La interna de la CGT sigue su curso, mientras se dirimen duras peleas salariales –con aditamentos especiales en el caso del subte– y se reflota el viejo intento de eliminar la exención de pagar el Impuesto a las Ganancias que beneficia a los jueces.
El actual secretario general de la CGT, Hugo Moyano, parece haber morigerado su postura rupturista. Con más claridad en torno a que la manera de conseguir su reelección en julio próximo llegará si logra mantener la unidad en la central obrera, comenzó a mover las fichas.
Es por eso que el líder camionero se reunió con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez –que integra el bloque opositor a su conducción– y se comprometió a hacer “esfuerzos” por acercar posiciones con sus adversarios internos. Llegado el caso de no alcanzar un acuerdo, prometió que evitará la ruptura de la central.
En la misma línea, Moyano dio su palabra de “hacer lo que esté a su alcance para acercar alguna posición” con sus opositores, que alientan la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para liderar la central. “Una cosa son los enemigos y otra son los adversarios”, convinieron los moyanistas en un encuentro que se realizó antes de ayer, en el que se discutió la coyuntura económica y la interna de la CGT. Con algunos dirigentes más enojados con el camionero que otros, los moyanistas coincidieron en que hay que evitar la ruptura y tratar de conseguir aislar a los “gordos” (por los gremios de gran cantidad de afiliados).
“En los últimos días quedó más en claro que lo que une a la oposición (a Moyano) es el espanto”, dijo una fuente moyanista. Y en ese sentido es que intentarán exacerbar las diferencias dentro del heterogéneo grupo que se colocó detrás de la candidatura de Caló.
Más allá de haber reconocido –hacia adentro y hacia fuera– que no será inocuo llegar al 12 de julio con dos listas y, peor aun, con dos sectores antagónicos, cerca de Moyano siguen considerando que el camionero puede ganar. La verdadera prueba la verán el 23 de mayo próximo en la reunión del Comité Confederal, pero mientras tanto sostienen que la clave de la votación final está en el voto secreto de los delegados congresales. A modo de ejemplo mencionaron que “hay mucha gente de UOCRA y de Luz y Fuerza que está con nosotros, independientemente de lo que diga la conducción de esos gremios”. La referencia a la jugada no orgánica que habrá dentro de los gremios opositores a Moyano replica lo ya mencionado en torno a que el 30% de los delegados de Comercio votaría –según afirman– por el camionero. La discusión sobre si los jueces deben o no pagar Impuesto a las Ganancias volvió a ocupar un lugar en la agenda. El titular de la Anses, Diego Bossio, expuso en el Congreso Nacional, el nivel de gasto –y de déficit– que tiene para el sistema de la Seguridad Social el régimen especial de jubilaciones con el que cuentan los jueces (entre otros grupos). Los mencionó especialmente porque ellos, además de recibir jubilaciones de más de 100 mil pesos y generar un déficit anual de 433 millones de pesos, no pagan el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Desde el retorno de la democracia, han sido numerosos y vanos los intentos de eliminar este privilegio que beneficia a los magistrados. De hecho hubo al menos uno en cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha. La Corte Suprema de Justicia rechazó, mediante sucesivas acordadas, todos los embates que se intentaron para eliminar la exención de tributar Ganancias, que sí deben pagar todos los otros trabajadores de la Argentina. Ocurre que la intangibilidad en la remuneración de los magistrados está consagrada en el artículo 110 de la Constitución. Es por eso que el Máximo Tribunal argumentó sistemáticamente que no se trata de un privilegio personal sino que se establece en función de la tarea desarrollada, además de basarse en la independencia con que los jueces deben llevar a cabo sus tareas.
Sin embargo, corrió el rumor de que el Senado estaría por presentar un proyecto ya elaborado sobre la eliminación de este beneficio y que los magistrados no lo objetarían si, a cambio, se les permite mantener el privilegio en sus jubilaciones.
Por otro lado, se firmó la demorada paritaria de bancarios, con una suba del 24,5% retroactivo a abril y del 19% retroactivo a enero. En la misma línea cerró la UOM con un incremento del 23% y un adicional no remunerativo de 1000 pesos; mientras que la de Comercio estaría acordada verbalmente con aumentos del orden del 24 por ciento.
La paritaria del subte tiene aristas que la diferencian claramente de las que ya cerraron o de otras que se están negociando: bajo tierra se juega una interna feroz entre los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Mauricio Macri se declara prescindente como uno de los actores principales de la discusión salarial y no se hace cargo de la obligación que le corresponde luego del contrato firmado el 3 de enero pasado. Según trascendió, Metrovías se niega a acordar una paritaria sin que las autoridades porteñas se incluyan en la negociación. En la misma línea, el gobierno nacional les habría pedido a los trabajadores que, aun cuando lleguen a un acuerdo de aumento con la empresa, no lo acepten hasta que –por lo menos– el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, se digne a asistir a la rúbrica del convenio.
Otro capítulo de esta telenovela es si el gobierno avanzará o no sobre la concesión que posee Metrovías sobre las seis líneas de subte y el Premetro, como comenzó a sospecharse tras la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros Julio De Vido, Carlos Tomada y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Si le sacaran la administración de la red al Grupo Roggio –al que pertenece Metrovías– habría una doble capitalización para el gobierno nacional. Por un lado obligaría a la Ciudad a hacerse cargo sin excusas posibles, ya que desaparecería la empresa privada que actualmente gestiona la red. Por el otro, se ganaría un poroto quitándole la concesión a una empresa que no administró bien un servicio público, a pesar de que es considerada una compañía “cercana” al gobierno. <
El actual secretario general de la CGT, Hugo Moyano, parece haber morigerado su postura rupturista. Con más claridad en torno a que la manera de conseguir su reelección en julio próximo llegará si logra mantener la unidad en la central obrera, comenzó a mover las fichas.
