A simple vista todo indicaría que las economías regionales recibieron un tubo de oxígeno con la recuperación de competitividad que les inyectó la devaluación del peso. El atraso cambiario acumulado en los últimos años a base de dólar planchado y suba de costos en pesos fue una película de terror para la produccion del interior del país y para la industria que intentaba competir en el mundo de las exportaciones.
Pero, para los analistas consultados por 3Días, no está claro aún que esta depreciación del tipo de cambio pueda representar un shock de competitividad. La mayoría de las voces se inclinan en realidad por la posibilidad de que la inflación termine absorbiendo el beneficio. En ese escenario, las provincias inician un año que requerirá un manejo con sintonía fina para transitar sin choques entre un aumento de los compromisos de deuda -por haberse financiado en dólares-, la necesidad de extender el plazo de gracia de la deuda, que mantienen refinanciada con la Nación, y la amenaza de una paritaria con gremios estatales que pondrá en rojo los presupuestos.
A fines de 2013, las provincias tenían en conjunto un stock de deuda de u$s 11.100 millones, de los cuales u$s 8.100 millones constituyen colocaciones de títulos públicos en los mercados internacionales de crédito y en el mercado local bajo la modalidad dollar-linked (deuda emitida en pesos pero que sigue la evolución del dólar oficial), y otros u$s 3.000 millones corresponden a préstamos con organismos multilaterales de crédito. En 2014, esta deuda requerirá que las provincias en conjunto desembolsen cerca de u$s 2.100 millones entre los vencimientos de intereses y las amortizaciones. «La suba del tipo de cambio de $ 6,30, a fin del año pasado, a los $ 8 actuales, elevó el costo de estos servicios en $ 3.570 millones para este año», explica la analista Verónica Sosa, de la consultora Economía y Regiones.
Pero, mirado en un plazo mayor, el cambio de escenario es importante. «Las provincias, principalmente las más grandes o aquéllas con ingresos ligados al dólar como las hidrocarburíferas, venían emitiendo deuda atada al dólar, y si se considera una emisión realizada a mediados de 2013, hoy, vale por lo menos un 50% más que al momento de la colocación. Por más que no haya que afrontar vencimientos todavía, el valor ha crecido significativamente por sobre el resto de ingresos de las provincias sin recursos naturales», advierte el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadín Argañaraz.
Por el monto nominal, la provincia de Buenos Aires es la que más sintió el efecto fiscal de la devaluación, ya que tiene una deuda total nominada en dólar o dollar-linked que asciende a u$s 6.659 millones; seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con u$s 1.722 millones; y Córdoba, con u$s 1.204 millones. La cuarta provincia con mayor stock de deuda nominada en dólares es Neuquén, pero el monto ascide a sólo u$s 544 millones y, a diferencia del resto, se trata de una provincia con recursos petroleros que le garantizan ingresos por regalías ajustados en función de la evolución del crudo, que cotiza en moneda dura.
A pesar de que Buenos Aires tiene el stock más importante de deuda en moneda extranjera, este monto representa sólo el 51% del crédito total que tiene la provincia. En cambio, para la Ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Santa Fe (con una deuda en dólares que asciende a u$s 249 millones) el 99% de su endeudamiento está atado al dólar.
El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, asegura que las emisiones que realizó la Ciudad a dollar-linked apuntaron a conseguir un bajo nivel de tasa y preveían que en algún momento tendrían un ajuste por devaluación de la moneda. «De todas maneras a la Ciudad la devaluación no le pega porque el total de los vencimientos de deuda representan apenas el 20% de los ingresos», dice el funcionario.
La otra deuda que tienen las provincias es con la Nación, con quien refinanciaron sus compromisos en diciembre pasado y obtuvieron un trimestre de gracia que vence en abril próximo. La deuda total asciende a $ 67.260 millones, reprogramada hasta 2030, con una tasa de interés del 6% anual. «Claramente, esa deuda se licúa a medida que se incrementa la tasa de inflación, al reducirse la incidencia de sus pagos en términos de ingresos públicos provinciales. Sin embargo, la situación financiera que administra la mayoría de los gobernadores hace que estén todos alertas para pedir una nueva extensión del plazo de gracia para evitar tener que pagar unos $ 6.100 millones de amortizaciones e intereses que se habían comprometido a enfrentar en diciembre.
Calendario común
Es que ningún gobernador quiere comprometer los fondos provinciales hasta no tener en claro cuánto le demandará de aumento del presupuesto la negociación salarial que se inicia con los gremios estatales. Grindetti sostiene que esta es la principal preocupación que generó la devaluación, porque disparó la expectativa de una mayor tasa de inflación para este año, que calentó las ya complejas negociaciones salariales.
