El viceministro de Economía, Roberto Feletti, habla de todo: Techint, Indec, participación del Estado. Y, también, anticipa los próximos pasos que se darán respecto de la regulación de la renta exportadora.
Roberto Feletti, viceministro de Economía, fue designado recientemente director por el Estado en Banco Macro. En una extensa charla con Debate, analiza la relevancia de una mayor participación del Estado en los directorios de las empresas donde la Anses tiene inversiones y, en particular, explica el fondo de la puja con el Grupo Techint. A su vez, reflexiona sobre el proceso de reforma del Indec y critica a las universidades que elaboraron un informe sobre la institución. Y adelanta lo que viene: regular nuevamente la renta exportadora del sector agropecuario.
¿Cómo explica la puja entre el Gobierno y el Grupo Techint?
En un sistema de sociedades anónimas, con participación accionaria, cualquier empresario privado o público tiene derecho a elegir directores y participar del proceso de dirección de la empresa. No creo que una compañía privada que tenga el 25 por ciento de acciones en otra sociedad no reclame su participación en ese directorio. Es una cosa que se cae de maduro. Está claro que, en todo este proceso, Techint quedó aislado. También que su rechazo tiene que ver con la propia historia de la compañía, y su forma de emergencia como grupo económico. Esta empresa fue parte del endeudamiento del Estado, de la transferencia de pasivos hacia el Estado. Esta lógica empresaria, que utilizó a Somisa como puente para llegar a los caños sin costura y lograr competitividad en el mundo, está reflejada hoy cuando se observa una empresa que desvinculó su lógica de negocio de la realidad argentina, donde su esquema de acumulación de resultados no asignados, y al no distribuir dividendos tenía como única lógica la construcción de una planta fuera del país. Entonces, hay que decir que estamos ante un grupo que, si bien utiliza insumos argentinos, se beneficia con la energía barata del país, tiene asiento en la Argentina, toma decisiones de negocios no vinculadas al desarrollo del país. Y esto se verifica en la poca creación de empleo y en que trasladan sus inversiones a otras partes del mundo. Lo que se está revisando en la Argentina es la matriz de negocios del sector empresario.
Es decir que con la mayor participación de directores dentro de Techint se buscaría que la empresa tuviera una mirada estratégica sobre el mercado interno.
Por lo menos que pueda discutirse el tema, que expliquen por qué sus decisiones de inversión se desvinculan de la Argentina. En realidad, este conflicto está dando cuenta de que se puso fin a una lógica de funcionamiento de los consorcios económicos que surgieron durante la dictadura, que desvincularon su suerte del destino del país. Ésta es otra discusión emblemática. Acá hubo quienes desvincularon su matriz de negocios de la Argentina, donde la apoteosis fueron los años 90 y la ola privatizadora que llevó a la extranjerización de la economía. ¿Por qué razón Techint no quiere un director más del Estado? Porque no desea abrir una discusión sobre sus inversiones y la matriz de su negocio. Techint es un grupo emblemático que creció al calor de la dictadura. Durante aquellos años, se llevó adelante un plan para crear grupos económicos dominantes, que tenían bien diversificadas sus inversiones porque estaban inmersos en la lógica de la valorización financiera. Si bien hoy todavía adolecemos de una burguesía nacional, no se concibe que un empresariado se desvincule de sus compromisos de empleo y la reinversión en el país. En algún punto, es lo mismo que ocurre con Clarín, donde en ambos casos están afectados sus esquemas de negocios. Por ejemplo, Papel Prensa es un mecanismo de acumulación monopólica. En vez de ser una empresa que provee papel libremente a todo el país, fue convertida en un centro de costos para digitar la expansión de Clarín en todo el país. Esta discusión sobre Papel Prensa no la dio Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete), sino Guillermo Moreno. El progresismo en el país debería ver estas diferencias.
Usted fue nombrado director por el Estado en el Banco Macro. ¿Cuáles son los cambios que deberían darse en el sistema financiero?
Hay que apostar a un redireccionamiento de la inversión con mecanismos de financiamiento más elaborados. Éste es el debate que se viene. En el país ya se crearon condiciones de macroeconomía que restituyeron la autonomía nacional, pero en el interior de esa autonomía continuaron adoptándose decisiones de negocios de manera “libremercadista”. Esto tiene que empezar a cambiar.
En este sentido, ¿cuál debería ser el rol de una nueva ley de entidades financieras?
