Sin tregua, intendentes del PJ bonaerense montaron ayer la primera rebeldía política del 2018 contra María Eugenia Vidal. La acusaron de quitarles fondos y de tratar de imponerles, «sin consenso», un ajuste en sus distritos.
Trece jefes comunales del interior provincial se reunieron en Alberti, al noroeste de la provincia, para emitir un documento donde rechazan el «pacto fiscal» que la gobernadora quiere aplicar en los distritos.
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Los alcaldes sostienen que Vidal «pretende hacer adherir a los Municipios Bonaerenses sin haber generado ningún tipo de trabajo dialogado y consensuado» y reclaman una mesa de trabajo entre Nación, Provincia y municipios.
El trámite es así. La gobernadora firmó, con otros 22 mandatarios -salvo Alberto Rodríguez Saá, de San Luis- el «Consenso Fiscal» con Mauricio Macri que incluye, en el inciso O del capítulo III, el compromiso de «establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento».
Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y jefe del PJ bonaerense. (Andrés DElia)
El esquema toma como base el modelo que redactó, con acuerdo de casi todas las provincias, el Consejo Federal para la Responsabilidad Fiscal y fija una serie de parámetros: que el gasto no aumente más que la inflación, que la deuda no supere el 10% de los recursos corrientes y que no aumenten el personal más allá de la variación poblacional.
«Nosotros eso ya lo venimos haciendo, la mayoría de nosotros hizo los deberes para tener las cuentas ordenadas», dijo Francisco «Paco» Durañona, intendente de San Antonio de Areco, y uno de los trece que firmó el documento.
De fondo, aunque la ley pasó por la Legislatura, los intendentes sostienen que la norma «avanza fuertemente en las autonomías municipales» porque «su aplicación disminuye facultades constitucionales de los Municipios» y, a la vez, «generaría más ajuste sobre las familias del interior» de la provincia.
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La «rebeldía» municipal la protagonizaron Durañona, el anfitrión Germán Lago, Gustavo Cocconi (Tapalqué), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez),
Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Eduardo Marcelo Santillán (Gonzáles Chaves), Ricardo Casi (Colón), Alfredo Fisher (Laprida), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Walter Torchio (Carlos Casares), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem) y Mauro Poletti (Ramallo).
En la reunión de Alberti se analizaron varios escenarios. Uno de ellos refiere a la imposibilidad, en la medida que se adhiera al pacto que empuja Vidal, de designar personal para desarrollos en los municipios o, por ejemplo, ampliación de prestación en salud o seguridad.
«El municipio que adhiere se queda sin posibilidad para tomar decisiones de gobierno», se quejaron los alcaldes del PJ que repasaron, además, que todavía ningún intendente adhirió y que incluso algunos de Cambiemos, como Lunghi de Tandil, anticiparon que no firmarán para adherir al pacto.
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El reproche es que el Pacto en formato bonaerense establece que los municipios que no adhieren no podrán acceder, por caso, a asistencias financieras extraordinaria por parte de la provincia ni recibir ATN de Nación.
A modo de desafío, Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Mario Secco, de Ensenada, anunciaron el pase a planta de empleados municipales. En tanto; Gustavo Menéndez, jefe del PJ bonaerense e intendente de Merlo, le dijo a Clarín que no firmará la adhesión al pacto impulsado por Vidal.
Los alcaldes peronistas detallaron, ayer, otras quejas sobre la gestión de Vidal y sobre el impacto de medidas impulsadas por Mauricio Macri. A la gobernadora la acusan de haber reducido en «dos tercios los envíos de fondos» porque eliminó en los últimos dos años el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Seguridad. Esos dos fondos eran un porcentaje de la deuda que la Provincia tomaba para cubrir su déficit
«Y ahora no va a coparticipar lo que reciba del Fondo del Conurbano», se quejó un alcalde ante Clarín.
El otro punto refiere a la reforma previsional y en una cuenta general que hacen los intendentes opositores sobre cómo les pegará a sus propios jubilados. Hablan de 2.000 pesos por año por cada bonaerense afectado.
El documento
Este es el texto completo del documento que firmaron ayer los intendentes «rebeldes»
– «Las últimas medidas tomadas por Macri y Vidal han generado una reducción de millones de pesos en concepto de Coparticipación a cada Municipio que supera los dos tercios de lo que veníamos recibiendo en años anteriores».