Es por eso que el líder camionero se reunió con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez –que integra el bloque opositor a su conducción– y se comprometió a hacer “esfuerzos” por acercar posiciones con sus adversarios internos. Llegado el caso de no alcanzar un acuerdo, prometió que evitará la ruptura de la central.
En la misma línea, Moyano dio su palabra de “hacer lo que esté a su alcance para acercar alguna posición” con sus opositores, que alientan la candidatura del metalúrgico Antonio Caló para liderar la central. “Una cosa son los enemigos y otra son los adversarios”, convinieron los moyanistas en un encuentro que se realizó antes de ayer, en el que se discutió la coyuntura económica y la interna de la CGT. Con algunos dirigentes más enojados con el camionero que otros, los moyanistas coincidieron en que hay que evitar la ruptura y tratar de conseguir aislar a los “gordos” (por los gremios de gran cantidad de afiliados).
“En los últimos días quedó más en claro que lo que une a la oposición (a Moyano) es el espanto”, dijo una fuente moyanista. Y en ese sentido es que intentarán exacerbar las diferencias dentro del heterogéneo grupo que se colocó detrás de la candidatura de Caló.
Más allá de haber reconocido –hacia adentro y hacia fuera– que no será inocuo llegar al 12 de julio con dos listas y, peor aun, con dos sectores antagónicos, cerca de Moyano siguen considerando que el camionero puede ganar. La verdadera prueba la verán el 23 de mayo próximo en la reunión del Comité Confederal, pero mientras tanto sostienen que la clave de la votación final está en el voto secreto de los delegados congresales. A modo de ejemplo mencionaron que “hay mucha gente de UOCRA y de Luz y Fuerza que está con nosotros, independientemente de lo que diga la conducción de esos gremios”. La referencia a la jugada no orgánica que habrá dentro de los gremios opositores a Moyano replica lo ya mencionado en torno a que el 30% de los delegados de Comercio votaría –según afirman– por el camionero. La discusión sobre si los jueces deben o no pagar Impuesto a las Ganancias volvió a ocupar un lugar en la agenda. El titular de la Anses, Diego Bossio, expuso en el Congreso Nacional, el nivel de gasto –y de déficit– que tiene para el sistema de la Seguridad Social el régimen especial de jubilaciones con el que cuentan los jueces (entre otros grupos). Los mencionó especialmente porque ellos, además de recibir jubilaciones de más de 100 mil pesos y generar un déficit anual de 433 millones de pesos, no pagan el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Desde el retorno de la democracia, han sido numerosos y vanos los intentos de eliminar este privilegio que beneficia a los magistrados. De hecho hubo al menos uno en cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta la fecha. La Corte Suprema de Justicia rechazó, mediante sucesivas acordadas, todos los embates que se intentaron para eliminar la exención de tributar Ganancias, que sí deben pagar todos los otros trabajadores de la Argentina. Ocurre que la intangibilidad en la remuneración de los magistrados está consagrada en el artículo 110 de la Constitución. Es por eso que el Máximo Tribunal argumentó sistemáticamente que no se trata de un privilegio personal sino que se establece en función de la tarea desarrollada, además de basarse en la independencia con que los jueces deben llevar a cabo sus tareas.
Sin embargo, corrió el rumor de que el Senado estaría por presentar un proyecto ya elaborado sobre la eliminación de este beneficio y que los magistrados no lo objetarían si, a cambio, se les permite mantener el privilegio en sus jubilaciones.
Por otro lado, se firmó la demorada paritaria de bancarios, con una suba del 24,5% retroactivo a abril y del 19% retroactivo a enero. En la misma línea cerró la UOM con un incremento del 23% y un adicional no remunerativo de 1000 pesos; mientras que la de Comercio estaría acordada verbalmente con aumentos del orden del 24 por ciento.
La paritaria del subte tiene aristas que la diferencian claramente de las que ya cerraron o de otras que se están negociando: bajo tierra se juega una interna feroz entre los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Mauricio Macri se declara prescindente como uno de los actores principales de la discusión salarial y no se hace cargo de la obligación que le corresponde luego del contrato firmado el 3 de enero pasado. Según trascendió, Metrovías se niega a acordar una paritaria sin que las autoridades porteñas se incluyan en la negociación. En la misma línea, el gobierno nacional les habría pedido a los trabajadores que, aun cuando lleguen a un acuerdo de aumento con la empresa, no lo acepten hasta que –por lo menos– el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, se digne a asistir a la rúbrica del convenio.
Otro capítulo de esta telenovela es si el gobierno avanzará o no sobre la concesión que posee Metrovías sobre las seis líneas de subte y el Premetro, como comenzó a sospecharse tras la conferencia de prensa que ofrecieron los ministros Julio De Vido, Carlos Tomada y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Si le sacaran la administración de la red al Grupo Roggio –al que pertenece Metrovías– habría una doble capitalización para el gobierno nacional. Por un lado obligaría a la Ciudad a hacerse cargo sin excusas posibles, ya que desaparecería la empresa privada que actualmente gestiona la red. Por el otro, se ganaría un poroto quitándole la concesión a una empresa que no administró bien un servicio público, a pesar de que es considerada una compañía “cercana” al gobierno. <