Las iniciativas de cambio de la ley son saludables porque abren un debate que apunta a reformar uno de los emblemas de la dictadura, tal como sostiene uno de sus impulsores, el diputado (Carlos) Heller. Tiene un valor simbólico importante: fue la ley que dio el puntapié inicial al esquema de valorización financiera. En cuanto a las decisiones concretas que deberían aplicarse en el sistema financiero, son dos. Una es el retorno de la banca especializada. Esto lo puede hacer el propio Banco Central: crear los instrumentos para volver a una banca especializada por región y producto. En segundo lugar, crear una convergencia de tasas de interés, expectativa de tipo de cambio, certezas en los índices de precios al consumidor, para lograr que el peso sea una reserva de valor; es decir, que pueda ahorrarse en moneda local. Éste es un debate que debe darse. A partir de acá, creo que podrá restablecerse el crédito para el desarrollo. También es necesario modificar las condiciones de accesibilidad al financiamiento, que los bancos puedan ofrecer préstamos en cuotas para capital de trabajo, apalancar más a las Sociedades de Garantías Recíprocas. Son todas medidas de rápida ejecución.
Acaba de mencionar la necesidad de tener certezas en el índice de precios al consumidor (IPC). Esta semana, el Gobierno se reunió con las universidades públicas que analizaron la situación del Indec. ¿Cuál es el balance de ese encuentro?
En realidad, el informe de las universidades es un insumo más de todo el trabajo que se está haciendo para reformar el Indec. Nosotros queremos hacer luz sobre el Instituto y recuperar su credibilidad. También pretendemos llevar este debate a la opinión pública y al Congreso. En el seminario que realizamos esta semana le dijimos a las casas de estudio cuáles habían sido los errores encontrados en la elaboración del IPC previos a 2007, errores que tenían un doble impacto en la economía. Por un lado, afectaban a los insumos que utilizan los agentes económicos para la toma de decisiones y, además, generaban un abultamiento indebido de los costos de la deuda externa. Esto se vio reflejado en cálculos erróneos, por ejemplo, en las cuotas de las escuelas privadas, el precio del pan, el turismo, el empleo doméstico y los productos importados.
¿Por qué el Gobierno no dijo todo esto en 2007, cuando desplazó a la ex titular del IPC, Graciela Bevacqua?
Lo dice ahora. Era muy difícil en ese momento. Después, el proceso político llegó a tal nivel que la convivencia con la oposición era muy compleja y, por eso, se tuvo que buscar algún tipo de mediador, como las universidades. El acuerdo de (Amado) Boudou con las casas de estudio era para alcanzar algún tipo de ecuanimidad de análisis y no que la UBA se hiciera cargo de todas las cosas que dijeron los tipos que se habían quedado afuera del Indec. Las universidades admitieron que no analizaron la situación previa a 2007. No dicen nada de las razones que llevaron al Ejecutivo a pensar en una reforma del Indec; nada dicen de la manipulación de las cifras que se daba antes de 2007. Hubo mucho sesgo ideológico en su trabajo. Acá había una situación de manipulación de cifras previa a 2007 y nadie dijo nada.
¿Y cómo se hace después de tanto tiempo para instalar en la sociedad que la manipulación de cifras no la hizo el Gobierno, sino las ex autoridades del Indec?
Eso es lo que deberían haber hecho las universidades. Para eso se las convocó. Sobre todo la UBA. La principal responsable de todo esto es la UBA. No puede ser que (Enrique) Zuleta Puceiro me diga “y sí, yo sé cómo era el Indec antes”. ¿Por qué no lo reflejó en el informe, entonces? A lo mejor podrían haber cuestionado un montón de cosas, pero deberían haber tamizado un poco. ¿O era un secreto que el Indec funcionaba al servicio de la patria financiera?
¿Cómo será el IPC nacional diseñado junto con el FMI?
En eso están trabajando los técnicos. El debate del Indec plantea hoy la posibilidad de llegar al Congreso con un conjunto de informes para discutir en profundidad su situación y restablecer su credibilidad. Supongo que lo del Fondo es un insumo más. No es que el IPC nacional será creado por ellos. El Gobierno decidió dar este debate en un año electoral, dato que no es menor. El Indec fue una batalla importante para la Argentina.
LAS PRÓXIMAS BATALLAS
Papel Prensa, Techint, Indec. ¿Cuáles son los denominadores comunes?
