Corrían los tiempos del gobierno de la Alianza, Fernando de la Rúa presidía el país y el 21 junio de 2001 Aerolíneas Argentinas, que arrastraba una deuda que superaba los 1000 millones de dólares, caía en suspensión de pagos y convocatoria de acreedores, evitando la quiebra. Tal vez como un preámbulo del 19 y 20 de diciembre, la empresa de bandera que había sido símbolo del país llegaba a una situación en la cual su existencia pendía de un hilo. Sólo la lucha y la resistencia de sus empleados, acompañados por grandes sectores de la sociedad, lograron evitar lo que parecía inevitable. Por entonces, la ministra de Trabajo Patricia Bullrich aseguraba que “el destino de Aerolíneas se define en horas”, mientras los gremios aeronáuticos, apoyados por el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) que dirigía Hugo Moyano, habían iniciado un boicot contra las operaciones españolas en la Argentina.
Desde entonces, mucho se dijo sobre la privatización y el vaciamiento de la compañía a manos de los capitales privados, pero no se contó todo. Por largo tiempo, una maniobra varias veces millonaria permaneció oculta.
Luego de su transnacionalización en 1990 en favor de Iberia, en 2001 la compañía era gerenciada por la Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI), una sociedad estatal que ante la quiebra inminente y el peligro de un conflicto binacional Argentina-España, encontró la salida a través de uno de sus directivos, Juan Gurbindo Gutiérrez, quien contactó al empresario Antonio Mata y le propuso ingresar al negocio.
El 2 de octubre de 2001, SEPI y Air Comet firmaron el contrato de compraventa. Quince días después, Air Comet –cuyos dueños eran Antonio Mata Ramayo, Gonzalo Pascual Arias y Gerardo Díaz Ferrán–, con avales del grupo Marsans –propiedad de los mencionados Pascual Arias y Díaz Ferrán– adquirió la aerolínea por la suma de un dólar.
Ahora bien: ¿De dónde saldría el dinero para reflotar lo poco que quedaba? Porque el nuevo dueño había invertido un dólar y sólo contaba con una flota de seis aviones. La solución llego de la mano del propio contrato de compraventa en el cual quedó acordado que SEPI le entregaría 800 millones de dólares a Air Comet, de los cuales 500 millones serían para un plan industrial y los restantes 300 millones irían a pagar pasivos de Aerolíneas en la convocatoria de acreedores abierta en junio de 2001. Es en este punto donde Repsol YPF, otra inversión española en el país, toma partido en un acuerdo que resultaría tan complejo como nocivo para los intereses del Estado argentino.
La petrolera, malvendida en la década del ’90, era uno de los acreedores de Aerolíneas que, al momento de abrirse la convocatoria, le debía a Repsol 54,7 millones de dólares, producto de una deuda comercial. De ese monto, 52.327.412,33 dólares correspondían a YPF SA, 2.352.597,18 dólares a Repsol Comercial de Productos Petroleros (España) y 22.585 dólares a YPF Petroleros Trasandinos (Chile).
2001: LA MANIOBRA REPSOL – AIR COMET. En los procesos concursales existen los acreedores privilegiados, aquellos que cobran en primer lugar y el total de la deuda, y acreedores quirografarios, quienes cobran en segundo término pero con una quita que se fija al homologar la convocatoria de acreedores. En el caso del concurso de Aerolíneas –el mayor en la historia local–, la quita fijada el 26 de diciembre de 2002 fue del 60%, con lo cual Repsol YPF, por ser un acreedor quirografario, debía cobrar unos 24 millones de dólares. Sin embargo, fruto de un acuerdo entre privados, que permaneció en secreto por largo tiempo, la petrolera percibió los 54,7 millones de dólares iniciales, sin ningún tipo de quita.
Según consta en la pericia presentada por la propia Air Comet como dueña de Aerolíneas en el procedimiento acreditado en el Juzgado N° 35 de Madrid, Repsol YPF se alzó con el monto total del crédito el 5 de diciembre de 2001 (ver documento), cuando debió haber esperado al 26 de diciembre de 2002, fecha en la que se homologó el concurso y la convocatoria de acreedores.
Pero hay más. No sólo cobró indebidamente, al incumplir los plazos establecidos y percibir toda la deuda sin quita, sino que una vez obtenidos los 54,7 millones de dólares, lo ocultó y se mantuvo dentro de la convocatoria de Aerolíneas hasta la homologación del concurso, como si no hubiera cobrado, cometiendo lo que el articulo N° 16 de la ley argentina de Concurso y Quiebra define como “simulación ilícita”.
