Jorge Macri tiene un frente difícil en Vicente López. Promediando su primer mandato como intendente, desde el PRO le piden muestras de lealtad con el armado bonaerense del espacio que lidera su primo Mauricio, al tiempo que afronta una avanzada declarada del massismo, su reciente aliado electoral, que acaba de desembarcar en el distrito con su propia mesa partidaria y ya cuenta con bancas afines en el Concejo Deliberante. De todos modos, el Macri de Vicente López sabe lidiar con lo complejo: en los últimos tiempos su gabinete fue noticia por escándalos de grueso calibre de los que sin embargo salió a flote sin quemar fusibles. El secretario de Cultura local, Rafael Staffolani, quien quiso homenajear a Eva Braun, amante de Adolf Hitler, sigue en su cargo, lo mismo que Cesar «Tuta» Torres, el secretario de Gobierno que en un video fue vinculado a los dos barrabravas acusados por el asesinato de un hincha de Colegiales, a fines de 2013. Pero el mayor logro del jefe comunal está en la cartera de Hacienda. Al frente de esa secretaría, encargada de manejar los fondos públicos del municipio, Macri preserva a Guillermo Andrés Romero, quien desde diciembre de 2013 está procesado como «partícipe necesario del delito de cohecho activo” en la llamada causa Siemens, que investiga el pago de coimas en 1999 por parte de esa multinacional alemana a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, por más de 106 millones de dólares.
El procesamiento en primera instancia contra Romero –que fue apelado y aguarda una resolución de cámara– incluye un embargo por 250 millones de pesos y surge de su supuesta intervención en la operación como apoderado de una empresa del grupo Macri, acusada de cerrar un arreglo «de suma relevancia» para el negocio en favor de Siemens.
«Entiendo que se encuentran reunidas las pruebas necesaria para sostener que Guillermo Andrés Romero participó activamente en la materialización de uno de los acuerdos económicos que permitieron llevar a cabo la maniobra investigada», sostuvo el juez federal Ariel Lijo en su fallo del 23 de diciembre pasado, por la causa 2.645/98. En total, ordenó 17 procesamientos: 12 sobre ejecutivos de Siemens e intermediarios, y cinco sobre representantes de Socma, del Grupo Macri. Además, sobreseyó a otros imputados y ordenó medidas para avanzar sobre los responsables políticos (ver aparte).
«PARTÍCIPE NECESARIO». Hombre con trayectoria en Sideco, Romero llegó a la cartera de Hacienda de Vicente López con la insuperable recomendación de Franco Macri. Este contador de 58 años se sentó en los directorios de varias compañías del holding familiar: fue presidente de Virtual Gasnet International SA, director de Sinosocma SA, director suplente de Shima SA, vicepresidente del Correo Argentino SA y director de Sevel Argentina SA.
El expediente a cargo del Lijo investiga «el pago de sobornos a funcionarios del gobierno argentino a fin de que la filial local de Siemens AG –Siemens It Services SA– resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, para la Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas». Según el juez, Romero fue uno de los ejecutivos que el 26 de mayo del ’99 representó a Socma Americana SA en el acuerdo con Siemens Business Services SA, paso clave para la maniobra denunciada.
En su escrito, el magistrado recordó que «la empresa Siemens Aktiengesselschaft reconoció que entre los años 1998 y 2007 se abonaron directamente y/o a través de filiales, subsidiarias y unidades de negocios, a personas físicas y jurídicas, al menos U$S 106.302.706 en vinculación con lo que se denominó ‘Proyecto DNI’».
