Luego de la presentación realizada por el Presidente, Mauricio Macri, llega al Congreso de la Nación el proyecto de Reforma Política del Poder Ejecutivo.
Todos los gobiernos tienen su Reforma Política o sus retoques de las reglas del juego electoral, sin embargo, cuando la discusión se abre no hay que dejar pasar la oportunidad de pensar lo más integralmente posible sobre aquellos problemas que presentan los sistemas político y electoral como para poder ajustar la regulación y encaminar soluciones.
Como es sabido, no hay sistemas electorales perfectos sino sólo soluciones creativas para poder menguar los efectos distorsivos que surgen del uso de las herramientas político/electorales y el aprovechamiento de las lagunas que deja la legislación.
Por otra parte, no puede quitarse el foco del conjunto de valores mínimos que debe acompañar un debate que de seguro estará atravesado por múltiples intereses cruzados: la transparencia, la equidad y la representatividad en términos de legitimidad deben actuar como faros guía de una discusión que tenga por resultado una mejora en la representación política para el conjunto de la ciudadanía.
De acuerdo a lo dicho en la presentación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, se modificaría:
– La forma de votar
Hoy en día la responsabilidad de que las boletas partidarias estén presentes en el cuarto oscuro es de las fuerzas políticas que imprimen, distribuyen y fiscalizan sus propias boletas.
De acuerdo a la mutación que vienen sufriendo los partidos políticos y las ventajas competitivas que tienen los oficialismos respecto a las fuerzas opositoras, parece haber consenso sobre la idea de que el Estado funcione como garante de la presencia de toda la oferta electoral en cada cuarto oscuro. Los sistemas de Boleta Única de papel o Boleta Única Electrónica parecen ser los elegidos para volcar toda la oferta electoral (ya sea desde una pantalla e impreso en papel o con una tacha directamente en el papel) como para evitar que falte alguna de las opciones oficializadas para participar de los comicios.
– Las primarias, el calendario y la prohibición de colectoras
El Poder Ejecutivo plantea transformar el sistema de primarias y devolver allí cierta potencia a los partidos a la hora de definir sus candidaturas, por ejemplo permitiendo al elector participar de la primaria de una sola fuerza política. De esta forma, cada ciudadano podrá sólo votar la oferta electoral dentro de un Partido Político o Alianza/Frente Electoral. Si bien es cierto que la participación de un afiliado partidario en la primaria de otro partido podría ser considerada distorsiva, también es cierto que el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias viene cumpliendo con el objetivo de involucrar a la ciudadanía (altos niveles de participación electoral) y el de la reducción y ordenamiento de la oferta electoral.
El proyecto del PEN sería estricto en la prohibición de colectoras, listas espejo, lemas y acoples, considerados los responsables del voto confusión. Por obvios motivos que dan forma a nuestro federalismo electoral, estas prohibiciones tendrán vigencia sólo para las categorías nacionales. Es por esta característica del sistema electoral de nuestro país que las discusiones sobre la unificación del calendario electoral no pueden estar incluidas en el proyecto de ley. Estas forman parte de una discusión que el Ministerio del Interior lleva adelante con los gobernadores provinciales en forma de pacto electoral entre las partes, como para poder al menos dar previsibilidad respecto a las fechas en que se realizan los comicios provinciales y que estas dejen de ser una herramienta que los oficialismos provinciales pueden utilizar en su favor.
– Debate y transición
El proyecto del Ejecutivo también incluiría la obligatoriedad del debate, al menos en la elección presidencial, coordinado por el Estado y pautado como mecanismo esencial para la presentación de los candidatos y sus propuestas. Si bien la introducción del debate es muy positiva para ampliar los canales de información disponible durante los periodos de campaña electoral, quizá no sea lo más conveniente que sea el propio Estado quien organice este tipo de eventos en cuya participación estará involucrado el partido oficialista y muchas otras veces directamente el presidente en ejercicio. Para equilibrar la balanza se delegaría la organización del debate presidencial en el Poder Judicial. Por otra parte y debido a la pésima experiencia de traspaso de gobierno en diciembre de 2015, el proyecto intentará regular una serie de presupuestos mínimos de transición como para que quien comienza a gobernar no deba hacerlo desde cero y pueda plantearse ciertas líneas de continuidad, fundamental a la hora de pensar la ejecución de obras, el pago a proveedores, etc.
