Los subsidios al consumo de electricidad, gas, agua y al transporte público tienen un objetivo económico y un componente político ineludible para su análisis. No son gastos que el Estado debe ahorrar para no generar distorsiones, como han insistido en los últimos años representantes de la corriente ortodoxa, y que, de acuerdo con las reacciones de estos días, han tomado la delantera en esa disputa sobre el sentido común. En ese batallar contra los subsidios han contado de aliados a no pocos heterodoxos, que han adaptado ese discurso con la bandera de la equidad distributiva. Unos y otros recortan el significado central de los subsidios como una importante herramienta de la gestión económica, para incentivar el consumo masivo, la producción y la competitividad de la economía.
Las medidas de recortes anunciados y por venir apuntan a esos dos componentes (gasto público y altruismo ciudadano), aunque sólo está explicitado el segundo en las declaraciones de los ministros. Esto último se instrumentará con un recurso que apela a la sensibilidad social: la renuncia voluntaria del subsidio. El Estado no es una ONG que requiere de comportamientos solidarios de la población, sino que debe definir normas generales con criterios determinados para su cumplimiento. Algunas podrán ser observadas como progresivas y otras como regresivas, sin trasladar su responsabilidad de decisión. En esa línea de solidaridad social se podrían establecer también precios diferenciados para la carga de nafta hasta terminar con un carnet de pobres o de clase media baja para ser acreedor de subsidios al combustible. O proponer a los ahorristas de plazo fijo la opción de pagar el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses, hoy injustamente exentos. Se establecería así la implacable ley del mercado: Quien puede pagar, que pague. ¿Los padres de familias acomodadas en la pirámide de ingresos, que envían sus hijos a escuelas privadas que reciben subsidio estatal, también deberían hacer un acto de contrición y renunciar a ese aporte? Sólo en el área de la Ciudad de Buenos Aires, de un total de 789 establecimientos educativos de gestión privada que existen, 441 reciben aportes estatales para el pago de los salarios de los docentes, totalizando recursos por más de 800 millones de pesos anuales.
Es notable cómo han calado hondo concepciones de vida neoliberal, individualista, de dádiva del rico al pobre, incluso en analistas que no se reconocen como conservadores. Un mecanismo opuesto al de la renuncia voluntaria de subsidios es el sistema de fiscalización de compra de divisas, que el mismo gobierno implementó hace veinte días. Quien quiere adquirir dólares en la ventanilla de un banco no se presenta y dice que tiene una estructura patrimonial aceptable para concretar la operación. Es la AFIP la que determina si es posible efectivizar la transacción al establecer ciertas reglas de aceptabilidad, con criterios que pueden ser criticables, pero la decisión no queda en manos de la persona, sino en las del Estado.
Los subsidios son una potente herramienta de política económica utilizada por diversos países para consolidar su desarrollo. No son malos per se, como deja traslucir el discurso de la ortodoxia, que comienzan con los subsidios y luego lo extiende a todo el gasto público. Desde la perspectiva de la teoría neoclásica, suele atribuirse a este tipo de políticas una excesiva intervención en la economía con efectos distorsivos, que inhiben el libre funcionamiento del mercado y el despilfarro de recursos en gastos superfluos. Resulta fundamental entonces precisar conceptualmente el carácter de los subsidios para eludir definiciones morales sobre quienes son los beneficiarios, y conservadores sobre el papel del gasto público. Al rescate de ese objetivo, la economista Eugenia Aruguete ofrece una explicación oportuna en La actual política de promoción económica, subsidios y préstamos del Estado Nacional. Gastos tributarios y directos en el marco de una estrategia fiscal expansiva. Señala que varios son los fines que motivan la aplicación de subsidios. Los principales son mantener estable el precio y las tarifas de ciertos bienes y servicios. Apunta que ésta es, predominantemente, la razón de los subsidios al transporte, al sector energético y a la industria agroalimentaria. También, la de atender el funcionamiento de empresas públicas, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Otro objetivo es el de impulsar el desarrollo de determinados sectores productivos. Estos subsidios han tenido como una de sus principales finalidades contener el alza de precios y tarifas, indica. Aruguete destaca que esa estrategia tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo. Y un efecto indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada.