La pericia concluyó que para ejecutar el pago de las coimas por U$S 106.302.706 fue necesario «un sistema que justificara los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales», a través de «contratos ficticios por servicios que jamás fueron brindados». Por otra parte, y aquí surge el nombre de Romero como apoderado de los Macri, el juez sostuvo que «existió un segundo acuerdo entre los empresarios de la empresa multinacional alemana y aquellos pertenecientes a Socma Americana SA», controlante de Itron SA, la empresa que en los papeles competía con Siemens por la licitación. Para el magistrado, el arreglo fue para que esta firma «no impugne la irregular adjudicación de Siemens It Services», a cambio de que el 26 de mayo de 1999 la multinacional pagara U$S 46.350.024 por el 60% de las acciones de Itron, cuando el 30 de mayo de 2003 –ejecutando una opción de compra ya acordada– apenas desembolsó U$S 6.300.000 por el restante 40 por ciento. Otra faceta del entendimiento, de acuerdo a la investigación, «derivó en que Siemens It Services SA incorpore como subcontratista a una empresa del mismo grupo económico –Socma Americana SA–, a través de la sustitución de la empresa Mailfast SA por Correo Argentino SA para la distribución de los DNI». Este cambio fue posible gracias a un permiso concedido por el Ministerio del Interior, entonces a cargo de Carlos Corach. En resumen, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 procesó a Romero por considerarlo uno de los ejecutivos que permitieron que Siemens ganara la licitación «sin efectuar impugnación alguna, a cambio de ser incluida la empresa que representaban en el negocio a través de la compra de la totalidad de las acciones de la empresa Itron SA por parte de Siemens Business Services y de la contratación de Correo Argentino SA».
DEFENSA. En Vicente López, la situación procesal del secretario de Hacienda es un dato del mundo político, aunque poco difundido entre los vecinos. Consultados por este diario, los dirigentes opositores en el Concejo Deliberante se mostraron preocupados por la situación, sabiendo que Romero es una pieza influyente en el gobierno de Jorge Macri. Para algunos, lejos aún de una sentencia firme, la decisión es potestad del jefe municipal. Para otros, se impone apartarlo hasta tanto haya una resolución (ver aparte).
En su alegato, Romero había dicho que no era directivo de Socma Americana SA y que fungió como apoderado, ejecutando encargos, pero sin capacidad de decisión. Lijo no coincidió. Señaló que la prueba acumulada «permite tener acreditada la participación de Romero en el acuerdo entre Siemens y el Grupo Socma. Así, su descargo en torno a que sólo fue designado apoderado para suscribir el contrato de venta por el directorio de Socma carece de todo fundamento». Para el juez, fue determinante la disparidad entre lo que los alemanes pagaron por el 60% del paquete de Itron Inversora y el 0,006 de Itron (la primera, controlante de la segunda) y la cifra que luego desembolsaron por el otro 40 por ciento. «La notable disparidad de los montos abonados acreditan que el contrato firmado por Romero no significó solamente la venta de un porcentaje de la empresa sino también la contraprestación por no influir en la contratación del Gobierno Nacional de la empresa Siemens It Services. En este sentido, la experiencia y posición que ocupó Romero permiten inferir que el nombrado tenía conocimiento de tal circunstancia», entendió Lijo. Por eso, consideró «reunidos los elementos de prueba suficientes para dictar su procesamiento» sin prisión preventiva, como «partícipe necesario del delito de cohecho activo por haber realizado un aporte fundamental en la maniobra investigada». A eso le sumó un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar los 250 millones de pesos. «
Tras las apelaciones contra el fallo del juez Ariel Lijo de diciembre de 2013, el expediente de la causa Siemens pasó a la Sala II de la Cámara Federal, que en los últimos días convocó a las partes a dar sus argumentos. El primer llamado fue unos 20 días atrás, pero ante el pedido de la mayoría de las partes la audiencia se prorrogó para el jueves pasado. Ese día, varias defensas volvieron a solicitar una reprogramación, fijada ahora para el próximo 11 de junio.