La frutilla del postre es que, además de estas irregularidades, Air Comet luego adquirió los tres créditos de Repsol –ya pagos–, sustituyéndola en el concurso (ver documento) y violando el contrato de compraventa, donde se especificaba que el dinero aportado por SEPI se debía destinar al pago de deuda pero no a la compra de las mismas. Así, Air Comet vio incrementado su capital en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y del Estado Nacional, que tenía en 2001 el 1% del paquete accionario de la empresa.
2002: REPSOL – ANTONIO MATA, LA MANIOBRA RECARGADA. Sin De la Rúa en el poder y ya con Eduardo Duhalde como presidente interino, en 2002 el concurso de Aerolíneas seguía su curso. Fue entonces cuando Antonio Mata, presidente del comité ejecutivo de la empresa y dueño de Air Comet, llevó adelante otra operación que perjudicaría a la firma de bandera argentina, contando para esto con el consentimiento de Repsol YPF.
La jugada fue la siguiente. Al permanecer desde 2001 dentro del concurso de forma irregular, en 2002 Repsol verifico los créditos que ya había cobrado por 54,7 millones de dólares y, a pesar de haber sido sustituida por Air Comet, que había adquirido sus tres créditos, en noviembre de ese mismo año la petrolera permitió la cesión de esa deuda a una empresa de Antonio Mata, Royal Romana Playa, quedando esta sociedad como acreedor quirografario, según consta en el expediente judicial 82880, “Aerolíneas Argentinas SA s/ concurso preventivo” (ver documento).
De esta forma, Antonio Mata, una vez homologado el concurso de Aerolíneas con el 60% de quita, cobró los 24 millones de dólares que debió haber percibido originalmente Repsol YPF.
Una prueba irrefutable del entendimiento entre la petrolera y Mata, en perjuicio de Aerolíneas, son tres cartas de Air Comet dirigidas a las filiales de Repsol YPF en Argentina, Chile y España, notificando la cesión en favor de Royal Romana Playa (ver documento), aportadas a la causa de Madrid por el abogado español Rafael Caro Moya, quien a fines de 2004 inició acciones legales contra Mata y en 2005 contra Air Comet.
Hasta aquí, la sucesión de hechos y artilugios que afectaron en varios millones al Estado argentino y que habían permanecido bajo llave, gracias a que el contrato de compraventa firmado por SEPI y Air Comet incluía “altas cláusulas de confidencialidad” que impedían que ese documento tomara estado público, salvo que fuera requerido por la vía judicial, como finalmente sucedió en 2005.
Lo que ni siquiera la confidencialidad pudo evitar es que Antonio Mata, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual terminaran acusados en la justicia española por estafa procesal, delito fiscal y desvío de fondos públicos.
Ahora, después de una década, también la opinión pública argentina está al tanto de este negociado, uno más, que contribuyó al desguace de Aerolíneas. <
Desde entonces, mucho se dijo sobre la privatización y el vaciamiento de la compañía a manos de los capitales privados, pero no se contó todo. Por largo tiempo, una maniobra varias veces millonaria permaneció oculta.
Luego de su transnacionalización en 1990 en favor de Iberia, en 2001 la compañía era gerenciada por la Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI), una sociedad estatal que ante la quiebra inminente y el peligro de un conflicto binacional Argentina-España, encontró la salida a través de uno de sus directivos, Juan Gurbindo Gutiérrez, quien contactó al empresario Antonio Mata y le propuso ingresar al negocio.
El 2 de octubre de 2001, SEPI y Air Comet firmaron el contrato de compraventa. Quince días después, Air Comet –cuyos dueños eran Antonio Mata Ramayo, Gonzalo Pascual Arias y Gerardo Díaz Ferrán–, con avales del grupo Marsans –propiedad de los mencionados Pascual Arias y Díaz Ferrán– adquirió la aerolínea por la suma de un dólar.
Ahora bien: ¿De dónde saldría el dinero para reflotar lo poco que quedaba? Porque el nuevo dueño había invertido un dólar y sólo contaba con una flota de seis aviones. La solución llego de la mano del propio contrato de compraventa en el cual quedó acordado que SEPI le entregaría 800 millones de dólares a Air Comet, de los cuales 500 millones serían para un plan industrial y los restantes 300 millones irían a pagar pasivos de Aerolíneas en la convocatoria de acreedores abierta en junio de 2001. Es en este punto donde Repsol YPF, otra inversión española en el país, toma partido en un acuerdo que resultaría tan complejo como nocivo para los intereses del Estado argentino.