En el sector productivo, los subsidios a empresas pueden mejorar las condiciones de producción, estimulando una mayor inversión y favoreciendo el desarrollo de actividades que no se hubieran realizado sin incentivos. La concesión de subsidios, especialmente si se destinan a financiar actividades proveedoras de bienes y/o servicios industriales, como la energía, puede disminuir los costos empresarios y mejorar la competitividad de las firmas, promoviendo inversiones industriales y generando empleo. Esto implica que una empresa puede ganar mucho dinero y a la vez recibir subsidios, porque sería una decisión del Estado fomentar esa actividad en función de un objetivo de desarrollo. Es lo que hacen otros países estableciendo compromisos de inversiones, creación de puestos de trabajo, metas de exportación de las compañías beneficiadas. Esto significa que los subsidios no son un gasto público indiscriminado y que debe ser eliminado totalmente porque genera distorsiones, sino que es una herramienta de política económica a la que el Estado no debe renunciar en el altar de la ortodoxia.
Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminarlos o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de la expansión. Además, se presenta el riesgo de sumar tensiones inflacionarias. Si el Gobierno eligió ese camino porque prevé un 2012 apretado por la crisis internacional, puede terminar por confirmarlo debido a que se trata de una medida procíclica: para los usuarios, un menor consumo; para las empresas, una merma de competitividad.
Se sabe que las medidas económicas no están escindidas de la política y, por lo tanto, ese componente debe considerarse para un análisis abarcador, aunque incorporando una base conceptual de los subsidios en términos económicos lejos de las ideas de la ortodoxia. Por eso es una pregunta que no contempla las etapas históricas de un proceso ni los componentes políticos la pregunta ¿por qué no lo hicieron antes?. La decisión del Gobierno de impulsar la renuncia voluntaria al subsidio tiene su explicación en el objetivo de evitar en forma inmediata el costo social de modificar el sistema de distribución de recursos luego del intento fallido de 2008, por resistencia de organizaciones de consumidores y de la oposición política con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación. Habrá que esperar el momento de la recepción de las facturas para evaluar si la nueva estrategia logra superar ese costo. Además, resulta obvio que ahora existe un escenario político amigable para el Gobierno luego de las elecciones presidenciales.
Por otro lado, el frente fiscal de esta medida apunta a consolidar la recuperación de los superávit gemelos (cuenta corriente y fiscal). Esto no es una decisión económica, sino fundamentalmente política. Se sabe que una economía puede mantener su estabilidad con los actuales saldos de esas dos variables, que incluso registran mejores resultados que varios países. Pero por las características políticas y del poder económico de Argentina, desde un comienzo la administración kirchnerista estableció como norma para gobernar una sobreexigencia del saldo de esas cuentas para que la legitimidad política en las urnas pueda ser ejercida con cierta autonomía frente a diversas corporaciones, que ante algún signo de debilidad arremeten, como se observó en los últimos años en diferentes frentes, y más reciente en el mercado cambiario.
azaiat@pagina12.com.ar
Las medidas de recortes anunciados y por venir apuntan a esos dos componentes (gasto público y altruismo ciudadano), aunque sólo está explicitado el segundo en las declaraciones de los ministros. Esto último se instrumentará con un recurso que apela a la sensibilidad social: la renuncia voluntaria del subsidio. El Estado no es una ONG que requiere de comportamientos solidarios de la población, sino que debe definir normas generales con criterios determinados para su cumplimiento. Algunas podrán ser observadas como progresivas y otras como regresivas, sin trasladar su responsabilidad de decisión. En esa línea de solidaridad social se podrían establecer también precios diferenciados para la carga de nafta hasta terminar con un carnet de pobres o de clase media baja para ser acreedor de subsidios al combustible. O proponer a los ahorristas de plazo fijo la opción de pagar el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses, hoy injustamente exentos. Se establecería así la implacable ley del mercado: Quien puede pagar, que pague. ¿Los padres de familias acomodadas en la pirámide de ingresos, que envían sus hijos a escuelas privadas que reciben subsidio estatal, también deberían hacer un acto de contrición y renunciar a ese aporte? Sólo en el área de la Ciudad de Buenos Aires, de un total de 789 establecimientos educativos de gestión privada que existen, 441 reciben aportes estatales para el pago de los salarios de los docentes, totalizando recursos por más de 800 millones de pesos anuales.
