15 de Marzo de 2015
Tras el sobreseimiento de Carlos Blaquier en la causa por delitos de lesa humanidad en el Ingenio Ledesma
En una semana la justicia dictó la falta de mérito para Vicente Massot, impidió las indagatorias de Magnetto, Herrera de Noble y Mitre y encontró libre de culpa y cargo al empresario azucarero de Jujuy. Lo vinculan al 18F.
Blaquier – La Cámara de Casación Penal hacía un año que tenía el expediente en su poder. Se pronunció en la misma semana que el caso Massot y Papel Prensa.
A días de conmemorarse el 39º aniversario del golpe de Estado de 1976, una serie de resoluciones judiciales beneficiaron a un nutrido grupo de poderosos empresarios acusados de complicidad con el terrorismo de estado. La simultaneidad de los fallos en causas emblemáticas de lesa humanidad como «Papel Prensa», La Nueva Provincia e «Ingenio Ledesma» generó suspicacias. Sobre todo por el contexto en que fueron decretados: en pleno conflicto entre el Poder Ejecutivo y un sector del Poder Judicial. La última novedad la brindó la Cámara de Casación Penal el viernes al dictar la «falta de mérito» del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el entonces gerente administrativo de la empresa, Alberto Lemos, en las dos causas en las que estaban procesados por violaciones a los derechos humanos.
Blaquier y Lemos estaban vinculados a tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976, como el del ex intendente Luis Arédez; y a 20 que se ejecutaron durante la Noche del Apagón, cuatro meses después. «Si bien no discuten el aporte material, los jueces hacen hincapié en el préstamo de las camionetas (de la empresa para realizar los secuestros). Dicen que no hay pruebas suficientes que acrediten que los imputados conocían que estaban prestando los vehículos para que se cometan los delitos. No están teniendo en cuenta la prueba ni el contexto», explicó a Tiempo Pablo Pelazzo, el fiscal que actuó en la instrucción de la causa hasta que fue separado por pedido de la defensa de Blaquier. Una decisión que también fue confirmada por la Cámara de Casación el viernes.
Pelazzo insistió: «Existen denuncias previas del sindicato de que se usaban camionetas para detener a militantes obreros. Está probada la estrecha relación entre la empresa y las fuerzas represivas.» Para Pelazzo, en la decisión de la cámara se evidenció «una excepcionalidad por la importancia que le dan a los imputados. Por el poder que tienen.»
La controvertida determinación por la cual el empresario azucarero fue exculpado la tomó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación –integrada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi–, el viernes. Hacía más de un año que tenía el expediente en su poder. Decidió tratar el tema –y favorecer al acusado– en la misma semana en que acontecieron otros fallos paradigmáticos en la materia.
Un día antes de que Blaquier fuera beneficiado con la «falta de mérito», en los tribunales federales de la Capital Federal, el juez federal Julián Ercolini había rechazado tomarle declaración indagatoria al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña del multimedios, Ernestina Herrera de Noble; y al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros, por su actuación en el despojo de la empresa Papel Prensa. El pedido había sido formulado por el fiscal Leonel Gómez Barbella, el día previo.
El efecto cascada que favoreció a los empresarios había comenzado una semana atrás, cuando el juez ad hoc Claudio Pontet había resuelto desvincular a Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, de los cargos que pesaban en su contra: estaba sindicado como «coautor» de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Loyola y de realizar aportes esenciales para encubrir y favorecer la represión genocida desde el periódico familiar.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se mostró preocupado y consideró «llamativo que justamente esta semana se hayan dictado tres fallos que absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Lamentablemente, parece que la justicia no quiere avanzar sobre este delito. Estos fallos son malas noticias para las víctimas y para toda la sociedad», afirmó en declaraciones a Télam. Según Pelazzo los sucesivos fallos a favor de civiles vinculados con los militares «no fueron casualidad. No creo que estén descontextualizados», dijo a este diario.
Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos, afirmó a Tiempo: «A esta altura hay algo que debiera estar más que claro: la dictadura no fue solo militar. Esencialmente fue impulsada por los intereses de los grupos de poder civiles». El funcionario explicó que un civil «tiene otro tipo de participación, no se trata del que tortura o mata, sino del que impulsa los secuestros, del que se apropia de empresas. Parece que los jueces no lo llegan a comprender. No es nada nuevo: cuando se juzgaron los crímenes del nazismo se investigó el rol de los civiles.»
Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, consideró que «no puede pasar desapercibido que estos fallos suceden después de la marcha del 18F y cuando un sector del Poder Judicial empieza a mostrarse cada vez mas refractario a los distintos tipos de cambios que se impulsaron en el país en los últimos años. Indudablemente, hay que analizarlo en ese contexto», dijo a este diario. «El fallo de Casación sobre Blaquier es un ejemplo muy claro: ese tribunal tuvo alrededor de un año la causa para resolver una cuestión jurídicamente muy sencilla», señaló.
En Corrientes, donde se investiga la desaparición de obreros del establecimiento yerbatero «Las Marías», ubicado en la localidad de Gobernador Virasoro, se refleja el grado de complejidad que atraviesa a los expedientes en los que están involucrados civiles: catorce jueces se excusaron de impulsar la pesquisa. ¿La razón? Sus vínculos con el propietario, Adolfo Navajas Artaza, quien fuera gobernador provincial entre 1969-1973 y ministro de la última dictadura. «Es claro que hay una diferencia en el trato con los civiles poderosos que conservaron el poder, a diferencia de los militares», indicó Alén.
«También cuesta avanzar en otras causas donde están acusados civiles como las que involucran a las automotrices Mercedes Benz y Ford», señaló el funcionario de la secretaría de Derechos Humanos. Se trata de dos pesquisas que integran la megacausa Campo de Mayo que se investiga en los tribunales de San Martín (ver aparte).
El titular de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Jorge Auat, manifestó que los tres fallos de la última semana «no son alentadores. Habilitan a pensar que estamos en un escenario con tremendas dificultades. Es evidente que hay un sector importante que no quiere que avancen estas causas contra civiles», concluyó. «
Mercedes Benz, sin avances
La causa en la que se investiga la complicidad de la automotriz Mercedes Benz en el secuestro de trece trabajadores y activistas en la planta de González Catán se inició hace 12 años. En noviembre de 2014, la fiscalía de San Martín había solicitado que se suspenda la elevación a juicio de los militares hasta que no sean incorporados los civiles. El planteo no fue tenido en cuenta.
Ford, a la espera del juicio
La Ford es otra automotriz involucrada en la megacausa Campo de Mayo. El estadio de la pesquisa está más avanzado que en el de Mercedes Benz. Tres ex directivos de la empresa esperan en libertad que el caso sea elevado a juicio. Eso iba a suceder el año pasado pero se pospuso para el 2015. Aún no se fijó fecha. Los trabajadores desaparecidos tenían una fuerte militancia sindical.
Beneficio a Madueño
El mismo día en que el juez ad hoc Claudio Pontet firmó la «falta de mérito» del director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, dictó el sobreseimiento de quien fuera en dictadura secretario judicial del magistrado Madueño, Hugo Sierra –hoy abogado con vínculos con funcionarios judiciales de Bahía Blanca–. Sierra estaba acusado de tergiversar la declaración de secuestrados.
El dato
Contexto
Las tres decisiones de la justicia tienen ribetes polémicos que generan inquietud en los abogados de las querellas. Fueron tomadas a días del aniversario del golpe.
