El gobierno de Santa Cruz postergará la reglamentación de la ley que eleva los impuestos mineros provinciales hasta pasadas las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Así lo aseguraron fuentes empresarias que pidieron mantener el anonimato, pero dieron cuenta de que la Ley, que fue aprobada por la Legislatura provincial hace un mes y medio, no será reglamentada antes de fin de agosto. Lo que está en juego es el llamado Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera, que fija una alícuota de un 1% sobre las reservas declaradas.
De esta manera, el polémico paquete impositivo que, entre otras cosas, dispone que las mineras tienen que pagar por las reservas que aún no extrajeron, tiene altas posibilidades de no implementarse hasta pasadas las legislativas de octubre.
La medida impulsada por el gobierno de Daniel Peralta no tardó en generar reacciones en el ámbito empresario. Las mineras no descartan ir a la Justicia si finalmente se implementa el nuevo impuesto. Además, la firma Goldcorp anunció hace dos semanas que suspendió los gastos en exploración previstos para lo que resta del año.
Si bien la compañía canadiense se escudó en la baja internacional de los precios del oro y la plata, según indicó en un comunicado, lo cierto es que según la ley aprobada en Santa Cruz, a más reservas encontradas a través de la exploración, mayor será el impuesto.
Mientras la norma explica que la valuación económica de las reservas se determinará por la cotización que resulte mayor del mercado nacional o internacional, al último día hábil de cada año calendario, desde el sector privado anticipan que las empresas mineras en conjunto deberán tributar unos $ 500 millones al año.
El nuevo tributo afecta a proyectos como Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti con participación de la estatal Fomicruz; Cerro Negro, de GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano-canadiense Hochschild. También afectará al proyecto Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entró en producción, pero deberá pagar el tributo sobre sus reservas declaradas.
La mayoría de las empresas solicitaron en el pasado el beneficio de estabilidad fiscal, avalado por la la Ley de Promoción Minera de 1993. Ahora, las compañías esperan que el gobierno provincial exima del impuestazo a las que cuentan con esta herramienta, como opción para retraer la medida. De lo contrario, tendremos que litigar aseguró un empresario.
Los abogados de las empresas están analizando la norma para presentar un recurso en la justicia federal para pedir su anulación si es que reglamenta en los términos actuales.
La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) repudiaron la decisión de la Legislatura santacruceña porque el impuesto espanta a las nuevas inversiones condena a las existentes, aseguran.
De esta manera, el polémico paquete impositivo que, entre otras cosas, dispone que las mineras tienen que pagar por las reservas que aún no extrajeron, tiene altas posibilidades de no implementarse hasta pasadas las legislativas de octubre.
La medida impulsada por el gobierno de Daniel Peralta no tardó en generar reacciones en el ámbito empresario. Las mineras no descartan ir a la Justicia si finalmente se implementa el nuevo impuesto. Además, la firma Goldcorp anunció hace dos semanas que suspendió los gastos en exploración previstos para lo que resta del año.
Si bien la compañía canadiense se escudó en la baja internacional de los precios del oro y la plata, según indicó en un comunicado, lo cierto es que según la ley aprobada en Santa Cruz, a más reservas encontradas a través de la exploración, mayor será el impuesto.
Mientras la norma explica que la valuación económica de las reservas se determinará por la cotización que resulte mayor del mercado nacional o internacional, al último día hábil de cada año calendario, desde el sector privado anticipan que las empresas mineras en conjunto deberán tributar unos $ 500 millones al año.
El nuevo tributo afecta a proyectos como Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti con participación de la estatal Fomicruz; Cerro Negro, de GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano-canadiense Hochschild. También afectará al proyecto Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entró en producción, pero deberá pagar el tributo sobre sus reservas declaradas.
La mayoría de las empresas solicitaron en el pasado el beneficio de estabilidad fiscal, avalado por la la Ley de Promoción Minera de 1993. Ahora, las compañías esperan que el gobierno provincial exima del impuestazo a las que cuentan con esta herramienta, como opción para retraer la medida. De lo contrario, tendremos que litigar aseguró un empresario.
Los abogados de las empresas están analizando la norma para presentar un recurso en la justicia federal para pedir su anulación si es que reglamenta en los términos actuales.
La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) repudiaron la decisión de la Legislatura santacruceña porque el impuesto espanta a las nuevas inversiones condena a las existentes, aseguran.
