En un Estado sano, el ejercicio de un derecho no debería ser fuente de padecimientos, y menos sano aún es que ese padecimiento le sea imputable al propio Estado. Marcela y Felipe Noble Herrera pueden dar cuenta de los daños que ocasiona la violación consciente de esos preceptos. Hace muchos años peticionaron algo que jueces de todos los estamentos judiciales consideraron legítimo: que un examen de histocompatibilidad con familias que reclaman vínculos biológicos con ellos, ordenado en una causa judicial, se efectuara observando ciertas prevenciones para impedir una indefinida indagación de datos que el derecho consagra como personalísimos.
La petición la efectuaron en el año 2003, el juez actuante la aceptó y luego de apelaciones deducidas por las familias que reclamaban esos supuestos vínculos, el máximo tribunal del país para temas penales confirmó el derecho de los hermanos Noble Herrera, en un fallo de noviembre de 2007. Más apelaciones de las familias querellantes impidieron que el examen se cumpliera de manera inmediata. La Corte Suprema rechazó finalmente la última apelación a mediados de 2008.
Nuevas impugnaciones de las familias querellantes demoraron el comienzo del examen que, paradójicamente, les hubiera llevado tranquilidad, hasta que en 2009 sucedió lo que todos sabemos. El Gobierno nacional inició un ataque a un conocido grupo de medios y el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera adquirió súbitamente la categoría de “cuestión de Estado”. El Poder Ejecutivo dictó un decreto dirigido a imposibilitar la realización del examen en las condiciones fijadas por los jueces, e impulsó luego una ley haciendo obligatoria la actuación del Banco Nacional de Datos Genéticos, al par que colocó a este último bajo la órbita del mismo Poder Ejecutivo interesado en la suerte de la causa. Paralelamente, el canal oficial de televisión, con presencia de altos funcionarios en sus programas, mencionaban a los Noble Herrera como hijos “apropiados” por la dictadura, sin ninguna prueba que corroborase semejante afirmación. El juez a cargo del caso, que había aceptado inicialmente el examen nunca llevado a cabo, fue removido y reemplazado por otra magistrada. La toma de muestras para un nuevo examen, esta vez en el Banco Nacional de Datos Genéticos y con una amplitud mayor que el originario, adquirió diversas manifestaciones. Se sucedieron, en el espacio de escasos meses, allanamientos domiciliarios, persecuciones en la vía pública de los hermanos y requisas de las prendas que ese día vestían, con obligación de desnudarse delante de numerosos testigos. La impericia de los funcionarios actuantes y la manera en que el mismo procedimiento se ordenó impidieron, sin culpa alguna de los Noble Herrera, la obtención de su mapa genético. A todo esto los hermanos efectuaron diversos planteos judiciales que ningún tribunal resolvió.
Así se llegó a fines de 2010, siete años después de que Marcela y Felipe Noble Herrera aceptaran el examen ordenado inicialmente en la causa, para el que llegaron incluso a dar muestras de sangre. Pero esa aceptación, y los fallos judiciales que la legitimaron, era historia anterior a la irrupción del Gobierno en el devenir del proceso y a que la televisión pública tomara a esta causa como bandera.
El último paso fue la reciente orden judicial de extracción forzada de sangre de los Noble Herrera. En dos ocasiones (casos “Vázquez Ferrá” y “Gualtieri Rugnone de Prieto”) la Corte Suprema ha declarado por mayoría de sus votos que una medida de esta naturaleza, dirigida contra personas adultas que ningún delito han cometido, es violatoria de la Constitución.
En esa jurisprudencia se apoyaron Marcela y Felipe Noble Herrera para rechazar este examen compulsivo, ordenado en transgresión a sus derechos. El caso llegó ahora a la etapa en que, para seguir afirmando tales derechos, deberían buscar una revisión de la propia Corte Suprema.
Pero los tiempos judiciales, con un poder político que no ha dejado de atacarlos, dejaron de ser los suyos. A juzgar por lo que resulta habitual en ese tribunal, dicha revisión podría demorar largamente. Mientras tanto deberían soportar que se siga tildando a su madre de apropiadora y que, como se llegó a decir de ellos, “llevan en su cuerpo la prueba del delito”. La protección de su autonomía personal y su intimidad implicaría, en este contexto, un precio demasiado alto a pagar.
Por esas razones, y para posibilitar la conclusión rápida y definitiva de este proceso, han decidido renunciar a su derecho a apelar ante la Corte Suprema. También consienten que el examen pendiente no se vea limitado a la comparación con sólo un grupo determinado de familias que dejaron muestras genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, limitación que resulta de un reciente fallo de la Cámara de Casación Penal.
A esta altura, sólo quieren dejar de ser víctimas de todo tipo de ataques, dirigidos tanto contra ellos como contra su madre, que no dudan los adoptó de buena fe, siguiendo los pasos judiciales que en su momento le fueron indicados.