Me parece que es un cambio en las relaciones de poder en la Argentina, entre el Estado y los sectores empresariales. En los tres lugares fueron impedidos esquemas de apropiación de excedentes rápidos; unos por la valorización financiera y otros dos por gozar de un mercado monopólico. Esto no quiere decir que el Estado se oponga a la rentabilidad de las empresas. Pero sí se opone a la apropiación indebida de excedentes rápidos y sin la contracara de lo que supondría un capitalismo con un Estado fuerte. En el país había una patria financiera que operaba junto al Indec como aliado. Llamaban al Instituto para preguntar dónde convenía invertir en función de la actualización vía CER. Eso se acabó. Básicamente, el denominador común de estos casos es ejercer un mayor control a la sobrerrenta indebida. Es lo mismo que ocurrió con las retenciones agropecuarias. Que las formas podrían haber sido distintas, es verdad. Pero el fondo de la cuestión es el mismo.
¿Cuáles son los grandes debates pendientes que podrían encararse en un próximo gobierno kirchnerista?
El primero debería ser la profundización de la inserción regional de la Argentina y la construcción de la UNASUR como bloque económico y una mayor complementariedad con Brasil. Hay una visión de que Brasil debe ampliar su poder de compra sobre el país. El segundo debate que se viene tiene que ver con la suba generalizada de los alimentos. Esto obliga a discusiones que no deberían centrarse solamente en una transferencia de recursos entre países. Debemos discutir la ampliación de la oferta y regular la renta exportadora. Éste es un debate mundial y que deberá darse nuevamente en el país. El tercer debate es el modelo industrial. La Argentina avanzó en una reconversión industrial importante. Tiene una salida exportadora relevante, pero no puede pensarse que su competitividad sostenida en el tiempo estará dada sólo por un tipo de cambio alto y salarios bajos. El modelo industrial debe ser capaz de bajar más la tasa de desempleo, llevarla cerca del cinco por ciento, compatible con lo que sería el desempleo voluntario. La etapa que se viene necesita un poco más de audacia. En estos ocho años se dieron respuestas rápidas a cuestiones sociales, y se logró una autonomía nacional que ahora necesita profundizarse.
¿Y cuál es el rol de la juventud en todo este proceso?
Creo que son los jóvenes empleados, los que pudieron cambiar su vida a través del trabajo, quienes van a liderar este cambio. El populismo -al que muchos critican- debería radicalizarse. Uno de los problemas del populismo es que no era sustentable, ya que no podía apropiarse de factores de renta importantes. Esto es lo que cambió. Un proceso de estas características necesariamente debería profundizarse. Ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites.
Roberto Feletti, viceministro de Economía, fue designado recientemente director por el Estado en Banco Macro. En una extensa charla con Debate, analiza la relevancia de una mayor participación del Estado en los directorios de las empresas donde la Anses tiene inversiones y, en particular, explica el fondo de la puja con el Grupo Techint. A su vez, reflexiona sobre el proceso de reforma del Indec y critica a las universidades que elaboraron un informe sobre la institución. Y adelanta lo que viene: regular nuevamente la renta exportadora del sector agropecuario.
¿Cómo explica la puja entre el Gobierno y el Grupo Techint?
En un sistema de sociedades anónimas, con participación accionaria, cualquier empresario privado o público tiene derecho a elegir directores y participar del proceso de dirección de la empresa. No creo que una compañía privada que tenga el 25 por ciento de acciones en otra sociedad no reclame su participación en ese directorio. Es una cosa que se cae de maduro. Está claro que, en todo este proceso, Techint quedó aislado. También que su rechazo tiene que ver con la propia historia de la compañía, y su forma de emergencia como grupo económico. Esta empresa fue parte del endeudamiento del Estado, de la transferencia de pasivos hacia el Estado. Esta lógica empresaria, que utilizó a Somisa como puente para llegar a los caños sin costura y lograr competitividad en el mundo, está reflejada hoy cuando se observa una empresa que desvinculó su lógica de negocio de la realidad argentina, donde su esquema de acumulación de resultados no asignados, y al no distribuir dividendos tenía como única lógica la construcción de una planta fuera del país. Entonces, hay que decir que estamos ante un grupo que, si bien utiliza insumos argentinos, se beneficia con la energía barata del país, tiene asiento en la Argentina, toma decisiones de negocios no vinculadas al desarrollo del país. Y esto se verifica en la poca creación de empleo y en que trasladan sus inversiones a otras partes del mundo. Lo que se está revisando en la Argentina es la matriz de negocios del sector empresario.
Es decir que con la mayor participación de directores dentro de Techint se buscaría que la empresa tuviera una mirada estratégica sobre el mercado interno.
