Daniel Scioli, Daniel Cameron
A medida que se suman barrios a la eliminación de los subsidios, las empresas privadas que prestan los servicios de luz y gas ven disminuir cada vez más la posibilidad de un aumento en los márgenes que ellas perciben dentro de las tarifas, por lo que prevén mayores problemas de caja en los próximos meses.
Uno de los primeros indicios de que los números empiezan a no cerrar para lo esencial (pagar la energía, los salarios y hacer mantenimiento mínimo) lo dio la eléctrica Edelap. El 20 de diciembre le envió una carta a Cammesa, la empresa que controla el despacho eléctrico y depende del Ministerio de Planificación, solicitando la financiación en 12 cuotas de un pago de $ 14,1 millones correspondientes a la energía consumida en noviembre de 2011, que debían pagarse el 9 de enero. Según trascendidos confiables, Cammesa no respondió todavía al pedido y Edelap no habría pagado la factura.
En el mercado eléctrico, no pagar la factura de la energía utilizada es el último límite. Desde que funciona Cammesa, sólo dejaron de pagar en algunas oportunidades empresas provinciales como cuando subió el precio del kilovatio en los primeros meses de 2008, y antes en 2002 cuando algunas quisieron pagar con bonos que en ese momento tenían un descuento del 60%, pedido que finalmente no fue aceptado por Cammesa.
Pero Edelap es una de las distribuidoras más importantes del país. En noviembre fue adquirida por Alejandro Macfarlane a título personal porque también es el presidente de Edenor. La compra de la eléctrica de La Plata, que siempre fue mal negocio por la extensión del área a cubrir, se explicó porque el precio fue muy bajo (la norteamericana AES sólo quería irse para dejar de perder dinero) y porque la empresa dejó de estar bajo la órbita del Estado nacional y el gobernador Daniel Scioli se comprometió a igualar las tarifas con las que perciben las otras distribuidoras de la provincia.
Por lo que se sabe, cuando Scioli tenía la resolución con los aumentos para firmar, el ministro Julio De Vido anunció que la provincia que aumentara las tarifas eléctricas se quedaría sin el subsidio del Estado nacional, por lo cual los ajustes para Edelap no se aprobaron. Este desentendimiento sería el motivo del pedido a Cammesa para pagar la energía en cuotas.
Según las reglas, una distribuidora puede no abonar dos facturas mensuales, pero luego Cammesa la declara morosa crónica y comienzan las sanciones, que llegan hasta la entrega de la electricidad necesaria sólo para los hogares. Nunca se llegó a este extremo, pero ahora los empresarios hablan de que se cortó el diálogo y de que el Gobierno no querría sumar más incrementos a la quita se subsidios, y que esto es la prioridad.
Otro ejemplo es el de Transener-Transba, empresa que se ocupa de la trasmisión eléctrica en alta tensión y cuyo controlante -Citilec- pertenece en un 50% a Transelec (Pampa Holding, del grupo Mindlin), un 25% a Electroingeniería y un 25% a la estatal Enarsa. Transener presentó a mediados de enero una nota al secretario de Energía, Daniel Cameron, reclamando más de $ 586 millones porque sus márgenes no se adecuaron desde 2005 según el criterio de trasladar a tarifas los mayores costos, aprobado en el acta acuerdo entre la transportista y el Gobierno.
Las eléctricas están además apremiadas por el sindicato de Luz y Fuerza, cuyo titular, Oscar Lescano, levantó en enero, en plena emergencia por la ola de calor, un quite de colaboración a cambio de una suma fija de $ 3.000 a mediados de febrero, y otra igual en marzo, hasta que en abril se discuta la paritaria. Por lo menos a Edenor y a Edesur, para hacer frente a ese incremento salarial, el Gobierno se comprometió a pagarles la deuda del Estado nacional y la provincia de Buenos Aires por el suministro de luz en las villas de emergencia. Son alrededor de $ 50 millones, pero las compañías afirman que todavía no recibieron el dinero.
