Dilma Rousseff, durante su última aparición pública en Brasilia. Foto: Archivo
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RIO DE JANEIRO.- Ironías de la lucha anticorrupción en Brasil. El jueves pasado, el día después de que el pleno del Senado lo expulsara de la Cámara, acusado de tráfico de influencias y de recibir dinero de la mafia del juego ilegal, Demóstenes Torres reasumió su cargo como procurador en el ministerio público de su estado natal, Goiás, donde estuvo de licencia mientras era senador. El sonado caso no hizo más que dejar en evidencia que la tan publicitada cruzada anticorrupción de la presidenta Dilma Rousseff está perdiendo fuerza, dada la impunidad con que todavía pueden moverse los funcionarios públicos denunciados por corrupción.
El año pasado, después de fuertes acusaciones de la prensa, fueron obligados a dejar sus cargos siete ministros de Rousseff: Antonio Palocci (jefe de gabinete), Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi (Agricultura), Pedro Novais (Turismo), Orlando Silva (Deportes), Carlos Lupi (Trabajo) y Mario Negromonte (Ciudades). Sin embargo, la Comisión de Etica de la Presidencia archivó las investigaciones y hasta el momento la justicia no ha emitido ninguna condena a los funcionarios que renunciaron al gobierno.
¿Qué efecto ha tenido entonces la famosa faxina («limpieza») de la que Rousseff se volvió un símbolo y que despertó varias marchas anticorrupción en todo el país?
«Para empezar, la llamada faxina de Dilma no fue una iniciativa que nació de ella. Fue la presión de la prensa y de la sociedad la que la llevó a pedirles la renuncia a sus ministros», resaltó a LA NACION Claudio Abramo, director ejecutivo de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, que de todas maneras reconoció que ha habido avances en comparación con el pasado reciente.
Mientras el antecesor y padrino político de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazaba de inmediato cualquier acusación periodística de cohecho y blindaba a sus funcionarios, la actual mandataria les exige explicaciones a sus ministros y, si no pueden darlas, les pide que se alejen del gobierno. Esta actitud menos tolerante ante la corrupción de por sí le ha ganado altos niveles de popularidad (77% en junio).
«Es cierto que Dilma y un área del Ejecutivo federal realizaron esfuerzos por desarrollar mecanismos de prevención de la corrupción. Pero evidentemente estamos caminando más lento de lo que desearíamos: la justicia no actúa donde debería, y hay un contraste muy grande entre lo que ocurre a nivel federal y lo que sucede a nivel estatal y municipal, donde se ha hecho muy poco», agregó Abramo.
Para el especialista, uno de los principales problemas que generan corrupción es que los puestos de la administración pública son repartidos por personas designadas por los partidos políticos que ganan las elecciones y que aprovechan esos cargos para sacar beneficios propios.
«Ese es un problema que la presidenta no tiene voluntad de enfrentar; debería reformar la Constitución para limitar las designaciones libres, que sean por concurso, por mérito, y no que sean ocupados como un botín de guerra. Esa es la raíz de muchos casos de corrupción», acusó Abramo.
No obstante, los analistas rescatan también puntos positivos del gobierno de Dilma en la lucha anticorrupción. Entre ellos destacan la sanción, en mayo pasado, de la ley de acceso a la información, que ya llevó a la divulgación de gran parte de los salarios de los funcionarios públicos.
«Aunque hay sectores que aún se resisten con recursos judiciales, en el corto plazo será un instrumento útil para comprobar el patrimonio de los empleados públicos y monitorearlos», estimó Gil Castello Branco, secretario general de la asociación Cuentas Abiertas.
Otro elemento clave fue el respeto por la independencia de la Policía Federal y el Ministerio Público, que fueron los encargados de llevar adelante la investigación que llevó al encarcelamiento, en febrero, del empresario del juego Carlinhos Cachoeira (Carlos Augusto Ramos).
Además de los estrechos vínculos con el expulsado senador Demóstenes Torres, las escuchas telefónicas realizadas permiten suponer que al menos dos gobernadores -el de Goiás, Marconi Perillo, y el del Distrito Federal, Agnelo Queiroz- estaban también involucrados en sus turbios negocios.
Y pese a las presiones indirectas de Lula y del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Rousseff no intervino para atrasar el juicio que en agosto iniciará el Supremo Tribunal Federal sobre el llamado escándalo del » mensalão «. El caso, que estalló en 2005 y sacudió al primer mandato de Lula, reveló un esquema en el Congreso por el cual los legisladores de la oposición recibían dinero a cambio de apoyo al gobierno.
