Antonio Brufau regresa de Argentina más esperanzado que hace cinco días, cuando aterrizó en Buenos Aires para conseguir una reunión imposible en la Casa Rosada. La disparatada sucesión de acontecimientos del pasado jueves, con amago de proyecto de ley en curso para expropiar YPF incluido, terminó provocando un inesperado golpe de autoridad por parte del Gobierno español, que ha convertido la disputa por la filial de Repsol en una cuestión de Estado. Lo que podía ceñirse a una mera cuestión empresarial se ha mutado en un asunto político entre España y Argentina, al que se han añadido incluso derivadas internacionales. Esta nueva dimensión ha permitido a la petrolera española afrontar con más esperanzas la posible solución, dada la aspiración original del Ejecutivo presidido por Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar la antigua Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Durante esta semana, Brufau sólo ha sido capaz de ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido, un viejo interlocutor que ya no forma parte del nuevo núcleo duro político formado en torno a Cristina Kirchner. El máximo ejecutivo de Repsol ha tenido que ver desde la barrera el trasiego de movimientos realizados durante los días previos a la cita del 12 de abril, jornada en la que la presidenta iba a reunirse con los gobernadores de la provincias petrolíferas para anunciar el cómo y el cuándo de la nacionalización de YPF. Hasta ese momento, la aparente capacidad de negociar por parte de la petrolera española era próxima a cero y había confiado toda su suerte, desde hace semanas, incluso meses, a las labores diplomáticas que en silencio pudiera realizar el Gobierno español.
El ejecutivo catalán había llevado bajo el brazo una oferta amistosa para aplacar los ánimos de Kirchner, enrocada en una postura de máximos que ha logrado tirar el precio de mercado de YPF un 50% en sólo tres meses. La oferta de paz, pergeñada hace dos años y desempolvada ahora para la ocasión, pasa por incorporar a un nuevo socio industrial al accionariado de YPF. Un gigante del sector con pulmón financiero suficiente para acometer esas inversiones que el Gobierno argentino esgrime como argumento para justificar el asedio a la filial de Repsol. Como no puede ser menos, las petroleras chinas (CNOOC o Sinopec) son las candidatos a ejercer de caballero blanco, permitiendo a Kirchner congraciarse con una compañía de una potencia emergente como China, que ya es su primer comprador de soja, por ejemplo, y arrinconar un poco más a la petrolera de la menguante España. A pesar del balón de oxígeno conseguido, un mero paréntesis en el tiempo, la incertidumbre sigue instalada en el cuerpo de los accionistas de referencia de la petrolera, es decir, de dos de las principales entidades financieras españolas. Hablamos de La Caixa, accionista de referencia y propietario de un 12%, y de Santander, que aunque no es accionista directo de Repsol, sí es el principal acreedor de Sacyr, la constructora que todavía controla un 10% del capital. En este caso, ambos son partidarios de impulsar la opción de reducir su exposición en YPF, cediendo el testigo de la interlocución a un tercero con mejor capacidad de negociación y de inversión, papel que bien pueden desempeñar CNOOC o Sinopec, interesadas en conquistar nuevos caladeros de recursos energéticos (petróleo, gas…) como los que reúne Argentina, más aún tras los aclamados yacimientos de Vaca Muerta. Con los mercados descontando la pérdida de YPF, todo lo que se puede obtener será un beneficio extra. En cualquier caso, Repsol aspira a jugar la carta de la negociación, una opción que todavía no ha tenido posibilidad de tener encima de la mesa. A la luz de los acontecimientos, Kirchner ha querido ganar este pulso sin enseñar siquiera las cartas, sólo a base de envites de nacionalización. En este contexto es como se entiende la campaña de hostigamiento de los últimos tres meses, con el único fin de tratar de conseguir YPF por el menor precio posible, incluso gratis, porque no hay dinero para comprar toda la compañía. De un plumazo, el equipo de La Cámpora, la corriente ideológica impulsora de este proyecto, repartiría entre manos de nuevos empresarios locales y de las provincias petrolíferas el 25% en poder de Sebastián Eskenazy, el otrora inversor amigo y ahora caído en desgracia, y otro tanto que se dejara rebañar Repsol. La joya empresarial de la corona argentina volvería a manos de sus legítimos herederos, un lugar que a sus ojos ocupa de manera impropia un financiero catalán. De momento, Brufau vuelve a la normalidad esta próxima semana. Con un ojo puesto en la retaguardia argentina, el miércoles inaugurará en Cartagena la ampliación de la refinería de Repsol, una obra de ingeniería mil millonaria que contará con la bendición del Rey Juan Carlos. El estreno, más allá de la presencia del monarca, del que se dijo que llegó a mediar tras los primeros escarceos del pasado mes de febrero, pone de relieve la dimensión de Repsol como gran multinacional española. Sólo la inversión en Murcia significa un desembolso de 3.000 millones de euros, además del flujo económico que representa en el sector energético y en la industria auxiliar que gira en torno a la petrolera. Probablemente, esa importancia es proporcional a la que YPF todavía representa en Argentina, donde la petrolera es el primer contribuyente fiscal, el primer empleador, una de las pocas compañías con presencia física en todas las provincias del país y, sobre todo, un símbolo del antiguo progreso.
