El impuesto a las ganancias, sucesor del impuesto a los réditos, fue creado con un claro sentido redistributivo al limitar sus alcances sólo a quienes se ubicaban en las escalas de ingresos más altas. La misma denominación «ganancias» y «réditos» demostraba la intención de no utilizar la palabra ingresos, término que comprende los salarios. Este impuesto siempre abarcó los llamados «ingresos de cuarta categoría», es decir, las remuneraciones, pero apuntando a quienes tenían una significativa capacidad de ahorro. El mínimo no imponible decidido y actualizado por la autoridad fiscal definía razonablemente esa línea. Quienes estaban por debajo de él no tributaban Ganancias. El valor de ese mínimo era actualizado permanentemente en función de la inflación ocurrida y raramente había reclamos o conflictos por este tema.
Esto ha cambiado en los últimos años como consecuencia de dos razones principales. En primer lugar, porque el índice de precios al consumidor medido por el Indec ha sido manipulado desde enero de 2007, subestimando groseramente la inflación real. El Gobierno no ha querido mostrar ajustes del mínimo no imponible que pusieran en evidencia esa maniobra.
La otra razón es la creciente debilidad que han ido mostrando las cuentas públicas por el notable aumento del gasto. Esto, unido a la falta de acceso al crédito, ha forzado al Gobierno a buscar más recursos por donde sea. En este caso la víctima elegida han sido los asalariados.
En enero pasado, el Gobierno dispuso un incremento del 20 por ciento en el mínimo no imponible. Hacía dos años que no se ajustaba y anteriormente lo había sido por debajo de la inflación real. Ese retraso no se ha recuperado, sino que se ha acrecentado.
En la ocasión de anunciar aquel ajuste, la Presidenta afirmó que sólo el 17,5 por ciento de los trabajadores recibirían salarios por sobre el mínimo. Esto la impulsó a decir que el gravamen debería llamarse «impuesto a los altos ingresos».
Hoy, unos meses después, se estima que son más del 35% los que superan los 6939 pesos mensuales, que es el mínimo no imponible vigente. Esto no ocurre porque haya aumentado el salario real ni el poder adquisitivo. Por lo contrario, han disminuido, mientras la carga impositiva ha crecido no sólo por esto, sino además por no modificarse tampoco los topes nominales que definen cuando se pasa de una alícuota del impuesto a otra mayor.
Un ejemplo claro de esa sistemática destrucción del poder adquisitivo lo demuestra la erosión que sufrieron muchos salarios durante el pasado mes de junio, cuando se abonó la primera cuota del aguinaldo. Como consecuencia de los incrementos obtenidos por trabajadores de diversos rubros en las convenciones colectivas de trabajo ha aumentado enormemente la presión fiscal, lo que se tradujo en un aguinaldo totalmente depreciado. Según estudios privados, entre 2011 y 2013, esa reducción oscila entre el 45 y el 82 por ciento sobre el sueldo anual complementario.
El porcentaje de los asalariados afectados no es uniforme en las distintas regiones del país o en diferentes sectores de la actividad. En las provincias patagónicas los salarios promedio superan entre un 65 a un ciento por ciento el mínimo no imponible. En esos casos, más de la mitad de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Lo mismo ocurre con las actividades mejor remuneradas.
La salida del congelamiento de gran parte de los bienes de consumo y el sostenido aumento de los combustibles están permitiendo que los precios emerjan de una inflación reprimida y respondan a la fuerte expansión monetaria producida desde el Banco Central.
El déficit fiscal y la ya descontrolada emisión para financiarlo cierran un vicioso círculo que permite pronosticar una aceleración de la inflación.
Ante esa perspectiva, la creciente presión impositiva sobre los salarios se hará sentir sobre muchísimos hogares que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por lo tanto, el ajuste del mínimo no imponible cobra la mayor importancia social..
Esto ha cambiado en los últimos años como consecuencia de dos razones principales. En primer lugar, porque el índice de precios al consumidor medido por el Indec ha sido manipulado desde enero de 2007, subestimando groseramente la inflación real. El Gobierno no ha querido mostrar ajustes del mínimo no imponible que pusieran en evidencia esa maniobra.
La otra razón es la creciente debilidad que han ido mostrando las cuentas públicas por el notable aumento del gasto. Esto, unido a la falta de acceso al crédito, ha forzado al Gobierno a buscar más recursos por donde sea. En este caso la víctima elegida han sido los asalariados.
En enero pasado, el Gobierno dispuso un incremento del 20 por ciento en el mínimo no imponible. Hacía dos años que no se ajustaba y anteriormente lo había sido por debajo de la inflación real. Ese retraso no se ha recuperado, sino que se ha acrecentado.
En la ocasión de anunciar aquel ajuste, la Presidenta afirmó que sólo el 17,5 por ciento de los trabajadores recibirían salarios por sobre el mínimo. Esto la impulsó a decir que el gravamen debería llamarse «impuesto a los altos ingresos».
Hoy, unos meses después, se estima que son más del 35% los que superan los 6939 pesos mensuales, que es el mínimo no imponible vigente. Esto no ocurre porque haya aumentado el salario real ni el poder adquisitivo. Por lo contrario, han disminuido, mientras la carga impositiva ha crecido no sólo por esto, sino además por no modificarse tampoco los topes nominales que definen cuando se pasa de una alícuota del impuesto a otra mayor.
Un ejemplo claro de esa sistemática destrucción del poder adquisitivo lo demuestra la erosión que sufrieron muchos salarios durante el pasado mes de junio, cuando se abonó la primera cuota del aguinaldo. Como consecuencia de los incrementos obtenidos por trabajadores de diversos rubros en las convenciones colectivas de trabajo ha aumentado enormemente la presión fiscal, lo que se tradujo en un aguinaldo totalmente depreciado. Según estudios privados, entre 2011 y 2013, esa reducción oscila entre el 45 y el 82 por ciento sobre el sueldo anual complementario.
El porcentaje de los asalariados afectados no es uniforme en las distintas regiones del país o en diferentes sectores de la actividad. En las provincias patagónicas los salarios promedio superan entre un 65 a un ciento por ciento el mínimo no imponible. En esos casos, más de la mitad de los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. Lo mismo ocurre con las actividades mejor remuneradas.
La salida del congelamiento de gran parte de los bienes de consumo y el sostenido aumento de los combustibles están permitiendo que los precios emerjan de una inflación reprimida y respondan a la fuerte expansión monetaria producida desde el Banco Central.
El déficit fiscal y la ya descontrolada emisión para financiarlo cierran un vicioso círculo que permite pronosticar una aceleración de la inflación.
Ante esa perspectiva, la creciente presión impositiva sobre los salarios se hará sentir sobre muchísimos hogares que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por lo tanto, el ajuste del mínimo no imponible cobra la mayor importancia social..