Para admitir estas postergaciones, en la Cámara tuvieron en cuenta que muchos abogados asumieron la defensa de sus clientes luego del procesamiento. Es el caso de Juan José Sforza, que representa a Guillermo Romero. En diálogo con este diario, el letrado consideró insuficiente la intimación del hecho que hicieron a su cliente –lo que podría derivar en un pedido de nulidad–, y agregó que cuando ocurrieron las maniobras investigadas el contador «no era personal de Itron», con lo cual «no tuvo nada que ver al momento en que se hizo la licitación, la oferta y la adjudicación a Siemens, y nada tuvo que ver con la falta de impugnación porque no estaba en funciones para poder hacerlas». Sforza afirmó que su cliente, luego de un viaje al exterior, «al volver, en virtud de un poder que le da Socma, simplemente le encomiendan la firma de la venta de las acciones». En cuanto al impacto del procesamiento en relación con el cargo que Romero desempeña hoy en el municipio de Vicente López, subrayó que, además de no estar firme, «el hecho que se le imputa es propio de la actividad privad y no de su tarea como funcionario público».
Las apelaciones también pusieron en stand by las medidas que Lijo había ordenado, enfocadas a individualizar a los políticos menemistas que habrían recibido las coimas. Para eso, dispuso insistir con una serie de exhortos al exterior –Emiratos Árabes, Hong Kong y Estados Unidos–, que habían resultado infructuosos. «Se comprobó que funcionarios públicos recibieron pagos provenientes de directivos de Siemens», concluyó Lijo, para quien «aún restan medidas pendientes tendientes a esclarecer, fehacientemente, qué funcionarios incidieron de forma directa, como también el monto exacto que habrían recibido por sus aportes ilícitos». De hecho, entre los imputados que sobreseyó en diciembre pasado está Aldo Carreras, ex funcionario del Ministerio del Interior, hasta entonces el principal acusado político.
Claudia Ávalos Uñates, concejal del GEN y vicepresidenta segunda de la legislatura de Vicente López, consideró que frente a una situación procesal como la de Guillermo Romero, «al menos quien encabeza el gobierno municipal debería considerar su presencia en el gabinete». La edil aclaró que «obviamente, se debe aguardar el debido proceso» y que es una prerrogativa de Jorge Macri la continuidad del funcionario. «No somos quiénes para decir quién debe estar y quién no, al tratarse de recursos públicos queda en manos de quien dirige los destinos de Vicente López», señaló la edil. De todos modos, sostuvo que «el vecino, de conocer esta situación, no se mostraría muy de acuerdo con la presencia (de Romero), más allá de debido proceso».
Para Joaquín Noya, concejal del FPV y referente del Movimiento Evita en el distrito, el caso del secretario «es reflejo» de lo que sucede con el PRO en la Ciudad, donde el propio Mauricio Macri tiene un procesamiento en su contra. «Todos los funcionarios, nacionales o municipales, que están procesados, deberían pedir licencia hasta que termine la causa judicial y correrse a un costado», sostuvo Noya. «Desde el bloque del FPV –agregó– estamos con los ojos bien abiertos con el tema de revisión de cuentas y en hacer un contralor de lo que hace el municipio, que tiene uno de los presupuestos más altos de la provincia, que para 2014 es de $ 1400 millones.»
El concejal socialista Carlos Roberto detalló: «No podemos interpelarlo (a Romero) ni separarlo del cargo, eso es una decisión del intendente.» El edil, que destacó el peso del funcionario en el gabinete local, se mostró «preocupado» y se refirió a otros casos. «Hay más funcionarios que también tienen alguna causa pendiente», subrayó Roberto. «Estamos viendo –señaló el concejal socialista– cómo evoluciona esta situación, sobre todo porque Romero es responsable del manejo de los recursos económicos del municipio, por él pasan todas las decisiones sobre los gasto del distrito.»
Desde el possismo, Ariel Marchiolo –edil de Espacio Abierto Comunal–, destacó que el titular de la cartera de Hacienda «es un funcionario de los que mejor relación tiene con el Concejo Deliberante, un tipo muy abierto». También recordó que su última rendición anual de cuentas fue aprobada sin objeciones. «El proceso judicial es el que tiene que resolver esta situación, esperemos que pronto se expidan», señaló Marchiolo, que a nivel nacional se referenció con el massismo. «En cuanto a la denuncia, es una decisión del intendente Macri, calculo que confía en Romero como funcionario», señaló. «Es una cuestión de ética personal, porque hoy no hay una razón legal para separarlo del cargo, no existe sentencia firme», concluyó.