Durante esta semana, Brufau sólo ha sido capaz de ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido, un viejo interlocutor que ya no forma parte del nuevo núcleo duro político formado en torno a Cristina Kirchner. El máximo ejecutivo de Repsol ha tenido que ver desde la barrera el trasiego de movimientos realizados durante los días previos a la cita del 12 de abril, jornada en la que la presidenta iba a reunirse con los gobernadores de la provincias petrolíferas para anunciar el cómo y el cuándo de la nacionalización de YPF. Hasta ese momento, la aparente capacidad de negociar por parte de la petrolera española era próxima a cero y había confiado toda su suerte, desde hace semanas, incluso meses, a las labores diplomáticas que en silencio pudiera realizar el Gobierno español.
El ejecutivo catalán había llevado bajo el brazo una oferta amistosa para aplacar los ánimos de Kirchner, enrocada en una postura de máximos que ha logrado tirar el precio de mercado de YPF un 50% en sólo tres meses. La oferta de paz, pergeñada hace dos años y desempolvada ahora para la ocasión, pasa por incorporar a un nuevo socio industrial al accionariado de YPF. Un gigante del sector con pulmón financiero suficiente para acometer esas inversiones que el Gobierno argentino esgrime como argumento para justificar el asedio a la filial de Repsol. Como no puede ser menos, las petroleras chinas (CNOOC o Sinopec) son las candidatos a ejercer de caballero blanco, permitiendo a Kirchner congraciarse con una compañía de una potencia emergente como China, que ya es su primer comprador de soja, por ejemplo, y arrinconar un poco más a la petrolera de la menguante España. A pesar del balón de oxígeno conseguido, un mero paréntesis en el tiempo, la incertidumbre sigue instalada en el cuerpo de los accionistas de referencia de la petrolera, es decir, de dos de las principales entidades financieras españolas. Hablamos de La Caixa, accionista de referencia y propietario de un 12%, y de Santander, que aunque no es accionista directo de Repsol, sí es el principal acreedor de Sacyr, la constructora que todavía controla un 10% del capital. En este caso, ambos son partidarios de impulsar la opción de reducir su exposición en YPF, cediendo el testigo de la interlocución a un tercero con mejor capacidad de negociación y de inversión, papel que bien pueden desempeñar CNOOC o Sinopec, interesadas en conquistar nuevos caladeros de recursos energéticos (petróleo, gas…) como los que reúne Argentina, más aún tras los aclamados yacimientos de Vaca Muerta. Con los mercados descontando la pérdida de YPF, todo lo que se puede obtener será un beneficio extra. En cualquier caso, Repsol aspira a jugar la carta de la negociación, una opción que todavía no ha tenido posibilidad de tener encima de la mesa. A la luz de los acontecimientos, Kirchner ha querido ganar este pulso sin enseñar siquiera las cartas, sólo a base de envites de nacionalización. En este contexto es como se entiende la campaña de hostigamiento de los últimos tres meses, con el único fin de tratar de conseguir YPF por el menor precio posible, incluso gratis, porque no hay dinero para comprar toda la compañía. De un plumazo, el equipo de La Cámpora, la corriente ideológica impulsora de este proyecto, repartiría entre manos de nuevos empresarios locales y de las provincias petrolíferas el 25% en poder de Sebastián Eskenazy, el otrora inversor amigo y ahora caído en desgracia, y otro tanto que se dejara rebañar Repsol. La joya empresarial de la corona argentina volvería a manos de sus legítimos herederos, un lugar que a sus ojos ocupa de manera impropia un financiero catalán. De momento, Brufau vuelve a la normalidad esta próxima semana. Con un ojo puesto en la retaguardia argentina, el miércoles inaugurará en Cartagena la ampliación de la refinería de Repsol, una obra de ingeniería mil millonaria que contará con la bendición del Rey Juan Carlos. El estreno, más allá de la presencia del monarca, del que se dijo que llegó a mediar tras los primeros escarceos del pasado mes de febrero, pone de relieve la dimensión de Repsol como gran multinacional española. Sólo la inversión en Murcia significa un desembolso de 3.000 millones de euros, además del flujo económico que representa en el sector energético y en la industria auxiliar que gira en torno a la petrolera. Probablemente, esa importancia es proporcional a la que YPF todavía representa en Argentina, donde la petrolera es el primer contribuyente fiscal, el primer empleador, una de las pocas compañías con presencia física en todas las provincias del país y, sobre todo, un símbolo del antiguo progreso.
