El freno judicial al aumento de las tarifas de gas y electricidad podría costarle al Gobierno hasta $ 75 mil millones o alrededor de US$ 4.500 millones. Si la Corte Suprema confirma los fallos que suspendieron las subas aplicadas por el Gobierno –hasta ayer no había sido notificada aún del fallo que le deriva el caso– implicaría un golpe durísimo en la meta de reducir el déficit fiscal.
En concreto, si la Justicia bloquea los tarifazos, el Ejecutivo se verá obligado a reponer subsidios al sector energético por el equivalente al doble del dinero que el Ministerio de Hacienda y Finanzas espera recaudar por el blanqueo de capitales reglamentado esta semana, o el gasto de un año en el pago de la llamada “reparación histórica a los jubilados”. En concreto: se incrementaría el déficit fiscal en alrededor de 1,2 puntos del PBI.
Aún así, aún resta conocer la posición del máximo tribunal, que el jueves comenzó a evaluar el informe técnico presentado por el Ministerio de Energía para defender los aumentos de las tarifas de gas, suspendidas por decisión de la sala II de la Cámara Federal de La Plata hace dos semanas. En el caso de la electricidad, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentará un per saltum para que la Corte decida sobre la legalidad de la medida cautelar dictada el jueves por la jueza Martina Forns, del fuero Contencioso Administrativo de San Martín, quien ordenó a Cammesa –la empresa que administra el mercado mayorista– retrotraer los precios de la energía a los valores vigentes al 31 de enero de este año. Es decir, antes del aumento anunciado el 1° de febrero. Hasta entonces, el importe mayorista de la electricidad era de $ 90 por megawatt por hora (MWh); tres veces y media más barato que los 320 pesos en febrero. El Gobierno ayer recusó a la jueza por haber anticipado en los medios su fallo.
Las implicancias prácticas del fallo de la jueza Forns aún no están claras. El equipo jurídico de Energía que coordina el asesor personal en materia legal del ministerio, Juan Manuel Carassale, , analizaba ayer si la medida cautelar habilitada por la magistrada de San Martín era retroactiva al 1° de febrero o no. Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, comunicó el jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, según su interpretación, la medida obliga a devolverle a los usuarios residenciales de su concesión el dinero extra pagado desde febrero. Por tal motivo, la empresa de Pampa Energía –el holding de Marcelo Mindlin– le reclamó al Gobierno una asistencia (subsidio) de $ 7 mil millones para cubrir esa cuenta.
Recurso de queja. Energía presentó ayer, además, dos recursos de queja ante la Corte de Justicia pidiendo que se suspenda el “efecto devolutivo del fallo de La Plata”, que implica refacturar sin subas los aumentos y obliga a retrotraer subsidios.
Por otro lado, las distribuidoras del interior, en cambio, mantienen otra tesitura y en su gran mayoría, no retrotraerán los aumentos. “El fallo de Forns sólo alcanza al ENRE, quien tiene competencia sólo en el área de Edenor y Edesur. En el caso de las distribuidoras del Interior, dependen de cada ente regulador provincial. Nosotros no vamos a dejar de facturar con los aumentos”, explicó a PERFIL el presidente de una distribuidora eléctrica de zona centro.
Con todo, las empresas generadoras ya sacan cuentas. Si la Corte avala la suspensión del incremento de tarifas, Cammesa deberá recibir subsidios por alrededor de US$ 11.500 millones, US$ 2.500 millones más que lo previsto hasta ahora. En el caso del gas, la situación es similar. El Gobierno esperaba recortar –cuando lanzó los incrementos tarifarios en abril– cerca de US$ 2 mil millones en el año. En ese sentido, la partida presupuestaria para Enarsa era de $ 15 mil millones. Sin embargo, con este escenario, se descuenta que la cifra final será mucho mayor.
Nota publicada en la edición impresa del Diario PERFIL.
En concreto, si la Justicia bloquea los tarifazos, el Ejecutivo se verá obligado a reponer subsidios al sector energético por el equivalente al doble del dinero que el Ministerio de Hacienda y Finanzas espera recaudar por el blanqueo de capitales reglamentado esta semana, o el gasto de un año en el pago de la llamada “reparación histórica a los jubilados”. En concreto: se incrementaría el déficit fiscal en alrededor de 1,2 puntos del PBI.
Aún así, aún resta conocer la posición del máximo tribunal, que el jueves comenzó a evaluar el informe técnico presentado por el Ministerio de Energía para defender los aumentos de las tarifas de gas, suspendidas por decisión de la sala II de la Cámara Federal de La Plata hace dos semanas. En el caso de la electricidad, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentará un per saltum para que la Corte decida sobre la legalidad de la medida cautelar dictada el jueves por la jueza Martina Forns, del fuero Contencioso Administrativo de San Martín, quien ordenó a Cammesa –la empresa que administra el mercado mayorista– retrotraer los precios de la energía a los valores vigentes al 31 de enero de este año. Es decir, antes del aumento anunciado el 1° de febrero. Hasta entonces, el importe mayorista de la electricidad era de $ 90 por megawatt por hora (MWh); tres veces y media más barato que los 320 pesos en febrero. El Gobierno ayer recusó a la jueza por haber anticipado en los medios su fallo.
Las implicancias prácticas del fallo de la jueza Forns aún no están claras. El equipo jurídico de Energía que coordina el asesor personal en materia legal del ministerio, Juan Manuel Carassale, , analizaba ayer si la medida cautelar habilitada por la magistrada de San Martín era retroactiva al 1° de febrero o no. Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, comunicó el jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, según su interpretación, la medida obliga a devolverle a los usuarios residenciales de su concesión el dinero extra pagado desde febrero. Por tal motivo, la empresa de Pampa Energía –el holding de Marcelo Mindlin– le reclamó al Gobierno una asistencia (subsidio) de $ 7 mil millones para cubrir esa cuenta.
Recurso de queja. Energía presentó ayer, además, dos recursos de queja ante la Corte de Justicia pidiendo que se suspenda el “efecto devolutivo del fallo de La Plata”, que implica refacturar sin subas los aumentos y obliga a retrotraer subsidios.
Por otro lado, las distribuidoras del interior, en cambio, mantienen otra tesitura y en su gran mayoría, no retrotraerán los aumentos. “El fallo de Forns sólo alcanza al ENRE, quien tiene competencia sólo en el área de Edenor y Edesur. En el caso de las distribuidoras del Interior, dependen de cada ente regulador provincial. Nosotros no vamos a dejar de facturar con los aumentos”, explicó a PERFIL el presidente de una distribuidora eléctrica de zona centro.
Con todo, las empresas generadoras ya sacan cuentas. Si la Corte avala la suspensión del incremento de tarifas, Cammesa deberá recibir subsidios por alrededor de US$ 11.500 millones, US$ 2.500 millones más que lo previsto hasta ahora. En el caso del gas, la situación es similar. El Gobierno esperaba recortar –cuando lanzó los incrementos tarifarios en abril– cerca de US$ 2 mil millones en el año. En ese sentido, la partida presupuestaria para Enarsa era de $ 15 mil millones. Sin embargo, con este escenario, se descuenta que la cifra final será mucho mayor.
Nota publicada en la edición impresa del Diario PERFIL.
