La Argentina es un país con muchas oportunidades de inversión y recursos naturales; si se aplica el paradigma que funciona en otras partes del mundo, se fijarán muchos inversores. Ésa es la impresión que se llevó del país John Beechey, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Eso sí, los empresarios no quieren sorpresas, y para eso hay que tener un gobierno estable, un poder judicial fuerte y dar certezas sobre las reglas de juego.
Durante su visita por estas tierras para dar una conferencia organizada por la CCI Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, Beechey hizo hincapié en que aquí hay una percepción errónea sobre cómo se trata en general al país en materia de arbitraje. «Al menos en los casos argentinos que se hicieron públicos, es evidente que el país no siempre perdió. Hubo daños pedidos por otras partes que se redujeron o directamente se rechazaron», comenta.
El jurista puso especial cuidado en explicar en qué se diferencia la Corte de Arbitraje Internacional del Ciadi (el tribunal de solución de contiendas del Banco Mundial). «Mientras que el Ciadi se ocupa únicamente de las disputas que puedan surgir entre un estado y un inversor, la Corte es más global y tiene disputas comerciales, con estados y de inversión», explica.
Además, la Corte es un órgano independiente de la CCI, pero está bajo su paraguas. Actualmente, tiene 1500 casos activos, cada año recibe 800 nuevos, hay más de 2000 partes involucradas en sus arbitrajes, más de 800 árbitros que actúan bajo su reglamento y el monto global en disputa alcanza los US$ 100.000 millones.
«Casi todos los sectores están cubiertos, por ejemplo, construcción, energía, gas y petróleo, bancos, telecomunicaciones y comercio en general. Hace 30 años, trataba sobre todo disputas de la construcción, pero esto ha evolucionado», comenta Beechey.
Luego de afirmar que no hay ningún problema en que las empresas estadounidenses que están afiliadas a la CCI luego recurran al Ciadi para resolver sus contiendas, Beechey señaló que el número de casos creció desde el estallido de la crisis financiera en los Estados Unidos y el mal momento por el que aún atraviesa Europa. «La realidad muestra que las partes van a una disputa solo si el monto a recuperar es significativa», afirma.
Siempre con la enfática aclaración de que ni él ni la Corte que preside toman en cuenta cuestiones políticas para sus opiniones o decisiones, Beechey respondió algunas preguntas relacionadas con la Argentina y su desempeño económico en los últimos años.
-Dado lo que pasó en la Argentina desde el default ¿hay alguna cláusula especial para los acuerdos en los que participa el país, como el de Chevron con YPF?
-Lo que está en los contratos no se puede modificar. Más allá de eso, quiero hacer hincapié en esta percepción pública errónea que existe aquí sobre cómo la Argentina en general ha sido tratada en materia de arbitraje. La percepción no se corresponde con la realidad. Tuve una reunión con miembros del Poder Judicial, donde les expliqué que si el país tiene una posición mala en un caso, ese caso es lo que es, y no se puede culpar a la Corte por un fallo en contra. Al menos en los casos argentinos que se hicieron públicos, es evidente que el país no siempre perdió. Daños pedidos por otras partes han sido reducidos o rechazados.
-¿Qué sensación se lleva de su primera vez en la Argentina?
-Es un país de inmensos recursos, con mucho material interesante para hacer inversiones. Si se aplica el paradigma que funciona en otras partes del mundo, seguramente los inversores vendrán, siempre que el riesgo lo justifique. Lo que el inversor busca es que haya un gobierno estable, un Poder Judicial fuerte y certeza sobre su inversión. Quiere saber que las normas no van a cambiar cuando cambia el gobierno y que el Poder Judicial no se acomode en función de quién sea el gobernante.
-¿Juega en contra de la Argentina en futuros laudos arbitrales la estatización de YPF?
-Toda estatización siempre tiene un impacto legal, pero lo que hay que tener en cuenta es si afecta intereses internacionales o no. Dos cuestiones puntuales: el inversor querrá una compensación y, a partir de que sucedió eso, surgirá el interrogante de qué otras cosas pueden llegar a suceder. Esto último es lo que hace a la incertidumbre de la que yo hablaba antes, a la que los inversores le escapan. Ahora, un Estado puede tener buenas razones para estatizar una empresa, pero lo que hay que tener en cuenta que en un mundo globalizado eso puede afectar intereses internacionales. .