Por lo menos que pueda discutirse el tema, que expliquen por qué sus decisiones de inversión se desvinculan de la Argentina. En realidad, este conflicto está dando cuenta de que se puso fin a una lógica de funcionamiento de los consorcios económicos que surgieron durante la dictadura, que desvincularon su suerte del destino del país. Ésta es otra discusión emblemática. Acá hubo quienes desvincularon su matriz de negocios de la Argentina, donde la apoteosis fueron los años 90 y la ola privatizadora que llevó a la extranjerización de la economía. ¿Por qué razón Techint no quiere un director más del Estado? Porque no desea abrir una discusión sobre sus inversiones y la matriz de su negocio. Techint es un grupo emblemático que creció al calor de la dictadura. Durante aquellos años, se llevó adelante un plan para crear grupos económicos dominantes, que tenían bien diversificadas sus inversiones porque estaban inmersos en la lógica de la valorización financiera. Si bien hoy todavía adolecemos de una burguesía nacional, no se concibe que un empresariado se desvincule de sus compromisos de empleo y la reinversión en el país. En algún punto, es lo mismo que ocurre con Clarín, donde en ambos casos están afectados sus esquemas de negocios. Por ejemplo, Papel Prensa es un mecanismo de acumulación monopólica. En vez de ser una empresa que provee papel libremente a todo el país, fue convertida en un centro de costos para digitar la expansión de Clarín en todo el país. Esta discusión sobre Papel Prensa no la dio Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete), sino Guillermo Moreno. El progresismo en el país debería ver estas diferencias.
Usted fue nombrado director por el Estado en el Banco Macro. ¿Cuáles son los cambios que deberían darse en el sistema financiero?
Hay que apostar a un redireccionamiento de la inversión con mecanismos de financiamiento más elaborados. Éste es el debate que se viene. En el país ya se crearon condiciones de macroeconomía que restituyeron la autonomía nacional, pero en el interior de esa autonomía continuaron adoptándose decisiones de negocios de manera “libremercadista”. Esto tiene que empezar a cambiar.
En este sentido, ¿cuál debería ser el rol de una nueva ley de entidades financieras?
Las iniciativas de cambio de la ley son saludables porque abren un debate que apunta a reformar uno de los emblemas de la dictadura, tal como sostiene uno de sus impulsores, el diputado (Carlos) Heller. Tiene un valor simbólico importante: fue la ley que dio el puntapié inicial al esquema de valorización financiera. En cuanto a las decisiones concretas que deberían aplicarse en el sistema financiero, son dos. Una es el retorno de la banca especializada. Esto lo puede hacer el propio Banco Central: crear los instrumentos para volver a una banca especializada por región y producto. En segundo lugar, crear una convergencia de tasas de interés, expectativa de tipo de cambio, certezas en los índices de precios al consumidor, para lograr que el peso sea una reserva de valor; es decir, que pueda ahorrarse en moneda local. Éste es un debate que debe darse. A partir de acá, creo que podrá restablecerse el crédito para el desarrollo. También es necesario modificar las condiciones de accesibilidad al financiamiento, que los bancos puedan ofrecer préstamos en cuotas para capital de trabajo, apalancar más a las Sociedades de Garantías Recíprocas. Son todas medidas de rápida ejecución.
Acaba de mencionar la necesidad de tener certezas en el índice de precios al consumidor (IPC). Esta semana, el Gobierno se reunió con las universidades públicas que analizaron la situación del Indec. ¿Cuál es el balance de ese encuentro?
En realidad, el informe de las universidades es un insumo más de todo el trabajo que se está haciendo para reformar el Indec. Nosotros queremos hacer luz sobre el Instituto y recuperar su credibilidad. También pretendemos llevar este debate a la opinión pública y al Congreso. En el seminario que realizamos esta semana le dijimos a las casas de estudio cuáles habían sido los errores encontrados en la elaboración del IPC previos a 2007, errores que tenían un doble impacto en la economía. Por un lado, afectaban a los insumos que utilizan los agentes económicos para la toma de decisiones y, además, generaban un abultamiento indebido de los costos de la deuda externa. Esto se vio reflejado en cálculos erróneos, por ejemplo, en las cuotas de las escuelas privadas, el precio del pan, el turismo, el empleo doméstico y los productos importados.
¿Por qué el Gobierno no dijo todo esto en 2007, cuando desplazó a la ex titular del IPC, Graciela Bevacqua?
