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Intensifican las provincias la ofensiva contra YPF
Petrobras dice que cumplió con la inversión
La política de sanciones y retiro de áreas productivas en la que Cristina Kirchner ha encuadrado a YPF se extendió a otras petroleras. La provincia de Neuquén resolvió la caducidad del área de Covunco Norte a Azabache Energy, Fortín de Piedra a Tecpetrol y Veta Escondida al consorcio de Petrobras y Total.
La determinación del gobernador Jorge Sapag obedeció a un impulso de la Casa Rosada. De este modo, el frente de las tensiones internacionales se amplía. Ya no queda circunscripto a un conflicto con España por Repsol. Ahora el malestar alcanza a Brasil, Francia y Canadá. Chile -cuya empresa ENAP controlaba 50% de Campamento Central, en Chubut- y los Estados Unidos, donde están radicados los fondos de inversión que poseen el 17% de YPF, ya estaban fastidiados.
La presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, que pertenece a la intimidad de Dilma Rousseff, se declaró sorprendida: «Con la Argentina tenemos buenas relaciones y estábamos estudiando proyectos para permanecer en el país», declaró (ver aparte).
La concesión de Veta Escondida se había realizado en 2008 por un plazo de diez años. El argumento por el que quedó revocada fue «falta de producción e inversiones insuficientes». Petrobras venía reduciendo su exposición en la Argentina. Hace dos años vendió parte de su área de downstream al empresario Cristóbal López, muy cercano a la Presidenta. Se desconocía anoche cuál sería la reacción de la irascible Rousseff, cuyo ministro de Industria, Fernando Pimentel, no se cansa de descalificar la política económica argentina.
La estrategia de avanzar con penalidades y rescisiones sobre los inversores en el negocio del petróleo completa y profundiza el bloqueo a las importaciones, que motivó la queja de 40 países delante de la OMC. La intervención de Guillermo Moreno sobre el comercio exterior no afecta sólo a los flujos de mercaderías, sino también la inversión directa. Un experto lo explicaba ayer así: «Cuando se impide el ingreso de mercaderías se desbarata la instalación regional de las multinacionales; imagínese una empresa de productos masivos que se establece en el país para fabricar cosméticos, pero elabora artículos de limpieza en Uruguay y alimentos en Brasil; cuando diseñó el proyecto, suponía que podría vender todos los productos en todos los mercados. Ahora se desarticuló toda la lógica del negocio».
Tal vez Cristina Kirchner advierta estos problemas cuando participe de la Cumbre de las Américas, en Cartagena, la semana próxima. Allí se verá con sus quejosos colegas de Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Canadá. Quienes deciden inversiones internacionales no están esperando la estatización de YPF para dictaminar que la Argentina se ha vuelto tan riesgosa como Venezuela. Para ellos eso ya ocurrió con la intervención del comercio exterior.
De todos modos, el plan de estatizar la petrolera sigue vigente, aunque la Presidenta está detenida ante una barrera que la obliga a postergar una y otra vez la operación. Los fundadores de la YPF privada pusieron un obstáculo para evitar el ingreso de socios no deseados. El artículo 7° del estatuto societario establece que quien adquiera más del 15% de las acciones de la petrolera deberá realizar una oferta pública de acciones (OPA) para comprar toda la compañía. En consecuencia, si el Estado quisiera controlar el 50,01%, como propone un sector importante del Gobierno, debería estar en condiciones de comprar la totalidad de las acciones.
Este dispositivo, que hoy paraliza a la Presidenta, se activó cuando los Eskenazi, que ya poseían el 14,9% de la propiedad de YPF, resolvieron comprar un 10,1% más: en esa oportunidad, la familia hizo una propuesta para quedarse con toda la empresa, que no fue aceptada por sus socios de Repsol.
Axel Kicillof, que comanda el desembarco en YPF, fue relevado de resolver la traba del estatuto. Sagaz pero no tanto, el teórico Kicillof demostró en la última reunión de directorio algunos errores básicos sobre el funcionamiento de las sociedades anónimas. Ahora son Carlos Zannini -siempre auditado por Alessandra Minicelli, la esposa de Julio De Vido- y el mutante José Roberto Dromi quienes ayudan a Kicillof a encontrar un modo de saltar aquel muro reglamentario, que el derecho anglosajón denomina poison pill (píldora venenosa).
Una estrategia posible consiste en forzar una reforma que modifique los incisos d y e del estatuto, donde figura la cláusula maldita. Esa reforma sería la prenda de un acuerdo entre el Gobierno y Repsol, si es que los ejecutivos de esta empresa se allanan a abrir las puertas al Estado como nuevo socio mayoritario. Esa discusión con Antonio Brufau se iba a producir esta semana y la señora de Kirchner resolvió demorarla.
Como no hay muchas razones para que Repsol se asocie en minoría con el depredador de sus activos, en el Gobierno examinan opciones menos amigables. Una es la sanción de una ley que modifique el estatuto de YPF por razones «de orden público». Es decir, el Estado podría adquirir el 50,01% de la empresa y, al mismo tiempo, declarar que por el interés nacional queda suspendida la poison pill .