Es notable cómo han calado hondo concepciones de vida neoliberal, individualista, de dádiva del rico al pobre, incluso en analistas que no se reconocen como conservadores. Un mecanismo opuesto al de la renuncia voluntaria de subsidios es el sistema de fiscalización de compra de divisas, que el mismo gobierno implementó hace veinte días. Quien quiere adquirir dólares en la ventanilla de un banco no se presenta y dice que tiene una estructura patrimonial aceptable para concretar la operación. Es la AFIP la que determina si es posible efectivizar la transacción al establecer ciertas reglas de aceptabilidad, con criterios que pueden ser criticables, pero la decisión no queda en manos de la persona, sino en las del Estado.
Los subsidios son una potente herramienta de política económica utilizada por diversos países para consolidar su desarrollo. No son malos per se, como deja traslucir el discurso de la ortodoxia, que comienzan con los subsidios y luego lo extiende a todo el gasto público. Desde la perspectiva de la teoría neoclásica, suele atribuirse a este tipo de políticas una excesiva intervención en la economía con efectos distorsivos, que inhiben el libre funcionamiento del mercado y el despilfarro de recursos en gastos superfluos. Resulta fundamental entonces precisar conceptualmente el carácter de los subsidios para eludir definiciones morales sobre quienes son los beneficiarios, y conservadores sobre el papel del gasto público. Al rescate de ese objetivo, la economista Eugenia Aruguete ofrece una explicación oportuna en La actual política de promoción económica, subsidios y préstamos del Estado Nacional. Gastos tributarios y directos en el marco de una estrategia fiscal expansiva. Señala que varios son los fines que motivan la aplicación de subsidios. Los principales son mantener estable el precio y las tarifas de ciertos bienes y servicios. Apunta que ésta es, predominantemente, la razón de los subsidios al transporte, al sector energético y a la industria agroalimentaria. También, la de atender el funcionamiento de empresas públicas, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Otro objetivo es el de impulsar el desarrollo de determinados sectores productivos. Estos subsidios han tenido como una de sus principales finalidades contener el alza de precios y tarifas, indica. Aruguete destaca que esa estrategia tiene un impacto directo sobre el ingreso real de la población, especialmente de aquellos sectores en los que los bienes y servicios subsidiados tienen un peso relevante en sus canastas de consumo. Y un efecto indirecto sobre el Producto, en la medida en que mejores ingresos posibilitan un mayor consumo, operando sobre la demanda agregada.
En el sector productivo, los subsidios a empresas pueden mejorar las condiciones de producción, estimulando una mayor inversión y favoreciendo el desarrollo de actividades que no se hubieran realizado sin incentivos. La concesión de subsidios, especialmente si se destinan a financiar actividades proveedoras de bienes y/o servicios industriales, como la energía, puede disminuir los costos empresarios y mejorar la competitividad de las firmas, promoviendo inversiones industriales y generando empleo. Esto implica que una empresa puede ganar mucho dinero y a la vez recibir subsidios, porque sería una decisión del Estado fomentar esa actividad en función de un objetivo de desarrollo. Es lo que hacen otros países estableciendo compromisos de inversiones, creación de puestos de trabajo, metas de exportación de las compañías beneficiadas. Esto significa que los subsidios no son un gasto público indiscriminado y que debe ser eliminado totalmente porque genera distorsiones, sino que es una herramienta de política económica a la que el Estado no debe renunciar en el altar de la ortodoxia.