Christian Raff, antiguo dirigente del PRO que recientemente encabezó el lanzamiento de la mesa partidaria del massismo en el distrito, se mostró más duro con Romero. «Es cierto que no está condenado, pero también es cierto que cuando uno es un funcionario público y administra la plata de los vecinos, no hay mucho margen para dar muchas explicaciones», sostuvo Raff, quien fuera presidente del PRO. Si de él dependiera, apartaría al secretario. «No lo voy a acusar, pero me genera ruido que tenga un procesamiento por cohecho activo. No lo acuso pero para mí es gravísimo», concluyó.
Luego de las apelaciones, la causa recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que llamó a audiencia para el 11 de junio.
El procesamiento en primera instancia contra Romero –que fue apelado y aguarda una resolución de cámara– incluye un embargo por 250 millones de pesos y surge de su supuesta intervención en la operación como apoderado de una empresa del grupo Macri, acusada de cerrar un arreglo «de suma relevancia» para el negocio en favor de Siemens.
«Entiendo que se encuentran reunidas las pruebas necesaria para sostener que Guillermo Andrés Romero participó activamente en la materialización de uno de los acuerdos económicos que permitieron llevar a cabo la maniobra investigada», sostuvo el juez federal Ariel Lijo en su fallo del 23 de diciembre pasado, por la causa 2.645/98. En total, ordenó 17 procesamientos: 12 sobre ejecutivos de Siemens e intermediarios, y cinco sobre representantes de Socma, del Grupo Macri. Además, sobreseyó a otros imputados y ordenó medidas para avanzar sobre los responsables políticos (ver aparte).
«PARTÍCIPE NECESARIO». Hombre con trayectoria en Sideco, Romero llegó a la cartera de Hacienda de Vicente López con la insuperable recomendación de Franco Macri. Este contador de 58 años se sentó en los directorios de varias compañías del holding familiar: fue presidente de Virtual Gasnet International SA, director de Sinosocma SA, director suplente de Shima SA, vicepresidente del Correo Argentino SA y director de Sevel Argentina SA.
El expediente a cargo del Lijo investiga «el pago de sobornos a funcionarios del gobierno argentino a fin de que la filial local de Siemens AG –Siemens It Services SA– resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, para la Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas». Según el juez, Romero fue uno de los ejecutivos que el 26 de mayo del ’99 representó a Socma Americana SA en el acuerdo con Siemens Business Services SA, paso clave para la maniobra denunciada.
En su escrito, el magistrado recordó que «la empresa Siemens Aktiengesselschaft reconoció que entre los años 1998 y 2007 se abonaron directamente y/o a través de filiales, subsidiarias y unidades de negocios, a personas físicas y jurídicas, al menos U$S 106.302.706 en vinculación con lo que se denominó ‘Proyecto DNI’».
La pericia concluyó que para ejecutar el pago de las coimas por U$S 106.302.706 fue necesario «un sistema que justificara los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales», a través de «contratos ficticios por servicios que jamás fueron brindados». Por otra parte, y aquí surge el nombre de Romero como apoderado de los Macri, el juez sostuvo que «existió un segundo acuerdo entre los empresarios de la empresa multinacional alemana y aquellos pertenecientes a Socma Americana SA», controlante de Itron SA, la empresa que en los papeles competía con Siemens por la licitación. Para el magistrado, el arreglo fue para que esta firma «no impugne la irregular adjudicación de Siemens It Services», a cambio de que el 26 de mayo de 1999 la multinacional pagara U$S 46.350.024 por el 60% de las acciones de Itron, cuando el 30 de mayo de 2003 –ejecutando una opción de compra ya acordada– apenas desembolsó U$S 6.300.000 por el restante 40 por ciento. Otra faceta del entendimiento, de acuerdo a la investigación, «derivó en que Siemens It Services SA incorpore como subcontratista a una empresa del mismo grupo económico –Socma Americana SA–, a través de la sustitución de la empresa Mailfast SA por Correo Argentino SA para la distribución de los DNI». Este cambio fue posible gracias a un permiso concedido por el Ministerio del Interior, entonces a cargo de Carlos Corach. En resumen, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 procesó a Romero por considerarlo uno de los ejecutivos que permitieron que Siemens ganara la licitación «sin efectuar impugnación alguna, a cambio de ser incluida la empresa que representaban en el negocio a través de la compra de la totalidad de las acciones de la empresa Itron SA por parte de Siemens Business Services y de la contratación de Correo Argentino SA».
