En su afán por recortar gastos, el Gobierno puso ahora la lupa sobre el Correo Argentino , la empresa estatal más antigua del país y una de las más grandes empleadoras públicas. Bajo la tutela del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el Ministerio de Modernización comenzó a delinear un plan para recortar el déficit de la empresa postal que, según las estimaciones oficiales, podría llegar este año a los $ 3500 millones.
El plan promete hacer crujir la estructura del Correo y ya puso en alerta a los gremios, que pasado mañana mantendrán un encuentro con el responsable de Modernización, Andrés Ibarra, «para poder arribar a una solución que lleve paz y sosiego» a los trabajadores, según expresaron en la carta que le hicieron llegar la semana pasada cuando formalizaron su pedido de audiencia.
«Estamos trabajando en un plan para reducir el déficit, para que sea casi nulo en 2018 y se termine de solucionar en 2019 a más tardar», explicaron a LA NACION fuentes cercanas a Ibarra y al tanto de las conversaciones. «Es una empresa que tiene una estructura de costos que representa el 90% de las ventas», detallaron.
Por lo pronto, una de las ideas que Modernización puso sobre la mesa sería la de comenzar con un plan de retiros voluntarios y de prejubilaciones. El Correo tiene una plantilla de 16.800 empleados y 1500 sucursales distribuidas en todo el país. Ya la administración actual venía recortando entre 70 y 90 trabajadores por mes, pero la cifra que manejan tanto en Jefatura de Gabinete como en la cartera que conduce Ibarra sería bastante más ambiciosa. En reuniones pasadas, no hace mucho, Quintana había hablado de 4000 empleos menos, pero desde Modernización niegan el dato: «¿Cómo vamos a sacar 4000 empleados? La idea es emprolijar la situación: hay gente en condiciones de jubilarse, contratos sin sentido, gastos operativos que se pueden revisar», aseveraron.
También se contempla incorporar al Correo Argentino en un procedimiento de crisis dentro del Ministerio de Trabajo, para poder modificar el convenio colectivo vigente. Apuntan sobre todo al artículo 55, que detalla los aportes patronales que cada mes realiza la empresa a las federaciones que forman parte del Correo -hay cuatro federaciones que nuclean a más de 87 sindicatos-. Los aportes se habían subido en 2013 de 4,5% al 7,5% del salario, y el objetivo sería revertir la suba. Pero no parece algo sencillo: significa ingresos por algo más de $ 500 millones al año para los gremios.
Asimismo, Modernización busca acordar con los gremios que no haya aumentos salariales en 2018. «Si la inflación baja, será una cuestión de que entiendan la necesidad de poder hacerlo para mantener las fuentes de trabajo», deslizan cerca de Andrés Ibarra. Este año, el porcentaje acordado en la paritaria del Correo había sido similar a la firmada con el gremio de camioneros, presente en otras empresas postales como OCA. El acuerdo contempló un aumento del 12% retroactivo a abril, más un 6% en agosto y otro 5% en enero próximo. Además de una suma fija de $ 8000 en tres cuotas.
Como parte del plan de reestructuración, el Gobierno tiene previsto la semana próxima formalizar cambios en la estructura de management del Correo Argentino. Quintana fue quien sugirió la incorporación como CEO de Gustavo Papini, ex director de OCA durante la gestión de Patricio Farcuh y ex director de Pegasus, fondo dueño de Farmacity, la empresa fundada por el ex vicejefe de Gabinete. También ingresarían en el management otros ex OCA, como Antonio Cao y Jorge Calone.
Conocimiento
Ibarra, por su parte, coparía el directorio de la empresa con gente propia. Piensa incorporar a Eduardo Martelli, hoy secretario de Modernización Administrativa, y a Carlos Lelio, subsecretario de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil. El directorio luego se completaría con Papini, y con Jorge Irigoin, actual presidente y CEO del Correo, que seguiría al frente de la presidencia. Resta todavía definir un nombre más.
Desplazaría de la mesa chica del Correo a los dos representantes del sindicalismo, históricos dirigentes gremiales de la empresa, Ramón Baldassini y Carlos Rossi; a Carlos Felpetto, un ex intendente de Villa Carlos Paz, que había llegado a la compañía de la mano de Oscar Aguad, y a Roberto Rivero, un abogado especialista en el negocio postal que actuaba hasta ahora de mano derecha de Irigoin, con quien venían intentando desarrollar los negocios de paquetería -cada vez más relevante para todos los correos del mundo, a partir del auge del e-commerce-, y de traslado de documentación. Un logro de su gestión fue ganar la cuenta de Mercado Libre, para quien sólo el mes pasado entregaron 443.000 paquetes.
Ibarra conoce de cerca el negocio postal, ya que fue director Comercial del Correo Argentino mientras estuvo en manos privadas, bajo la gestión de Franco Macri.
Desde el año pasado en el Ministerio de Comunicaciones, que por entonces encabezaba Oscar Aguad, existe un borrador para un nuevo marco regulatorio del Correo. Ibarra tendría previsto retomarlo. Aunque no está claro si considerará o no un pedido histórico de las diversas administraciones del Correo y es que finalmente quede asentado que el Estado remunere al Correo por el servicio básico universal que presta. «Si estamos tratando de recortar el déficit no es cuestión de que pongamos plata por otra ventanilla», deslizan desde Modernización. Se estima que cumplir con el servicio básico universal le cuesta al Correo Argentino unos $ 1500 millones. Con sucursales en todo el país, la empresa paga planes sociales donde no llegan los bancos, jubilaciones y pensiones, y asignaciones familiares.
