Se los llevaron a Cristina como un trofeo de guerra: veinticinco intendentes de la provincia de Buenos Aires llegaron a la reunión de la mano del vicegobernador Gabriel Mariotto y del jefe distrital de La Cámpora, José Ottavis. No estaban Daniel Scioli ni ninguno de sus ministros. Fue un puenteo político liso y llano . Y además, contundente.
En el encuentro con la Presidenta, que al recibirlos avaló toda la jugada , estuvieron cuatro jefes del GBA: Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Darío Díaz Pérez, de Lanús; Patricio Mussi, de Berazategui; y Gabriel Katopodis, de San Martín. El resto, del interior provincial.
Sucedió el jueves por la noche, horas después de que Mariotto diera luz verde en la Legislatura de La Plata a un pedido de informes sobre el manejo de la pauta de publicidad de la Gobernación, un punto sensible en la lógica de construcción política de Scioli. Esta decisión se presentó como una contraprestación necesaria para que los opositores destrabaran la ley que aumenta impuestos provinciales. Pero, de hecho, fue el cuarto pedido de informes que Mariotto y La Cámpora impulsaron contra el Gobierno provincial . Dos de los anteriores habían sido por el tema inseguridad y el tercero por la cuestión del juego y la empresa Boldt, como parte de la estrategia de defensa del vicepresidente Amado Boudou, embarrado hasta el cuello en el caso Ciccone.
Scioli y su equipo de crisis, después de meses de eludir un enfrentamiento directo, decidieron un ajuste táctico: responderán golpe por golpe.
“Vamos a tensar la cuerda pero sin romper” , apuntó un hombre clave en el engranaje del gobernador.
La réplica enfurecida contra Mariotto cruzó el aire el viernes temprano. Salieron varios funcionarios a criticarlo, pero la carga más fuerte, acusando al vicegobernador de “poner palos en la rueda” de su propio gobierno, corrió por cuenta de Cristina Alvarez Rodríguez, ministra de Scioli, sobrina nieta de Evita y de buena relación personal con Cristina.
Mariotto respondió a la amonestación con términos explosivos: “Yo respondo a la Presidenta y Scioli también debe responder” descerrajó. El primer mandamiento del oficialismo es la incondicionalidad.
Los que hablaron el viernes con Scioli dicen que el gobernador considera este cruce violento con Mariotto como “un punto de inflexión” . Habrá que ver cómo traduce esto en política.
En verdad, las furias de estos días sólo anuncian choques más encarnizados. La batalla bonaerense es central en la guerra por la sucesión del poder , que ya está declarada. Scioli es un estorbo letal para los planes de perpetuación del cristinismo, sobre todo si no prospera el intento para reformar la Constitución. En este clima bélico, el que se atreva a hablar de tregua será considerado traidor.
La pesada ofensiva oficialista está acercando de hecho a Scioli con Hugo Moyano, mientras también transcurren días decisivos en la pelea por el futuro poder sindical .
Esta pelea se hace en términos menos dramáticos, porque sus protagonistas son veteranos que tienen demasiadas cicatrices en el lomo y no se desfogan en el primer entrevero. Pero la intensidad de las pasiones y el volumen de los intereses en juego son parecidos.
El paciente armado que venía haciéndose para desplazar a Hugo Moyano de la CGT, enfrentó un obstáculo inesperado el jueves último, cuando la propia Presidenta descargó una irritada queja contra los dirigentes sindicales, reclamándoles bajar las pretensiones de ajuste salarial para este año.
Cristina conminó a adecuarse a una nueva realidad, en la que la economía ya no marcha a tambor batiente. Pero el discurso presidencial pareció poco productivo para avanzar en el plan contra Moyano. Es difícil que una nueva conducción sindical quiera presentarse en sociedad avalando que los salarios suban menos que la inflación , que de eso se está discutiendo. Hasta los metalúrgicos de Antonio Caló, el candidato para reemplazar a Moyano, fueron al paro para presionar en la negociación paritaria.
En estos años de avance arrollador y abundante flujo de fondos, de la mano de su alianza estratégica con Kirchner, Moyano se construyó una espesa red de rencores entre los gremios más tradicionales, dominado por “los Gordos” y sus grandes sindicatos. Esa cofradía está decidida ahora a pasarle todas las cuentas , en sintonía con el cambio de aliados que se pretende en la Casa Rosada.