Para las provincias, los sueldos representan -en promedio- el 50% del presupuesto. La cuenta que sacan en Economía y Regiones es que cada punto porcentual de aumento de los salarios públicos significa $ 2.200 millones adicionales de gasto. En 2013, el gasto en personal del conjunto de provincias fue de $ 260.000 millones. Un aumento del 25%, por ejemplo, eleva ese gasto público en $ 55.000 millones, una cifra incomparable con los $ 6.100 millones de deuda que tienen con la Nación o los $ 3.500 millones que aumentaron los compromisos financieros como consecuencia de la devaluación.
Por algo los ministros de Economía provinciales se reunieron ya dos veces en lo que va del año para intentar coordinar una estrategia común de cara a las paritarias. Los encuentros, motorizados por la ministra de Hacienda bonaerense Silvina Batakis, tuvieron como tema central los aumentos salariales que intentarán contener entre un 20% y 25% anual.
La inflación trajo la «buena» noticia de un mayor flujo de fondos de Nación a las provincias. La coparticipación tuvo un salto importante en enero, al crecer 44,4% interanual y reflejó un cambio de tendencia frente al amesetamiento que tenían los recursos para las provincias a finales del año pasado, pero se trata de una gota de agua en el desierto de urgencias fiscales que tienen las provincias, según coinciden los expertos.
Dicho en términos técnicos, las provincias fueron beneficiadas por la nominalidad creciente de la economía. En palabras más simples, la inflación es un impuesto que se coparticipa y, en la comparación interanual, los Estados subnacionales recibieron este enero casi $ 7.000 millones adicionales, según el cálculo de Economía y Regiones.
El riesgo mayor es que la devaluación, que impulsó la inflación, se termine consumiendo toda posibilidad de una mejora en las economías regionales. Argañaráz considera que la competitividad que pueda trasladar la devaluación está por verse, mientras que el nuevo escenario tiene un impacto peligroso sobre la actividad. «La situación obliga a una modificación del programa financiero, ya que ante la incertidumbre y la consecuente suba del riesgo, una provincia no va a salir al mercado a tomar deuda y, en cambio, va a financiarse con un recorte de la obra pública que realiza o con atraso del pago a sus proveedores, en primer lugar», sostiene el presidente del Iaraf.
Es que, mientras que la Nación ha avanzado en los últimos años a base de pagar deudas y compromisos, utilizando las reservas del Banco Central, las provincias no cuentan con ese prestamista de última instancia.
Cuasimonedas
Ese escenario es el que reavivó el debate sobre la posibilidad de que se emitan cuasimonedas. Al respecto, la provincia de Corrientes ya anunció que imprimirá un bono para pagarle -en primera instancia- a sus proveedores.
Las necesidades totales de financiamiento de este año de las provincias podrían alcanzar a los $ 40.000 millones y duplicarían las registradas en el 2013. Sin un BCRA propio, las provincias necesitarán cubrir esa brecha de alguna manera y tienen muy bajas probabilidades de financiarse en los mercados internacionales y el mercado de deuda local se ha vuelto muy oneroso en un contexto de suba de tasas. «Además de avanzar en la ejecución de programas de ajuste fiscal, vemos muy probable que las provincias salgan a buscar alternativas de financiamiento para el pago a proveedores y contratistas, y, en última instancia, opten por diferir dichos pagos, pero la emisión de cuasi monedas no parece una buena alternativa», agrega Sosa.
Para Argañaraz, los gobernadores no se quedarán observando silenciosos, como el año pasado, la emisión del Banco Central, que en el 2013 llegó a los $ 95.000 millones. «Muchas provincias van a pedir que una parte de la emisión vaya a financiarlas, porque el BCRA es de la República Argentina y no de un nivel de gobierno en particular», evalúa el economista cordobés. Y remarca que se trata de un mal menor frente a las cuasimonedas. «Es más distorsivo y complejo que cada provincia emita una cuasimoneda, que el BCRA aumente el nivel de emisión. Es una mala idea, pero creo que, por ahí, puede terminar pasando la negociación política entre Nación y provincias».
En la reunión de ministros de Economía, que se realizó esta semana en Buenos Aires, el tema estuvo latente. Los participantes se dividen en dos grupos principales: de un lado, los que confían en que el Gobierno logrará contener la inflación, avanzar en las negociaciones con el Club de París y abrirá la ventana para conseguir financiamiento externo, una opción que trajo a la mesa la llegada de Axel Kicillof al Palacio de Hacienda. En tanto, del otro lado, se agrupan los más enfrentados con el Gobierno, que creen que no podrán evitar este año otro camino que el ajuste -sobre todo de la obra pública- para poder cumplir con los compromisos. La evolución de la paritaria docente será una buena regla para medir cuál de los dos grupos tenía razón. z 3D
