Los empresarios y el gremio advierten que podría haber más despidos en el sector
Forma parte de la herencia del kirchnerismo, pero se cierne sobre el gobierno de Mauricio Macri como un tema pendiente y acuciante. El atraso en los pagos para la obra pública no sólo calienta el vínculo con los gobernadores. También amenaza con derivar en nuevos despidos en el crucial sector de la construcción.
El Gobierno creó la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios para contratos de construcción vigentes. En realidad reactivó una comisión creada en 2002 tras la salida de la convertibilidad y que el kirchnerismo dejó caer dos años después. La tarea central de la comisión es actualizar los precios de la construcción y, por lo tanto, el monto de los certificados de obra atrasados desde hace meses.
Según fuentes del sector, las demoras se acumulan desde agosto de 2015 y alcanzan el 60% de los certificados, que equivalen a 40.000 millones de pesos.
El atraso se explica por una combinación de factores de mediano plazo, coyunturales y técnicos. La inflación persistente y la devaluación por la salida del cepo dejaron totalmente desactualizados los montos previstos en las licitaciones y frenaron cientos de obras en ejecución.
A ello se sumó el hecho de que en agosto pasado, el Indec dejó de publicar el índice de precios de la construcción, una vara fundamental para las previsiones del sector.
El presupuesto total de 2015 para obra pública fue de $ 170.000 millones. Son fondos que hasta diciembre pasado concentró el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Macri, en cambio, distribuyó las partidas entre los ministerios de Interior, Vivienda y Obra Pública (Rogelio Frigerio), Transporte (Guillermo Dietrich) y Energía (Juan José Aranguren).
La Cámara Argentina de la Construcción y la Uocra se reunieron ayer para analizar la situación y acordaron pedir al Gobierno que se creen comisiones de trabajo con los ministerios involucrados. Ambos sectores se mostraron preocupados sobretodo de cara los próximos seis meses.
«Hasta que esto se reordene, enfrentamos una transición muy complicada. Desde agosto del año pasado hemos perdido alrededor de 54.000 empleos», advirtió a LA NACION el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack. «Es muy importante que el nuevo sistema de redeterminación de costos tenga en cuenta los contratos en ejecución y el futuro, porque si no no vamos a poder reactivar la obra pública», añadió.
En la Uocra manejan la misma cifra de despidos y advierten que la cantidad podría aumentar. «Hay obras paralizadas y otras que están trabajando al 50 por ciento. Hay demoras en los certificados y en los salarios. Además, los empresarios no tienen claros los costos, que aumentaron desde que las obras se licitaron hasta la actualidad», dijo a LA NACION el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. Hace dos semanas, el gremio estuvo en vilo por salarios atrasados y amenazas de paralización en las obras de Atucha II, en Zárate. Finalmente se llegó a un acuerdo y se retomó la actividad.
La situación es más compleja en las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. La construcción en ambas está virtualmente paralizada. El Gobierno anunció que revisará los contratos de las obras a las que el kirchnerismo les asignó 43.000 millones de pesos.
Tampoco está claro qué obras tienen proyectadas las empresas eléctricas a partir del aumento de tarifas autorizado por la Casa Rosada. Hasta ahora se sabe cuánto aumentará la facturación de las compañías, pero no cuánto y cómo invertirán en obras para mejorar el servicio.
El presidente de la comisión que ajustará los precios es el actual subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, el ex massista Ricardo Delgado. Como muchos otros funcionarios apeló a la «herencia», aunque sin nombrarla directamente, para destacar la intención oficial de «ordenar» el área. «Hay atrasos en certificados de obra de más de un año. Tener la comisión funcionando a 60 días [de haber asumido] es significativo», dijo a LA NACION. Delgado prometió que la situación empezará a regularizarse el mes que viene.
Batalla campal en Neuquén
En la madrugada de ayer se enfrentaron, tiros y piedras de por medio, en Neuquén, dos facciones de la Uocra. La batalla campal se produjo cuando un grupo de desocupados, en desacuerdo con el secretario general provincial Víctor Carcar, quiso ingresar a la sede por la fuerza y no se le permitió. Intervino la policía y hubo 50 detenidos.
