Pasó el tercer trimestre, pasó octubre, estamos en noviembre y la economía todavía no arrancó. La caída del nivel de actividad ha tenido una forma de L, con una fuerte baja en el segundo trimestre del año de la que aún la Argentina no ha logrado emerger. Sólo la construcción ha dado señales de vida, con ventas de cemento más fuertes desde agosto, y de hierro y acero en octubre. Mientras tanto, el consumo básico y las ventas en supermercados no dan muestras de recuperación. La producción de lácteos cayó 14% en los primeros nueve meses del año; la de carne, 6%, y la de pollo y de bebidas, 5%. Demasiadas similitudes entre esos rubros como para negar que el consumo básico está muy golpeado en 2016.
La dinámica esperada para la recuperación indicaba que, una vez digerido el impacto que provocaron sobre el bolsillo la devaluación del peso y la suba de tarifas, los salarios comenzarían a ganarle a la inflación, lo que provocaría una recuperación del consumo. A su vez, la eliminación de regulaciones absurdas que trababan la producción dispararía un proceso de aumento en la actividad de numerosos sectores, y la baja en el costo del capital comenzaría a impactar sobre la inversión. Los hechos están desafiando esa lógica, al menos en cuanto a su velocidad de ocurrencia.
Foto: Javier Joaquin
Junto a esa esperable dinámica, otros factores han operado en la dirección opuesta. Las empresas tenían enormes inventarios acumulados, de los que comenzaron a deshacerse luego del cambio de gobierno. Durante los últimos años, acumular stocks y guardarlos era una de las principales fuentes de ganancia para las empresas. Se financiaban a tasas de interés negativas, importaban la mercadería al valor del dólar oficial y luego la iban vendiendo al ritmo de la depreciación del dólar blue. Ese negocio se terminó con la unificación cambiaria y con la suba de tasas. Ahora es negocio no tener inventarios, como en cualquier país del mundo. Ese efecto explica unos 0,3 puntos porcentuales de la caída de 2,2% que sufre la economía argentina en 2016.
Así como los sectores más competitivos de la economía dejaron de invertir en el país con la radicalización del kirchnerismo y con el advenimiento del cepo, los más dependientes de la protección, que triplican en tamaño a los primeros, sí invirtieron en las épocas de Guillermo Moreno. Lo hicieron para aprovechar una estructura de protección y de financiamiento insostenible: los préstamos del Bicentenario -casi gratuitos- o la tómbola del Plan Fondear.
La migración desde ese esquema, financiado por los consumidores con sobreprecios e inflación, genera una transición costosa. Y la recesión brasileña también ha generado un impacto muy grande sobre la actividad argentina. La caída de 3,5% del PBI brasileño explica unos 0,8 puntos porcentuales de la recesión local.
El drama de la informalidad
Aun así, todos esos fenómenos no llegan a explicar la caída en el consumo de alimentos que se registra en 2016 ni la lentitud de la economía en reaccionar en el tercer trimestre del año. Los números referidos al empleo en blanco muestran que luego de un muy mal primer semestre, en el que se perdieron 113.000 puestos de trabajo, la caída del empleo formal se detuvo en julio, y en agosto la economía creó 14.000 puestos de trabajo. Y los salarios del sector privado formal, luego de experimentar una caída interanual de 2% en el primer semestre, suben un 3% en el tercer trimestre respecto del segundo.
Con los datos que conocemos no se pueden explicar la magnitud de la baja del consumo ni el estancamiento del tercer trimestre. La explicación se encuentra, tal vez, en los datos que no conocemos. Y ello nos conduce a la economía informal.
El 35% de los trabajadores argentinos son empleados informales. Su sueldo promedio es menos de la mitad que el que reciben los empleados en blanco. En la economía informal el desempleo es muy alto: de los 1,2 millones de desocupados que relevó el Indec en el segundo trimestre, la gran mayoría provenían de actividades informales. Allí, los salarios nominales y los empleos no son defendidos por nadie, y cuanto más aguda es la recesión o la inflación, más tardan en recuperarse el empleo y el poder de compra de los salarios.
Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares que publica el Indec muestran que en ese trimestre el sector informal habría sufrido una caída interanual de sus salarios reales 8 puntos porcentuales más elevada que en el sector formal, es decir, una baja del 10% en vez del 2%. La economía informal sufrió más que la formal en términos de salarios reales y es probable que el empleo en negro recién ahora esté estabilizándose. Lo sabremos parcialmente el viernes próximo, cuando el Indec difunda los datos de empleo del tercer trimestre.
Es inviable para un país, e injusto para quienes lo sufren, que el 35% del empleo sea informal. Ello ocurre porque tenemos impuestos, una justicia laboral y regulaciones laborales inviables. En la Argentina, los impuestos al trabajo generan un costo laboral 40% más elevado que el salario de bolsillo. Esa cifra se compara con menos de 10% de sobrecosto en Chile y Australia y menos de 20% en Canadá, México, Israel, Corea y Estados Unidos. La Argentina agrega además una justicia laboral que parece diseñada para que las empresas cierren sus persianas y sus dueños inviertan en Lebac.
El otro blanqueo que tiene que encarar la Argentina es ése: incorporar a tres millones de empleados en negro y a un millón de desempleados informales a la economía blanca. Si ello ocurriera, sus ingresos aumentarían y también lo haría su cobertura social. Serían nuevos sujetos de crédito y sus derechos serían efectivamente ampliados, aunque no exista más el fútbol gratis.
El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.
El Gobierno perdió la oportunidad de hacer dos blanqueos a la vez: el de los activos no declarados de la clase alta y uno que incorporase a la economía blanca el empleo informal de los sectores más desprotegidos. Avanzar en los dos a la vez hubiera sido revolucionario. La economía va a arrancar, aunque sea más tarde de lo esperado. Pero con una situación social angustiante, la agenda de reformas es urgente.