Esta vía sobresalta a Cristina Kirchner. Una apropiación de la principal compañía del país que incluya violencias reglamentarias sería difícil de defender en los tribunales.
La Presidenta teme repetir el fracaso que viene protagonizando en su avanzada sobre Clarín. Esa mortificación desata en el Gobierno innumerables reproches a Gabriel Mariotto: «En vez de una ley hizo un tratado sobre comunicación social y se fue a La Plata, dejándonos en un pantano de cautelares», sintetiza un funcionario. Juan Manuel Abal Medina suele ser el más inquieto por esa frustración. A veces se tienta con recomendar a su jefa un nuevo proyecto de ley de medios que corrija el de Mariotto.
El fantasma de Clarín se proyecta sobre YPF e inspira en el kirchnerismo el temor de dilapidar en los juzgados lo que se conquistó en la política. Esta prevención favorece la ensoñación de adquirir toda la empresa, tal vez en combinación con capitales extranjeros. Un actor importante de esta pretensión es la Anses, que ha venido operando en el mercado aprovechando el derrumbe de la acción de la petrolera, lo que podría motivar en estas horas una investigación en la SEC de Nueva York.
Sin embargo, Cristina Kirchner siempre fue reacia a la idea de utilizar fondos previsionales para adquirir empresas. Cuando Néstor Kirchner propuso sacar de la Anses los recursos para que un grupo de amigos comprara el 50% de Telecom, ella no lo autorizó.
Cuando se descarta al sistema jubilatorio reaparece el sueño chino, es decir, la posibilidad de que alguna empresa energética de ese origen aporte los fondos para la operación. Más allá de los espejismos con que el lejano oriente ha agitado desde siempre la imaginación pingüina, también en esta salida aparecen limitaciones: la más obvia es que China está asociada con Repsol en proyectos de altísima rentabilidad en Brasil. Por más cooperativo que se muestre, es poco lo que Carlos Bulgheroni, socio de los chinos en Bridas, puede hacer para minar esa amistad.
Una tercera vía del acceso estatal a YPF es la adquisición del 14,9% de las acciones, lo que permitiría aumentar el número de directores y, entonces, presionar y hostigar al resto de los socios para tomar el control operativo. Es la especialidad de la casa, que tan bien ejecuta Moreno y que conoció en Papel Prensa una aplicación extrema y frustrante: hubo que llamar al Congreso para que con una ley a medida permitiera lo que al secretario de Comercio Interior le estaba prohibido..
Intensifican las provincias la ofensiva contra YPF
Petrobras dice que cumplió con la inversión
La política de sanciones y retiro de áreas productivas en la que Cristina Kirchner ha encuadrado a YPF se extendió a otras petroleras. La provincia de Neuquén resolvió la caducidad del área de Covunco Norte a Azabache Energy, Fortín de Piedra a Tecpetrol y Veta Escondida al consorcio de Petrobras y Total.
La determinación del gobernador Jorge Sapag obedeció a un impulso de la Casa Rosada. De este modo, el frente de las tensiones internacionales se amplía. Ya no queda circunscripto a un conflicto con España por Repsol. Ahora el malestar alcanza a Brasil, Francia y Canadá. Chile -cuya empresa ENAP controlaba 50% de Campamento Central, en Chubut- y los Estados Unidos, donde están radicados los fondos de inversión que poseen el 17% de YPF, ya estaban fastidiados.
La presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, que pertenece a la intimidad de Dilma Rousseff, se declaró sorprendida: «Con la Argentina tenemos buenas relaciones y estábamos estudiando proyectos para permanecer en el país», declaró (ver aparte).
La concesión de Veta Escondida se había realizado en 2008 por un plazo de diez años. El argumento por el que quedó revocada fue «falta de producción e inversiones insuficientes». Petrobras venía reduciendo su exposición en la Argentina. Hace dos años vendió parte de su área de downstream al empresario Cristóbal López, muy cercano a la Presidenta. Se desconocía anoche cuál sería la reacción de la irascible Rousseff, cuyo ministro de Industria, Fernando Pimentel, no se cansa de descalificar la política económica argentina.
La estrategia de avanzar con penalidades y rescisiones sobre los inversores en el negocio del petróleo completa y profundiza el bloqueo a las importaciones, que motivó la queja de 40 países delante de la OMC. La intervención de Guillermo Moreno sobre el comercio exterior no afecta sólo a los flujos de mercaderías, sino también la inversión directa. Un experto lo explicaba ayer así: «Cuando se impide el ingreso de mercaderías se desbarata la instalación regional de las multinacionales; imagínese una empresa de productos masivos que se establece en el país para fabricar cosméticos, pero elabora artículos de limpieza en Uruguay y alimentos en Brasil; cuando diseñó el proyecto, suponía que podría vender todos los productos en todos los mercados. Ahora se desarticuló toda la lógica del negocio».
