El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la conferencia de prensa.. Foto: Télam
Con tono pausado y seguro, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, salió al ruedo por el caso Ciccone para defender su labor y la del entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Hasta que llegó una pregunta crucial. ¿En cuántas otras moratorias excepcionalísimas, como la obtenida por Ciccone, intervino el actual vicepresidente? El contraste entre sus respuestas anteriores y ésa resultó notable y evidente.
Hasta entonces, ayudado por un esquema de todo lo que debía decir, Echegaray había expuesto con precisión que desde 2009 la AFIP solicitó la quiebra de 496 empresas -entre ellas, Ciccone- para verificar «su verdadera voluntad de pago». Y detalló que 351 de esas firmas se acogieron luego a la misma moratoria excepcional que Ciccone. Pero admitió también que la firma que ahora controla la misteriosa sociedad The Old Fund SA -cuyos accionistas siguen en las sombras- fue la única que solicitó una quita sobre su deuda y que por eso se consultó al Palacio de Hacienda. Es decir, a Boudou.
De este modo, Echegaray evitó precisar -al igual que luego sus colaboradores-, si el Ministerio de Economía intervino en el trámite administrativo previo a concederles las moratorias a las otras 350 empresas quebradas. Es decir, ¿Boudou firmó ante algún otro requerimiento similar? Pese a que dijeron que la conferencia de prensa se preparó durante los últimos tres días, afirmaron que no tenían ese dato. Ni lo aportaron en las horas que siguieron desde que lo requirió LA NACION.
Uno de los colaboradores directos de Echegaray, el subdirector general de Coordinación Técnica Institucional, Guillermo Michel, remarcó, sin embargo, que haberle concedido esa quita a la nueva Ciccone hubiera implicado «un delito». ¿Cuál? «Incumplimiento de los deberes de funcionario público», replicó, veloz. Entonces, ¿para qué se giró igual al Ministerio de Economía? Para ver si podían encontrarle la vuelta por otro lado, explicó. Por ejemplo, «por la cantidad de cuotas», dijo.
Cuántas cuotas o la tasa de interés que se acordó con Ciccone, de todos modos, fueron precisiones que Echegaray no brindó. Por motivos de «secreto fiscal». Apenas indicó que fueron «ciento y pico» de cuotas, sin confirmar si fueron 148 (en vez de las tradicionales 120) y con una tasa de interés del 0,5 mensual (menos que la inflación oficial del Indec), tal como reveló LA NACION.
Aun así, Echegaray sí aportó frondosos detalles contra Boldt, la firma rival de Ciccone. La acusó de evasión tributaria, uso de facturas apócrifas y sellados falsos, entre otros delitos, por lo que indicó que la investigan la AFIP y la Justicia. Y por eso mismo, dijo, se optó por ayudar a la nueva Ciccone, en desmedro de la firma rival.
Echegaray calló, no obstante, que Ciccone incumplió todas las moratorias previas a las que se acogió durante las últimas décadas. Y que se la investiga por los mismos delitos que a Boldt, en las mismas causas del fuero penal económico -como «Viazzo» y «Di Biase»-, también por el uso de facturas apócrifas y sellados falsos. Más relevante, el titular de la AFIP tampoco precisó si antes de darle la moratoria a Ciccone se investigó quiénes son sus nuevos dueños a través de The Old Fund, cuyo interlocutor oficial ante Echegaray y su equipo fue el abogado monotributista Alejandro Vandenbroele.
Echegaray -como un día antes Boudou- omitió otro dato singular cuando cargó contra Boldt. Si su foja de servicios era y es tan oscura, ¿por qué el Gobierno le confió el Censo Nacional 2010, que llevó a cabo en octubre de aquel año, el mismo mes en que comenzó a definirse la moratoria?.
Con tono pausado y seguro, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, salió al ruedo por el caso Ciccone para defender su labor y la del entonces ministro de Economía, Amado Boudou. Hasta que llegó una pregunta crucial. ¿En cuántas otras moratorias excepcionalísimas, como la obtenida por Ciccone, intervino el actual vicepresidente? El contraste entre sus respuestas anteriores y ésa resultó notable y evidente.
Hasta entonces, ayudado por un esquema de todo lo que debía decir, Echegaray había expuesto con precisión que desde 2009 la AFIP solicitó la quiebra de 496 empresas -entre ellas, Ciccone- para verificar «su verdadera voluntad de pago». Y detalló que 351 de esas firmas se acogieron luego a la misma moratoria excepcional que Ciccone. Pero admitió también que la firma que ahora controla la misteriosa sociedad The Old Fund SA -cuyos accionistas siguen en las sombras- fue la única que solicitó una quita sobre su deuda y que por eso se consultó al Palacio de Hacienda. Es decir, a Boudou.
De este modo, Echegaray evitó precisar -al igual que luego sus colaboradores-, si el Ministerio de Economía intervino en el trámite administrativo previo a concederles las moratorias a las otras 350 empresas quebradas. Es decir, ¿Boudou firmó ante algún otro requerimiento similar? Pese a que dijeron que la conferencia de prensa se preparó durante los últimos tres días, afirmaron que no tenían ese dato. Ni lo aportaron en las horas que siguieron desde que lo requirió LA NACION.
Uno de los colaboradores directos de Echegaray, el subdirector general de Coordinación Técnica Institucional, Guillermo Michel, remarcó, sin embargo, que haberle concedido esa quita a la nueva Ciccone hubiera implicado «un delito». ¿Cuál? «Incumplimiento de los deberes de funcionario público», replicó, veloz. Entonces, ¿para qué se giró igual al Ministerio de Economía? Para ver si podían encontrarle la vuelta por otro lado, explicó. Por ejemplo, «por la cantidad de cuotas», dijo.
Cuántas cuotas o la tasa de interés que se acordó con Ciccone, de todos modos, fueron precisiones que Echegaray no brindó. Por motivos de «secreto fiscal». Apenas indicó que fueron «ciento y pico» de cuotas, sin confirmar si fueron 148 (en vez de las tradicionales 120) y con una tasa de interés del 0,5 mensual (menos que la inflación oficial del Indec), tal como reveló LA NACION.
Aun así, Echegaray sí aportó frondosos detalles contra Boldt, la firma rival de Ciccone. La acusó de evasión tributaria, uso de facturas apócrifas y sellados falsos, entre otros delitos, por lo que indicó que la investigan la AFIP y la Justicia. Y por eso mismo, dijo, se optó por ayudar a la nueva Ciccone, en desmedro de la firma rival.
Echegaray calló, no obstante, que Ciccone incumplió todas las moratorias previas a las que se acogió durante las últimas décadas. Y que se la investiga por los mismos delitos que a Boldt, en las mismas causas del fuero penal económico -como «Viazzo» y «Di Biase»-, también por el uso de facturas apócrifas y sellados falsos. Más relevante, el titular de la AFIP tampoco precisó si antes de darle la moratoria a Ciccone se investigó quiénes son sus nuevos dueños a través de The Old Fund, cuyo interlocutor oficial ante Echegaray y su equipo fue el abogado monotributista Alejandro Vandenbroele.
Echegaray -como un día antes Boudou- omitió otro dato singular cuando cargó contra Boldt. Si su foja de servicios era y es tan oscura, ¿por qué el Gobierno le confió el Censo Nacional 2010, que llevó a cabo en octubre de aquel año, el mismo mes en que comenzó a definirse la moratoria?.