La petrolera, malvendida en la década del ’90, era uno de los acreedores de Aerolíneas que, al momento de abrirse la convocatoria, le debía a Repsol 54,7 millones de dólares, producto de una deuda comercial. De ese monto, 52.327.412,33 dólares correspondían a YPF SA, 2.352.597,18 dólares a Repsol Comercial de Productos Petroleros (España) y 22.585 dólares a YPF Petroleros Trasandinos (Chile).
2001: LA MANIOBRA REPSOL – AIR COMET. En los procesos concursales existen los acreedores privilegiados, aquellos que cobran en primer lugar y el total de la deuda, y acreedores quirografarios, quienes cobran en segundo término pero con una quita que se fija al homologar la convocatoria de acreedores. En el caso del concurso de Aerolíneas –el mayor en la historia local–, la quita fijada el 26 de diciembre de 2002 fue del 60%, con lo cual Repsol YPF, por ser un acreedor quirografario, debía cobrar unos 24 millones de dólares. Sin embargo, fruto de un acuerdo entre privados, que permaneció en secreto por largo tiempo, la petrolera percibió los 54,7 millones de dólares iniciales, sin ningún tipo de quita.
Según consta en la pericia presentada por la propia Air Comet como dueña de Aerolíneas en el procedimiento acreditado en el Juzgado N° 35 de Madrid, Repsol YPF se alzó con el monto total del crédito el 5 de diciembre de 2001 (ver documento), cuando debió haber esperado al 26 de diciembre de 2002, fecha en la que se homologó el concurso y la convocatoria de acreedores.
Pero hay más. No sólo cobró indebidamente, al incumplir los plazos establecidos y percibir toda la deuda sin quita, sino que una vez obtenidos los 54,7 millones de dólares, lo ocultó y se mantuvo dentro de la convocatoria de Aerolíneas hasta la homologación del concurso, como si no hubiera cobrado, cometiendo lo que el articulo N° 16 de la ley argentina de Concurso y Quiebra define como “simulación ilícita”.
La frutilla del postre es que, además de estas irregularidades, Air Comet luego adquirió los tres créditos de Repsol –ya pagos–, sustituyéndola en el concurso (ver documento) y violando el contrato de compraventa, donde se especificaba que el dinero aportado por SEPI se debía destinar al pago de deuda pero no a la compra de las mismas. Así, Air Comet vio incrementado su capital en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y del Estado Nacional, que tenía en 2001 el 1% del paquete accionario de la empresa.
2002: REPSOL – ANTONIO MATA, LA MANIOBRA RECARGADA. Sin De la Rúa en el poder y ya con Eduardo Duhalde como presidente interino, en 2002 el concurso de Aerolíneas seguía su curso. Fue entonces cuando Antonio Mata, presidente del comité ejecutivo de la empresa y dueño de Air Comet, llevó adelante otra operación que perjudicaría a la firma de bandera argentina, contando para esto con el consentimiento de Repsol YPF.
La jugada fue la siguiente. Al permanecer desde 2001 dentro del concurso de forma irregular, en 2002 Repsol verifico los créditos que ya había cobrado por 54,7 millones de dólares y, a pesar de haber sido sustituida por Air Comet, que había adquirido sus tres créditos, en noviembre de ese mismo año la petrolera permitió la cesión de esa deuda a una empresa de Antonio Mata, Royal Romana Playa, quedando esta sociedad como acreedor quirografario, según consta en el expediente judicial 82880, “Aerolíneas Argentinas SA s/ concurso preventivo” (ver documento).
De esta forma, Antonio Mata, una vez homologado el concurso de Aerolíneas con el 60% de quita, cobró los 24 millones de dólares que debió haber percibido originalmente Repsol YPF.
Una prueba irrefutable del entendimiento entre la petrolera y Mata, en perjuicio de Aerolíneas, son tres cartas de Air Comet dirigidas a las filiales de Repsol YPF en Argentina, Chile y España, notificando la cesión en favor de Royal Romana Playa (ver documento), aportadas a la causa de Madrid por el abogado español Rafael Caro Moya, quien a fines de 2004 inició acciones legales contra Mata y en 2005 contra Air Comet.
Hasta aquí, la sucesión de hechos y artilugios que afectaron en varios millones al Estado argentino y que habían permanecido bajo llave, gracias a que el contrato de compraventa firmado por SEPI y Air Comet incluía “altas cláusulas de confidencialidad” que impedían que ese documento tomara estado público, salvo que fuera requerido por la vía judicial, como finalmente sucedió en 2005.
Lo que ni siquiera la confidencialidad pudo evitar es que Antonio Mata, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual terminaran acusados en la justicia española por estafa procesal, delito fiscal y desvío de fondos públicos.
Ahora, después de una década, también la opinión pública argentina está al tanto de este negociado, uno más, que contribuyó al desguace de Aerolíneas. <
