Los cortes de luz se explican en este sentido, una consecuencia más del retorno de un Estado descontrolado, elefantiásico y congénitamente incapaz. Es que para el neoliberalismo, el Estado argentino es responsable siempre, ya sea que funcione como agente contralor o empresario. Algunos ejemplos contundentes cuando no vergonzosos. En un discurso ante la Cámara de Comercio de Industrias Francesas en agosto de 2006, el ex secretario de Energía Daniel Montamat (1999-2000) –testigo para El Paso Energy ante el CIADI– opinó que «el problema no es el Estado intruso ni el Estado ausente: el problema es la discapacidad del Estado argentino, que funciona mal». Imperdonable sentencia para quien trabajó en la función pública y fue director de YPF SE y Gas del Estado.
Carlos Bastos, secretario de Energía y de Obras Públicas del primer gobierno menemista (1991-1996), criticó así las políticas energéticas del presidente Néstor Kirchner: «Intervenir en la operación de los mercados, subsidiar el sector eléctrico, crear los fondos fiduciarios para costear nuevas inversiones en gasoductos y ampliaciones del sector eléctrico, no ha hecho más que sacar de su tumba al fantasma del Estado empresario, cuyo hedor (¡sic!) se condensa en las actuales sospechas de corrupción que pesan sobre algunos funcionarios» (La Nación, 31/5/07).
Los problemas en la distribución eléctrica reflejan la total incompatibilidad entre la política energética nacional y la continuidad del actor privado en dicho segmento (así como la pésima administración pública provincial en los casos de Córdoba y Santa Fe). Cada día que pasa sin una SEGBA a imagen y semejanza del proyecto iniciado en 2003, los restauradores del mercado se fortalecen y el pueblo pierde.
Carlos Bastos, secretario de Energía y de Obras Públicas del primer gobierno menemista (1991-1996), criticó así las políticas energéticas del presidente Néstor Kirchner: «Intervenir en la operación de los mercados, subsidiar el sector eléctrico, crear los fondos fiduciarios para costear nuevas inversiones en gasoductos y ampliaciones del sector eléctrico, no ha hecho más que sacar de su tumba al fantasma del Estado empresario, cuyo hedor (¡sic!) se condensa en las actuales sospechas de corrupción que pesan sobre algunos funcionarios» (La Nación, 31/5/07).
Los problemas en la distribución eléctrica reflejan la total incompatibilidad entre la política energética nacional y la continuidad del actor privado en dicho segmento (así como la pésima administración pública provincial en los casos de Córdoba y Santa Fe). Cada día que pasa sin una SEGBA a imagen y semejanza del proyecto iniciado en 2003, los restauradores del mercado se fortalecen y el pueblo pierde.