A horas de haber lanzado un sistema de información pública sobre el destino de los subsidios al transporte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recibió en su despacho a Tiempo Argentino y explicó que el sistema de blanqueo de recursos “era un compromiso que asumimos con la presidenta desde el primer día. Queríamos que se conociese cuál era la inversión del Estado nacional en materia de servicio público de pasajeros. Es una política vinculada a la transparencia y la inclusión, porque eso es lo que permite que un ciudadano que usa el transporte público pague un 25% de lo que vale el pasaje”, explicó el funcionario.
–¿Cuál es la importancia política de la medida?
–Es fundamental, primero porque el acceso a la información pública de los recursos que pone el Estado Nacional desmitifica la idea de que no se sabe adónde va ese dinero. Acá está claramente identificado: va al transporte de colectivos, trenes y subtes, y a su vez, a cada una de las líneas. Por otro lado, es fundamental que haya un control social. Y la única forma de que lo haya es que haya acceso a la información pública en forma muy sencilla, rápida y alcance de cualquier ciudadano.
–Cuando usted ve los números, ¿qué cree que debería cambiar y con qué parte de la distribuucón de recursos está conforme?
–Lo que hemos hecho fue llevar adelante en estos 30 días un esquema que tiene que ver con una nueva distribución de los aportes que el Estado hace al transporte, en particular a colectivos. En ese caso, la distribución se hacía a partir de tres criterios: el 50% a través de la recaudación de cada línea, el otro 25 por la cantidad de pasajeros, y el restante 25 por cantidad de kilómetros recorridos. Pero al analizar esto, uno se daba cuenta de que el 75% tenía más que ver con el interés económico y la rentabilidad de la empresa que con el fundamento del interés del usuario. Modificamos ese mecanismo porque las empresas hacían menos recorrido y terminaban recaudando más dinero porque cargaban mayor cantidad de pasajeros.
Por eso hicimos un mecanismo de asignación absolutamente diferente vinculado, primero, al esquema de una empresa modelo en materia de costos. Esto tiene que ver con el personal, no puede haber más de tres trabajadores por micro, incluyendo a choferes, administrativos y mantenimiento. Y se constata a través del formulario F-931 en el que el empresario declara en AFIP contribuciones patronales y salarios. Hay otra asignación en materia de combustibles: a través de un sistema georreferenciado sabemos cuál es el recorrido del micro y la frecuencia, y le asignamos la cantidad de combustible en relación con el recorrido, frecuencia y manual de procedimiento de fabricación del micro. Y, por último, no le pagamos por unidades que consideramos que no son necesarias, sino que lo hacemos según el parque óptimo de unidades. A la vez, fideicomitamos un porcentaje para la renovación del parque automotor, para que no tenga una antigüedad mayor a cinco años. El objetivo es tener un parque automotor mucho más moderno.
Así, más que subsidio, nosotros vamos a empezar a hablar de compensaciones. El gobierno nacional aporta $ 965 millones por mes al Area Metropolitana, y 375 millones al resto del país. Hemos estabilizado ese fondo de compensaciones y creemos que debe asignarse de acuerdo a estas pautas nuevas.
–¿Sigue en carpeta el descongelamiento segmentado de las tarifas, incluso para aquellos que tienen la SUBE?
–Eso está planteado. Es un desafío que tenemos por delante, pero esto es un proceso, no un suceso. Por ahora, lo único que ponemos en marcha desde el 6 de agosto es la universalización del uso de la tarjeta SUBE.
–¿Cree que la tragedia de Once marcó un antes y un después en cuanto al rol del Estado en los medios de transporte?
–Yo separaría. Creo que respecto del accidente de Once hay que dejar que actúe la justicia. Tenemos que ser muy prudentes. De hecho, en la recisión de la concesión a TBA se deja en claro que no hay ningún resultado concluyente respecto del accidente, y que eso está en un proceso judicial. Sí me parece importante, en este marco, que vayamos abandonando definitivamente lo que fue el régimen de concesiones de la década del ’90. Una concepción neoliberal en la cual el Estado se desentendía de un servicio esencial, para pasar a una concepción de mayor intervención y regulación del Estado. Hay una decisión política de que el Estado regule y controle el transporte.
–Respecto de la suspensión del contrato de la empresa que controlaba el SUBE, ¿hay posibilidades de que se rescinda?
–Estamos haciendo una revisión integral de lo que tiene esta secretaría y, en el caso de la supervisión de la SUBE, primero nos llamó la atención el monto de la contratación, cercano a los U$S 17 millones, cosa que es llamativa cuando nosotros, para el desarrollo del todo del Documento Nacional de Identidad gastamos U$S 18,6 millones. Para una supervisión del SUBE nos pareció un poco cara. Encontramos alguna anomalía y lo primero que hicimos fue suspender el contrato, los pagos, y no descartamos rescindir el contrato.
