La Plata, 13 Abr (Público/InfoGEI).- “La subversión buscaba la conquista del poder para imponer una ideología de izquierda totalmente ajena a las tradiciones, al sentir y al sistema de vida nacional”.
Con esa frase, el general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército durante la dictadura argentina (1976-1983), justificaba la friolera de 30 mil asesinatos. Sus crímenes, creía el militar, no tenían nada de ilegal. Aún así, debían ser escondidos: el 22 de noviembre de 1983, unos veinte días antes de entregar el poder al presidente Raúl Alfonsín, Nicolaides ordenó a todos los jefes de Policía que aportasen la “documentación clasificada relativa a la lucha contra la subversión”, eufemismo empleado para referirse a fusilamientos, torturas y robos de bebés.
Buena parte de aquella documentación cruzaría el Atlántico algunas semanas después, a bordo de un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas argentinas. El 19 de diciembre de 1983, este avión aterrizó en la base aérea militar de Gando, al este de la isla de Gran Canaria.
Así consta en un informe policial elaborado el 2 de junio de 1997 a instancias del juez Baltasar Garzón –quien entonces investigaba los asesinatos de ciudadanos españoles por parte de la dictadura de Videla–. Según ese documento, tres integrantes de la aeronave “no fueron registrados por el servicio de Emigración ni por los funcionarios de Aduanas”.
La tripulación argentina–compuesta también por otros cinco militares que sí fueron identificados al llegar al aeropuerto- durmió en el Hotel Cristina, donde contaba con habitaciones reservadas por el consulado de ese país en Las Palmas. Cuando Garzón trató de conseguir los registros de huéspedes, desde el hotel le respondieron que habían sido destruidos debido al tiempo transcurrido. Tampoco fue posible encontrar datos sobre el vuelo en el aeropuerto de Gando. “Los datos almacenados en sus archivos actuales no registran históricos con esa antigüedad, y es práctica habitual destruirlos pasado un tiempo prudencial”, señalaba el informe policial.
En medio de un absoluto hermetismo, aquel vuelo habría tenido como destino final la localidad francesa de Chateauroux-Deols. Desde allí, los militares argentinos se habrían trasladado por tierra hasta la localidad de Lugano, en Suiza. Junto a ellos llevaban “fichas microfilmadas con las listas de los desaparecidos en la Argentina, liquidados por las Fuerzas Armadas, encontrándose también documentos sobre el general argentino Juan Domingo Perón”, declaró a Garzón uno de los testigos argentinos.
A finales de 1984, el gobierno de Alfonsín habría intentado recuperar los archivos ocultos en una caja fuerte de una entidad bancaria suiza. “El entonces ministro de Defensa, Germán López, ordenó al responsable de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Roberto Peña, que encargara la misión al agente Pablo Valle, quien, en los años sesenta, había trabajado para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Guatemala”, señala uno de los documentos de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso Público.
Sin embargo, el operativo habría fracasado, “ya que el enviado del Gobierno argentino se sumó al grupo que debía investigar y desapareció en Ginebra”. “Existe una versión nunca confirmada oficialmente que indica que el agente Valle habría vendido las claves secretas de las cajas de seguridad suizas a un Gobierno occidental por una suma cercana a los treinta mil dólares americanos”, apunta el escrito. Este periódico ha podido confirmar que el régimen de Videla contaba con una cuenta en un banco suizo, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
La vía israelí
Del mismo modo, la dictadura argentina también habría utilizado la base canaria de Gando como escala en su traslado de documentos secretos a Israel. Así se desprende del expediente de la Audiencia Nacional, en el que figuran los datos del vuelo SDA B-707 que llevaba como destino final el aeropuerto de Tel-Aviv. Su aterrizaje en Gran Canaria se registró sobre las 15.30 del 13 de diciembre de 1983.
Al igual que en el caso anterior, otros tres tripulantes de este avión tampoco fueron identificados por las autoridades españolas. En marzo de 1999 (16 años después), el entonces general jefe del Mando y Zona Aérea de Gando, Gonzalo Ramos Jácome, respondió a Garzón que “dado el tiempo transcurrido desde el año 1983 y una vez examinados los archivos de la Unidad, no consta información documental alguna respecto al asunto de referencia”.
Vuelos a España
Sin embargo, Público ha reunido numerosos documentos que demuestran que a lo largo de 1983, el Gobierno de Felipe González autorizó el aterrizaje en territorio español de al menos 15 vuelos militares procedentes de Argentina. Las solicitudes eran tramitadas por las representaciones diplomáticas de la dictadura, que en todos los casos alegaban los mismos motivos de viaje: el supuesto traslado de material aeronáutico “hacia y desde” el país suramericano.
