Razones políticas. Ese argumento difuso y usado hasta el hartazgo en los más diversos contextos, fue al que apeló el Gobierno provincial para replicar las críticas y rechazos que levantó la iniciativa de ampliar los juegos instantáneos en Córdoba.
La decisión de poner más apuestas al alcance de los ciudadanos es, obviamente, una determinación política (y de alto impacto económico, en varios sentidos). ¿Qué otra respuesta podía tener que no fuese política?
La administración provincial decidió avanzar de manera más lenta con la iniciativa de la quiniela instantánea, pero de ningún modo abandonó la idea.
La modalidad no pone ningún límite temporal entre la apuesta y la resolución, y está apuntada a una clientela que, lejos de promover el turismo o captar a los grandes apostadores, va al corazón de los sectores de ingresos medios y bajos, a los que se dice ayudar mediante lo recaudado con el juego.
Esta suerte de freno parcial lo pusieron los intendentes, en particular los de ciudades grandes, como el capitalino Ramón Mestre o el villamariense Eduardo Accastello. O sea, jefes municipales con llegada al gobernador José Manuel de la Sota.
Mestre fue contundente y en su entorno aseguran que no hay negociación posible con este tema, con lo cual este juego –que no es de azar sino programado– se quedaría sin un mercado de apuesta más que importante.
Luis Juez, que ha levantado su oposición al juego como una bandera, también fue enfático, pero quedó en una posición incómoda cuando se supo que en Santa Fe, gobernada por sus aliados socialistas, hay quiniela exprés.
El radicalismo, que tiene la mayoría de los intendentes cordobeses, anticipó que todos sus jefes municipales se opondrán. Hay varios, como el caso del riocuartense Juan Jure, que vienen denunciando lo que implica el flagelo de las tragamonedas.
A diferencia de esos slots , que dejan un pequeño porcentaje de la recaudación en el municipio, la quiniela instantánea no genera un solo peso para los gobiernos locales. Eso sí, amenaza con traer los perjuicios que las tragamonedas ya están generando en muchos lugares.
A ese juego instantáneo concurre, mayoritariamente, una población de recursos medios o escasos, que suele terminar en casos de adicciones severas, con los consecuentes trastornos económicos, familiares y sociales.
La quiniela instantánea va en busca de esas apuestas; de ahí que muchos actores sociales se hayan pronunciado en contra. La idea de un juego que está destinado a sacarle plata a los pobres para después devolver sólo una parte en acción social para esos u otros pobres, no termina de entenderse.
El Gobierno provincial dice que es apenas una prueba. Una prueba que parece ser riesgosa, se enfoque el tema desde donde se lo enfoque. Salvo que haya razones políticas o económicas no conocidas.
La ludopatía es un flagelo que cada vez genera más preocupación, por lo que sorprende que el juego sea alentado desde el propio Estado. Es como si un gobierno decidiera poner una fábrica de cigarrillos y promocionar que se fume.
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La decisión de poner más apuestas al alcance de los ciudadanos es, obviamente, una determinación política (y de alto impacto económico, en varios sentidos). ¿Qué otra respuesta podía tener que no fuese política?
La administración provincial decidió avanzar de manera más lenta con la iniciativa de la quiniela instantánea, pero de ningún modo abandonó la idea.
La modalidad no pone ningún límite temporal entre la apuesta y la resolución, y está apuntada a una clientela que, lejos de promover el turismo o captar a los grandes apostadores, va al corazón de los sectores de ingresos medios y bajos, a los que se dice ayudar mediante lo recaudado con el juego.
Esta suerte de freno parcial lo pusieron los intendentes, en particular los de ciudades grandes, como el capitalino Ramón Mestre o el villamariense Eduardo Accastello. O sea, jefes municipales con llegada al gobernador José Manuel de la Sota.
Mestre fue contundente y en su entorno aseguran que no hay negociación posible con este tema, con lo cual este juego –que no es de azar sino programado– se quedaría sin un mercado de apuesta más que importante.
Luis Juez, que ha levantado su oposición al juego como una bandera, también fue enfático, pero quedó en una posición incómoda cuando se supo que en Santa Fe, gobernada por sus aliados socialistas, hay quiniela exprés.
El radicalismo, que tiene la mayoría de los intendentes cordobeses, anticipó que todos sus jefes municipales se opondrán. Hay varios, como el caso del riocuartense Juan Jure, que vienen denunciando lo que implica el flagelo de las tragamonedas.
A diferencia de esos slots , que dejan un pequeño porcentaje de la recaudación en el municipio, la quiniela instantánea no genera un solo peso para los gobiernos locales. Eso sí, amenaza con traer los perjuicios que las tragamonedas ya están generando en muchos lugares.
A ese juego instantáneo concurre, mayoritariamente, una población de recursos medios o escasos, que suele terminar en casos de adicciones severas, con los consecuentes trastornos económicos, familiares y sociales.
La quiniela instantánea va en busca de esas apuestas; de ahí que muchos actores sociales se hayan pronunciado en contra. La idea de un juego que está destinado a sacarle plata a los pobres para después devolver sólo una parte en acción social para esos u otros pobres, no termina de entenderse.
El Gobierno provincial dice que es apenas una prueba. Una prueba que parece ser riesgosa, se enfoque el tema desde donde se lo enfoque. Salvo que haya razones políticas o económicas no conocidas.
La ludopatía es un flagelo que cada vez genera más preocupación, por lo que sorprende que el juego sea alentado desde el propio Estado. Es como si un gobierno decidiera poner una fábrica de cigarrillos y promocionar que se fume.
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