–Hay una impronta política en esa decisión rápida. ¿Fue para no deslegitimar a la SUBE en sí o fue por otra cosa?
–No, fue un tema conversado con la presidenta, de quien yo siento que tengo todo el apoyo para este desafío, que no es otro que mejorar el transporte público. Creo que si hay decisión política, y de hecho la hay, junto a la vocación, al compromiso y a la transparencia, es absolutamente posible tener un mejor sistema de transporte público en la Argentina.
–En este contexto, ¿cómo avanza el tema de la agencia tripartita de transporte entre Nación, Capital y provincia?
–Nos parece que es imposible diseñar un sistema de transporte público integral si no sentamos a las tres jurisdicciones. Se está avanzando, se están discutiendo competencias y responsabilidades. Creo que en no mucho tiempo más vamos a tener noticias respecto a la constitución final de este espacio institucional.
–Es curioso que se avance en conjunto tan rápido en la agencia y, por su parte, el gobierno de la Ciudad siga sin responsabilizarse por el manejo del subterráneo…
–El tema del subte está resuelto. Macri tiene que asumir la responsabilidad que le compete como jefe de la Ciudad, por un servicio público que es de la Ciudad. Está claro y se ve si uno toma los antecedentes, por ejemplo la Ley Cafiero y el Decreto 393 del ’99 de transferencia del subte y, sobre todo, el convenio firmado el 3 de enero, que pone principios de ejecución cuando decide aumentar la tarifa. Y nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que establecía el artículo 3, que era una transferencia de $ 360 millones durante 12 meses, de los que ya hemos transferido 210 millones. Si uno ingresa a nuestra web puede ver que fueron ingresados 102 millones para el operador y 108 están en una cuenta para que la Ciudad los disponga para el mantenimiento de subte. Para nosotros, el tema está terminado.
–¿Ven las posiciones del macrismo en materia de servicios públicos como chicanas políticas? La vicejefa de Macri, María Eugenia Vidal, metió al gobierno nacional en los cortes de luz que se generaron por deudas de la Ciudad con Edenor y Edesur.
–Creo que deberían ser mucho más responsables y asumir los desafíos que tiene una gestión. Lo de la falta de pago de la luz es verdaderamente insólito, cuando en realidad tienen una partida votada por la Legislatura de $ 161 millones y les reclaman $ 60 millones (deuda con las dos distribuidoras eléctricas). Y lo mismo ocurre con el subte, cuando hablan de la imposibilidad de sostener el esquema de subsidios. Si uno toma en cuenta la totalidad de los subsidios que Nación transfirió a la Ciudad, suman $ 720 millones, de los que $ 360 millones los suplieron con el aumento de tarifas, y los otros $ 360 se los damos nosotros hasta fin de año.
–¿Se puede adelantar algo del plan de inversiones del Mitre?
–Estamos trabajando, va a ser una inversión importante. Vamos a operar sobre material rodante y, en forma urgente, sobre vías.
–¿Qué va a pasar con la tercerización en los ferrocarriles?
–Vamos a rever todo ese esquema. Y en materia de temas pendientes también vamos a trabajar, por ejemplo, en materia de transporte de cargas, para que se tenga como elemento central al ferrocarril, lo que le dará competitividad a la economía argentina, porque el transporte automotor de cargas es mucho más caro. En esta materia, hubo decisiones importantes, como el acuerdo firmado con el primer ministro chino, por una inversión de U$S 2500 millones, que se va a ejecutar e incluye la reconstrucción de 1435 kilómetros de vías, 2250 coches, 50 vagones. Debemos reconstruir el sistema integral del transporte de cargas. «
once millones de sube
–El objetivo de la universalización de la SUBE implica un esquema de distribución para la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. ¿Cómo se encuentra ese aspecto?
–En este momento tenemos distribuidos once millones de tarjetas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Además, establecimos 4600 centros de recarga, que incluyen desde el Correo Argentino hasta quioscos. Esto lo estamos complementando con la información que se encuentra en la web del Ministerio del Interior , donde el pasajero encontrará un mapa que detalla los puntos de venta de la tarjeta SUBE, cuyo valor actualmente asciende a 15 pesos.