El que avisa que es mal negocio dejarlo a Moyano afuera de la CGT es Luis Barrionuevo, otro zorro que ha depredado muchos gallineros. Suena razonable: Moyano a la intemperie y forzado a potenciar su tendencia al choque, con los salarios presionados a la baja después de tiempos de abundancia, son la mezcla ideal para romperle la tranquilidad social a cualquier gobierno.
Después de días intensos, la dinámica sindical abrió un paréntesis breve para recomponer estrategias y alianzas. Pero las grandes formaciones están en operaciones y también esta guerra va a seguir, porque el propósito de Cristina de desbancarlo a Moyano no pierde vigencia.
Por cierto, todo se hará sobre un escenario menos apacible. Un estudio nacional realizado por la consultora Mori , muestra que para el 28% de los encuestados la situación económica del país es buena, pero para el 45% es mala. Que un 33% cree que la economía va a mejorar pero un 59% la ve empeorando. Que el 82% opina que la inflación es un problema grave y un 49% dice que es mala la política del Gobierno en esta materia, contra un 22% que la aprueba. Es un viento diferente el que sopla.
El mismo sondeo preguntó sobre la corrupción: el 91% la consideró un fenómeno grave. Eso incluyó a 8,5 de cada 10 encuestados que aprueban la gestión de Cristina. No va a mejorar esa percepción social con las decisiones que habrá en la Justicia.
En los próximos días el juez federal Ariel Lijo desplazaría sin vueltas al fiscal Carlos Rívolo de la investigación del caso Ciccone . Se completaría así la grosera estrategia de defensa del vicepresidente Boudou, que empezó por el apartamiento del juez Daniel Rafecas y que incluyó, lateralmente, la forzada renuncia del procurador general Esteban Righi.
Un hombre de la Justicia y otro de la política que hablan con Lijo, dicen que el juez es un hombre angustiado en estas horas. Sabe que le espera, indefectible, la condena de la opinión pública por el paso que va a dar. Pero está dispuesto a darlo, o las circunstancias y ciertas personas le hicieron ver que no puede hacer otra cosa.
Quizá lo único que no haría Lijo es cerrar la causa, como ya le sugirieron de modo indudable. El juez, dicen sus allegados, después de un primer vistazo al expediente habría encontrado tantas y tan sólidas pruebas reunidas, que piensa que clausurar el caso sería firmarse una condena personal, a ejecutarse más tarde o más temprano. Lo que sí hará es dormir la causa hasta el límite de lo posible, o más aún.
Es notable la complicación que le causa al Gobierno este asunto que involucra a Boudou y a una ristra de amigos, todos tipos audaces, inexpertos en las grandes ligas, algo irresponsables y bastante desprolijos.
“Dejaron los dedos marcados por todas partes”, dice un abogado que sigue de cerca la pesquisa sobre el misterioso fondo de inversión que se quedó con Ciccone, la imprenta que disfruta de negocios seguros imprimiendo billetes para el Gobierno.
Suceden estos hechos en un ambiente, el de la Justicia federal, que quizás como nunca antes está sometido a la vigilancia, el control y la presión política. El patrullaje de operadores judiciales conocidos, o incluso la acción directa de jefes de la Secretaría de Inteligencia , sirven a diario para monitorear la acción de magistrados y fiscales.
Los jueces federales nunca fueron carmelitas descalzas. Encargados de juzgar a quienes tienen funciones de gobierno, todos llegan a esos cargos gracias a indispensables contactos políticos. Muchas veces, pero no siempre, también cuenta la capacidad. Esos jueces saben qué cosas conviene hacer y qué cosas no, en nombre de la responsabilidad institucional. Puede sonar desagradable y seguramente lo sea, pero la realidad funciona así.
Frente a la presión constante del poder muchos pueden sentirse obligados a disciplinarse y “actuar en defensa propia”, explicó alguien que conoce el tema desde adentro. El descabezamiento implacable de Righi y la carga contra Rafecas, dos hombres tan afines al Gobierno, terminaron de cerrar ese anillo de seguridad.
