación de una mujer que iba a tener un hijo del abusador que la sometió. El gobernador Francisco Pérez tomó la palabra desde el gobierno para negar cualquier efecto de esa sentencia en la provincia.
“El fallo de la Corte, esto quiero que lo tengan muy presente, es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial”, sostuvo el mandatario mendocino en sintonía con lo expresado el miércoles por el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey (PJ). Sin embargo, Pérez perdió el apoyo del salteño unas horas después de pronunciarse en línea con su par.
¿Qué pasó? El jueves Urtubey volvió sobre sus pasos: firmó el decreto 1170/12 en el que instruye a los Ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar de manera inmediata las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder, de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según informó el diario La Gaceta, de Tucumán, citando como fuente un parte oficial de la Gobernación de Salta.
“Las guías de procedimiento prevén que la práctica del aborto no punible se considerará autorizada contra la presentación de la denuncia penal de violación o la declaración jurada, realizada con la asistencia del defensor oficial o de menores e incapaces, según corresponda”, indica el comunicado del gobierno salteño.
Urtubey dio un giro rotundo desde sus declaraciones hasta la firma del decreto, mientras Paco Pérez tomaba de apoyo a su postura frente al fallo de Corte las declaraciones del día antes del salteño que fueron difundidas con generosidad de espacio por todos los medios.
“Cuando esos jueces (los miembros de la Corte) sean legisladores y modifiquen la ley podrán hacerlo. Nosotros no podemos hacer cosas violando la ley y la ley no es provincial, es una ley federal. Cuando el Congreso modifique la ley, haremos lo que dice la ley, mientras tanto el protocolo de actuación es la que indica la legislación y la Justicia, y nosotros hacemos eso”.
Con este discurso, obviado completamente para la confección de la normativa que sancionó Salta finalmente, Urtubey generó fuertes críticas desde sectores progresistas. Pero ganó congratulaciones de los sectores antiabortistas y hasta la felicitación de una rival política: la puntana Liliana Negre de Alonso, dirigente del partido de los hermanos Rodríguez Saá, lo reconoció a través de Twitter.
Con las repercusiones de esos dichos en ebullición, Paco Pérez se identificó sin fisuras con la postura del mandatario del Norte: “El gobernador de Salta ha dicho exactamente lo mismo que estoy diciendo yo”. Cuando el mandatario local dijo esto, en el mediodía del jueves, no se había conocido todavía la marcha atrás que puso su par salteño cuando el rebote de sus dichos abrumó los medios.
El mendocino desautorizó la aplicación del procedimiento descripto en el fallo de la Corte frente a una mujer que quedó embarazada al ser violada y no está dispuesta a parir al hijo de su abusador.
“La Provincia y la Nación se rigen por leyes, no por fallos judiciales”, remarcó el gobernador y ratificó la plena vigencia de la obligatoriedad de judicializar los casos de mujeres violadas que pretenden abortar la gestación del fruto de un abuso sexual. Esto porque no se modificarán los protocolos que ordenan la actividad de los profesionales en los hospitales, según los cuales sólo puede atenderse la petición de la interrupción de un embarazo originado en una violación si lo ordena la Justicia.
Por Javier Polvani
En Mendoza el procedimiento de los hospitales públicos frente a casos de mujeres embarazadas durante una violación seguirá igual que antes de producirse el primer fallo de la Corte Suprema que declaró no punible la interrupción de la gestación de una mujer que iba a tener un hijo del abusador que la sometió. El gobernador Francisco Pérez tomó la palabra desde el gobierno para negar cualquier efecto de esa sentencia en la provincia.
“El fallo de la Corte, esto quiero que lo tengan muy presente, es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial”, sostuvo el mandatario mendocino en sintonía con lo expresado el miércoles por el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey (PJ). Sin embargo, Pérez perdió el apoyo del salteño unas horas después de pronunciarse en línea con su par.
¿Qué pasó? El jueves Urtubey volvió sobre sus pasos: firmó el decreto 1170/12 en el que instruye a los Ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar de manera inmediata las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder, de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según informó el diario La Gaceta, de Tucumán, citando como fuente un parte oficial de la Gobernación de Salta.
“Las guías de procedimiento prevén que la práctica del aborto no punible se considerará autorizada contra la presentación de la denuncia penal de violación o la declaración jurada, realizada con la asistencia del defensor oficial o de menores e incapaces, según corresponda”, indica el comunicado del gobierno salteño.
Urtubey dio un giro rotundo desde sus declaraciones hasta la firma del decreto, mientras Paco Pérez tomaba de apoyo a su postura frente al fallo de Corte las declaraciones del día antes del salteño que fueron difundidas con generosidad de espacio por todos los medios.
“Cuando esos jueces (los miembros de la Corte) sean legisladores y modifiquen la ley podrán hacerlo. Nosotros no podemos hacer cosas violando la ley y la ley no es provincial, es una ley federal. Cuando el Congreso modifique la ley, haremos lo que dice la ley, mientras tanto el protocolo de actuación es la que indica la legislación y la Justicia, y nosotros hacemos eso”.
Con este discurso, obviado completamente para la confección de la normativa que sancionó Salta finalmente, Urtubey generó fuertes críticas desde sectores progresistas. Pero ganó congratulaciones de los sectores antiabortistas y hasta la felicitación de una rival política: la puntana Liliana Negre de Alonso, dirigente del partido de los hermanos Rodríguez Saá, lo reconoció a través de Twitter.
Con las repercusiones de esos dichos en ebullición, Paco Pérez se identificó sin fisuras con la postura del mandatario del Norte: “El gobernador de Salta ha dicho exactamente lo mismo que estoy diciendo yo”. Cuando el mandatario local dijo esto, en el mediodía del jueves, no se había conocido todavía la marcha atrás que puso su par salteño cuando el rebote de sus dichos abrumó los medios.
El mendocino desautorizó la aplicación del procedimiento descripto en el fallo de la Corte frente a una mujer que quedó embarazada al ser violada y no está dispuesta a parir al hijo de su abusador.
“La Provincia y la Nación se rigen por leyes, no por fallos judiciales”, remarcó el gobernador y ratificó la plena vigencia de la obligatoriedad de judicializar los casos de mujeres violadas que pretenden abortar la gestación del fruto de un abuso sexual. Esto porque no se modificarán los protocolos que ordenan la actividad de los profesionales en los hospitales, según los cuales sólo puede atenderse la petición de la interrupción de un embarazo originado en una violación si lo ordena la Justicia.
