La histórica decisión de la presidenta de la Nación de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para recuperar el control de YPF constituye uno de los hechos más trascendentales de los últimos nueve años y marca un nuevo rumbo que nos obliga a profundizar y reorientar las políticas energéticas aplicadas desde 2003.
Algunos opositores, a los que se suelen sumarse columnistas de Clarín y La Nación con idénticos argumentos, denuncian hace tiempo la supuesta ausencia de una política energética. La validez de cualquier crítica desaparece ante la falsedad de sus premisas, ya que ignoran intencionalmente el plan energético que pusimos en marcha en 2004, el más ambicioso de los últimos 50 años, que hizo posible finalizar obras por más de 75 mil millones de pesos, como evidencian los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso Nacional desde ese año, apuntalando una economía que en ese lapso creció un 92 por ciento.
Cuando esas mismas voces cuestionan, no ya la decisión de recuperar el control de la principal petrolera del país, por el amplio consenso que generó la medida, sino la falta de explicitación de los objetivos de la política energética, es necesario recordar las acciones del plan energético y las ideas que lo inspiraron, que son las mismas que llevaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a adoptar esta medida superadora.
Es curioso que cada vez que esos mismos opositores tuvieron la oportunidad de gestionar la energía sólo lograron acrecentar las dificultades que encontraron.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que cuando asumimos en 2003 no había ningún plan ni ninguna obra de envergadura en marcha, por lo que debimos hacernos cargo no sólo de la ejecución de la política energética sino de revertir años de falta de planificación e inversiones.
Para ello, tuvimos que diseñar un plan desde cero, orientados por la visión estratégica del entonces presidente Néstor Kirchner acerca de que la energía debía estar al servicio de un proceso de desarrollo industrial, manteniendo valores competitivos, para mejorar la calidad de vida de la población.
Ese plan consistió en un conjunto integral y articulado de obras de infraestructura energética para desarrollar al incipiente y sostenido crecimiento económico que comenzaba a vivir el país, contemplando la ampliación de gasoductos, generación eléctrica y líneas de alta tensión. Cada una de ellas forma parte de una planificación mucho más amplia que se denomina Plan Estratégico Territorial, al que se puede acceder desde la web del ministerio, donde se establecen las obras necesarias para un modelo territorial equilibrado que equipare las posibilidades de desarrollo de todas las regiones.
Los números no dejan lugar a dudas. A través del plan energético se amplió en 27 millones de metros cúbicos por día la capacidad de transporte de los gasoductos, se incorporaron más de 8000 megavatios, lo que representa un incremento de un 45% del parque generador, y se construyeron más de 4200 kilómetros de líneas de alta tensión, que permitieron anillar el sistema energético nacional.
La ampliación de los gasoductos, que aumentaron su capacidad en un 23%, incluyendo una obra clave como el segundo cruce al Estrecho de Magallanes, fue una decisión estratégica porque el sistema no podía transportar los volúmenes de gas que requerían nuestras industrias, por lo que debimos resolver un cuello de botella que era producto de una Argentina pensada para exportar gas y no para consumirlo.
Asimismo, ante el exponencial y rápido crecimiento de la demanda de energía eléctrica, producto de la mayor actividad económica y la recuperación industrial, ineludiblemente se debió recurrir a la construcción de centrales termoeléctricas, que pueden concluirse en un corto plazo, como las usinas San Martín y Belgrano, que nos permitieron incorporar 1700 megavatios.
Las líneas de alta tensión representan mucho más que los 4200 kilómetros que se tendieron desde 2003, es decir un 43% de la red que existía en 2003. Significan la posibilidad de un desarrollo industrial para vastas regiones, como la Patagonia, el NOA y el NEA, antes vedado por la falta de energía. Además se mejoran las condiciones de operación y seguridad de todo el sistema y se abren nuevas posibilidades para los recursos energéticos renovables, que antes era imposible desarrollar por falta de interconexión, como la energía eólica, solar e hidroeléctrica.
Sin embargo, la atención de lo urgente no implicó el abandono de la planificación del sistema y la ejecución de obras de mediano y largo plazo que conllevaran a la diversificación de la matriz energética. En este sentido, la reactivación de la actividad nuclear, que permitió concluir Atucha II y la terminación de la represa hidroeléctrica Yacyretá, para llevarla a la potencia que su diseño original indicaba, son sin duda los dos principales hitos.
Estas dos obras emblemáticas se habían tornado innecesarias en un país que había resuelto no consumir más energía y fueron un claro símbolo del abandono y la frustración que generaron las políticas neoliberales, que llevaron a la Argentina a renunciar a las obras de gran impacto económico y estratégicas desde la geopolítica.
La ampliación de la generación también incluyó la represa Los Caracoles, la central térmica Pilar en Córdoba, entre otras usinas de menor potencia. También se desarrolló el plan de energías renovables GENREN, que ya permite contar con los parques Eólico Arauco y El Tordillo, además de la energía solar que ya funciona en San Juan.
