Los abogados Miriam Bregman y Luis Bonomi pidieron la máxima pena prevista en el Código Penal para 12 de los 19 imputados ante el Tribunal Oral Federal 5 porteño (TOF5), entre ellos los ex marinos Alfredo Astiz y Jorge «Tigre» Acosta al concluir ayer su segundo día de alegato.
Walsh fue acribillado en la calle, en el barrio porteño de San Cristóbal, el 25 de marzo de 1977 -días desde el que permanece desaparecido- por una patrulla de integrantes del GT 3.3.2 y su cuerpo fue llevado a la ESMA, donde fue reconocido por algunos sobrevivientes que declararon en este juicio oral.
La misma pena fue solicitada para Pablo García Velazco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Weber, Ricardo Cavallo, Juan Carlos Fotea, Juan Antonio Azis, Adolfo Miguel Donda y Raúl Scheller.
Según la reconstrucción del crimen hecha en las audiencias, el periodista y escritor fue interceptado por la patota de la ESMA en la esquina de San Juan y Entre Rios, y cuando intentó defenderse con una pistola calibre 22 que portaba, fue baleado por Weber y su cuerpo llevado al centro de detención clandestino.
Se trata de la tercera querella en pedir las penas más severas para los represores de la ESMA y que estos crímenes de lesa humanidad sean tenidos como parte de un “genocidio”.
“No fueron delitos aislados sino aberrantes crímenes dirigidos contra un grupo nacional” en el marco de un “plan sistemático para destruir al grupo de pertenencia de las víctimas”, argumentó Bonomi.
Para el caso de Walsh pidió que se lo considere “homicidio doblemente agravado por la alevosía y el número de autores”, además de por su privación ilegítima de la libertad y torturas.
Los abogados pidieron que la pena sea cumplida en una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal por todos los acusados ya que Coronel y Weber gozan de la prisión domiciliaria por tener más de 70 años.
Mientras la querella lo acusaba de genocidio, Astiz se entretuvo ayer jugando al sudoku en una revista de crucigramas que llevó dentro de una carpeta marrón.
Para la semana próxima el TOF5 prevé conceder la palabra al abogado Rodolfo Yanzón, representante de otro grupo de querellantes, y luego será el turno del fiscal Pablo Ouviña, tras lo cual corresponderá que lo hagan los defensores de los imputados.