En el proyecto oficial, quedarían pendientes:
– Autoridad de aplicación y financiamiento
Con el anuncio de la Reforma Política se puso en agenda la posibilidad de avanzar en la creación de un ente autónomo de los poderes del Estado que se abocara a la organización y realización de proceso electoral. Hoy en día se yuxtaponen varios organismos del Poder Judicial y la Dirección Nacional Electoral (Poder Ejecutivo) en un cumulo de misiones y funciones que mezclan la administración, el control y la ejecución presupuestaria nublando las responsabilidades y misiones de cada ente a la hora de enfrentar el proceso electoral. La propuesta del Poder Ejecutivo para hacer frente a este problema será planteada en una segunda etapa de reformas de cara a la elección de 2019.
Si bien las leyes de financiamiento de partidos y campañas electorales es lo suficientemente exhaustiva, se encuentran fallas en su aplicación, sobre todo a la hora de dar cumplimiento a las sanciones y ejercer el control necesario para auditar los gastos y el uso de los recursos públicos por parte de las fuerzas políticas oficialistas. También la falta de regulación a nivel provincial y municipal hace que los recursos se fuguen hacia las campañas locales ya que de esta forma se evitan los controles y auditorías realizados por los organismos con jurisdicción nacional.
– Regulación específica para las alianzas o frentes electorales
Si bien en nuestro país los partidos políticos están fuertemente regulados en torno a su vida interna y las exigencias para mantener vigente su personería jurídica, la oferta electoral está dominada desde hace ya tiempo por frentes y alianzas electorales cuya duración y estabilidad deja bastante que desear. Con excepción del Frente de Izquierda y los Trabajadores, los frentes políticos que suelen perdurar son aquellos que llegan al oficialismo y no siempre compuestos de la misma forma en que se presentaron a la elección (alianzas electorales distintas a las alianzas de gobierno). Esto presenta, entre otras dificultades, disfunciones en la conformación de los bloques parlamentarios y problemas a hora de la rendición de cuentas (accountability) vertical.
Las autoridades nacionales hablan actualmente de una estrategia de reforma en varias etapas. De cara a 2017 se hace imprescindible que durante el tratamiento de la iniciativa en el Congreso, éste proyecto contemple, además de los intereses inmediatos de los partidos, la perspectiva de la ciudadanía y el elector. La mayor o menor integralidad del proyecto resultante dependerá de la incorporación de actores a la discusión.
Todos los gobiernos tienen su Reforma Política o sus retoques de las reglas del juego electoral, sin embargo, cuando la discusión se abre no hay que dejar pasar la oportunidad de pensar lo más integralmente posible sobre aquellos problemas que presentan los sistemas político y electoral como para poder ajustar la regulación y encaminar soluciones.
Como es sabido, no hay sistemas electorales perfectos sino sólo soluciones creativas para poder menguar los efectos distorsivos que surgen del uso de las herramientas político/electorales y el aprovechamiento de las lagunas que deja la legislación.
Por otra parte, no puede quitarse el foco del conjunto de valores mínimos que debe acompañar un debate que de seguro estará atravesado por múltiples intereses cruzados: la transparencia, la equidad y la representatividad en términos de legitimidad deben actuar como faros guía de una discusión que tenga por resultado una mejora en la representación política para el conjunto de la ciudadanía.
De acuerdo a lo dicho en la presentación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, se modificaría:
– La forma de votar
Hoy en día la responsabilidad de que las boletas partidarias estén presentes en el cuarto oscuro es de las fuerzas políticas que imprimen, distribuyen y fiscalizan sus propias boletas.
De acuerdo a la mutación que vienen sufriendo los partidos políticos y las ventajas competitivas que tienen los oficialismos respecto a las fuerzas opositoras, parece haber consenso sobre la idea de que el Estado funcione como garante de la presencia de toda la oferta electoral en cada cuarto oscuro. Los sistemas de Boleta Única de papel o Boleta Única Electrónica parecen ser los elegidos para volcar toda la oferta electoral (ya sea desde una pantalla e impreso en papel o con una tacha directamente en el papel) como para evitar que falte alguna de las opciones oficializadas para participar de los comicios.
– Las primarias, el calendario y la prohibición de colectoras
El Poder Ejecutivo plantea transformar el sistema de primarias y devolver allí cierta potencia a los partidos a la hora de definir sus candidaturas, por ejemplo permitiendo al elector participar de la primaria de una sola fuerza política. De esta forma, cada ciudadano podrá sólo votar la oferta electoral dentro de un Partido Político o Alianza/Frente Electoral. Si bien es cierto que la participación de un afiliado partidario en la primaria de otro partido podría ser considerada distorsiva, también es cierto que el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias viene cumpliendo con el objetivo de involucrar a la ciudadanía (altos niveles de participación electoral) y el de la reducción y ordenamiento de la oferta electoral.