A medida que se suman barrios a la eliminación de los subsidios, las empresas privadas que prestan los servicios de luz y gas ven disminuir cada vez más la posibilidad de un aumento en los márgenes que ellas perciben dentro de las tarifas, por lo que prevén mayores problemas de caja en los próximos meses.
Uno de los primeros indicios de que los números empiezan a no cerrar para lo esencial (pagar la energía, los salarios y hacer mantenimiento mínimo) lo dio la eléctrica Edelap. El 20 de diciembre le envió una carta a Cammesa, la empresa que controla el despacho eléctrico y depende del Ministerio de Planificación, solicitando la financiación en 12 cuotas de un pago de $ 14,1 millones correspondientes a la energía consumida en noviembre de 2011, que debían pagarse el 9 de enero. Según trascendidos confiables, Cammesa no respondió todavía al pedido y Edelap no habría pagado la factura.
En el mercado eléctrico, no pagar la factura de la energía utilizada es el último límite. Desde que funciona Cammesa, sólo dejaron de pagar en algunas oportunidades empresas provinciales como cuando subió el precio del kilovatio en los primeros meses de 2008, y antes en 2002 cuando algunas quisieron pagar con bonos que en ese momento tenían un descuento del 60%, pedido que finalmente no fue aceptado por Cammesa.
Pero Edelap es una de las distribuidoras más importantes del país. En noviembre fue adquirida por Alejandro Macfarlane a título personal porque también es el presidente de Edenor. La compra de la eléctrica de La Plata, que siempre fue mal negocio por la extensión del área a cubrir, se explicó porque el precio fue muy bajo (la norteamericana AES sólo quería irse para dejar de perder dinero) y porque la empresa dejó de estar bajo la órbita del Estado nacional y el gobernador Daniel Scioli se comprometió a igualar las tarifas con las que perciben las otras distribuidoras de la provincia.
Por lo que se sabe, cuando Scioli tenía la resolución con los aumentos para firmar, el ministro Julio De Vido anunció que la provincia que aumentara las tarifas eléctricas se quedaría sin el subsidio del Estado nacional, por lo cual los ajustes para Edelap no se aprobaron. Este desentendimiento sería el motivo del pedido a Cammesa para pagar la energía en cuotas.
Según las reglas, una distribuidora puede no abonar dos facturas mensuales, pero luego Cammesa la declara morosa crónica y comienzan las sanciones, que llegan hasta la entrega de la electricidad necesaria sólo para los hogares. Nunca se llegó a este extremo, pero ahora los empresarios hablan de que se cortó el diálogo y de que el Gobierno no querría sumar más incrementos a la quita se subsidios, y que esto es la prioridad.
Otro ejemplo es el de Transener-Transba, empresa que se ocupa de la trasmisión eléctrica en alta tensión y cuyo controlante -Citilec- pertenece en un 50% a Transelec (Pampa Holding, del grupo Mindlin), un 25% a Electroingeniería y un 25% a la estatal Enarsa. Transener presentó a mediados de enero una nota al secretario de Energía, Daniel Cameron, reclamando más de $ 586 millones porque sus márgenes no se adecuaron desde 2005 según el criterio de trasladar a tarifas los mayores costos, aprobado en el acta acuerdo entre la transportista y el Gobierno.
Las eléctricas están además apremiadas por el sindicato de Luz y Fuerza, cuyo titular, Oscar Lescano, levantó en enero, en plena emergencia por la ola de calor, un quite de colaboración a cambio de una suma fija de $ 3.000 a mediados de febrero, y otra igual en marzo, hasta que en abril se discuta la paritaria. Por lo menos a Edenor y a Edesur, para hacer frente a ese incremento salarial, el Gobierno se comprometió a pagarles la deuda del Estado nacional y la provincia de Buenos Aires por el suministro de luz en las villas de emergencia. Son alrededor de $ 50 millones, pero las compañías afirman que todavía no recibieron el dinero.