La dinámica esperada para la recuperación indicaba que, una vez digerido el impacto que provocaron sobre el bolsillo la devaluación del peso y la suba de tarifas, los salarios comenzarían a ganarle a la inflación, lo que provocaría una recuperación del consumo. A su vez, la eliminación de regulaciones absurdas que trababan la producción dispararía un proceso de aumento en la actividad de numerosos sectores, y la baja en el costo del capital comenzaría a impactar sobre la inversión. Los hechos están desafiando esa lógica, al menos en cuanto a su velocidad de ocurrencia.
Foto: Javier Joaquin
Junto a esa esperable dinámica, otros factores han operado en la dirección opuesta. Las empresas tenían enormes inventarios acumulados, de los que comenzaron a deshacerse luego del cambio de gobierno. Durante los últimos años, acumular stocks y guardarlos era una de las principales fuentes de ganancia para las empresas. Se financiaban a tasas de interés negativas, importaban la mercadería al valor del dólar oficial y luego la iban vendiendo al ritmo de la depreciación del dólar blue. Ese negocio se terminó con la unificación cambiaria y con la suba de tasas. Ahora es negocio no tener inventarios, como en cualquier país del mundo. Ese efecto explica unos 0,3 puntos porcentuales de la caída de 2,2% que sufre la economía argentina en 2016.
Así como los sectores más competitivos de la economía dejaron de invertir en el país con la radicalización del kirchnerismo y con el advenimiento del cepo, los más dependientes de la protección, que triplican en tamaño a los primeros, sí invirtieron en las épocas de Guillermo Moreno. Lo hicieron para aprovechar una estructura de protección y de financiamiento insostenible: los préstamos del Bicentenario -casi gratuitos- o la tómbola del Plan Fondear.
La migración desde ese esquema, financiado por los consumidores con sobreprecios e inflación, genera una transición costosa. Y la recesión brasileña también ha generado un impacto muy grande sobre la actividad argentina. La caída de 3,5% del PBI brasileño explica unos 0,8 puntos porcentuales de la recesión local.
El drama de la informalidad
Aun así, todos esos fenómenos no llegan a explicar la caída en el consumo de alimentos que se registra en 2016 ni la lentitud de la economía en reaccionar en el tercer trimestre del año. Los números referidos al empleo en blanco muestran que luego de un muy mal primer semestre, en el que se perdieron 113.000 puestos de trabajo, la caída del empleo formal se detuvo en julio, y en agosto la economía creó 14.000 puestos de trabajo. Y los salarios del sector privado formal, luego de experimentar una caída interanual de 2% en el primer semestre, suben un 3% en el tercer trimestre respecto del segundo.
Con los datos que conocemos no se pueden explicar la magnitud de la baja del consumo ni el estancamiento del tercer trimestre. La explicación se encuentra, tal vez, en los datos que no conocemos. Y ello nos conduce a la economía informal.
El 35% de los trabajadores argentinos son empleados informales. Su sueldo promedio es menos de la mitad que el que reciben los empleados en blanco. En la economía informal el desempleo es muy alto: de los 1,2 millones de desocupados que relevó el Indec en el segundo trimestre, la gran mayoría provenían de actividades informales. Allí, los salarios nominales y los empleos no son defendidos por nadie, y cuanto más aguda es la recesión o la inflación, más tardan en recuperarse el empleo y el poder de compra de los salarios.
Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares que publica el Indec muestran que en ese trimestre el sector informal habría sufrido una caída interanual de sus salarios reales 8 puntos porcentuales más elevada que en el sector formal, es decir, una baja del 10% en vez del 2%. La economía informal sufrió más que la formal en términos de salarios reales y es probable que el empleo en negro recién ahora esté estabilizándose. Lo sabremos parcialmente el viernes próximo, cuando el Indec difunda los datos de empleo del tercer trimestre.
Es inviable para un país, e injusto para quienes lo sufren, que el 35% del empleo sea informal. Ello ocurre porque tenemos impuestos, una justicia laboral y regulaciones laborales inviables. En la Argentina, los impuestos al trabajo generan un costo laboral 40% más elevado que el salario de bolsillo. Esa cifra se compara con menos de 10% de sobrecosto en Chile y Australia y menos de 20% en Canadá, México, Israel, Corea y Estados Unidos. La Argentina agrega además una justicia laboral que parece diseñada para que las empresas cierren sus persianas y sus dueños inviertan en Lebac.
El otro blanqueo que tiene que encarar la Argentina es ése: incorporar a tres millones de empleados en negro y a un millón de desempleados informales a la economía blanca. Si ello ocurriera, sus ingresos aumentarían y también lo haría su cobertura social. Serían nuevos sujetos de crédito y sus derechos serían efectivamente ampliados, aunque no exista más el fútbol gratis.
El costo fiscal directo de bajar los impuestos al trabajo a la mitad es de 3,5% del PBI, pero casi un punto se recupera de inmediato por el aumento en la recaudación de Ganancias en las empresas y del IVA por el aumento en el consumo que provocaría la mejora en los salarios de bolsillo ante las menores cargas personales. Otra parte sustantiva se recuperaría por el blanqueo de parte de los tres millones de empleados en negro.
El Gobierno perdió la oportunidad de hacer dos blanqueos a la vez: el de los activos no declarados de la clase alta y uno que incorporase a la economía blanca el empleo informal de los sectores más desprotegidos. Avanzar en los dos a la vez hubiera sido revolucionario. La economía va a arrancar, aunque sea más tarde de lo esperado. Pero con una situación social angustiante, la agenda de reformas es urgente.