Hay 38 ex funcionarios acusados, entre ellos importantes figuras del PT como el ex jefe de gobierno José Dirceu, lo que podría repercutir negativamente en las aspiraciones electorales del partido oficialista para los comicios municipales del 7 de octubre próximo.
«La expectativa es enorme; se entiende que ahí existieron crímenes que en menor o mayor grado deben ser punidos. El papel de la prensa en mantener vivo el caso y ejercer presión ha sido esencial. Si no, se vuelven actos incompletos, investigaciones que empiezan pero son interrumpidas o abandonadas», opinó David Fleischer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia..
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El año pasado, después de fuertes acusaciones de la prensa, fueron obligados a dejar sus cargos siete ministros de Rousseff: Antonio Palocci (jefe de gabinete), Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi (Agricultura), Pedro Novais (Turismo), Orlando Silva (Deportes), Carlos Lupi (Trabajo) y Mario Negromonte (Ciudades). Sin embargo, la Comisión de Etica de la Presidencia archivó las investigaciones y hasta el momento la justicia no ha emitido ninguna condena a los funcionarios que renunciaron al gobierno.
¿Qué efecto ha tenido entonces la famosa faxina («limpieza») de la que Rousseff se volvió un símbolo y que despertó varias marchas anticorrupción en todo el país?
«Para empezar, la llamada faxina de Dilma no fue una iniciativa que nació de ella. Fue la presión de la prensa y de la sociedad la que la llevó a pedirles la renuncia a sus ministros», resaltó a LA NACION Claudio Abramo, director ejecutivo de la organización no gubernamental Transparencia Brasil, que de todas maneras reconoció que ha habido avances en comparación con el pasado reciente.
Mientras el antecesor y padrino político de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazaba de inmediato cualquier acusación periodística de cohecho y blindaba a sus funcionarios, la actual mandataria les exige explicaciones a sus ministros y, si no pueden darlas, les pide que se alejen del gobierno. Esta actitud menos tolerante ante la corrupción de por sí le ha ganado altos niveles de popularidad (77% en junio).
«Es cierto que Dilma y un área del Ejecutivo federal realizaron esfuerzos por desarrollar mecanismos de prevención de la corrupción. Pero evidentemente estamos caminando más lento de lo que desearíamos: la justicia no actúa donde debería, y hay un contraste muy grande entre lo que ocurre a nivel federal y lo que sucede a nivel estatal y municipal, donde se ha hecho muy poco», agregó Abramo.
Para el especialista, uno de los principales problemas que generan corrupción es que los puestos de la administración pública son repartidos por personas designadas por los partidos políticos que ganan las elecciones y que aprovechan esos cargos para sacar beneficios propios.
«Ese es un problema que la presidenta no tiene voluntad de enfrentar; debería reformar la Constitución para limitar las designaciones libres, que sean por concurso, por mérito, y no que sean ocupados como un botín de guerra. Esa es la raíz de muchos casos de corrupción», acusó Abramo.
No obstante, los analistas rescatan también puntos positivos del gobierno de Dilma en la lucha anticorrupción. Entre ellos destacan la sanción, en mayo pasado, de la ley de acceso a la información, que ya llevó a la divulgación de gran parte de los salarios de los funcionarios públicos.
«Aunque hay sectores que aún se resisten con recursos judiciales, en el corto plazo será un instrumento útil para comprobar el patrimonio de los empleados públicos y monitorearlos», estimó Gil Castello Branco, secretario general de la asociación Cuentas Abiertas.
Otro elemento clave fue el respeto por la independencia de la Policía Federal y el Ministerio Público, que fueron los encargados de llevar adelante la investigación que llevó al encarcelamiento, en febrero, del empresario del juego Carlinhos Cachoeira (Carlos Augusto Ramos).
Además de los estrechos vínculos con el expulsado senador Demóstenes Torres, las escuchas telefónicas realizadas permiten suponer que al menos dos gobernadores -el de Goiás, Marconi Perillo, y el del Distrito Federal, Agnelo Queiroz- estaban también involucrados en sus turbios negocios.
Y pese a las presiones indirectas de Lula y del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), Rousseff no intervino para atrasar el juicio que en agosto iniciará el Supremo Tribunal Federal sobre el llamado escándalo del » mensalão «. El caso, que estalló en 2005 y sacudió al primer mandato de Lula, reveló un esquema en el Congreso por el cual los legisladores de la oposición recibían dinero a cambio de apoyo al gobierno.
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