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– «En definitiva, 2 de cada 3 pesos que percibimos hasta 2017 fueron absorbidos por Macri y Vidal. Eso sin contar los miles de millones de pesos que las Reformas Previsionales eliminarán de los bolsillos de jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, Veteranos de Malvinas, etc en las familias del Interior, apuntando gravemente al desarrollo del consumo doméstico en nuestras Comunidades».
– «Exigimos un ámbito de diálogo y consenso con la Provincia y la Nación que permita el normal crecimiento de nuestras familias y economías regionales, de manera autónoma y respetando las facultades que nos son propias por Constitución, antes de avanzar en cualquier discusión respecto a la adhesión a esta Ley y Pacto Fiscal».
Trece jefes comunales del interior provincial se reunieron en Alberti, al noroeste de la provincia, para emitir un documento donde rechazan el «pacto fiscal» que la gobernadora quiere aplicar en los distritos.
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El trámite es así. La gobernadora firmó, con otros 22 mandatarios -salvo Alberto Rodríguez Saá, de San Luis- el «Consenso Fiscal» con Mauricio Macri que incluye, en el inciso O del capítulo III, el compromiso de «establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento».
Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y jefe del PJ bonaerense. (Andrés DElia)
El esquema toma como base el modelo que redactó, con acuerdo de casi todas las provincias, el Consejo Federal para la Responsabilidad Fiscal y fija una serie de parámetros: que el gasto no aumente más que la inflación, que la deuda no supere el 10% de los recursos corrientes y que no aumenten el personal más allá de la variación poblacional.
«Nosotros eso ya lo venimos haciendo, la mayoría de nosotros hizo los deberes para tener las cuentas ordenadas», dijo Francisco «Paco» Durañona, intendente de San Antonio de Areco, y uno de los trece que firmó el documento.
De fondo, aunque la ley pasó por la Legislatura, los intendentes sostienen que la norma «avanza fuertemente en las autonomías municipales» porque «su aplicación disminuye facultades constitucionales de los Municipios» y, a la vez, «generaría más ajuste sobre las familias del interior» de la provincia.
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Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Eduardo Marcelo Santillán (Gonzáles Chaves), Ricardo Casi (Colón), Alfredo Fisher (Laprida), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Walter Torchio (Carlos Casares), Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem) y Mauro Poletti (Ramallo).
En la reunión de Alberti se analizaron varios escenarios. Uno de ellos refiere a la imposibilidad, en la medida que se adhiera al pacto que empuja Vidal, de designar personal para desarrollos en los municipios o, por ejemplo, ampliación de prestación en salud o seguridad.
«El municipio que adhiere se queda sin posibilidad para tomar decisiones de gobierno», se quejaron los alcaldes del PJ que repasaron, además, que todavía ningún intendente adhirió y que incluso algunos de Cambiemos, como Lunghi de Tandil, anticiparon que no firmarán para adherir al pacto.
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El reproche es que el Pacto en formato bonaerense establece que los municipios que no adhieren no podrán acceder, por caso, a asistencias financieras extraordinaria por parte de la provincia ni recibir ATN de Nación.
A modo de desafío, Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Mario Secco, de Ensenada, anunciaron el pase a planta de empleados municipales. En tanto; Gustavo Menéndez, jefe del PJ bonaerense e intendente de Merlo, le dijo a Clarín que no firmará la adhesión al pacto impulsado por Vidal.
Los alcaldes peronistas detallaron, ayer, otras quejas sobre la gestión de Vidal y sobre el impacto de medidas impulsadas por Mauricio Macri. A la gobernadora la acusan de haber reducido en «dos tercios los envíos de fondos» porque eliminó en los últimos dos años el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Seguridad. Esos dos fondos eran un porcentaje de la deuda que la Provincia tomaba para cubrir su déficit
«Y ahora no va a coparticipar lo que reciba del Fondo del Conurbano», se quejó un alcalde ante Clarín.
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– «Exigimos un ámbito de diálogo y consenso con la Provincia y la Nación que permita el normal crecimiento de nuestras familias y economías regionales, de manera autónoma y respetando las facultades que nos son propias por Constitución, antes de avanzar en cualquier discusión respecto a la adhesión a esta Ley y Pacto Fiscal».