«el debate sobre el juego es viable»
Aunque por estos días la mayor parte de sus horas está entregado al desarrollo de una reforma sustancial en el sistema de transporte, Florencio Randazzo es un hombre que se referencia en la provincia de Buenos Aires. Durante la charla con Tiempo Argentino se mostró prudente a la hora de las definiciones políticas, pero no eludió referirse a temas de agenda como la situación financiera de gobierno de Daniel Scioli, y la relación del gobierno con Hugo Moyano.
–Como hombre de la provincia, ¿cómo ve este tema de la crisis financiera de Buenos Aires y la decisión de la presidenta de asignar recursos para facilitar el pago del aguinaldo?
–Tiene que quedar en claro que el gobierno nacional ha transferido en tiempo y forma los recursos a todas las provincias argentinas. El nivel de transferencia de recursos este primer semestre con respecto al año pasado aumentó un 23%; y particularmente con la provincia de Buenos Aires se han girado fondos extraordinarios por $ 2350 millones. Creo que está claro que la responsabilidad de administrar la provincia es del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
–Un ex colaborador suyo, ahora diputado, impulsó un proyecto de ley para estatizar el juego. ¿Usted coincide?
–No tengo opinión. Pero no me parece descabellado que se pueda discutir ese tipo de cuestiones. No creo que esté mal que se ponga sobre la mesa la discusión de si la explotación del juego debe estar en manos de privados o del Estado. Es un debate político que se puede dar, es viable.
–¿Cómo ve el futuro de Moyano tras la división de la CGT?
–Moyano dejó de representar los intereses que decía representar. Sobre todo frente un gobierno que ha tomado todas sus acciones a favor de los trabajadores. Con las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo, el salario mínimo vital y móvil, la asignación por hijo. No hay ningún motivo racional y de pertenencia que lo haya alejado de este modelo, sino otro que no sea aparecer como un dirigente de la oposición.
–El trabajo articulado con la CGT fue importante para el modelo. ¿Le parece que con una CGT dividida sin liderazgo tan claro seguirá siendo así?
–Aspiramos a tener una CGT unificada, que como tal represente los intereses de los trabajadores. Y no creo que haya que abandonar esa idea, seguimos aspirando a que haya una única CGT. Con total sinceridad, y con mucha humildad, creo que Moyano no representa eso, Moyano es un dirigente de la oposición. Y cuando uno se plantea con quién está Moyano, sabe con quién quiere estar.
–Desde algún sector del kirchnerismo se mostraron a favor de una reforma constitucional…
–No me parece que sea un tema que tenga que estar en agenda. Nosotros tenemos una agenda que está vinculada con las necesidades que hoy tiene el hombre común. Ese es un tema que está alejado de esa gente.
–¿Cuál es la importancia política de la medida?
–Es fundamental, primero porque el acceso a la información pública de los recursos que pone el Estado Nacional desmitifica la idea de que no se sabe adónde va ese dinero. Acá está claramente identificado: va al transporte de colectivos, trenes y subtes, y a su vez, a cada una de las líneas. Por otro lado, es fundamental que haya un control social. Y la única forma de que lo haya es que haya acceso a la información pública en forma muy sencilla, rápida y alcance de cualquier ciudadano.
–Cuando usted ve los números, ¿qué cree que debería cambiar y con qué parte de la distribuucón de recursos está conforme?
–Lo que hemos hecho fue llevar adelante en estos 30 días un esquema que tiene que ver con una nueva distribución de los aportes que el Estado hace al transporte, en particular a colectivos. En ese caso, la distribución se hacía a partir de tres criterios: el 50% a través de la recaudación de cada línea, el otro 25 por la cantidad de pasajeros, y el restante 25 por cantidad de kilómetros recorridos. Pero al analizar esto, uno se daba cuenta de que el 75% tenía más que ver con el interés económico y la rentabilidad de la empresa que con el fundamento del interés del usuario. Modificamos ese mecanismo porque las empresas hacían menos recorrido y terminaban recaudando más dinero porque cargaban mayor cantidad de pasajeros.
Por eso hicimos un mecanismo de asignación absolutamente diferente vinculado, primero, al esquema de una empresa modelo en materia de costos. Esto tiene que ver con el personal, no puede haber más de tres trabajadores por micro, incluyendo a choferes, administrativos y mantenimiento. Y se constata a través del formulario F-931 en el que el empresario declara en AFIP contribuciones patronales y salarios. Hay otra asignación en materia de combustibles: a través de un sistema georreferenciado sabemos cuál es el recorrido del micro y la frecuencia, y le asignamos la cantidad de combustible en relación con el recorrido, frecuencia y manual de procedimiento de fabricación del micro. Y, por último, no le pagamos por unidades que consideramos que no son necesarias, sino que lo hacemos según el parque óptimo de unidades. A la vez, fideicomitamos un porcentaje para la renovación del parque automotor, para que no tenga una antigüedad mayor a cinco años. El objetivo es tener un parque automotor mucho más moderno.