Durante su visita por estas tierras para dar una conferencia organizada por la CCI Argentina y la Cámara Argentina de Comercio, Beechey hizo hincapié en que aquí hay una percepción errónea sobre cómo se trata en general al país en materia de arbitraje. «Al menos en los casos argentinos que se hicieron públicos, es evidente que el país no siempre perdió. Hubo daños pedidos por otras partes que se redujeron o directamente se rechazaron», comenta.
El jurista puso especial cuidado en explicar en qué se diferencia la Corte de Arbitraje Internacional del Ciadi (el tribunal de solución de contiendas del Banco Mundial). «Mientras que el Ciadi se ocupa únicamente de las disputas que puedan surgir entre un estado y un inversor, la Corte es más global y tiene disputas comerciales, con estados y de inversión», explica.
Además, la Corte es un órgano independiente de la CCI, pero está bajo su paraguas. Actualmente, tiene 1500 casos activos, cada año recibe 800 nuevos, hay más de 2000 partes involucradas en sus arbitrajes, más de 800 árbitros que actúan bajo su reglamento y el monto global en disputa alcanza los US$ 100.000 millones.
«Casi todos los sectores están cubiertos, por ejemplo, construcción, energía, gas y petróleo, bancos, telecomunicaciones y comercio en general. Hace 30 años, trataba sobre todo disputas de la construcción, pero esto ha evolucionado», comenta Beechey.
Luego de afirmar que no hay ningún problema en que las empresas estadounidenses que están afiliadas a la CCI luego recurran al Ciadi para resolver sus contiendas, Beechey señaló que el número de casos creció desde el estallido de la crisis financiera en los Estados Unidos y el mal momento por el que aún atraviesa Europa. «La realidad muestra que las partes van a una disputa solo si el monto a recuperar es significativa», afirma.
Siempre con la enfática aclaración de que ni él ni la Corte que preside toman en cuenta cuestiones políticas para sus opiniones o decisiones, Beechey respondió algunas preguntas relacionadas con la Argentina y su desempeño económico en los últimos años.
-Dado lo que pasó en la Argentina desde el default ¿hay alguna cláusula especial para los acuerdos en los que participa el país, como el de Chevron con YPF?
-Lo que está en los contratos no se puede modificar. Más allá de eso, quiero hacer hincapié en esta percepción pública errónea que existe aquí sobre cómo la Argentina en general ha sido tratada en materia de arbitraje. La percepción no se corresponde con la realidad. Tuve una reunión con miembros del Poder Judicial, donde les expliqué que si el país tiene una posición mala en un caso, ese caso es lo que es, y no se puede culpar a la Corte por un fallo en contra. Al menos en los casos argentinos que se hicieron públicos, es evidente que el país no siempre perdió. Daños pedidos por otras partes han sido reducidos o rechazados.
-¿Qué sensación se lleva de su primera vez en la Argentina?
-Es un país de inmensos recursos, con mucho material interesante para hacer inversiones. Si se aplica el paradigma que funciona en otras partes del mundo, seguramente los inversores vendrán, siempre que el riesgo lo justifique. Lo que el inversor busca es que haya un gobierno estable, un Poder Judicial fuerte y certeza sobre su inversión. Quiere saber que las normas no van a cambiar cuando cambia el gobierno y que el Poder Judicial no se acomode en función de quién sea el gobernante.
-¿Juega en contra de la Argentina en futuros laudos arbitrales la estatización de YPF?
-Toda estatización siempre tiene un impacto legal, pero lo que hay que tener en cuenta es si afecta intereses internacionales o no. Dos cuestiones puntuales: el inversor querrá una compensación y, a partir de que sucedió eso, surgirá el interrogante de qué otras cosas pueden llegar a suceder. Esto último es lo que hace a la incertidumbre de la que yo hablaba antes, a la que los inversores le escapan. Ahora, un Estado puede tener buenas razones para estatizar una empresa, pero lo que hay que tener en cuenta que en un mundo globalizado eso puede afectar intereses internacionales. .