Los subsidios son un factor relevante de una política fiscal expansiva, que tiene efectos positivos sobre la economía a través de múltiples mecanismos. De manera directa, alimentan el nivel de actividad vía la expansión del gasto público, componente central de la demanda agregada. Indirectamente, inciden sobre el crecimiento económico en virtud de su capacidad potencial de estimular la demanda de inversión (pública y privada) y el consumo. Por lo tanto, eliminarlos o reducirlos implica una contracción fiscal con el consiguiente resultado opuesto al de la expansión. Además, se presenta el riesgo de sumar tensiones inflacionarias. Si el Gobierno eligió ese camino porque prevé un 2012 apretado por la crisis internacional, puede terminar por confirmarlo debido a que se trata de una medida procíclica: para los usuarios, un menor consumo; para las empresas, una merma de competitividad.
Se sabe que las medidas económicas no están escindidas de la política y, por lo tanto, ese componente debe considerarse para un análisis abarcador, aunque incorporando una base conceptual de los subsidios en términos económicos lejos de las ideas de la ortodoxia. Por eso es una pregunta que no contempla las etapas históricas de un proceso ni los componentes políticos la pregunta ¿por qué no lo hicieron antes?. La decisión del Gobierno de impulsar la renuncia voluntaria al subsidio tiene su explicación en el objetivo de evitar en forma inmediata el costo social de modificar el sistema de distribución de recursos luego del intento fallido de 2008, por resistencia de organizaciones de consumidores y de la oposición política con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación. Habrá que esperar el momento de la recepción de las facturas para evaluar si la nueva estrategia logra superar ese costo. Además, resulta obvio que ahora existe un escenario político amigable para el Gobierno luego de las elecciones presidenciales.
Por otro lado, el frente fiscal de esta medida apunta a consolidar la recuperación de los superávit gemelos (cuenta corriente y fiscal). Esto no es una decisión económica, sino fundamentalmente política. Se sabe que una economía puede mantener su estabilidad con los actuales saldos de esas dos variables, que incluso registran mejores resultados que varios países. Pero por las características políticas y del poder económico de Argentina, desde un comienzo la administración kirchnerista estableció como norma para gobernar una sobreexigencia del saldo de esas cuentas para que la legitimidad política en las urnas pueda ser ejercida con cierta autonomía frente a diversas corporaciones, que ante algún signo de debilidad arremeten, como se observó en los últimos años en diferentes frentes, y más reciente en el mercado cambiario.
azaiat@pagina12.com.ar
Es curioso como Zaiat en cada pàrrafo intenta descabezar la argumentación tìpica del discurso neoliberal y sin embargo, quizas a su pesar, termina cayendo en sus lugares comunes: que los subsidios son una herramienta que permite «estimular la inversión privada» y «disminuir costos empresarios», al tiempo que su reducción supone la recuperación de los queridos superavits de las cuentas públicas. ¿en que quedamos Zaiat? ¿esta bien poner subsidios cuando hacía falta y esta bien sacarlos cuando hacìa falta? Alguien responderìa: son herramientas de política económica, no se trata de bien o mal, se trata de su instrumentación en un contexto determinado. Ok. Pero si esta bien ponerlos cuando lo pone el gobierno y esta bien sacarlos cuando lo saca el gobierno, mi impresion es que la columna, mas alla del parloteo antiortodoxo, solo tiene un objetivo: decir que el gobierno hace las cosas bien. Antes era mas fàcil, al enemigo se lo combatía con las ideas propias, ahora los rodeos parecen ser mas arduos. Señales de la nueva epoca por venir.
Esto tiene explicación.
Como decís, son herramientas que se instrumentan en un contexto determinado.
Las ‘ideas propias’, si no me equivoco, siguen siendo las conocidas: empleo, consumo, social-democracia, neodesarrollismo, redistribución, inclusión.
El autor de la nota entiende que estas medidas de coyuntura permiten seguir esos caminos, y NO tomar para otro lado.
