De la iniciativa participaron los especialistas en la materia Alejandro Alfie, José Crettaz, Fernando Krakowiak, Daphne Keller, Miquel Peguera Poch y Carlos Winograd. La actividad fue organizada por la Comisión Redactora del anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones.
La apertura del seminario estuvo a cargo de Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comuniaciones (ENACOM) quien sostuvo que “ (…) el estado debe ser el facilitador que dé las herramientas para la libre competencia sin retirarse”. A su vez, remarcó que “dar impulso a estos debates en torno a la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes contribuye a enriquecer nuestra tarea regulatoria con mayor profundidad”. Del encuentro, que se dividió en dos paneles, participaron especialistas en la materia tanto a nivel nacional como internacional.
El periodista especializado Alejandro Alfie, jefe de trabajos prácticos de la cátedra “Legislación Comparada” de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista del diario Clarín, abrió el primer panel haciendo un resumen de las últimas legislaciones aplicadas en el país en materia de comunicaciones y medios. De cara a la nueva normativa y en contraposición a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por la gestión anterior, explicó que “no tiene sentido que los operadores extranjeros puedan brindar decenas de señales de contenido audiovisual y los operadores argentinos no puedan hacerlo. Eso tiene que anularse”. Además, y en lo que refiere a la organización institucional,el periodista propuso que en el regulador “tendría que haber un proceso de selección de los directores. Habría que retornar a un esquema similar al que planteaba la AFSCA. En cuanto al plazo de duración del mandato, la experiencia nos muestra que ningún presidente va a tolerar que el organismo sea manejado por alguien de diferente signo político, así que la duración de la gestión debería ser similar a la del presidente de la nación”.
Fernando Krakowiak, docente de la cátedra “Políticas y Planificación” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y periodista de Página/12 explicó cómo el impacto de los medios de comunicación y de la regulación sobre los medios puede generar restricciones a la dimensión individual y social de la libertad de expresión. “¿Hasta dónde regular? Si se pone mucho límite en lo que tiene que ver con la cantidad de licencias y con los topes de mercado puede perjudicar al consumidor, afectar la economía a escala de las empresas, entre otros”. Para finalizar su exposición, y de acuerdo a la nueva línea de la normativa, el periodista concluyó que “si las las oficinas defensa de la competencia se van a encargar de garantizar que los actores compitan en un escenario de convergencia comunicacional, donde incluso entren jugadores como telefónicas o firmas extranjeras que no están en el mercado tiene que haber más reflejos por parte de la autoridad regulatoria”. Subrayó que resulta de gran importancia “regular este tipo de cuestiones para evitar los riesgos que implican las posiciones dominantes y sobre todo las conductas anticompetitivas”.
Por su parte, José Crettaz, docente e investigador en “Economía y Gestión de Medios” de las universidades UADE (Universidad Argentina de la Empresa) y UCA (Universidad Católica Argentina), además de redactor del diario La Nación, enumeró ciertas medidas que la nueva regulación debería incluir como “conectividad universal de calidad, alfabetización digital, impulso del periodismo on y off line, fomento de los contenidos nacionales, más y mejores servicios de calidad y en competencia siempre considerando las asimetrías que tiene nuestro país y las asimetrías entre los operadores”. Además, el periodista criticó diversas medidas tomadas por la gestión anterior en materia de comunicaciones y medios. “Experiencia nos sobra, ojalá que no repitamos ninguno de los errores que cometimos en el pasado”, concluyó.
La apertura del segundo panel estuvo a cargo Miquel Peguera Poch, profesor agregado de Derecho Mercantil en la Universidad Abierta de Cataluña, quien profundizó sobre el concepto de convergencia y sus consecuencias y detalló diversas medidas tomadas en el continente europeo en materia de comunicaciones y medios.