Tal vez Cristina Kirchner advierta estos problemas cuando participe de la Cumbre de las Américas, en Cartagena, la semana próxima. Allí se verá con sus quejosos colegas de Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Canadá. Quienes deciden inversiones internacionales no están esperando la estatización de YPF para dictaminar que la Argentina se ha vuelto tan riesgosa como Venezuela. Para ellos eso ya ocurrió con la intervención del comercio exterior.
De todos modos, el plan de estatizar la petrolera sigue vigente, aunque la Presidenta está detenida ante una barrera que la obliga a postergar una y otra vez la operación. Los fundadores de la YPF privada pusieron un obstáculo para evitar el ingreso de socios no deseados. El artículo 7° del estatuto societario establece que quien adquiera más del 15% de las acciones de la petrolera deberá realizar una oferta pública de acciones (OPA) para comprar toda la compañía. En consecuencia, si el Estado quisiera controlar el 50,01%, como propone un sector importante del Gobierno, debería estar en condiciones de comprar la totalidad de las acciones.
Este dispositivo, que hoy paraliza a la Presidenta, se activó cuando los Eskenazi, que ya poseían el 14,9% de la propiedad de YPF, resolvieron comprar un 10,1% más: en esa oportunidad, la familia hizo una propuesta para quedarse con toda la empresa, que no fue aceptada por sus socios de Repsol.
Axel Kicillof, que comanda el desembarco en YPF, fue relevado de resolver la traba del estatuto. Sagaz pero no tanto, el teórico Kicillof demostró en la última reunión de directorio algunos errores básicos sobre el funcionamiento de las sociedades anónimas. Ahora son Carlos Zannini -siempre auditado por Alessandra Minicelli, la esposa de Julio De Vido- y el mutante José Roberto Dromi quienes ayudan a Kicillof a encontrar un modo de saltar aquel muro reglamentario, que el derecho anglosajón denomina poison pill (píldora venenosa).
Una estrategia posible consiste en forzar una reforma que modifique los incisos d y e del estatuto, donde figura la cláusula maldita. Esa reforma sería la prenda de un acuerdo entre el Gobierno y Repsol, si es que los ejecutivos de esta empresa se allanan a abrir las puertas al Estado como nuevo socio mayoritario. Esa discusión con Antonio Brufau se iba a producir esta semana y la señora de Kirchner resolvió demorarla.
Como no hay muchas razones para que Repsol se asocie en minoría con el depredador de sus activos, en el Gobierno examinan opciones menos amigables. Una es la sanción de una ley que modifique el estatuto de YPF por razones «de orden público». Es decir, el Estado podría adquirir el 50,01% de la empresa y, al mismo tiempo, declarar que por el interés nacional queda suspendida la poison pill .
Esta vía sobresalta a Cristina Kirchner. Una apropiación de la principal compañía del país que incluya violencias reglamentarias sería difícil de defender en los tribunales.
La Presidenta teme repetir el fracaso que viene protagonizando en su avanzada sobre Clarín. Esa mortificación desata en el Gobierno innumerables reproches a Gabriel Mariotto: «En vez de una ley hizo un tratado sobre comunicación social y se fue a La Plata, dejándonos en un pantano de cautelares», sintetiza un funcionario. Juan Manuel Abal Medina suele ser el más inquieto por esa frustración. A veces se tienta con recomendar a su jefa un nuevo proyecto de ley de medios que corrija el de Mariotto.
El fantasma de Clarín se proyecta sobre YPF e inspira en el kirchnerismo el temor de dilapidar en los juzgados lo que se conquistó en la política. Esta prevención favorece la ensoñación de adquirir toda la empresa, tal vez en combinación con capitales extranjeros. Un actor importante de esta pretensión es la Anses, que ha venido operando en el mercado aprovechando el derrumbe de la acción de la petrolera, lo que podría motivar en estas horas una investigación en la SEC de Nueva York.
Sin embargo, Cristina Kirchner siempre fue reacia a la idea de utilizar fondos previsionales para adquirir empresas. Cuando Néstor Kirchner propuso sacar de la Anses los recursos para que un grupo de amigos comprara el 50% de Telecom, ella no lo autorizó.
Cuando se descarta al sistema jubilatorio reaparece el sueño chino, es decir, la posibilidad de que alguna empresa energética de ese origen aporte los fondos para la operación. Más allá de los espejismos con que el lejano oriente ha agitado desde siempre la imaginación pingüina, también en esta salida aparecen limitaciones: la más obvia es que China está asociada con Repsol en proyectos de altísima rentabilidad en Brasil. Por más cooperativo que se muestre, es poco lo que Carlos Bulgheroni, socio de los chinos en Bridas, puede hacer para minar esa amistad.
Una tercera vía del acceso estatal a YPF es la adquisición del 14,9% de las acciones, lo que permitiría aumentar el número de directores y, entonces, presionar y hostigar al resto de los socios para tomar el control operativo. Es la especialidad de la casa, que tan bien ejecuta Moreno y que conoció en Papel Prensa una aplicación extrema y frustrante: hubo que llamar al Congreso para que con una ley a medida permitiera lo que al secretario de Comercio Interior le estaba prohibido..