En particular, si el autor aprobaba los superávits, no tiene por qué oponerse a medidas que intenten mantenerlos cuando las condiciones son diferentes (y más difíciles).
Para la derecha que se regodea con la palabra ‘ajuste’: se pasaron décadas vociferando ‘los ajustes no son de izquierda ni de derecha’. Bueno, ahora tendrían la oportunidad de no contradecirse. No sé si la aprovecharán.
Para quien se preocupe por el ajuste, con buena intención, sólo hay que ver el pequeño detalle de QUÉ se va a ajustar, y a quiénes va a afectar y a quiénes no. Tal vez ahí se vea que los ajustes, como los guantes, SÍ pueden ser ‘derecho’ o ‘izquierdo’.
OK Raul, pero entonces no hay tal postura ortodoxa que deba descartarse de plano. Hay politica económica, y lo mas importante, la orientación: hacia donde se va.
En un sentido mas profundo, creo que el corazón de la contradicción Zaiat, representa la contradicción kirchnerista fundamental. Por un lado se apela a un relato neodesarrollista, con fuerte presencia del Estado en pos de politicas redistributivas, pero todo ello se dejan inconmovibles los pilares de la ortodoxia: superavit fiscal e «incentivos» a la inversión. O sea: todos los caminos conducen a Roma. Por mas que suene antipático y se usen eufemismos para esconder la verdad incomoda, lo que se viene es ajuste. Y si el «ajuste» es aplaudido por la platea de la UIA, la Banca y la oposición de derecha, nada me hace pensar que las espaldas populares no vayan a tener que soportar el peso de las medidas.
Bueno, la oposición de derecha no aplaudió tanto: puso titulares catástrofe tipo ‘usted va a pagar 300% más de luz y gas, señora’.
Detalles del ‘ajuste’ en subsidios:
-Al pagar con subsidio, se paga hoy con tarifas de 2001.
-En el medio hubo más empleo, aumento del salario mínimo, paritarias, movilidad jubilatoria, AUH, etc. Hay ‘tarifa social’ de hecho. En algún momento, sin que deje de ser ‘social’, tenés que ir actualizando algo. Las espaldas populares son más fuertes hoy.
-De todos modos, no están diciendo que van a tocar a la gente más pobre.
-Las paritarias, la movilidad jubilatoria y la AUH con posibles actualizaciones, siguen. Entonces, aun cuando se quitara parte del subsidio (cosa que hasta ahora, insisto, no se dijo), habría ***compensaciones*** para los que menos ganan/tienen. Si se maneja bien, el efecto sería probablemente neutro.
No se debería considerar la eventual quita de subsidios sin pensar en esos mecanismos de compensación.
-Si se maneja bien (aclaro de nuevo), habría un efecto moderado sobre la clase media y uno mayor más arriba.
bien,Cesar.
Raul, hay un universo por encima de los beneficiarios de la AUH y los jubilados, y por debajo de Puerto Madero-Barrio Parque: los empleados que ganan 3000 pesos. No se que formulario van a tener que llenar ni estoy en condiciones de sostener que esperaran ansiosos con mate y facturas al inspector social que los relevara para determinar si son aptos para recibir el subsidio.
Supongo que te referís al peor caso: un hogar en el que haya *un* solo sueldo de $ 3000 y *varias* personas para consumir luz y gas.
Coincido en que esa amplia franja, urbana y conurbana, debe tratarse con mucho cuidado.
Algo tienen a favor: si son empleados en blanco tendrán los aumentos de paritarias.
La quita de subsidios podría (si existe) ser gradual, no de una vez: es decir, acompañar los aumentos de sueldos.
También se debería hacer -ya que estamos- una campaña de concientización por el ahorro de energía: seguir distribuyendo lámparas de bajo consumo, favorecer el uso de determinados artefactos, y otras medidas.
La necesidad de tocar o no los subsidios a la gente de menores ingresos se va a ver más clara al avanzar con la ‘encuesta’ en los barrios pudientes: probablemente haya un porcentaje alto de gente que ni se moleste en contestar la encuesta, con lo que demostraría que no le interesa el subsidio.