“La convergencia digital es una realidad, la convergencia entre servicios y medios pasa por la digitalizaciones y a través de una misma tecnología se puede prestar servicios que antes estaban sujetos a regulaciones sectoriales sentidas”. Para finalizar, y de acuerdo a la redacción de la nueva ley en Argentina, sugirió que “sería conveniente deslindar las cuestiones y regular los aspectos de responsabilidad de los intermediarios de internet en una normativa específica y no en una ley pensada para servicios audiovisuales o comunicaciones”.
Carlos Winograd, investigador y profesor de la Escuela Económica de París-ENS; abrió su participación explicando que “la convergencia es una manifestación de la evolución tecnológica del sector. Si queremos regular, tenemos que entender cómo funcionan los regulados”.
A su vez, explicó cómo era el funcionamiento del sector años atrás: “Antes había mercados separados, la gente del video estaba solitaria en su esquina y la telefonía era otra tribu. Un cablero no se metía en la telefonía y un telefónico no se metía en el video. El que tenía infraestructura física era el que podía manejar el juego”. En la actualidad, la convergencia implica un único mercado. “Los cableros pueden ir a la voz, a internet y al video. Los telefónicos con el par de cobre también pueden ir a donde no iban antes y entonces todas las tribus se mestizan y pelean por el territorio del otro, esto genera oportunidades y costos” agregó el investigador.
En cuanto a la regulación, advirtió que “hay que pensar si lo que hace el regulador va a bloquear la absorción de la innovación. Esto tiene consecuencias sociales muy serias que detener el cierre de la brecha digital”. Para concluir, Winograd propuso “construir una verdadera regulación que aumente la diversidad y contribuya a la demanda democrática”.
Daphne Keller, directora del Área de Responsabilidad de los Intermediarios de la Universidad de Stanford se refirió a la responsabilidad de los intermediarios, teniendo en cuenta los derechos de libertad de expresión y explicó y detalló los Principios de Manila que se publicaron el año pasado. Sostuvo que los derechos humanos tienen que considerarse en primer lugar al momento de debatir sobre la regulación legal de las empresas de medios y de comunicaciones.
Los paneles contaron con la moderación de la directora del ENACOM y coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici y el vicepresidente de ARSAT, Henoch Aguiar.
La apertura del seminario estuvo a cargo de Miguel de Godoy, presidente del Ente Nacional de Comuniaciones (ENACOM) quien sostuvo que “ (…) el estado debe ser el facilitador que dé las herramientas para la libre competencia sin retirarse”. A su vez, remarcó que “dar impulso a estos debates en torno a la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes contribuye a enriquecer nuestra tarea regulatoria con mayor profundidad”. Del encuentro, que se dividió en dos paneles, participaron especialistas en la materia tanto a nivel nacional como internacional.
El periodista especializado Alejandro Alfie, jefe de trabajos prácticos de la cátedra “Legislación Comparada” de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista del diario Clarín, abrió el primer panel haciendo un resumen de las últimas legislaciones aplicadas en el país en materia de comunicaciones y medios. De cara a la nueva normativa y en contraposición a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada por la gestión anterior, explicó que “no tiene sentido que los operadores extranjeros puedan brindar decenas de señales de contenido audiovisual y los operadores argentinos no puedan hacerlo. Eso tiene que anularse”. Además, y en lo que refiere a la organización institucional,el periodista propuso que en el regulador “tendría que haber un proceso de selección de los directores. Habría que retornar a un esquema similar al que planteaba la AFSCA. En cuanto al plazo de duración del mandato, la experiencia nos muestra que ningún presidente va a tolerar que el organismo sea manejado por alguien de diferente signo político, así que la duración de la gestión debería ser similar a la del presidente de la nación”.