DEFENSA. En Vicente López, la situación procesal del secretario de Hacienda es un dato del mundo político, aunque poco difundido entre los vecinos. Consultados por este diario, los dirigentes opositores en el Concejo Deliberante se mostraron preocupados por la situación, sabiendo que Romero es una pieza influyente en el gobierno de Jorge Macri. Para algunos, lejos aún de una sentencia firme, la decisión es potestad del jefe municipal. Para otros, se impone apartarlo hasta tanto haya una resolución (ver aparte).
En su alegato, Romero había dicho que no era directivo de Socma Americana SA y que fungió como apoderado, ejecutando encargos, pero sin capacidad de decisión. Lijo no coincidió. Señaló que la prueba acumulada «permite tener acreditada la participación de Romero en el acuerdo entre Siemens y el Grupo Socma. Así, su descargo en torno a que sólo fue designado apoderado para suscribir el contrato de venta por el directorio de Socma carece de todo fundamento». Para el juez, fue determinante la disparidad entre lo que los alemanes pagaron por el 60% del paquete de Itron Inversora y el 0,006 de Itron (la primera, controlante de la segunda) y la cifra que luego desembolsaron por el otro 40 por ciento. «La notable disparidad de los montos abonados acreditan que el contrato firmado por Romero no significó solamente la venta de un porcentaje de la empresa sino también la contraprestación por no influir en la contratación del Gobierno Nacional de la empresa Siemens It Services. En este sentido, la experiencia y posición que ocupó Romero permiten inferir que el nombrado tenía conocimiento de tal circunstancia», entendió Lijo. Por eso, consideró «reunidos los elementos de prueba suficientes para dictar su procesamiento» sin prisión preventiva, como «partícipe necesario del delito de cohecho activo por haber realizado un aporte fundamental en la maniobra investigada». A eso le sumó un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar los 250 millones de pesos. «
Tras las apelaciones contra el fallo del juez Ariel Lijo de diciembre de 2013, el expediente de la causa Siemens pasó a la Sala II de la Cámara Federal, que en los últimos días convocó a las partes a dar sus argumentos. El primer llamado fue unos 20 días atrás, pero ante el pedido de la mayoría de las partes la audiencia se prorrogó para el jueves pasado. Ese día, varias defensas volvieron a solicitar una reprogramación, fijada ahora para el próximo 11 de junio.
Para admitir estas postergaciones, en la Cámara tuvieron en cuenta que muchos abogados asumieron la defensa de sus clientes luego del procesamiento. Es el caso de Juan José Sforza, que representa a Guillermo Romero. En diálogo con este diario, el letrado consideró insuficiente la intimación del hecho que hicieron a su cliente –lo que podría derivar en un pedido de nulidad–, y agregó que cuando ocurrieron las maniobras investigadas el contador «no era personal de Itron», con lo cual «no tuvo nada que ver al momento en que se hizo la licitación, la oferta y la adjudicación a Siemens, y nada tuvo que ver con la falta de impugnación porque no estaba en funciones para poder hacerlas». Sforza afirmó que su cliente, luego de un viaje al exterior, «al volver, en virtud de un poder que le da Socma, simplemente le encomiendan la firma de la venta de las acciones». En cuanto al impacto del procesamiento en relación con el cargo que Romero desempeña hoy en el municipio de Vicente López, subrayó que, además de no estar firme, «el hecho que se le imputa es propio de la actividad privad y no de su tarea como funcionario público».
