En este artículo, quisiera abordar brevemente t res cuestiones básicas sobre la reforma constitucional.
En primer lugar: ¿Necesita el Gobierno reformar la Constitución para hacer posible un proceso transformador como el que hoy invoca? No, en absoluto. La Constitución vigente ya incluye todas las demandas relevantes que exige el oficialismo cada vez que sus voceros hablan de la reforma de la Constitución.
Algunos ejemplos: la Constitución ya incluye cláusulas favorables a la participación política , como la iniciativa ciudadana y la consulta popular (arts. 39 y 40), aunque el oficialismo se haya negado sistemáticamente a reglamentar, desde el Congreso, esas mismas cláusulas por las que hoy pide. Asimismo, la Constitución da amplísimas protecciones al medioambiente (art. 41), no obstante los contratos celebrados por el Gobierno con empresas mineras contaminantes. Por lo demás, y a pesar de las tensiones que permanentemente desata el Gobierno con países vecinos, la Constitución actual se muestra plenamente abierta a la integración latinoamericana (art. 75 inc. 24).
Del mismo modo, el texto constitucional ya favorece las acciones colectivas (art. 43), aunque el Gobierno las haya eliminado del proyecto de Reforma al Código Civil. Más todavía, la Constitución ya da protecciones especiales a los pueblos indígenas (art. 75 inc. 17), por más que el Gobierno maltrate a esos mismos pueblos que hoy dice querer proteger más que nunca. Es decir, el oficialismo niega, en los hechos, la posibilidad de dar vida a las reformas que ya existen y que luego reclama como si no existieran.
¿Por qué, entonces, y a pesar de lo dicho, podría ser necesaria una reforma constitucional ? La reforma constitucional podría ser necesaria para ayudar a la democratización del poder político, es decir, para organizar el poder de un modo contrario al que hoy está organizado.
En efecto, hoy dicho poder no está democratizado, entre otras razones, porque los grupos políticos dominantes desde hace décadas se han preocupado por concentrar todo el poder político sobre sí mismos , cuidando de no abrir espacios para el control y la decisión ciudadanas.
La crítica que merece la Constitución, en la actualidad, es similar a la que propiciara Arturo Sampay, en Constitución y pueblo , de 1973, en contra de la Constitución que él mismo escribiera, en 1949, para el general Perón. Sostuvo Sampay: “La reforma constitucional de 1949 no organizó adecuadamente el predominio y el ejercicio del poder político por los sectores populares, debido, primero, a la confianza que los sectores populares triunfantes tenían en la conducción carismática de Perón, y segundo, al celoso cuidado que el propio Perón ponía para que no se formara paralelamente al gobierno legal un coadyuvante poder real de esos sectores populares.” ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad, entonces, para llevar a cabo una reforma constitucional democratizadora ? Por varias razones. Ante todo, la reforma política, como la reforma económica, puede resultar deseable o no, dependiendo de quién la lleve a cabo, y qué antecedentes tenga quien la lleve a cabo. Si la reforma, por caso, promete ser conducida por quienes impulsaron la desigualdad y la concentración económica (por ej., Cavallo) o política (por ej., los Kirchner), ¿por qué es que ella debería ser respaldada por quienes quieren lo opuesto, es decir, por quienes quieren la igualdad y la democratización del poder (para no agregar: ¿por qué habrían de apoyarla quienes rechazan otra reelección presidencial?) Del mismo modo, ¿qué razón habría para suscribir una reforma política promovida por un partido que, en los últimos diez años, sólo tocó las reglas de juego para tergiversarlas o beneficiarse a sí mismo, de modo muchas veces grotesco (piénsese en las candidaturas testimoniales; o en la reforma destinada a ganar control sobre el Consejo de la Magistratura)? Sin dudas, quienes menos razones tienen para apoyar una eventual reforma son las fuerzas políticas de izquierda, que ya en una oportunidad, al discutirse la ley de partidos políticos 26.571, pudieron ver cómo el mismo gobierno que los convocaba con palabras dulces, los sentenciaba al infierno minutos después de aprobada la ley, al momento de reglamentarla .
En definitiva, la reforma puede ser necesaria, si no se la hace para incluir lo que ya incluye; atractiva, si se dirige a democratizar el poder y no a eternizar a los que hoy lo ejercen; y deseable, si la impulsa un gobierno capaz de cumplir con su palabra, antes que otro que jamás (siquiera con sus aliados) se mostró interesado en honrarla.