Fernando Krakowiak, docente de la cátedra “Políticas y Planificación” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y periodista de Página/12 explicó cómo el impacto de los medios de comunicación y de la regulación sobre los medios puede generar restricciones a la dimensión individual y social de la libertad de expresión. “¿Hasta dónde regular? Si se pone mucho límite en lo que tiene que ver con la cantidad de licencias y con los topes de mercado puede perjudicar al consumidor, afectar la economía a escala de las empresas, entre otros”. Para finalizar su exposición, y de acuerdo a la nueva línea de la normativa, el periodista concluyó que “si las las oficinas defensa de la competencia se van a encargar de garantizar que los actores compitan en un escenario de convergencia comunicacional, donde incluso entren jugadores como telefónicas o firmas extranjeras que no están en el mercado tiene que haber más reflejos por parte de la autoridad regulatoria”. Subrayó que resulta de gran importancia “regular este tipo de cuestiones para evitar los riesgos que implican las posiciones dominantes y sobre todo las conductas anticompetitivas”.
Por su parte, José Crettaz, docente e investigador en “Economía y Gestión de Medios” de las universidades UADE (Universidad Argentina de la Empresa) y UCA (Universidad Católica Argentina), además de redactor del diario La Nación, enumeró ciertas medidas que la nueva regulación debería incluir como “conectividad universal de calidad, alfabetización digital, impulso del periodismo on y off line, fomento de los contenidos nacionales, más y mejores servicios de calidad y en competencia siempre considerando las asimetrías que tiene nuestro país y las asimetrías entre los operadores”. Además, el periodista criticó diversas medidas tomadas por la gestión anterior en materia de comunicaciones y medios. “Experiencia nos sobra, ojalá que no repitamos ninguno de los errores que cometimos en el pasado”, concluyó.
La apertura del segundo panel estuvo a cargo Miquel Peguera Poch, profesor agregado de Derecho Mercantil en la Universidad Abierta de Cataluña, quien profundizó sobre el concepto de convergencia y sus consecuencias y detalló diversas medidas tomadas en el continente europeo en materia de comunicaciones y medios.
“La convergencia digital es una realidad, la convergencia entre servicios y medios pasa por la digitalizaciones y a través de una misma tecnología se puede prestar servicios que antes estaban sujetos a regulaciones sectoriales sentidas”. Para finalizar, y de acuerdo a la redacción de la nueva ley en Argentina, sugirió que “sería conveniente deslindar las cuestiones y regular los aspectos de responsabilidad de los intermediarios de internet en una normativa específica y no en una ley pensada para servicios audiovisuales o comunicaciones”.
Carlos Winograd, investigador y profesor de la Escuela Económica de París-ENS; abrió su participación explicando que “la convergencia es una manifestación de la evolución tecnológica del sector. Si queremos regular, tenemos que entender cómo funcionan los regulados”.
A su vez, explicó cómo era el funcionamiento del sector años atrás: “Antes había mercados separados, la gente del video estaba solitaria en su esquina y la telefonía era otra tribu. Un cablero no se metía en la telefonía y un telefónico no se metía en el video. El que tenía infraestructura física era el que podía manejar el juego”. En la actualidad, la convergencia implica un único mercado. “Los cableros pueden ir a la voz, a internet y al video. Los telefónicos con el par de cobre también pueden ir a donde no iban antes y entonces todas las tribus se mestizan y pelean por el territorio del otro, esto genera oportunidades y costos” agregó el investigador.
En cuanto a la regulación, advirtió que “hay que pensar si lo que hace el regulador va a bloquear la absorción de la innovación. Esto tiene consecuencias sociales muy serias que detener el cierre de la brecha digital”. Para concluir, Winograd propuso “construir una verdadera regulación que aumente la diversidad y contribuya a la demanda democrática”.
Daphne Keller, directora del Área de Responsabilidad de los Intermediarios de la Universidad de Stanford se refirió a la responsabilidad de los intermediarios, teniendo en cuenta los derechos de libertad de expresión y explicó y detalló los Principios de Manila que se publicaron el año pasado. Sostuvo que los derechos humanos tienen que considerarse en primer lugar al momento de debatir sobre la regulación legal de las empresas de medios y de comunicaciones.
Los paneles contaron con la moderación de la directora del ENACOM y coordinadora de la Comisión Redactora, Silvana Giudici y el vicepresidente de ARSAT, Henoch Aguiar.