Lo dice ahora. Era muy difícil en ese momento. Después, el proceso político llegó a tal nivel que la convivencia con la oposición era muy compleja y, por eso, se tuvo que buscar algún tipo de mediador, como las universidades. El acuerdo de (Amado) Boudou con las casas de estudio era para alcanzar algún tipo de ecuanimidad de análisis y no que la UBA se hiciera cargo de todas las cosas que dijeron los tipos que se habían quedado afuera del Indec. Las universidades admitieron que no analizaron la situación previa a 2007. No dicen nada de las razones que llevaron al Ejecutivo a pensar en una reforma del Indec; nada dicen de la manipulación de las cifras que se daba antes de 2007. Hubo mucho sesgo ideológico en su trabajo. Acá había una situación de manipulación de cifras previa a 2007 y nadie dijo nada.
¿Y cómo se hace después de tanto tiempo para instalar en la sociedad que la manipulación de cifras no la hizo el Gobierno, sino las ex autoridades del Indec?
Eso es lo que deberían haber hecho las universidades. Para eso se las convocó. Sobre todo la UBA. La principal responsable de todo esto es la UBA. No puede ser que (Enrique) Zuleta Puceiro me diga “y sí, yo sé cómo era el Indec antes”. ¿Por qué no lo reflejó en el informe, entonces? A lo mejor podrían haber cuestionado un montón de cosas, pero deberían haber tamizado un poco. ¿O era un secreto que el Indec funcionaba al servicio de la patria financiera?
¿Cómo será el IPC nacional diseñado junto con el FMI?
En eso están trabajando los técnicos. El debate del Indec plantea hoy la posibilidad de llegar al Congreso con un conjunto de informes para discutir en profundidad su situación y restablecer su credibilidad. Supongo que lo del Fondo es un insumo más. No es que el IPC nacional será creado por ellos. El Gobierno decidió dar este debate en un año electoral, dato que no es menor. El Indec fue una batalla importante para la Argentina.
LAS PRÓXIMAS BATALLAS
Papel Prensa, Techint, Indec. ¿Cuáles son los denominadores comunes?
Me parece que es un cambio en las relaciones de poder en la Argentina, entre el Estado y los sectores empresariales. En los tres lugares fueron impedidos esquemas de apropiación de excedentes rápidos; unos por la valorización financiera y otros dos por gozar de un mercado monopólico. Esto no quiere decir que el Estado se oponga a la rentabilidad de las empresas. Pero sí se opone a la apropiación indebida de excedentes rápidos y sin la contracara de lo que supondría un capitalismo con un Estado fuerte. En el país había una patria financiera que operaba junto al Indec como aliado. Llamaban al Instituto para preguntar dónde convenía invertir en función de la actualización vía CER. Eso se acabó. Básicamente, el denominador común de estos casos es ejercer un mayor control a la sobrerrenta indebida. Es lo mismo que ocurrió con las retenciones agropecuarias. Que las formas podrían haber sido distintas, es verdad. Pero el fondo de la cuestión es el mismo.
¿Cuáles son los grandes debates pendientes que podrían encararse en un próximo gobierno kirchnerista?
El primero debería ser la profundización de la inserción regional de la Argentina y la construcción de la UNASUR como bloque económico y una mayor complementariedad con Brasil. Hay una visión de que Brasil debe ampliar su poder de compra sobre el país. El segundo debate que se viene tiene que ver con la suba generalizada de los alimentos. Esto obliga a discusiones que no deberían centrarse solamente en una transferencia de recursos entre países. Debemos discutir la ampliación de la oferta y regular la renta exportadora. Éste es un debate mundial y que deberá darse nuevamente en el país. El tercer debate es el modelo industrial. La Argentina avanzó en una reconversión industrial importante. Tiene una salida exportadora relevante, pero no puede pensarse que su competitividad sostenida en el tiempo estará dada sólo por un tipo de cambio alto y salarios bajos. El modelo industrial debe ser capaz de bajar más la tasa de desempleo, llevarla cerca del cinco por ciento, compatible con lo que sería el desempleo voluntario. La etapa que se viene necesita un poco más de audacia. En estos ocho años se dieron respuestas rápidas a cuestiones sociales, y se logró una autonomía nacional que ahora necesita profundizarse.
¿Y cuál es el rol de la juventud en todo este proceso?
Creo que son los jóvenes empleados, los que pudieron cambiar su vida a través del trabajo, quienes van a liderar este cambio. El populismo -al que muchos critican- debería radicalizarse. Uno de los problemas del populismo es que no era sustentable, ya que no podía apropiarse de factores de renta importantes. Esto es lo que cambió. Un proceso de estas características necesariamente debería profundizarse. Ganada la batalla cultural contra los medios, y con un posible triunfo electoral en ciernes, no tenés límites.