Así, más que subsidio, nosotros vamos a empezar a hablar de compensaciones. El gobierno nacional aporta $ 965 millones por mes al Area Metropolitana, y 375 millones al resto del país. Hemos estabilizado ese fondo de compensaciones y creemos que debe asignarse de acuerdo a estas pautas nuevas.
–¿Sigue en carpeta el descongelamiento segmentado de las tarifas, incluso para aquellos que tienen la SUBE?
–Eso está planteado. Es un desafío que tenemos por delante, pero esto es un proceso, no un suceso. Por ahora, lo único que ponemos en marcha desde el 6 de agosto es la universalización del uso de la tarjeta SUBE.
–¿Cree que la tragedia de Once marcó un antes y un después en cuanto al rol del Estado en los medios de transporte?
–Yo separaría. Creo que respecto del accidente de Once hay que dejar que actúe la justicia. Tenemos que ser muy prudentes. De hecho, en la recisión de la concesión a TBA se deja en claro que no hay ningún resultado concluyente respecto del accidente, y que eso está en un proceso judicial. Sí me parece importante, en este marco, que vayamos abandonando definitivamente lo que fue el régimen de concesiones de la década del ’90. Una concepción neoliberal en la cual el Estado se desentendía de un servicio esencial, para pasar a una concepción de mayor intervención y regulación del Estado. Hay una decisión política de que el Estado regule y controle el transporte.
–Respecto de la suspensión del contrato de la empresa que controlaba el SUBE, ¿hay posibilidades de que se rescinda?
–Estamos haciendo una revisión integral de lo que tiene esta secretaría y, en el caso de la supervisión de la SUBE, primero nos llamó la atención el monto de la contratación, cercano a los U$S 17 millones, cosa que es llamativa cuando nosotros, para el desarrollo del todo del Documento Nacional de Identidad gastamos U$S 18,6 millones. Para una supervisión del SUBE nos pareció un poco cara. Encontramos alguna anomalía y lo primero que hicimos fue suspender el contrato, los pagos, y no descartamos rescindir el contrato.
–Hay una impronta política en esa decisión rápida. ¿Fue para no deslegitimar a la SUBE en sí o fue por otra cosa?
–No, fue un tema conversado con la presidenta, de quien yo siento que tengo todo el apoyo para este desafío, que no es otro que mejorar el transporte público. Creo que si hay decisión política, y de hecho la hay, junto a la vocación, al compromiso y a la transparencia, es absolutamente posible tener un mejor sistema de transporte público en la Argentina.
–En este contexto, ¿cómo avanza el tema de la agencia tripartita de transporte entre Nación, Capital y provincia?
–Nos parece que es imposible diseñar un sistema de transporte público integral si no sentamos a las tres jurisdicciones. Se está avanzando, se están discutiendo competencias y responsabilidades. Creo que en no mucho tiempo más vamos a tener noticias respecto a la constitución final de este espacio institucional.
–Es curioso que se avance en conjunto tan rápido en la agencia y, por su parte, el gobierno de la Ciudad siga sin responsabilizarse por el manejo del subterráneo…
–El tema del subte está resuelto. Macri tiene que asumir la responsabilidad que le compete como jefe de la Ciudad, por un servicio público que es de la Ciudad. Está claro y se ve si uno toma los antecedentes, por ejemplo la Ley Cafiero y el Decreto 393 del ’99 de transferencia del subte y, sobre todo, el convenio firmado el 3 de enero, que pone principios de ejecución cuando decide aumentar la tarifa. Y nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que establecía el artículo 3, que era una transferencia de $ 360 millones durante 12 meses, de los que ya hemos transferido 210 millones. Si uno ingresa a nuestra web puede ver que fueron ingresados 102 millones para el operador y 108 están en una cuenta para que la Ciudad los disponga para el mantenimiento de subte. Para nosotros, el tema está terminado.
–¿Ven las posiciones del macrismo en materia de servicios públicos como chicanas políticas? La vicejefa de Macri, María Eugenia Vidal, metió al gobierno nacional en los cortes de luz que se generaron por deudas de la Ciudad con Edenor y Edesur.