Un hombre que es escuchado en la Corte Suprema lo definió así: “La Justicia federal vive en un estado de terror”.
Copyright Clarín 2012
En el encuentro con la Presidenta, que al recibirlos avaló toda la jugada , estuvieron cuatro jefes del GBA: Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Darío Díaz Pérez, de Lanús; Patricio Mussi, de Berazategui; y Gabriel Katopodis, de San Martín. El resto, del interior provincial.
Sucedió el jueves por la noche, horas después de que Mariotto diera luz verde en la Legislatura de La Plata a un pedido de informes sobre el manejo de la pauta de publicidad de la Gobernación, un punto sensible en la lógica de construcción política de Scioli. Esta decisión se presentó como una contraprestación necesaria para que los opositores destrabaran la ley que aumenta impuestos provinciales. Pero, de hecho, fue el cuarto pedido de informes que Mariotto y La Cámpora impulsaron contra el Gobierno provincial . Dos de los anteriores habían sido por el tema inseguridad y el tercero por la cuestión del juego y la empresa Boldt, como parte de la estrategia de defensa del vicepresidente Amado Boudou, embarrado hasta el cuello en el caso Ciccone.
Scioli y su equipo de crisis, después de meses de eludir un enfrentamiento directo, decidieron un ajuste táctico: responderán golpe por golpe.
“Vamos a tensar la cuerda pero sin romper” , apuntó un hombre clave en el engranaje del gobernador.
La réplica enfurecida contra Mariotto cruzó el aire el viernes temprano. Salieron varios funcionarios a criticarlo, pero la carga más fuerte, acusando al vicegobernador de “poner palos en la rueda” de su propio gobierno, corrió por cuenta de Cristina Alvarez Rodríguez, ministra de Scioli, sobrina nieta de Evita y de buena relación personal con Cristina.
Mariotto respondió a la amonestación con términos explosivos: “Yo respondo a la Presidenta y Scioli también debe responder” descerrajó. El primer mandamiento del oficialismo es la incondicionalidad.
Los que hablaron el viernes con Scioli dicen que el gobernador considera este cruce violento con Mariotto como “un punto de inflexión” . Habrá que ver cómo traduce esto en política.
En verdad, las furias de estos días sólo anuncian choques más encarnizados. La batalla bonaerense es central en la guerra por la sucesión del poder , que ya está declarada. Scioli es un estorbo letal para los planes de perpetuación del cristinismo, sobre todo si no prospera el intento para reformar la Constitución. En este clima bélico, el que se atreva a hablar de tregua será considerado traidor.
La pesada ofensiva oficialista está acercando de hecho a Scioli con Hugo Moyano, mientras también transcurren días decisivos en la pelea por el futuro poder sindical .
Esta pelea se hace en términos menos dramáticos, porque sus protagonistas son veteranos que tienen demasiadas cicatrices en el lomo y no se desfogan en el primer entrevero. Pero la intensidad de las pasiones y el volumen de los intereses en juego son parecidos.
El paciente armado que venía haciéndose para desplazar a Hugo Moyano de la CGT, enfrentó un obstáculo inesperado el jueves último, cuando la propia Presidenta descargó una irritada queja contra los dirigentes sindicales, reclamándoles bajar las pretensiones de ajuste salarial para este año.
Cristina conminó a adecuarse a una nueva realidad, en la que la economía ya no marcha a tambor batiente. Pero el discurso presidencial pareció poco productivo para avanzar en el plan contra Moyano. Es difícil que una nueva conducción sindical quiera presentarse en sociedad avalando que los salarios suban menos que la inflación , que de eso se está discutiendo. Hasta los metalúrgicos de Antonio Caló, el candidato para reemplazar a Moyano, fueron al paro para presionar en la negociación paritaria.
En estos años de avance arrollador y abundante flujo de fondos, de la mano de su alianza estratégica con Kirchner, Moyano se construyó una espesa red de rencores entre los gremios más tradicionales, dominado por “los Gordos” y sus grandes sindicatos. Esa cofradía está decidida ahora a pasarle todas las cuentas , en sintonía con el cambio de aliados que se pretende en la Casa Rosada.