Uno de los casos más llamativos ocurrió en mayo de 1983 –con la dictadura ya de capa caída–, cuando las autoridades diplomáticas llegaron a cursar solicitudes con menos de 48 horas de diferencia. Según ha podido confirmar este periódico, en esas mismas fechas el régimen argentino sacó del país distintos documentos de la represión. Su destino, al igual que el de los 30.000 desaparecidos, sigue siendo un misterio. (InfoGEI)Jd
Con esa frase, el general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército durante la dictadura argentina (1976-1983), justificaba la friolera de 30 mil asesinatos. Sus crímenes, creía el militar, no tenían nada de ilegal. Aún así, debían ser escondidos: el 22 de noviembre de 1983, unos veinte días antes de entregar el poder al presidente Raúl Alfonsín, Nicolaides ordenó a todos los jefes de Policía que aportasen la “documentación clasificada relativa a la lucha contra la subversión”, eufemismo empleado para referirse a fusilamientos, torturas y robos de bebés.
Buena parte de aquella documentación cruzaría el Atlántico algunas semanas después, a bordo de un avión Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas argentinas. El 19 de diciembre de 1983, este avión aterrizó en la base aérea militar de Gando, al este de la isla de Gran Canaria.
Así consta en un informe policial elaborado el 2 de junio de 1997 a instancias del juez Baltasar Garzón –quien entonces investigaba los asesinatos de ciudadanos españoles por parte de la dictadura de Videla–. Según ese documento, tres integrantes de la aeronave “no fueron registrados por el servicio de Emigración ni por los funcionarios de Aduanas”.
La tripulación argentina–compuesta también por otros cinco militares que sí fueron identificados al llegar al aeropuerto- durmió en el Hotel Cristina, donde contaba con habitaciones reservadas por el consulado de ese país en Las Palmas. Cuando Garzón trató de conseguir los registros de huéspedes, desde el hotel le respondieron que habían sido destruidos debido al tiempo transcurrido. Tampoco fue posible encontrar datos sobre el vuelo en el aeropuerto de Gando. “Los datos almacenados en sus archivos actuales no registran históricos con esa antigüedad, y es práctica habitual destruirlos pasado un tiempo prudencial”, señalaba el informe policial.
En medio de un absoluto hermetismo, aquel vuelo habría tenido como destino final la localidad francesa de Chateauroux-Deols. Desde allí, los militares argentinos se habrían trasladado por tierra hasta la localidad de Lugano, en Suiza. Junto a ellos llevaban “fichas microfilmadas con las listas de los desaparecidos en la Argentina, liquidados por las Fuerzas Armadas, encontrándose también documentos sobre el general argentino Juan Domingo Perón”, declaró a Garzón uno de los testigos argentinos.
A finales de 1984, el gobierno de Alfonsín habría intentado recuperar los archivos ocultos en una caja fuerte de una entidad bancaria suiza. “El entonces ministro de Defensa, Germán López, ordenó al responsable de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Roberto Peña, que encargara la misión al agente Pablo Valle, quien, en los años sesenta, había trabajado para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Guatemala”, señala uno de los documentos de la Audiencia Nacional a los que ha tenido acceso Público.
Sin embargo, el operativo habría fracasado, “ya que el enviado del Gobierno argentino se sumó al grupo que debía investigar y desapareció en Ginebra”. “Existe una versión nunca confirmada oficialmente que indica que el agente Valle habría vendido las claves secretas de las cajas de seguridad suizas a un Gobierno occidental por una suma cercana a los treinta mil dólares americanos”, apunta el escrito. Este periódico ha podido confirmar que el régimen de Videla contaba con una cuenta en un banco suizo, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
La vía israelí
Del mismo modo, la dictadura argentina también habría utilizado la base canaria de Gando como escala en su traslado de documentos secretos a Israel. Así se desprende del expediente de la Audiencia Nacional, en el que figuran los datos del vuelo SDA B-707 que llevaba como destino final el aeropuerto de Tel-Aviv. Su aterrizaje en Gran Canaria se registró sobre las 15.30 del 13 de diciembre de 1983.
Al igual que en el caso anterior, otros tres tripulantes de este avión tampoco fueron identificados por las autoridades españolas. En marzo de 1999 (16 años después), el entonces general jefe del Mando y Zona Aérea de Gando, Gonzalo Ramos Jácome, respondió a Garzón que “dado el tiempo transcurrido desde el año 1983 y una vez examinados los archivos de la Unidad, no consta información documental alguna respecto al asunto de referencia”.
Vuelos a España
Sin embargo, Público ha reunido numerosos documentos que demuestran que a lo largo de 1983, el Gobierno de Felipe González autorizó el aterrizaje en territorio español de al menos 15 vuelos militares procedentes de Argentina. Las solicitudes eran tramitadas por las representaciones diplomáticas de la dictadura, que en todos los casos alegaban los mismos motivos de viaje: el supuesto traslado de material aeronáutico “hacia y desde” el país suramericano.
Uno de los casos más llamativos ocurrió en mayo de 1983 –con la dictadura ya de capa caída–, cuando las autoridades diplomáticas llegaron a cursar solicitudes con menos de 48 horas de diferencia. Según ha podido confirmar este periódico, en esas mismas fechas el régimen argentino sacó del país distintos documentos de la represión. Su destino, al igual que el de los 30.000 desaparecidos, sigue siendo un misterio. (InfoGEI)Jd