Forma parte de la herencia del kirchnerismo, pero se cierne sobre el gobierno de Mauricio Macri como un tema pendiente y acuciante. El atraso en los pagos para la obra pública no sólo calienta el vínculo con los gobernadores. También amenaza con derivar en nuevos despidos en el crucial sector de la construcción.
El Gobierno creó la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios para contratos de construcción vigentes. En realidad reactivó una comisión creada en 2002 tras la salida de la convertibilidad y que el kirchnerismo dejó caer dos años después. La tarea central de la comisión es actualizar los precios de la construcción y, por lo tanto, el monto de los certificados de obra atrasados desde hace meses.
Según fuentes del sector, las demoras se acumulan desde agosto de 2015 y alcanzan el 60% de los certificados, que equivalen a 40.000 millones de pesos.
El atraso se explica por una combinación de factores de mediano plazo, coyunturales y técnicos. La inflación persistente y la devaluación por la salida del cepo dejaron totalmente desactualizados los montos previstos en las licitaciones y frenaron cientos de obras en ejecución.
A ello se sumó el hecho de que en agosto pasado, el Indec dejó de publicar el índice de precios de la construcción, una vara fundamental para las previsiones del sector.
El presupuesto total de 2015 para obra pública fue de $ 170.000 millones. Son fondos que hasta diciembre pasado concentró el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido. Macri, en cambio, distribuyó las partidas entre los ministerios de Interior, Vivienda y Obra Pública (Rogelio Frigerio), Transporte (Guillermo Dietrich) y Energía (Juan José Aranguren).
La Cámara Argentina de la Construcción y la Uocra se reunieron ayer para analizar la situación y acordaron pedir al Gobierno que se creen comisiones de trabajo con los ministerios involucrados. Ambos sectores se mostraron preocupados sobretodo de cara los próximos seis meses.
«Hasta que esto se reordene, enfrentamos una transición muy complicada. Desde agosto del año pasado hemos perdido alrededor de 54.000 empleos», advirtió a LA NACION el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack. «Es muy importante que el nuevo sistema de redeterminación de costos tenga en cuenta los contratos en ejecución y el futuro, porque si no no vamos a poder reactivar la obra pública», añadió.
En la Uocra manejan la misma cifra de despidos y advierten que la cantidad podría aumentar. «Hay obras paralizadas y otras que están trabajando al 50 por ciento. Hay demoras en los certificados y en los salarios. Además, los empresarios no tienen claros los costos, que aumentaron desde que las obras se licitaron hasta la actualidad», dijo a LA NACION el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. Hace dos semanas, el gremio estuvo en vilo por salarios atrasados y amenazas de paralización en las obras de Atucha II, en Zárate. Finalmente se llegó a un acuerdo y se retomó la actividad.
La situación es más compleja en las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. La construcción en ambas está virtualmente paralizada. El Gobierno anunció que revisará los contratos de las obras a las que el kirchnerismo les asignó 43.000 millones de pesos.
Tampoco está claro qué obras tienen proyectadas las empresas eléctricas a partir del aumento de tarifas autorizado por la Casa Rosada. Hasta ahora se sabe cuánto aumentará la facturación de las compañías, pero no cuánto y cómo invertirán en obras para mejorar el servicio.
El presidente de la comisión que ajustará los precios es el actual subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, el ex massista Ricardo Delgado. Como muchos otros funcionarios apeló a la «herencia», aunque sin nombrarla directamente, para destacar la intención oficial de «ordenar» el área. «Hay atrasos en certificados de obra de más de un año. Tener la comisión funcionando a 60 días [de haber asumido] es significativo», dijo a LA NACION. Delgado prometió que la situación empezará a regularizarse el mes que viene.
Batalla campal en Neuquén
En la madrugada de ayer se enfrentaron, tiros y piedras de por medio, en Neuquén, dos facciones de la Uocra. La batalla campal se produjo cuando un grupo de desocupados, en desacuerdo con el secretario general provincial Víctor Carcar, quiso ingresar a la sede por la fuerza y no se le permitió. Intervino la policía y hubo 50 detenidos.