El que avisa que es mal negocio dejarlo a Moyano afuera de la CGT es Luis Barrionuevo, otro zorro que ha depredado muchos gallineros. Suena razonable: Moyano a la intemperie y forzado a potenciar su tendencia al choque, con los salarios presionados a la baja después de tiempos de abundancia, son la mezcla ideal para romperle la tranquilidad social a cualquier gobierno.
Después de días intensos, la dinámica sindical abrió un paréntesis breve para recomponer estrategias y alianzas. Pero las grandes formaciones están en operaciones y también esta guerra va a seguir, porque el propósito de Cristina de desbancarlo a Moyano no pierde vigencia.
Por cierto, todo se hará sobre un escenario menos apacible. Un estudio nacional realizado por la consultora Mori , muestra que para el 28% de los encuestados la situación económica del país es buena, pero para el 45% es mala. Que un 33% cree que la economía va a mejorar pero un 59% la ve empeorando. Que el 82% opina que la inflación es un problema grave y un 49% dice que es mala la política del Gobierno en esta materia, contra un 22% que la aprueba. Es un viento diferente el que sopla.
El mismo sondeo preguntó sobre la corrupción: el 91% la consideró un fenómeno grave. Eso incluyó a 8,5 de cada 10 encuestados que aprueban la gestión de Cristina. No va a mejorar esa percepción social con las decisiones que habrá en la Justicia.
En los próximos días el juez federal Ariel Lijo desplazaría sin vueltas al fiscal Carlos Rívolo de la investigación del caso Ciccone . Se completaría así la grosera estrategia de defensa del vicepresidente Boudou, que empezó por el apartamiento del juez Daniel Rafecas y que incluyó, lateralmente, la forzada renuncia del procurador general Esteban Righi.
Un hombre de la Justicia y otro de la política que hablan con Lijo, dicen que el juez es un hombre angustiado en estas horas. Sabe que le espera, indefectible, la condena de la opinión pública por el paso que va a dar. Pero está dispuesto a darlo, o las circunstancias y ciertas personas le hicieron ver que no puede hacer otra cosa.
Quizá lo único que no haría Lijo es cerrar la causa, como ya le sugirieron de modo indudable. El juez, dicen sus allegados, después de un primer vistazo al expediente habría encontrado tantas y tan sólidas pruebas reunidas, que piensa que clausurar el caso sería firmarse una condena personal, a ejecutarse más tarde o más temprano. Lo que sí hará es dormir la causa hasta el límite de lo posible, o más aún.
Es notable la complicación que le causa al Gobierno este asunto que involucra a Boudou y a una ristra de amigos, todos tipos audaces, inexpertos en las grandes ligas, algo irresponsables y bastante desprolijos.
“Dejaron los dedos marcados por todas partes”, dice un abogado que sigue de cerca la pesquisa sobre el misterioso fondo de inversión que se quedó con Ciccone, la imprenta que disfruta de negocios seguros imprimiendo billetes para el Gobierno.
Suceden estos hechos en un ambiente, el de la Justicia federal, que quizás como nunca antes está sometido a la vigilancia, el control y la presión política. El patrullaje de operadores judiciales conocidos, o incluso la acción directa de jefes de la Secretaría de Inteligencia , sirven a diario para monitorear la acción de magistrados y fiscales.
Los jueces federales nunca fueron carmelitas descalzas. Encargados de juzgar a quienes tienen funciones de gobierno, todos llegan a esos cargos gracias a indispensables contactos políticos. Muchas veces, pero no siempre, también cuenta la capacidad. Esos jueces saben qué cosas conviene hacer y qué cosas no, en nombre de la responsabilidad institucional. Puede sonar desagradable y seguramente lo sea, pero la realidad funciona así.
Frente a la presión constante del poder muchos pueden sentirse obligados a disciplinarse y “actuar en defensa propia”, explicó alguien que conoce el tema desde adentro. El descabezamiento implacable de Righi y la carga contra Rafecas, dos hombres tan afines al Gobierno, terminaron de cerrar ese anillo de seguridad.
Un hombre que es escuchado en la Corte Suprema lo definió así: “La Justicia federal vive en un estado de terror”.
Copyright Clarín 2012