–Creo que deberían ser mucho más responsables y asumir los desafíos que tiene una gestión. Lo de la falta de pago de la luz es verdaderamente insólito, cuando en realidad tienen una partida votada por la Legislatura de $ 161 millones y les reclaman $ 60 millones (deuda con las dos distribuidoras eléctricas). Y lo mismo ocurre con el subte, cuando hablan de la imposibilidad de sostener el esquema de subsidios. Si uno toma en cuenta la totalidad de los subsidios que Nación transfirió a la Ciudad, suman $ 720 millones, de los que $ 360 millones los suplieron con el aumento de tarifas, y los otros $ 360 se los damos nosotros hasta fin de año.
–¿Se puede adelantar algo del plan de inversiones del Mitre?
–Estamos trabajando, va a ser una inversión importante. Vamos a operar sobre material rodante y, en forma urgente, sobre vías.
–¿Qué va a pasar con la tercerización en los ferrocarriles?
–Vamos a rever todo ese esquema. Y en materia de temas pendientes también vamos a trabajar, por ejemplo, en materia de transporte de cargas, para que se tenga como elemento central al ferrocarril, lo que le dará competitividad a la economía argentina, porque el transporte automotor de cargas es mucho más caro. En esta materia, hubo decisiones importantes, como el acuerdo firmado con el primer ministro chino, por una inversión de U$S 2500 millones, que se va a ejecutar e incluye la reconstrucción de 1435 kilómetros de vías, 2250 coches, 50 vagones. Debemos reconstruir el sistema integral del transporte de cargas. «
once millones de sube
–El objetivo de la universalización de la SUBE implica un esquema de distribución para la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. ¿Cómo se encuentra ese aspecto?
–En este momento tenemos distribuidos once millones de tarjetas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Además, establecimos 4600 centros de recarga, que incluyen desde el Correo Argentino hasta quioscos. Esto lo estamos complementando con la información que se encuentra en la web del Ministerio del Interior , donde el pasajero encontrará un mapa que detalla los puntos de venta de la tarjeta SUBE, cuyo valor actualmente asciende a 15 pesos.
«el debate sobre el juego es viable»
Aunque por estos días la mayor parte de sus horas está entregado al desarrollo de una reforma sustancial en el sistema de transporte, Florencio Randazzo es un hombre que se referencia en la provincia de Buenos Aires. Durante la charla con Tiempo Argentino se mostró prudente a la hora de las definiciones políticas, pero no eludió referirse a temas de agenda como la situación financiera de gobierno de Daniel Scioli, y la relación del gobierno con Hugo Moyano.
–Como hombre de la provincia, ¿cómo ve este tema de la crisis financiera de Buenos Aires y la decisión de la presidenta de asignar recursos para facilitar el pago del aguinaldo?
–Tiene que quedar en claro que el gobierno nacional ha transferido en tiempo y forma los recursos a todas las provincias argentinas. El nivel de transferencia de recursos este primer semestre con respecto al año pasado aumentó un 23%; y particularmente con la provincia de Buenos Aires se han girado fondos extraordinarios por $ 2350 millones. Creo que está claro que la responsabilidad de administrar la provincia es del gobernador de la provincia de Buenos Aires.
–Un ex colaborador suyo, ahora diputado, impulsó un proyecto de ley para estatizar el juego. ¿Usted coincide?
–No tengo opinión. Pero no me parece descabellado que se pueda discutir ese tipo de cuestiones. No creo que esté mal que se ponga sobre la mesa la discusión de si la explotación del juego debe estar en manos de privados o del Estado. Es un debate político que se puede dar, es viable.
–¿Cómo ve el futuro de Moyano tras la división de la CGT?
–Moyano dejó de representar los intereses que decía representar. Sobre todo frente un gobierno que ha tomado todas sus acciones a favor de los trabajadores. Con las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo, el salario mínimo vital y móvil, la asignación por hijo. No hay ningún motivo racional y de pertenencia que lo haya alejado de este modelo, sino otro que no sea aparecer como un dirigente de la oposición.
–El trabajo articulado con la CGT fue importante para el modelo. ¿Le parece que con una CGT dividida sin liderazgo tan claro seguirá siendo así?
–Aspiramos a tener una CGT unificada, que como tal represente los intereses de los trabajadores. Y no creo que haya que abandonar esa idea, seguimos aspirando a que haya una única CGT. Con total sinceridad, y con mucha humildad, creo que Moyano no representa eso, Moyano es un dirigente de la oposición. Y cuando uno se plantea con quién está Moyano, sabe con quién quiere estar.
–Desde algún sector del kirchnerismo se mostraron a favor de una reforma constitucional…
–No me parece que sea un tema que tenga que estar en agenda. Nosotros tenemos una agenda que está vinculada con las necesidades que hoy tiene el hombre común. Ese es un tema que está alejado de esa gente.