El proyecto del PEN sería estricto en la prohibición de colectoras, listas espejo, lemas y acoples, considerados los responsables del voto confusión. Por obvios motivos que dan forma a nuestro federalismo electoral, estas prohibiciones tendrán vigencia sólo para las categorías nacionales. Es por esta característica del sistema electoral de nuestro país que las discusiones sobre la unificación del calendario electoral no pueden estar incluidas en el proyecto de ley. Estas forman parte de una discusión que el Ministerio del Interior lleva adelante con los gobernadores provinciales en forma de pacto electoral entre las partes, como para poder al menos dar previsibilidad respecto a las fechas en que se realizan los comicios provinciales y que estas dejen de ser una herramienta que los oficialismos provinciales pueden utilizar en su favor.
– Debate y transición
El proyecto del Ejecutivo también incluiría la obligatoriedad del debate, al menos en la elección presidencial, coordinado por el Estado y pautado como mecanismo esencial para la presentación de los candidatos y sus propuestas. Si bien la introducción del debate es muy positiva para ampliar los canales de información disponible durante los periodos de campaña electoral, quizá no sea lo más conveniente que sea el propio Estado quien organice este tipo de eventos en cuya participación estará involucrado el partido oficialista y muchas otras veces directamente el presidente en ejercicio. Para equilibrar la balanza se delegaría la organización del debate presidencial en el Poder Judicial. Por otra parte y debido a la pésima experiencia de traspaso de gobierno en diciembre de 2015, el proyecto intentará regular una serie de presupuestos mínimos de transición como para que quien comienza a gobernar no deba hacerlo desde cero y pueda plantearse ciertas líneas de continuidad, fundamental a la hora de pensar la ejecución de obras, el pago a proveedores, etc.
En el proyecto oficial, quedarían pendientes:
– Autoridad de aplicación y financiamiento
Con el anuncio de la Reforma Política se puso en agenda la posibilidad de avanzar en la creación de un ente autónomo de los poderes del Estado que se abocara a la organización y realización de proceso electoral. Hoy en día se yuxtaponen varios organismos del Poder Judicial y la Dirección Nacional Electoral (Poder Ejecutivo) en un cumulo de misiones y funciones que mezclan la administración, el control y la ejecución presupuestaria nublando las responsabilidades y misiones de cada ente a la hora de enfrentar el proceso electoral. La propuesta del Poder Ejecutivo para hacer frente a este problema será planteada en una segunda etapa de reformas de cara a la elección de 2019.
Si bien las leyes de financiamiento de partidos y campañas electorales es lo suficientemente exhaustiva, se encuentran fallas en su aplicación, sobre todo a la hora de dar cumplimiento a las sanciones y ejercer el control necesario para auditar los gastos y el uso de los recursos públicos por parte de las fuerzas políticas oficialistas. También la falta de regulación a nivel provincial y municipal hace que los recursos se fuguen hacia las campañas locales ya que de esta forma se evitan los controles y auditorías realizados por los organismos con jurisdicción nacional.
– Regulación específica para las alianzas o frentes electorales
Si bien en nuestro país los partidos políticos están fuertemente regulados en torno a su vida interna y las exigencias para mantener vigente su personería jurídica, la oferta electoral está dominada desde hace ya tiempo por frentes y alianzas electorales cuya duración y estabilidad deja bastante que desear. Con excepción del Frente de Izquierda y los Trabajadores, los frentes políticos que suelen perdurar son aquellos que llegan al oficialismo y no siempre compuestos de la misma forma en que se presentaron a la elección (alianzas electorales distintas a las alianzas de gobierno). Esto presenta, entre otras dificultades, disfunciones en la conformación de los bloques parlamentarios y problemas a hora de la rendición de cuentas (accountability) vertical.
Las autoridades nacionales hablan actualmente de una estrategia de reforma en varias etapas. De cara a 2017 se hace imprescindible que durante el tratamiento de la iniciativa en el Congreso, éste proyecto contemple, además de los intereses inmediatos de los partidos, la perspectiva de la ciudadanía y el elector. La mayor o menor integralidad del proyecto resultante dependerá de la incorporación de actores a la discusión.