Esperan que esta decisión de aceptar, por segunda vez, un examen que los tiene otra vez como destinatarios, pueda por fin significarles la conclusión de todos sus padecimientos.
La petición la efectuaron en el año 2003, el juez actuante la aceptó y luego de apelaciones deducidas por las familias que reclamaban esos supuestos vínculos, el máximo tribunal del país para temas penales confirmó el derecho de los hermanos Noble Herrera, en un fallo de noviembre de 2007. Más apelaciones de las familias querellantes impidieron que el examen se cumpliera de manera inmediata. La Corte Suprema rechazó finalmente la última apelación a mediados de 2008.
Nuevas impugnaciones de las familias querellantes demoraron el comienzo del examen que, paradójicamente, les hubiera llevado tranquilidad, hasta que en 2009 sucedió lo que todos sabemos. El Gobierno nacional inició un ataque a un conocido grupo de medios y el origen biológico de Marcela y Felipe Noble Herrera adquirió súbitamente la categoría de “cuestión de Estado”. El Poder Ejecutivo dictó un decreto dirigido a imposibilitar la realización del examen en las condiciones fijadas por los jueces, e impulsó luego una ley haciendo obligatoria la actuación del Banco Nacional de Datos Genéticos, al par que colocó a este último bajo la órbita del mismo Poder Ejecutivo interesado en la suerte de la causa. Paralelamente, el canal oficial de televisión, con presencia de altos funcionarios en sus programas, mencionaban a los Noble Herrera como hijos “apropiados” por la dictadura, sin ninguna prueba que corroborase semejante afirmación. El juez a cargo del caso, que había aceptado inicialmente el examen nunca llevado a cabo, fue removido y reemplazado por otra magistrada. La toma de muestras para un nuevo examen, esta vez en el Banco Nacional de Datos Genéticos y con una amplitud mayor que el originario, adquirió diversas manifestaciones. Se sucedieron, en el espacio de escasos meses, allanamientos domiciliarios, persecuciones en la vía pública de los hermanos y requisas de las prendas que ese día vestían, con obligación de desnudarse delante de numerosos testigos. La impericia de los funcionarios actuantes y la manera en que el mismo procedimiento se ordenó impidieron, sin culpa alguna de los Noble Herrera, la obtención de su mapa genético. A todo esto los hermanos efectuaron diversos planteos judiciales que ningún tribunal resolvió.
Así se llegó a fines de 2010, siete años después de que Marcela y Felipe Noble Herrera aceptaran el examen ordenado inicialmente en la causa, para el que llegaron incluso a dar muestras de sangre. Pero esa aceptación, y los fallos judiciales que la legitimaron, era historia anterior a la irrupción del Gobierno en el devenir del proceso y a que la televisión pública tomara a esta causa como bandera.
El último paso fue la reciente orden judicial de extracción forzada de sangre de los Noble Herrera. En dos ocasiones (casos “Vázquez Ferrá” y “Gualtieri Rugnone de Prieto”) la Corte Suprema ha declarado por mayoría de sus votos que una medida de esta naturaleza, dirigida contra personas adultas que ningún delito han cometido, es violatoria de la Constitución.
En esa jurisprudencia se apoyaron Marcela y Felipe Noble Herrera para rechazar este examen compulsivo, ordenado en transgresión a sus derechos. El caso llegó ahora a la etapa en que, para seguir afirmando tales derechos, deberían buscar una revisión de la propia Corte Suprema.
Pero los tiempos judiciales, con un poder político que no ha dejado de atacarlos, dejaron de ser los suyos. A juzgar por lo que resulta habitual en ese tribunal, dicha revisión podría demorar largamente. Mientras tanto deberían soportar que se siga tildando a su madre de apropiadora y que, como se llegó a decir de ellos, “llevan en su cuerpo la prueba del delito”. La protección de su autonomía personal y su intimidad implicaría, en este contexto, un precio demasiado alto a pagar.
Por esas razones, y para posibilitar la conclusión rápida y definitiva de este proceso, han decidido renunciar a su derecho a apelar ante la Corte Suprema. También consienten que el examen pendiente no se vea limitado a la comparación con sólo un grupo determinado de familias que dejaron muestras genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos, limitación que resulta de un reciente fallo de la Cámara de Casación Penal.
A esta altura, sólo quieren dejar de ser víctimas de todo tipo de ataques, dirigidos tanto contra ellos como contra su madre, que no dudan los adoptó de buena fe, siguiendo los pasos judiciales que en su momento le fueron indicados.
Esperan que esta decisión de aceptar, por segunda vez, un examen que los tiene otra vez como destinatarios, pueda por fin significarles la conclusión de todos sus padecimientos.