En este contexto, el sector de hidrocarburos, en manos del sector privado, debía acompañar el avance del Plan Energético Nacional aportando más producción de gas y combustibles líquidos, sobre todo a partir de 2008, cuando se consolidó el modelo de desarrollo industrial y la sustancial mejora en la calidad de vida de los habitantes; se culminaron las ampliaciones de gasoductos e ingresaron más de 5400 megavatios de generación térmica.
Al respecto, el Estado Nacional, a los efectos de brindar competitividad al sector hidrocarburífero, lanzó los programas Gas Plus, Petróleo Plus y Refino Plus, con el objetivo de impulsar las inversiones, manteniendo su competitividad e incrementando su nivel de actividad económica.
Si bien algunas compañías lograron mejorar o al menos mantener sus niveles de producción, el Refino Plus y el Petróleo Plus fueron suspendidos en febrero de este año por el incumplimiento de otras empresas, en especial de YPF, cuyos resultados distaron mucho de los esperados.
La producción de YPF comenzó a declinar raudamente hasta que en el último año la caída se profundizó, traduciéndose en sistemáticos incumplimientos de exploración y explotación de petróleo y gas, que sumado a injustificados atrasos en obras de ampliaciones de refinerías, obligaron al Estado Nacional a que con recursos aportados por todos los argentinos a través de sus impuestos deba iniciar un camino de importación de combustibles, que podían y debían ser producidos por YPF.
Esta situación continuó durante 2011 sin que se vislumbraran planes concretos de inversión que permitieran desarrollar nuevas reservas convencionales de hidrocarburos y poner en valor a los descubrimientos no convencionales de Shale Gas y Shale Oil, que son la base del futuro de la República Argentina y cuya potencialidad es reconocida en todo el mundo.
Sin dudas, los objetivos con que fue creada YPF en 1922, para contar con una empresa argentina que lograra actuar y articular acciones para impulsar el desarrollo del país en base a los recursos energéticos disponibles, poco tenía que ver con el modelo de gestión de Repsol, que priorizaba la activación de balances sobre la producción de hidrocarburos. En 2012 los niveles de desidia y desinversión alcanzaron un punto tal que entraron en conflicto con los intereses y necesidades del país, poniendo en riesgo el modelo implementado desde hace nueve años.
En este marco, la decisión estratégica, y que implica un cambio estructural en el sector de hidrocarburos, de recuperar el control de la principal empresa petrolera, nos obliga a potenciar el plan energético, seguramente repensando algunos aspectos, pero manteniendo los objetivos de continuar ampliando la oferta energética en todo el país a valores competitivos, diversificando la matriz energética, para potenciar el desarrollo nacional y acompañar este proceso virtuoso que ha permitido el período de crecimiento más extenso de los últimos 200 años.
Algunos opositores, a los que se suelen sumarse columnistas de Clarín y La Nación con idénticos argumentos, denuncian hace tiempo la supuesta ausencia de una política energética. La validez de cualquier crítica desaparece ante la falsedad de sus premisas, ya que ignoran intencionalmente el plan energético que pusimos en marcha en 2004, el más ambicioso de los últimos 50 años, que hizo posible finalizar obras por más de 75 mil millones de pesos, como evidencian los sucesivos presupuestos aprobados por el Congreso Nacional desde ese año, apuntalando una economía que en ese lapso creció un 92 por ciento.
Cuando esas mismas voces cuestionan, no ya la decisión de recuperar el control de la principal petrolera del país, por el amplio consenso que generó la medida, sino la falta de explicitación de los objetivos de la política energética, es necesario recordar las acciones del plan energético y las ideas que lo inspiraron, que son las mismas que llevaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a adoptar esta medida superadora.
Es curioso que cada vez que esos mismos opositores tuvieron la oportunidad de gestionar la energía sólo lograron acrecentar las dificultades que encontraron.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que cuando asumimos en 2003 no había ningún plan ni ninguna obra de envergadura en marcha, por lo que debimos hacernos cargo no sólo de la ejecución de la política energética sino de revertir años de falta de planificación e inversiones.
Para ello, tuvimos que diseñar un plan desde cero, orientados por la visión estratégica del entonces presidente Néstor Kirchner acerca de que la energía debía estar al servicio de un proceso de desarrollo industrial, manteniendo valores competitivos, para mejorar la calidad de vida de la población.
Ese plan consistió en un conjunto integral y articulado de obras de infraestructura energética para desarrollar al incipiente y sostenido crecimiento económico que comenzaba a vivir el país, contemplando la ampliación de gasoductos, generación eléctrica y líneas de alta tensión. Cada una de ellas forma parte de una planificación mucho más amplia que se denomina Plan Estratégico Territorial, al que se puede acceder desde la web del ministerio, donde se establecen las obras necesarias para un modelo territorial equilibrado que equipare las posibilidades de desarrollo de todas las regiones.
Los números no dejan lugar a dudas. A través del plan energético se amplió en 27 millones de metros cúbicos por día la capacidad de transporte de los gasoductos, se incorporaron más de 8000 megavatios, lo que representa un incremento de un 45% del parque generador, y se construyeron más de 4200 kilómetros de líneas de alta tensión, que permitieron anillar el sistema energético nacional.
