12/02/14
Por los mayores costos generados por la devaluación del peso, las clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad quieren que las obras sociales, el PAMI y las prepagas les reconozcan un alza del 11,5% en los aranceles médicos.
Sin desconocer que se produjeron aumentos en los precios de los medicamentos y otros insumos médicos, las prepagas dicen que no podían afrontar esos mayores costos, salvo si la Superintendencia de Servicios de Salud les autoriza a aumentar la cuota de sus afiliados. El último aumento de la cuota fue en diciembre, del 8% para las entidades más grandes y del 9% para las medianas y pequeñas, porcentajes que las prepagas consideran que fue insuficiente. Y sostienen que acumulan un retraso de otros 9 puntos, a lo que se agregaría ahora la incidencia de un eventual ajuste en los aranceles de las clínicas y sanatorios.
Semejante reconocimiento de costos tendría un fuerte impacto sobre los usuarios de las prepagas y sobre la inflación promedio. De ahí que se descuenta que no sería aceptado por el Gobierno.
En tanto, el PAMI y las obras sociales sostienen que sus ingresos dependen de los aportes de los trabajadores activos que, a su vez, depende de lo que se acuerde en las paritarias que, por ahora, están empantanadas. También de aportes de jubilados que, por lo menos hasta marzo, no tienen ningún ajuste y será de solo el 11,31% hasta septiembre.
Jorge Cherro, de ADECRA, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, le dijo a Clarín que durante enero, entre otros, hubo aumentos en los medicamentos, en los productos descartables, oxígeno, placas radiográficas y alimentos.
Buena parte de esos aumentos obedecen a la devaluación, por la incidencia de las drogas y otros insumos importados.
Por su parte, y por atrasos anteriores, a lo que se agrega ahora la incidencia de la devaluación del peso, la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confecisa) reclamó un recomposición de los valores prestacionales del 40% .
Conflecisa sostiene que el sector está “e n una situación de grave desfinanciamiento crónico” y que el Gobierno debería facilitar la procuración de los fondos respectivos “de modo que se pueda evitar un mayor daño al fragmentado y segmentado “Sistema de Salud Argentino”. En parte, eso apunta a los 18.000 millones de pesos que el Gobierno tiene retenidos de las obras sociales y que corresponden al Fondo de Redistribución.
Si las obras sociales recibieran semejante deuda podrían agilizar los pagos con las clínicas y sanatorios que les prestan distintos servicios, argumentan las clínicas..
Consciente que las farmacias estuvieron ajustando los precios y del impacto de un aumento de las cuotas de salud, el Gobierno quiere que los aumentos de los precios de los medicamentos que aplicaron los laboratorios reflejen solo la incidencia efectiva de la devaluación del peso sobre los insumos importados.
Por eso está negociando un acuerdo para que den marcha atrás a una parte de los incrementos de precios.
