Una nueva polémica, ácida y rechazada por una gran mayoría, se instaló en Brasil: es un nuevo “decreto” del gobierno de Michel Temer sobre el “trabajo esclavo”. La medida fue aprobada por el ministerio de Trabajo y establece “condiciones” por las un trabajador estará sujeto a labores en situación análoga a la esclavitud. Esa resolución, publicada en el boletín oficial el lunes último, es cuestionada en los más diversos niveles de la sociedad. Al punto que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso declaró: “Esta medida es inaceptable” y debe ser “derogada inmediatamente”.
Otras personalidades la definieron como una “monstruosidad”, como afirmó al diario Folha de Sao Paulo el procurador general del Ministerio Público del Trabajo, Luiz Eduardo Bojart. Es también el caso del presidente del Sindicato Nacional de Fiscales Laborales, Carlos Silva: “El mensaje que está dando el gobierno es que le tendieron la mano a los esclavistas”.
Desde el 2000, o sea bajo los últimos años de gobierno de Cardoso, la ley brasileña cambió su enfoque sobre la naturaleza del trabajo esclavo. Sostuvo que es suficiente que se den “condiciones degradantes similares a la situación de esclavitud” para que el hecho se convierta en un delito. La flamante norma, firmada por el ministro de asuntos laborales Ronaldo Nogueira, establece que solo podrá ser entendida como “esclavitud” si hay “restricciones a la libertad de movimiento de la víctima”. Peor aún, restringe de manera casi absoluta la divulgación de los nombres de las empresas que incurrieron en ese delito y que integran la llamada “lista sucia”. Deja en manos del ministro de Trabajo su publicación. La difusión de esas listas tiene enorme importancia para el sector productivo, especialmente el exportador o el que está presente en varios países. Ocurre que una de las regulaciones que rigen en casi todos los mercados mundiales es la prohibición de importar bienes o insumos cuyos productores hayan empleado trabajo esclavo.
No debe sorprender el inmediato apoyo que recibió la “innovación” reglamentaria de parte del ministro de Agricultura, Blairo Maggi. Conocido también como el “Rey de la Soja”, el funcionario celebró el decreto del gobierno de Temer: “Viene a organizar un poco la falta de criterio de las fiscalizaciones”, argumentó. En verdad le faltó decir que esa medida responde a los intereses del llamado “bloque ruralista” en el Congreso brasileño. Ese sector demandaba el cambio desde 2013, sin ningún éxito. El decreto vino a subsanar la “falta de interés” del resto de los legisladores en sancionar semejante medida. Tampoco es casual que la más encendida defensa de estos cambios fuera realizada por el senador Romero Jucá. Este hombre tuvo que abandonar el equipo ministerial de Temer por causa de revelación de casos de corrupción que pretendía esconder. Ahora, desde el Senado continúa con su tarea como jefe del bloque oficialista. Y las denuncias en su contra no parecen hacerla mella (no al menos por ahora).
Según especialistas como el fiscal Bojart, con esta norma Brasil retrocede al siglo XIX. “Con una simple resolución, el gobierno desarmó todo el concepto legal de trabajo esclavo. Volvemos a la situación de dos siglos atrás, cuando era esclavo quien tenía prohibida la libertad de movimientos” sostuvo. De nuevo, será preciso tener grilletes y ser aporreado para que se penalice como delito la esclavitud. Ese “nuevo enfoque” ya determinó la caída de los casos de detección de labores ilegales. “Este año se hicieron apenas 49 operaciones contra 115 de 2016”. La caída en el número de rescatados “no es porque hay menos trabajo esclavo”, indican los expertos, sino por “no hay dinero para realizar las fiscalizaciones”
Otras personalidades la definieron como una “monstruosidad”, como afirmó al diario Folha de Sao Paulo el procurador general del Ministerio Público del Trabajo, Luiz Eduardo Bojart. Es también el caso del presidente del Sindicato Nacional de Fiscales Laborales, Carlos Silva: “El mensaje que está dando el gobierno es que le tendieron la mano a los esclavistas”.
Desde el 2000, o sea bajo los últimos años de gobierno de Cardoso, la ley brasileña cambió su enfoque sobre la naturaleza del trabajo esclavo. Sostuvo que es suficiente que se den “condiciones degradantes similares a la situación de esclavitud” para que el hecho se convierta en un delito. La flamante norma, firmada por el ministro de asuntos laborales Ronaldo Nogueira, establece que solo podrá ser entendida como “esclavitud” si hay “restricciones a la libertad de movimiento de la víctima”. Peor aún, restringe de manera casi absoluta la divulgación de los nombres de las empresas que incurrieron en ese delito y que integran la llamada “lista sucia”. Deja en manos del ministro de Trabajo su publicación. La difusión de esas listas tiene enorme importancia para el sector productivo, especialmente el exportador o el que está presente en varios países. Ocurre que una de las regulaciones que rigen en casi todos los mercados mundiales es la prohibición de importar bienes o insumos cuyos productores hayan empleado trabajo esclavo.
No debe sorprender el inmediato apoyo que recibió la “innovación” reglamentaria de parte del ministro de Agricultura, Blairo Maggi. Conocido también como el “Rey de la Soja”, el funcionario celebró el decreto del gobierno de Temer: “Viene a organizar un poco la falta de criterio de las fiscalizaciones”, argumentó. En verdad le faltó decir que esa medida responde a los intereses del llamado “bloque ruralista” en el Congreso brasileño. Ese sector demandaba el cambio desde 2013, sin ningún éxito. El decreto vino a subsanar la “falta de interés” del resto de los legisladores en sancionar semejante medida. Tampoco es casual que la más encendida defensa de estos cambios fuera realizada por el senador Romero Jucá. Este hombre tuvo que abandonar el equipo ministerial de Temer por causa de revelación de casos de corrupción que pretendía esconder. Ahora, desde el Senado continúa con su tarea como jefe del bloque oficialista. Y las denuncias en su contra no parecen hacerla mella (no al menos por ahora).
Según especialistas como el fiscal Bojart, con esta norma Brasil retrocede al siglo XIX. “Con una simple resolución, el gobierno desarmó todo el concepto legal de trabajo esclavo. Volvemos a la situación de dos siglos atrás, cuando era esclavo quien tenía prohibida la libertad de movimientos” sostuvo. De nuevo, será preciso tener grilletes y ser aporreado para que se penalice como delito la esclavitud. Ese “nuevo enfoque” ya determinó la caída de los casos de detección de labores ilegales. “Este año se hicieron apenas 49 operaciones contra 115 de 2016”. La caída en el número de rescatados “no es porque hay menos trabajo esclavo”, indican los expertos, sino por “no hay dinero para realizar las fiscalizaciones”