Las apelaciones también pusieron en stand by las medidas que Lijo había ordenado, enfocadas a individualizar a los políticos menemistas que habrían recibido las coimas. Para eso, dispuso insistir con una serie de exhortos al exterior –Emiratos Árabes, Hong Kong y Estados Unidos–, que habían resultado infructuosos. «Se comprobó que funcionarios públicos recibieron pagos provenientes de directivos de Siemens», concluyó Lijo, para quien «aún restan medidas pendientes tendientes a esclarecer, fehacientemente, qué funcionarios incidieron de forma directa, como también el monto exacto que habrían recibido por sus aportes ilícitos». De hecho, entre los imputados que sobreseyó en diciembre pasado está Aldo Carreras, ex funcionario del Ministerio del Interior, hasta entonces el principal acusado político.
Claudia Ávalos Uñates, concejal del GEN y vicepresidenta segunda de la legislatura de Vicente López, consideró que frente a una situación procesal como la de Guillermo Romero, «al menos quien encabeza el gobierno municipal debería considerar su presencia en el gabinete». La edil aclaró que «obviamente, se debe aguardar el debido proceso» y que es una prerrogativa de Jorge Macri la continuidad del funcionario. «No somos quiénes para decir quién debe estar y quién no, al tratarse de recursos públicos queda en manos de quien dirige los destinos de Vicente López», señaló la edil. De todos modos, sostuvo que «el vecino, de conocer esta situación, no se mostraría muy de acuerdo con la presencia (de Romero), más allá de debido proceso».
Para Joaquín Noya, concejal del FPV y referente del Movimiento Evita en el distrito, el caso del secretario «es reflejo» de lo que sucede con el PRO en la Ciudad, donde el propio Mauricio Macri tiene un procesamiento en su contra. «Todos los funcionarios, nacionales o municipales, que están procesados, deberían pedir licencia hasta que termine la causa judicial y correrse a un costado», sostuvo Noya. «Desde el bloque del FPV –agregó– estamos con los ojos bien abiertos con el tema de revisión de cuentas y en hacer un contralor de lo que hace el municipio, que tiene uno de los presupuestos más altos de la provincia, que para 2014 es de $ 1400 millones.»
El concejal socialista Carlos Roberto detalló: «No podemos interpelarlo (a Romero) ni separarlo del cargo, eso es una decisión del intendente.» El edil, que destacó el peso del funcionario en el gabinete local, se mostró «preocupado» y se refirió a otros casos. «Hay más funcionarios que también tienen alguna causa pendiente», subrayó Roberto. «Estamos viendo –señaló el concejal socialista– cómo evoluciona esta situación, sobre todo porque Romero es responsable del manejo de los recursos económicos del municipio, por él pasan todas las decisiones sobre los gasto del distrito.»
Desde el possismo, Ariel Marchiolo –edil de Espacio Abierto Comunal–, destacó que el titular de la cartera de Hacienda «es un funcionario de los que mejor relación tiene con el Concejo Deliberante, un tipo muy abierto». También recordó que su última rendición anual de cuentas fue aprobada sin objeciones. «El proceso judicial es el que tiene que resolver esta situación, esperemos que pronto se expidan», señaló Marchiolo, que a nivel nacional se referenció con el massismo. «En cuanto a la denuncia, es una decisión del intendente Macri, calculo que confía en Romero como funcionario», señaló. «Es una cuestión de ética personal, porque hoy no hay una razón legal para separarlo del cargo, no existe sentencia firme», concluyó.
Christian Raff, antiguo dirigente del PRO que recientemente encabezó el lanzamiento de la mesa partidaria del massismo en el distrito, se mostró más duro con Romero. «Es cierto que no está condenado, pero también es cierto que cuando uno es un funcionario público y administra la plata de los vecinos, no hay mucho margen para dar muchas explicaciones», sostuvo Raff, quien fuera presidente del PRO. Si de él dependiera, apartaría al secretario. «No lo voy a acusar, pero me genera ruido que tenga un procesamiento por cohecho activo. No lo acuso pero para mí es gravísimo», concluyó.
Luego de las apelaciones, la causa recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que llamó a audiencia para el 11 de junio.
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