Miguel Galuccio, Axel Kicillof, Carlos Slim
Al menos cuatro petroleras norteamericanas están interesadas en invertir en la YPF nacionalizada. Sin embargo exigen una condición algo difícil de aceptar por el Gobierno nacional en estos días: que haya una ley aprobada por el Congreso nacional que les garantice la inversión y les permita la exportación de barriles de petróleo y el giro de utilidades al exterior.
Así se lo hicieron saber a al menos dos altos representantes del Gobierno de Cristina de Kirchner directivos de Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips y Apache en los últimos meses, garantizando además que éste sería el único requerimiento para comenzar conversaciones con la dirección de la compañía petrolera argentina de Miguel Galuccio. El tema fue además lanzado en charlas entre los directores de la empresa, que ayer mantuvieron su primera asamblea desde que el Gobierno nacional avanzó en su nacionalización.
Según fuentes de las propias compañías norteamericanas, el pedido de una ley que garantice las inversiones, no habría sido mal visto por Galuccio, que igualmente habló de derivar el tema a la conducción nacional. Con esto dieron un guiño importante al Ejecutivo. Para estas petroleras, no es importante el lobby que Repsol está haciendo a nivel mundial con todas las compañías que muestran interés en asociarse con YPF; a las que se les advierte desde Madrid que se le están realizando demandas judiciales a nivel mundial contra la Argentina por la nacionalización de la compañía. De hecho, las cuatro petroleras norteamericanas recibieron estas comunicaciones vía cartas entregadas en mano a los respectivos CEO. «Debemos proteger los activos confiscados para que los petroleros no sean partícipes de la confiscación», explicó la propia Repsol en abril pasado sobre estas misivas. Para los norteamericanos, estas cartas no serán importantes ni definitorias. Pero, por prevención y para darse seguridad a sus accionistas, deberá haber un reaseguro legal en la Argentina, vía una norma que avale la inversión y la posibilidad de reenviar ganancias y barriles de petróleo al exterior, por el mismo Congreso que aprobó la nacionalización y la eyección de Repsol de la mayoría de la empresa.
Desde la Argentina se aseguraba ayer que no será hasta fin de año, cuando la posibilidad de una ley sea avalada a nivel del Poder Ejecutivo y enviada al Congreso. Se afirmaba ayer, en la reunión de Asamblea de YPF, que hoy la Argentina no está en condiciones de asegurar la liberación de las ganancias de la petrolera a sus capitales de origen y mucho menos la salida de barriles vía exportaciones en un mercado donde la falta de combustibles es una de las principales sangrías fiscales que sufre el Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino y el Banco Central de Mercedes Marcó del Pont.
El primer contacto que las petroleras de EE.UU. mantuvieron con el Gobierno argentino fue casi inmediato a la nacionalización de la empresa. Lo mantuvo el embajador argentino en ese país, Jorge Argüello en Washington, a horas que el Congreso haya aprobado la ley de nacionalización. Luego, durante mayo y junio, el ministro de Planificación Julio De Vido el que recibió a enviados de las petroleras y finalmente fue el propio Galuccio quien en las últimas semanas circuló por Estados Unidos hablando con los directivos de las compañías. Eran los días en que el director de YPF protestaba por los diálogos que otros funcionarios mantenían con petroleros chinos sobre la posibilidad de invertir en la compañía. Aparentemente por ahora, y ante los imposibles requerimientos de los orientales para desembarcar en la petrolera argentina, el Gobierno se inclinaría por escuchar a los norteamericanos.
Mientras tanto, y de manera débil y escueta, la asamblea de la petrolera aprobó ayer la distribución de $ 300 millones a los accionistas; la menor cantidad desde la crisis de 2001 y una cifra poco atractiva para potenciales inversores. El resto del dinero ganado el año pasado, se reinvertirá.