Se podría hacer una campaña en esos barrios, asegurándoles que lo que paguen de más al perder el subsidio no va a ir a planes sociales sino a aumentar las ganancias de las empresas que dan el servicio. Quizá así la renuncia al subsidio sea masiva y resulte un éxito…
César: ¿Y cuál es el problema con las franjas medias? Van a poder no renunciar a los subsidios, si tienen el tujes limpio. A menos que estén «flojos de papeles», tipo Susana, que no puede comprar más que 2 palos verdes, pobrecita.
mmm te parece que van a poder no renunciar tan facil? solo el tujes limpio hace falta?
No sé. Vos decime.
Eduardo, a mi me parece claro que el «no renunciar» es un engañapichanga. Y está muy bien que sea así.
En una primera etapa, de a poco, se le van a sacar los subsidios a todos. Los subsidiados, entonces, van a ser carne de asistentes sociales.
O sea: eliminación progresiva de subsidios y creación de subsidios focalizados a pobres (los de $3000, técnicamente, no son pobres). Básicamente lo que pedía, con razón, la ortodoxia. A eso vamos.
Guido: No entendí lo que querés significar en los dos primeros párrafos. Lo que seguro me tiene sin cuidado es si calificar como «ortodoxo» o «heterodoxo» que se lo saquen a Mirta, Amalita o Susana, y a aquellos de nosotros que podamos garparlos. Mientras queden excluidos los que siguen necesitando ayuda, tudu yoia.
Habrá que ver cómo se instrumenta, claro, pero en principio me parece bien. Antes no resultaba imprescindible discriminar, ahora sí. La guita que se ahorre seguramente se gastará en reforzar los puntos débiles que aún quedan.
Eso, que lo de voluntario es un bolazo para que duela menos. En una primera etapa se le saca a algunos barrios. Mas o menos al mismo tiempo se habilita un mecanismo para renunciar. Por último, se le envía a todos un formulario donde uno, si quiere seguir recibiendo el subsidio, lo pide. Con la siguiente boleta vuelve el formulario, a la terecera ñácate.
Con los que ni se calientan en llenar el formulario ya le sacaste el subsidio a una banda (apuesto a que a la mayoría).
Entre los que llenan el formulario, se cruzan datos con la AFIP y se descarta a otro grupo grande de gente.
De aquellos a los que se le sacó el subsidio, seguramente hay muchos que no lo pueden garpar, pero que tampoco la tienen lunga llenando formularios en internet. Entonces irán a su puntero amigo, o la trabajadora social de la salita, y de a poco se irá gestionando el subsidio.
Que no te extrañe que en el mediano plazo escuchemos sobre el «clientelismo» de los subsidios. Incluyendo aquellos que hace 8 años vienen pidiendo la conbinación de quita de subsidios+tarifa social focalizada. O sea los ortodoxos. Cuyo pedido estamos llevando adelante, ahora, medio de querusa.
Totalmente correcta la decisión de achicar los subsidios al consumo, como para empezar a diferenciar el beneficio originalmente instituido para todos. Pero dificil y peliaguda la tarea de diferenciar y calificar en todos y cada uno de los hogares, fuera del ya realizado primer trazo grueso de countries y detereminados barrios. En este sentido aparece como lógica y necesaria la DDJJ.o su renuncia. Lo que no está claro, me parece, son los criterios con los cuales se evalúan y ponderan las DDJJ «positivas», porque Zaiat tiene razón en que el Estado no es una ONG, en cuanto a que las reglas deben ser claras y universales, entre otras características.
Tarde o temprano, para ésto o para otras cosas, habrá que llegar a determinar el flujo monetario de cada uno, a nivel individual. Éso requiere eliminar el dinero físico y manejarse exclusivamente con dinero electrónico. Estamos a mitad camino, y espero que se apriete el acelerador.
¿Voluntario?
http://www.clarin.com/politica/Presion-Gobierno-renuncias-subsidios_0_598740135.html