El plan promete hacer crujir la estructura del Correo y ya puso en alerta a los gremios, que pasado mañana mantendrán un encuentro con el responsable de Modernización, Andrés Ibarra, «para poder arribar a una solución que lleve paz y sosiego» a los trabajadores, según expresaron en la carta que le hicieron llegar la semana pasada cuando formalizaron su pedido de audiencia.
«Estamos trabajando en un plan para reducir el déficit, para que sea casi nulo en 2018 y se termine de solucionar en 2019 a más tardar», explicaron a LA NACION fuentes cercanas a Ibarra y al tanto de las conversaciones. «Es una empresa que tiene una estructura de costos que representa el 90% de las ventas», detallaron.
Por lo pronto, una de las ideas que Modernización puso sobre la mesa sería la de comenzar con un plan de retiros voluntarios y de prejubilaciones. El Correo tiene una plantilla de 16.800 empleados y 1500 sucursales distribuidas en todo el país. Ya la administración actual venía recortando entre 70 y 90 trabajadores por mes, pero la cifra que manejan tanto en Jefatura de Gabinete como en la cartera que conduce Ibarra sería bastante más ambiciosa. En reuniones pasadas, no hace mucho, Quintana había hablado de 4000 empleos menos, pero desde Modernización niegan el dato: «¿Cómo vamos a sacar 4000 empleados? La idea es emprolijar la situación: hay gente en condiciones de jubilarse, contratos sin sentido, gastos operativos que se pueden revisar», aseveraron.
También se contempla incorporar al Correo Argentino en un procedimiento de crisis dentro del Ministerio de Trabajo, para poder modificar el convenio colectivo vigente. Apuntan sobre todo al artículo 55, que detalla los aportes patronales que cada mes realiza la empresa a las federaciones que forman parte del Correo -hay cuatro federaciones que nuclean a más de 87 sindicatos-. Los aportes se habían subido en 2013 de 4,5% al 7,5% del salario, y el objetivo sería revertir la suba. Pero no parece algo sencillo: significa ingresos por algo más de $ 500 millones al año para los gremios.
Asimismo, Modernización busca acordar con los gremios que no haya aumentos salariales en 2018. «Si la inflación baja, será una cuestión de que entiendan la necesidad de poder hacerlo para mantener las fuentes de trabajo», deslizan cerca de Andrés Ibarra. Este año, el porcentaje acordado en la paritaria del Correo había sido similar a la firmada con el gremio de camioneros, presente en otras empresas postales como OCA. El acuerdo contempló un aumento del 12% retroactivo a abril, más un 6% en agosto y otro 5% en enero próximo. Además de una suma fija de $ 8000 en tres cuotas.
Como parte del plan de reestructuración, el Gobierno tiene previsto la semana próxima formalizar cambios en la estructura de management del Correo Argentino. Quintana fue quien sugirió la incorporación como CEO de Gustavo Papini, ex director de OCA durante la gestión de Patricio Farcuh y ex director de Pegasus, fondo dueño de Farmacity, la empresa fundada por el ex vicejefe de Gabinete. También ingresarían en el management otros ex OCA, como Antonio Cao y Jorge Calone.
Conocimiento
Ibarra, por su parte, coparía el directorio de la empresa con gente propia. Piensa incorporar a Eduardo Martelli, hoy secretario de Modernización Administrativa, y a Carlos Lelio, subsecretario de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil. El directorio luego se completaría con Papini, y con Jorge Irigoin, actual presidente y CEO del Correo, que seguiría al frente de la presidencia. Resta todavía definir un nombre más.
Desplazaría de la mesa chica del Correo a los dos representantes del sindicalismo, históricos dirigentes gremiales de la empresa, Ramón Baldassini y Carlos Rossi; a Carlos Felpetto, un ex intendente de Villa Carlos Paz, que había llegado a la compañía de la mano de Oscar Aguad, y a Roberto Rivero, un abogado especialista en el negocio postal que actuaba hasta ahora de mano derecha de Irigoin, con quien venían intentando desarrollar los negocios de paquetería -cada vez más relevante para todos los correos del mundo, a partir del auge del e-commerce-, y de traslado de documentación. Un logro de su gestión fue ganar la cuenta de Mercado Libre, para quien sólo el mes pasado entregaron 443.000 paquetes.
Ibarra conoce de cerca el negocio postal, ya que fue director Comercial del Correo Argentino mientras estuvo en manos privadas, bajo la gestión de Franco Macri.
Desde el año pasado en el Ministerio de Comunicaciones, que por entonces encabezaba Oscar Aguad, existe un borrador para un nuevo marco regulatorio del Correo. Ibarra tendría previsto retomarlo. Aunque no está claro si considerará o no un pedido histórico de las diversas administraciones del Correo y es que finalmente quede asentado que el Estado remunere al Correo por el servicio básico universal que presta. «Si estamos tratando de recortar el déficit no es cuestión de que pongamos plata por otra ventanilla», deslizan desde Modernización. Se estima que cumplir con el servicio básico universal le cuesta al Correo Argentino unos $ 1500 millones. Con sucursales en todo el país, la empresa paga planes sociales donde no llegan los bancos, jubilaciones y pensiones, y asignaciones familiares.