La ampliación de los gasoductos, que aumentaron su capacidad en un 23%, incluyendo una obra clave como el segundo cruce al Estrecho de Magallanes, fue una decisión estratégica porque el sistema no podía transportar los volúmenes de gas que requerían nuestras industrias, por lo que debimos resolver un cuello de botella que era producto de una Argentina pensada para exportar gas y no para consumirlo.
Asimismo, ante el exponencial y rápido crecimiento de la demanda de energía eléctrica, producto de la mayor actividad económica y la recuperación industrial, ineludiblemente se debió recurrir a la construcción de centrales termoeléctricas, que pueden concluirse en un corto plazo, como las usinas San Martín y Belgrano, que nos permitieron incorporar 1700 megavatios.
Las líneas de alta tensión representan mucho más que los 4200 kilómetros que se tendieron desde 2003, es decir un 43% de la red que existía en 2003. Significan la posibilidad de un desarrollo industrial para vastas regiones, como la Patagonia, el NOA y el NEA, antes vedado por la falta de energía. Además se mejoran las condiciones de operación y seguridad de todo el sistema y se abren nuevas posibilidades para los recursos energéticos renovables, que antes era imposible desarrollar por falta de interconexión, como la energía eólica, solar e hidroeléctrica.
Sin embargo, la atención de lo urgente no implicó el abandono de la planificación del sistema y la ejecución de obras de mediano y largo plazo que conllevaran a la diversificación de la matriz energética. En este sentido, la reactivación de la actividad nuclear, que permitió concluir Atucha II y la terminación de la represa hidroeléctrica Yacyretá, para llevarla a la potencia que su diseño original indicaba, son sin duda los dos principales hitos.
Estas dos obras emblemáticas se habían tornado innecesarias en un país que había resuelto no consumir más energía y fueron un claro símbolo del abandono y la frustración que generaron las políticas neoliberales, que llevaron a la Argentina a renunciar a las obras de gran impacto económico y estratégicas desde la geopolítica.
La ampliación de la generación también incluyó la represa Los Caracoles, la central térmica Pilar en Córdoba, entre otras usinas de menor potencia. También se desarrolló el plan de energías renovables GENREN, que ya permite contar con los parques Eólico Arauco y El Tordillo, además de la energía solar que ya funciona en San Juan.
En este contexto, el sector de hidrocarburos, en manos del sector privado, debía acompañar el avance del Plan Energético Nacional aportando más producción de gas y combustibles líquidos, sobre todo a partir de 2008, cuando se consolidó el modelo de desarrollo industrial y la sustancial mejora en la calidad de vida de los habitantes; se culminaron las ampliaciones de gasoductos e ingresaron más de 5400 megavatios de generación térmica.
Al respecto, el Estado Nacional, a los efectos de brindar competitividad al sector hidrocarburífero, lanzó los programas Gas Plus, Petróleo Plus y Refino Plus, con el objetivo de impulsar las inversiones, manteniendo su competitividad e incrementando su nivel de actividad económica.
Si bien algunas compañías lograron mejorar o al menos mantener sus niveles de producción, el Refino Plus y el Petróleo Plus fueron suspendidos en febrero de este año por el incumplimiento de otras empresas, en especial de YPF, cuyos resultados distaron mucho de los esperados.
La producción de YPF comenzó a declinar raudamente hasta que en el último año la caída se profundizó, traduciéndose en sistemáticos incumplimientos de exploración y explotación de petróleo y gas, que sumado a injustificados atrasos en obras de ampliaciones de refinerías, obligaron al Estado Nacional a que con recursos aportados por todos los argentinos a través de sus impuestos deba iniciar un camino de importación de combustibles, que podían y debían ser producidos por YPF.
Esta situación continuó durante 2011 sin que se vislumbraran planes concretos de inversión que permitieran desarrollar nuevas reservas convencionales de hidrocarburos y poner en valor a los descubrimientos no convencionales de Shale Gas y Shale Oil, que son la base del futuro de la República Argentina y cuya potencialidad es reconocida en todo el mundo.
Sin dudas, los objetivos con que fue creada YPF en 1922, para contar con una empresa argentina que lograra actuar y articular acciones para impulsar el desarrollo del país en base a los recursos energéticos disponibles, poco tenía que ver con el modelo de gestión de Repsol, que priorizaba la activación de balances sobre la producción de hidrocarburos. En 2012 los niveles de desidia y desinversión alcanzaron un punto tal que entraron en conflicto con los intereses y necesidades del país, poniendo en riesgo el modelo implementado desde hace nueve años.
En este marco, la decisión estratégica, y que implica un cambio estructural en el sector de hidrocarburos, de recuperar el control de la principal empresa petrolera, nos obliga a potenciar el plan energético, seguramente repensando algunos aspectos, pero manteniendo los objetivos de continuar ampliando la oferta energética en todo el país a valores competitivos, diversificando la matriz energética, para potenciar el desarrollo nacional y acompañar este proceso virtuoso que ha permitido el período de crecimiento más extenso de los últimos 200 años.
